Sentencia Penal 478/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 20317/2022 de 16 de junio del 2023

PRIMERO.- Se promueve recurso de revisión contra la sentencia de conformidad dictada el 25 de agosto de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Ceuta, por la que se condenó al promovente como autor de un delito contra la seguridad vial del artículo 384.2 del Código Penal sobre la base de declararse probado que el acusado Carlos Manuel: "sobre las 17.40 horas del día 24 de agosto de 2020 conducía por el poblado marinero de Ceuta el vehículo Renault Clío con matrícula HI....GX, a sabiendas de que carecía de permiso que le habilitara para la conducción, al no haberlo obtenido nunca.".

Se esgrime como causa de revisión acogible el artículo 954.1.d) de la LECRIM, alegando el promovente que en el momento de la intervención policial con ocasión de sobrepasar indebidamente con el vehículo que conducía un semáforo en rojo, se hizo constar indebidamente en el atestado que se solicitó la documentación al conductor y se comunicó con la sala operativa y ésta contestó que al detenido no le constaba permiso de conducir en vigor, pues en el año 2018 debía realizar un curso de recuperación de puntos, si bien, nunca llegó a realizarlo, asimismo que consultadas las bases de datos de la DGT, no le constaba permiso o licencia alguna.

SEGUNDO.- Son numerosas las sentencias de esta Sala que han proclamado que no es obstáculo para la revisión reclamada que se trate de una sentencia dictada por conformidad de las partes, pues la revisión no es propiamente un recurso sino que estamos ante un procedimiento autónomo dirigido a rescindir una sentencia condenatoria firme, de modo que no resulta directamente aplicable a este supuesto la previsión recogida en el artículo 787.7 de la Ley procesal ( SSTS 557/2018, de 15 de noviembre; 555/2018, de 15 de noviembre; 515/2018, de 31 de octubre; 646/2017, de 2 de octubre; 335/2016, de 21 de abril; 236/2016, de 18 de marzo; 472/2015, de 9 de julio; 507/2013, de 20 de junio; o 227/2012, de 9 de marzo, entre muchas otras).

Además, hemos expresado que el carácter consensuado de la sentencia de conformidad no es totalmente neutro. El acusado aceptó los hechos y prestó su conformidad con la pena, pero las razones ofrecidas por el solicitante para reflejar su imposibilidad de acreditar lo erróneo del registro de conductores explican su aquietamiento, alentado además por la posibilidad de acogerse a unos beneficios penológicos plasmados legalmente. Una circunstancia que se une a las razones de prevalencia de justicia material que inspiran este medio de impugnación.

TERCERO.- La documentación aportada por el promovente de la revisión incluye un documento emitido por Dña. Luisa, Jefa de Sección de Seguridad Vial en la Jefatura de Tráfico de Pontevedra, en el que certifica que consultado el Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico, consta que Carlos Manuel con DNI NUM000, fecha de nacimiento NUM001/1991 es titular de un permiso de conducción español que le habilita a conducir las clases AM, A1, A2, A y B. Certifica, además, que en el mencionado Registro consta una privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores desde el 29/10/2021 al 20/07/2023 acordado por el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Vigo (Ejecutoria 538/2021) debiendo acreditar para volver a conducir, la superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial, no constando ninguna privación de este derecho a fecha 24/08/2020.

De este documento y de tales circunstancias no tuvo conocimiento el Juez de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Ceuta cuando, el 25 de agosto de 2020, dictó sentencia en la que condenó a Carlos Manuel como autor de un delito del artículo 384.2 del Código Penal por conducir un vehículo automóvil el día 24 de agosto de 2020. Consecuentemente, no pudo apreciar la concurrencia de las premisas que imponían la absolución del acusado, pues la antijuridicidad del delito del artículo 384.2 del Código Penal descansa en la ausencia absoluta de constatación administrativa de habilidad para la conducción y la plasmación que eso tiene para la introducción de un riesgo abstracto en la seguridad del tráfico ( SSTS 91/2012, de 13 de febrero; 1032/2013, de 30 de diciembre; o 489/2019, de 16 de octubre, entre otras).

El recurso debe ser estimado.