Sentencia Penal 594/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5403/2021 de 13 de julio del 2023

PRIMERO.- Son tres los motivos que estructuran el presente recurso de casación. El primero, subdividido en dos submotivos, se articula a partir de las previsiones contenidas en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se concreta, para el orden jurisdiccional penal, en las previsiones del artículo 852 de los de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El segundo, aunque invocando las prevenciones de los artículos 849.1 y 2 de dicho texto legal, se refiere a la existencia de un pretendido error en la valoración probatoria y alude también a una denunciada contradicción en el relato de hechos probados que incorpora la sentencia impugnada.

Considera, en desarrollo de estas quejas, quien ahora recurre que en la sentencia impugnada se habría vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 de la Constitución española), ante la que considera insuficiente motivación de lo resuelto, aludiendo también a la infracción de lo dispuesto en el artículo 120.3 de nuestro texto normativo fundamental. Así, la recurrente expresa, en síntesis, que la resolución impugnada no ha tenido en cuenta "las manifestaciones vertidas por mi mandante no sólo en sede judicial sino también en cada uno de los estudios psicosociales que se le han efectuado", añadiendo que: " [L]a prueba deber ser valorada por el juzgador teniendo también en cuenta los datos periféricos y en el supuesto que nos ocupa no sólo estaban los informes psicosociales efectuados a mi cliente, sino también las manifestaciones vertidas por sus tres hijos en los que se evidencia los malos tratos habituales y las amenazas que no han sido valorados por el juzgador". También reprocha quien ahora recurre que: "El juzgador no se ha hecho eco de las pruebas forenses realizadas durante la instrucción que dejaban patente que efectivamente mi representada había sufrido tales malos tratos; además tampoco se ha tenido en cuenta el informe emitido por el centro de salud de la AVENIDA000 donde acudió el señor Segismundo a poner de relieve que quería matar a su mujer y luego matarse él, motivo que le llevó a ser derivado a la unidad de psiquiatría del HOSPITAL000, donde estuvo sometido a tratamiento".

Igualmente, quien ahora recurre observa, por lo que respecta al delito de maltrato habitual por el que se formulaba acusación, que: "No podemos hablar en absoluto de prescripción porque ésta solo puede iniciarse cuando cesa la conducta delictiva, y en este supuesto tanto la señora Guadalupe, como las hijas ponen de relieve la continuación de tales agresiones verbales a lo largo de los años, pero es más el propio informe forense pone de relieve que la actitud del señor Segismundo, "ha disminuido", lo que implica que si ha disminuido es que existe, y que no ha desaparecido del todo".

Finalmente, el último de los motivos de impugnación que conforman el recurso, con invocación expresa, pero indistinta, de las previsiones contenidas en el artículo 849. 1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, insiste, sin embargo, en que la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, no habría motivado ninguna de sus decisiones, limitándose a respaldar lo resuelto en la resolución recaída en la primera instancia. En particular, en relación con el delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, también objeto de acusación, reprocha la parte ahora recurrente que: "la Audiencia no motiva el por qué está de acuerdo con el juzgador a quo y se limita a copiar lo que la sentencia dice al respecto, con frases del tipo "...tal y como resalta la resolución combatida...."sin aportar ningún criterio propio, vulnerando con ello sus obligaciones de motivar la resolución".

SEGUNDO.- 1.- Como recuerda, últimamente y por todas, nuestra reciente sentencia número 295/2023, de 26 de abril: <LECrim, procede recurso de casación: "Por infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1º del art. 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". Y según dispone el art. 884.3º, el recurso será inadmisible: "Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos, salvo lo dispuesto en el número 2º del artículo 849".

Esta Sala, en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016, interpretando el art. 847.1, letra b) LECrim, estableció el ámbito de este recurso en los siguientes términos:

a) El art. 847 1º letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849. 2°, 850, 851 y 852.

b) Los recursos articulados por el artículo 849 1° deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

c) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés ( artículo 889 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido>>.

2.- Partiendo de las anteriores consideraciones, es claro que el presente recurso debió ser inadmitido, causa de inadmisión que determina, en este momento, la necesidad de desestimarlo. Ninguno de los dos primeros motivos invoca como vulnerado precepto penal alguno, limitándose a expresar quien ahora recurre su discrepancia con la forma en que tanto el órgano jurisdiccional de la primera instancia como la Audiencia Provincial al tiempo de desestimar la apelación, habrían valorado la prueba practicada en el procedimiento, reprochando, a una y otra resolución, su pretendidamente insuficiente justificación, vulnerándose, con ello, --siempre según el recurrente expresa--, el derecho fundamental de la parte obtener la tutela judicial efectiva.

Y estas mismas objeciones, ya apreciables en el plano de la inadmisibilidad del recurso, se identifican también en el tercero y último de sus motivos. Es verdad que, en este, al menos, se invoca formalmente la previsión contenida en el artículo 849.1 de la ley procesal penal. Sin embargo, más allá de que el único precepto penal sustantivo que se identifica como eventualmente vulnerado se corresponde con lo que, con toda certeza, habrá de ser un error material (es obvio que el artículo 368 del Código Penal, que disciplina un delito contra la salud pública, ninguna relación guarda con los hechos que fueron aquí objeto de enjuiciamiento), lo cierto es que, en el desarrollo de dicho motivo de queja, vuelve a percutirse sobre la insuficiencia que la recurrente advierte en la motivación de la sentencia impugnada; sin invocar la existencia de error alguno en el juicio de subsunción, a partir de los hechos que la resolución impugnada consideró probados.

Es tomando como innegociable referencia dicho relato de hechos probados que esta, ya relativamente, nueva modalidad de casación podría progresar. La recurrente, sin embargo, se desentiende aquí de lo que la sentencia impugnada declara probado, para considerar que ello obedece a un error en la valoración probatoria y que, además, carece lo resuelto de motivación bastante.

Lo cierto es, en sustancia, que la resolución impugnada respalda la decisión de la juez a quo, al considerar que, no habiéndose acreditado, en los cinco años anteriores, ninguna clase de agresión, física o psíquica, del acusado frente a su esposa, cualquier conducta anterior debería considerarse prescrita a los efectos de poder conformar el delito de maltrato habitual que se atribuía al acusado. Por lo que respecta al delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, se explica que las expresiones manifestadas por el acusado, al facultativo que, a su instancia, le atendió; y las explicaciones que posteriormente dio a una de sus hijas como consecuencia de su atención médica, no tenían por objeto que las mismas llegaran al conocimiento de su esposa ni, en todo caso, que pudieran perturbar su tranquilidad o sosiego. No constituían la amenaza de mal alguno, sino que, al contrario, expresaban, por decisión propia y en el adecuado contexto (asistencia facultativa), la existencia de unas ideas perturbadoras, que el propio acusado reconocía e identificaba como inaceptables, constituyendo así, más o menos explícitamente, una demanda de auxilio. Ninguna objeción esgrime la recurrente, partiendo como base, inconmovible por este cauce, del relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada, frente al mencionado juicio de subsunción.

El recurso se desestima.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde imponer las costas de este recurso a la parte que lo interpuso.