Sentencia Penal 629/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4682/2021 de 19 de julio del 2023

PRIMERO.- Se interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que, desestimó la apelación entablada contra el pronunciamiento condenatorio dictado por el Juzgado de lo Penal nº 8 de tal ciudad. Se articulan dos motivos de casación.

El segundo, por presunción de inocencia, no cabe frente a sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales.

El primero se presenta bajo la etiqueta formal del art. 849.1º LECrim; aunque, como se argumentará, en su materialidad no es congruente con ese cauce casacional que se utiliza forzadamente, retorciendo su significado, para colar por esa vía lo que constituyen realmente quejas relativas a la valoración probatoria que habrían de circular a través de otras causales de casación ( art. 852 LECrim). No estamos solo ante una equivocada etiquetación, sino ante el intento de abrir un debate impugnatorio para el que no habilita la legislación procesal. Un recurso contra sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial solo permite abrir la puerta del art. 849.1º. Las restantes vías casacionales (849.2º, 850, 851 y 852), deliberadamente -si no se generaría un problema de sostenibilidad del sistema impugnatorio-, se mantienen herméticamente cerradas por voluntad clara del legislador ( STS 85/2022, de 27 de enero, entre muchas otras).

El art. 849.1 LECrim es, así pues, el único canal por el que pueden acceder a la casación los asuntos que han sido ventilados en primera instancia ante un Juzgado de lo Penal:

"Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal". (énfasis añadido).

La jurisprudencia de esta Sala viene proclamando que el concepto de "precepto penal sustantivo" contempla exclusivamente las normas que definen los tipos penales u otras disposiciones normativas llamadas a conformar una conducta delictiva (así acontece con las llamadas normas penales en blanco o con aquellas otras disposiciones que fundamentan la presunta vulneración de un precepto contenido en el Código Penal o en una ley especial de dicha naturaleza). Cuando se alude a otra norma del mismo carácter no se piensa en normas penales, sino en normas sustantivas. Si interpretásemos el art. 849.1º LECrim como comprensivo de cualquier infracción de la legalidad (procesal, constitucional y no solo la sustantiva), sobrarían todos los demás motivos de casación: habría que eliminar sin contemplaciones los arts. 850 a 852 de la Ley Procesal. El recurso de casación perdería, además, su tradicional naturaleza extraordinaria convertido en un medio de impugnación incluso más amplio y flexible que la apelación.

SEGUNDO.- Pues bien, basta la lectura del trabajado recurso -aunque el esfuerzo, loable, haya de ser inevitablemente dilapidado por estas razones- para constatar que los alegatos que contienen ambos motivos no se ajustan a la disciplina y formato del art. 849.1º. Intentan traer a casación, camufladas bajo ese rubro, cuestiones que no son revisables por el Tribunal Supremo en este tipo de procedimientos.

a) El debate probatorio, tanto sobre los elementos objetivos (valor de los efectos sustraídos), como subjetivos (conocimiento de la procedencia de los objetos) no son discutibles a través del art. 849.1º cuyo punto de partida ha de ser siempre el relato de hechos probados, inmodificable a través de esta herramienta procesal.

b) El dolo exigido por el delito de receptación comprende también el eventual. La limitación penológica establecida parte de una constatación objetiva: el delito precedente tiene menor penalidad, que no de un supuesto conocimiento por parte del sujeto activo del delito precedente y su pena. Es una regla penológica que no necesita ser abarcada por el dolo del sujeto. Por lo demás, no es necesario que el sujeto conozca la exacta identidad y forma del delito: basta la indiferencia respecto esos elementos (dolo eventual). No es verosímil pensar que el autor solo hubiese accedido a la compra si el hurto fuese por valor inferior a 400 euros.

No estamos, como puede verse, ante argumentos propios de un motivo por infracción de ley del art. 849.1º LECrim. El esquema de ese cauce es bien simple: enfrentar el hecho probado a la subsunción jurídica. Aquí los hechos probados están impecablemente calificados. En ellos se afirma taxativamente el importe superior a 400 euros del conjunto de lo sustraído.

Los temas que suscita el recurso solo pueden discutirse a través del art. 852 LECrim que no es alegable en esta modalidad impugnatoria.

Tan solo cabe atisbar una queja que pudiera ventilar por esta vía en el refutado argumento sobre el alcance del conocimiento de la infracción anterior (tasación total). No; no es necesario que conozca en todos sus extremos la tipicidad de la infracción.

Habría procedido la inadmisión, lo que en este momento procesal se convierte en causa de desestimación sin necesidad de analizar el fondo.

TERCERO.- Digamos algo más sobre los perfiles de esta modalidad de casación innovadora que irrumpió en nuestro ordenamiento en 2015 con el confesado objetivo ( STS 210/2017, de 28 de marzo) de servir exclusivamente a la función nomofiláctica; esto es, interpretación de las leyes penales sustantivas. Tal finalidad se consigue con la apertura de un único cauce casacional, el art. 849.1º LECrim, despojado de las adherencias de otras clásicas vías casacionales que habían ido ensanchándose progresivamente llegando a abarcar una capacidad de fiscalización relativamente amplia (infracción de normas constitucionales; revisión de ciertos aspectos probatorios, aunque limitadamente; irregularidades procesales...). La nueva casación obedece al propósito de supervisar la interpretación de la norma penal sustantiva. Cuestiones procesales, e incluso constitucionales, quedan al margen, si no aparece implicada una duda sobre una tipicidad penal.

La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal solo habilita, para comprobar si la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. El debate sobre las eventuales restantes infracciones o errores aplicativos queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial. Esos contornos aparecen claros en la legalidad reformada si la leemos desde las pautas sentadas en su Exposición de Motivos. Esta Sala de casación en un acuerdo de pleno no jurisdiccional (9 de junio de 2016) cuyo contenido ha sido reiterado en un nutrido número de sentencias y un todavía mucho mayor volumen de autos y providencias, sentó categóricamente esa exégesis: solo cabe una impugnación basada en el art. 849.1º LECrim y con respeto a los muy estrictos condicionantes de esa vía: sujeción absoluta al hecho probado; denuncia de vulneración de una norma penal (o de otra rama jurídica pero que condicione la interpretación de la norma penal sustantiva). Se abre una posibilidad de control pero solo desde la legalidad penal sustantiva, que no procesal, ni constitucional. Esa concepción está refrendada por el Tribunal Constitucional. ( ATC 40/2018, de 13 de abril).

El recurso por infracción de ley del art. 849.1º ( error iuris) constituye la herramienta idónea para homogeneizar la interpretación de todo el derecho penal sustantivo (vid. STC 134/1991, de 17 de junio), y no solo el que arrastra las más graves sanciones. La reforma de 2015 quiso reforzar el principio constitucional de igualdad ( art. 14 CE). No es tolerable que una misma conducta pueda ser considerada delictiva en un territorio y atípica en otro. O que los perfiles de lo punible en cuestiones discutidas dependan en último término del criterio de la Sección de la Audiencia a la que haya derivado el asunto la regla, objetiva pero aleatoria, consagrada en las normas de reparto. Es por ello éste un recurso que, siguiendo la idea plasmada en la citada STS 210/2017, enlaza más con el art. 9.3 CE (seguridad jurídica) que con el art. 24.1 (tutela judicial efectiva). Despreciando las gotas de simplificación que anidan en esa disyuntiva, esa premisa -es un recurso al servicio de la seguridad jurídica más que de la tutela judicial efectiva, en fórmula ya tópica en la jurisprudencia- ayuda a diseñar este formato impugnativo que no viene reclamado por el derecho a la tutela judicial efectiva, ya satisfecho mediante una doble instancia; sino por el principio de seguridad jurídica. No busca tanto dar una solución al caso concreto, como proyectar hacia el futuro una interpretación de la ley penal en un punto controvertido. De ahí que solo sea factible el señalado cauce casacional: estricto error iuris que, respetando el relato fijado en la instancia, denuncie una indebida aplicación o interpretación del derecho sustantivo. Sobre otros temas procesales o constitucionales esta Sala puede formar criterio y crear su cuerpo de doctrina a través de la casación ordinaria.

Es una opción legítima político-legislativa que no viene determinada por el mandato constitucional y convencional de garantizar un recurso efectivo contra la condena ( STS 563/2023, de 6 de julio) . Este queda satisfecho, precisamente, por el recurso de apelación. Esta desconexión con la garantía de la doble instancia, atribuye al legislador libertad para ajustar el modelo impugnatorio al fin pretendido que, para este recurso, es, exclusivamente, el de fortalecer, al hilo del interés subjetivo afectado por la sentencia de apelación, la función nomofiláctica del Tribunal Supremo respecto a todos los delitos -vid. SSTS 666/2022, de 30 de junio y 518/2023, de 28 de junio-.

En uso de dicha facultad, el legislador fijó estrechas condiciones de admisión que convierten esta modalidad de casación en un recurso de naturaleza claramente excepcional, limitando el espectro de gravámenes sobre los que puede fundarse a los derivados estricta y directamente de la infracción de ley penal sustantiva causada por la sentencia de apelación.

CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la condena al recurrente al pago de las costas ( art. 901 LECrim).