Sentencia Penal 379/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 20823/2022 de 19 de mayo del 2023

ÚNICO.- En las sentencias de esta Sala 1/2009, de 14 de enero, 652/2011, de 17 de junio o 203/2017, de 28 de marzo, se afirma que el denominado recurso de revisión constituye un medio excepcional que permite subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a través de un nuevo proceso. Y también tiene reiteradamente declarado esta Sala que el llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario con el que se pretende, fundamentalmente, encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados ( STS 232/2010, de 9 de marzo). Representa, pues, el triunfo de la verdad material frente a la verdad formal amparada por los efectos de la cosa juzgada.

El artículo 954.1.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que habrá lugar al recurso y a la posible revisión de la sentencia firme, entre otros supuestos, cuando una persona esté sufriendo condena en virtud de sentencia firme que haya valorado como prueba un testimonio declarado después falso por sentencia firme en causa criminal seguida al efecto ( SSTS 1405/2011, de 22 de diciembre, 640/2012, de 6 de julio y 725/2012, de 26 de septiembre).

Tal circunstancia es la que se ha dado en el presente caso. Daniel fue condenado en sentencia dictada el 29 de enero de 2018 por Sección 20.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona: a) como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, a la pena de 10 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y b) como autor de un delito continuado de abuso sexual del artículo 181, a la pena de 7 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación y comunicación con Sonia por tiempo de ocho años.

La prueba para su condena, además de determinados vestigios físicos recogidos en un dictamen pericial, derivó fundamentalmente de la declaración testifical de la presunta víctima, su esposa Sonia. Sin embargo, ésta fue a su vez condenada el 20 de junio de 2022 como autora de un delito de falso testimonio por el Juzgado de lo Penal n.º 9 de Barcelona, precisamente por haber faltado a la verdad en la declaración incriminatoria que prestó contra Daniel y que fue la base de la condena de éste.

Es cierto que la condena por falso testimonio resulta de un juicio de conformidad en el que sólo la testigo sostuvo y reconoció la falsedad del relato, pero confluyen una serie de factores que justifican la revisión de la sentencia condenatoria inicial. En primer lugar, que la testigo ya reconoció a nivel privado su ilícita actuación y fueron precisamente estas manifestaciones las que dieron lugar a la incoación del procedimiento por falso testimonio. En segundo término, que no se ha evidenciado ningún tipo de sujeción de la testigo hacia el inicialmente condenado y, al admitir su responsabilidad, ha asumido una condena privativa de libertad de nueve meses. En tercer lugar, que su declaración fue la única prueba de cargo existente contra Daniel, pues no se identificaron vestigios significativos de los abusos. De hecho, la versión de cargo de la testigo estuvo acompañada de varias contradicciones e imprecisiones que llevaron a que el posicionamiento del Tribunal respecto a la condena de Daniel no fuera unánime. Por último, que un cuestionamiento de la credibilidad de Sonia en las circunstancias probatorias antes expresadas resiente de lleno la confianza en la condena impuesta a Daniel si no se justifica que el procedimiento por falso testimonio ha resultado manipulado.

Visto lo anterior, procede estimar el recurso de revisión interpuesto por la defensa del penado, al que mostró su asentimiento el Ministerio Fiscal, y declarar la nulidad de la sentencia dictada el 29 de enero de 2018 por la Sección 20.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Procedimiento Ordinario 7/2017 y por la que se condenó a Daniel como autor un delito de lesiones en el ámbito familiar y de un delito continuado de abuso sexual.