Sentencia Penal 167/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 347/2022 de 23 de febrero del 2024

PRIMERO.- Recurre en casación la representación procesal de D. Severino la sentencia núm. 402/2021 de 30 de noviembre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 369/2021 de 30 de junio, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décimo Quinta, donde resulta condenado como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones agravadas por el medio utilizado, de un delito de pertenencia a organización criminal y de un delito de quebrantamiento de condena.

1. El primer motivo lo formula por infracción de normas del ordenamiento. Al haberse aplicado indebidamente los artículos 570 bis, apartado 1 segundo inciso (miembro activo delitos graves) y 2b) (disponer de armas e instrumentos peligrosos) y apartado 3 (comisión de delitos contra la vida o integridad de las personas) y 570 quater 1 y 2, párrafo 1 del Código Penal, que tipifica el delito de organización criminal.

Alega en reproducción mimética de su escrito de apelación que la descripción de la organización criminal incluso de grupo criminal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en se concretó y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros; sin que sea suficiente, como se hace en la sentencia recurrida, con declarar como hechos probados una reseña de la historia fundacional de la banda latina "Ñeta", su filosofía original, cómo lo forman en la comunidad de Madrid, las fases por la que pasan sus miembros, sus rasgos característicos, y que se haga una remisión a las sentencias por las que han sido condenados sus miembros dirigentes y miembros activos. Asimismo, no basta que se diga que mi representado es conocido en el entorno de la banda y apodado como Botines, y que fue detenido e identificado en el año 2010 es decir hace 11 años, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Y por otro lado que se hubieren incautado en su domicilio varias cartas enviadas desde prisión por algún miembro de la banda "Ñeta", y que en el vaciado de su terminal se extrajo información en que el acusado está acompañado de miembros de la banda haciendo los signos de esta, con las manos, así como signos ofensivos de otras bandas, o que obran grabaciones de enfrentamientos entre bandas rivales.

Añade que los hechos declarados probados no se basan en un hecho o hechos concretos, teniendo en cuenta además que el único acusado y condenado por participación en organización criminal en la presente causa es el recurrente, con lo que desaparece todo hecho que pueda subsumirse en la comisión de un delito de organización criminal, por lo que consideramos que no supera un mínimo de tipicidad del tipo del artículo 570 bis del Código Penal. Ni tan siquiera superaría el juicio de tipicidad en lo que se refiere a grupo criminal.

2. Argumentario, que ya recibió adecuada y motiva respuesta en la sentencia recurrida.

En todo caso, sirva recordar y reiterar la pacífica jurisprudencia de esta Sala, al delimitar el concepto de organización criminal tipificado por el legislador en la LO 5/201O, de 22 de junio, a través de las siguientes notas características:

a) Una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad, que se concreta en tres o más. Se trata, por tanto, de un delito plurisubjetivo, en el que el sujeto activo está formado por la concurrencia de, como mínimo, tres personas, diferenciándose dos clases de autores, merecedores de distinto reproche penal, en función de la responsabilidad asumida en el marco de la organización.

b) La existencia de una estructura más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista, en la que por lo general deben poder reconocerse relaciones de jerarquía y disciplina, entendiendo por tal el sometimiento de sus miembros a las decisiones de otro u otros de los miembros que ejercen la jefatura, y la definición y reparto de funciones entre sus miembros. Debe contar, pues, con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal que, por su complejidad o envergadura, no estaría al alcance de una actuación individual o incluso plurisubjetiva pero inorgánica.

En cambio no se exige como requisito, ni un acto fundacional, ni una organización muy compleja, ni la adopción de una determinada forma jurídica, ni que se mueva en un amplio espacio geográfico, ni la existencia de conexiones internacionales.

c) Una consistencia o permanencia en el tiempo, en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio, y

d) El fin de la organización ha de ser la comisión de delitos como producto de una "voluntad colectiva", superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

Notas distintivas, que de la lectura del factum, resultan plenamente predicables de la banda de los Ñetas. Como indica la sentencia de instancia, colma cumplidamente las características típicas de una genuina organización criminal, con estabilidad en la integración -que no relativa permanencia- de sus numerosos miembros, estructura jerarquizada y disponibilidad y uso de armas o instrumentos peligrosos para subvenir a su actuación pre-ordenada, más inmediata que mediatamente, a la comisión de delitos graves. En la organización late, ínsito, el germen de la violencia cuando persigue la defensa, promoción y supremacía de la raza latina, (salvaguardando) su influencia territorial y prestigio social; la banda defiende "su" territorio y sus miembros la sufragan obligadamente al margen de todo cauce legal: su actuación se rige por pautas intrínsecamente delictivas pues están basadas en el uso de la violencia para la preservación de sus fines primarios: los miembros activos no solo no dudan sino que han de acreditar, desde las fases de iniciación hasta la juramentación, una total disponibilidad para mantener la posición de dominio de la banda sobre ese "su'' territorio al margen de la legalidad y del respeto a la autoridad legalmente constituida, subviniendo económicamente a tal fin y haciéndolo valer por medio de delitos inequívocamente graves contra la vida, la integridad de las personas -como es el caso- y la propiedad..., para cuya perpetración se sirven de armas peligrosas -de ordinario armas blancas, como los machetes de grandes dimensiones-.

Consideraciones que son comunes a otras resoluciones judiciales, como las descritas en el propio relato de hechos probados, o las sentencias del propio TSJ de Madrid, 95/2018, de 10 de julio; 37/2018, de 16 de octubre; 142/2021, de 20 de abril; ó de 7 de septiembre de 2021.

Y también, de esta Sala Segunda, como la núm. 903/2021, de 23 de noviembre: "No hay duda de que tal catalogación puede predicarse de los ÑETAS según la abundante prueba obrante en la causa (informes policiales y precedentes judiciales entre los que no falta alguno de esta Sala: STS 622/2020, de 19 de noviembre, aunque lo sea de forma tácita)."

3. Igualmente el hecho probado describe de manera clara y contundente la pertenencia del recurrente a dicha banda: El acusado Severino forma parte activa como miembro de la banda latina "Ñetas", conocido en el entorno de la banda como "el padrino", y en tal condición, ha sido detenido e identificados en diversas ocasiones.

Conclusión que deriva de una racional valoración acomodada a criterios lógicos:

Los indicios en cuanto a su pertenencia, aunque lo niegue, vienen determinados porque el acusado ha sido detenido en varias ocasiones junto con terceros por delitos contra las personas, y patrimonio; por la explicación del perjudicado, que a su vez parece ser que pertenece a otra banda latina, por las cartas incautadas en su domicilio a los folios 369 a 372 de la causa, en los que constan varias cartas (doc 2, 3, 4, 5), algunas de ellas remitidas por el propio acusado utilizando el apodo de Botines con el que se identifica y de las que se desprende que se dirigen a la banda y a sus integrantes, igualmente existe otra carta de un miembro de la banda apodado Chili, de la que se desprende, entre otras, la línea de actuación del grupo; junto con esta información existe el informe emitido por la Brigada Provincial de Información respecto a los folios 426 y ss. de la causa, en la que se constata la información extraída del teléfono móvil del acusado de la que se infiere igualmente su partencia sobre la base de los archivos de imágenes en los que se ve al mismo haciendo signos de la banda, y coincide con otros miembros acreditados de la misma. Informe ratificado por la Inspectora Jefe de la Brigada Provincial de Información con núm. NUM008 que aseveró tales extremos y concluyo en la existencia de varios parámetros que desde su experiencia acreditan la integración del recurrente en la banda, si bien no puntualizo el "rango o posición" que ocupaba dentro de ella, más allá de que le llamaran padrino ".

En cuanto al reproche de la falta de alusión a hechos concretos participativos del recurrente, recordar con la STS 903/2021, de 23 de noviembre, que el delito del art. 570 bis CP castiga, entre otras conductas, al partícipe activo de una organización criminal; y la pertenencia a tal organización de manera activa rellena el tipo del art. 570 bis aunque no se haya intervenido en la comisión de más de un delito. El delito de organización criminal no consiste en participar en más de un delito perpetrado por la organización; sino en integrarse en ella de forma activa, aunque no se llegue a tomar parte personalmente en ningún delito (lo que podrá acrecentar las dificultades probatorias; pero solo eso: no es problema de tipicidad). Como se recoge en la resolución recurrida, la finalidad característica de la organización criminal, cual es la comisión de delitos, puede ser enjuiciada al margen de las condenas que haya recaído sobre cada uno de sus miembros; estamos ante un delito autónomo en el que el fin de la organización es la comisión de delitos como producto de una voluntad colectiva, superior y diferente a la voluntad de sus miembros, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.

De modo que los integrantes de estas bandas, organizaciones criminales típicas, cuando cometen los delitos que constituyen la finalidad de la facción en que se integran, realizan además del delito concreto, en nuestro caso, agresión y lesiones con dos machetes y un cuchillo, el delito de integración en organización criminal.

En autos, la propia dinámica y circunstancias de los hechos enjuiciados (en grupo, a la espera y con machete frente a quien por sus explicaciones parece pertenecer a otra banda latina), el cúmulo de indicios integrados en las cartas que le fueron habidas (de otro miembro ñeta desde prisión y las dirigidas por el recurrentes a otros ñetas), el contenido del móvil, vídeos incluidos con sus saludos característicos y enfrentamientos entre bandas, y las detenciones e incidentes entre bandas policialmente informadas, al menos las siguientes, desde que es mayor de edad:

El día 8 de febrero de 2015 es identificado con un total de 12 jóvenes integrantes de la banda latina.

El día 21 de febrero de 2015 es víctima como consecuencia de una reyerta entre miembros de las bandas latinas Ñetas y trinitarios. Como consecuencia de la reyerta hubo varios heridos por arma blanca y dos detenidos integrantes de la banda Latín King. Se tramitan diligencias número NUM003 de la brigada Provincial de información de Madrid.

El día 17 de abril de 2015 es detenido por un delito de lesiones junto con otro miembro destacado de la banda latina Ñeta.

El día 10 de diciembre de 2015 es identificado cuando se encontraba acompañado de 10 individuos algunos de ellos miembros de la banda Ñeta conmemorando la muerte de un amigo suyo también integrante de la citada banda.

El día 24 de junio de 2016 es identificado junto cinco integrantes más de la banda.

El día 16 de diciembre de 2016 es identificado junto con 6 individuos integrantes de la banda.

El día 23 de marzo de 2017 es detenido por un delito de lesiones, desórdenes públicos y pertenencia a organización criminal junto a seis miembros destacados de la banda Ñeta por agredir con botellas, piedras, armas blancas y demás objetos contundentes a un miembro de la banda rival trinitarios.

Determinan que la conclusión de su pertenencia, es inequívoca.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo lo formula por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que consagra el art. 24.2 CE, porque, atendida la prueba practicada en el juicio, no es suficiente ni razonable para desvirtuar la misma y condenarle por los delitos de lesiones con instrumento peligroso y de quebrantamiento de condena.

1. Cuestiona la valoración probatoria llevada a cabo por la sentencia recurrida, pues ninguno de los testigos identificó al recurrente y en cuanto a la declaración del testigo víctima Juan Ignacio, entiende que no es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del recurrente, teniendo en cuenta que el testigo víctima le conocía del colegio, y el delito de quebrantamiento es como consecuencia de una denuncia interpuesta por dicho testigo; y por tanto, la credibilidad de la víctima es cuestionable, lo que no se ha dicho nada en la sentencia.

2. La función de control en casación del respeto a la presunción de inocencia no puede abordarse en las mismas condiciones que un órgano de segunda instancia. El derecho a un recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Es la sentencia dictada en ese grado contra la que se plantea el recurso de casación.

En las cuestiones más íntimamente vinculadas a la valoración probatoria el margen de juego en casación es mucho más reducido que el que rige en apelación ( STS 682/2020, de 11 de diciembre). El espacio del control casacional se ha redimensionado como consecuencia de la generalización de una apelación plenamente devolutiva, en especial en lo que atañe a la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Satisfecha la doble instancia, la función revisora de la casación se contrae al examen de la racionalidad de la decisión partiendo de la motivación de la sentencia de apelación, (licitud, regularidad y suficiencia de la prueba). Es ese proceso motivacional el que puede servir de base para un discurso impugnativo.

La casación actúa -explican diversos precedentes-, como un tercer escalón de revisión que, sin descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia, no puede subrogarse en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Corresponde realizar esta función, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de una apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional queda confinado más a lo normativo que a la conformación del hecho y fiscalización de las valoraciones que han llevado a la proclamación de tal hecho como probado. Nos corresponde verificar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

No es función de un Tribunal de casación revalorizar íntegramente una prueba personal, no directamente presenciada, para preguntarnos si participamos de la convicción reflejada en la sentencia, o, por el contrario, subsiste alguna duda en nuestro ánimo. Por mucho que se hayan ensanchado los antaño angostos cauces casacionales de la mano de la presunción de inocencia y, hasta cierto punto, como legítimo paliativo a un déficit de nuestro ordenamiento procesal penal -la inexistencia de doble instancia- ya corregido con un nuevo régimen del que se ha beneficiado el ahora recurrente valiéndose de una previa apelación, la casación mantiene su condición de recurso extraordinario, diferente esencialmente a la clásica apelación.

El Tribunal de casación ha de autocontenerse para no invadir las competencias de los Tribunales de instancia y apelación subvirtiendo el reparto de espacios funcionales trazado por el legislador ( STS 340/2018, de 6 de julio, entre muchas) y atribuyéndose funciones de íntegra valoración probatoria que legalmente no le corresponden. En principio, sentada la suficiencia en abstracto de la prueba y el ajuste a parámetros de lógica de la forma de deducir y razonar del Tribunal de instancia, el debate sobre la credibilidad mayor o menor de unos medios de prueba frente a otros, la interrelación entre todos ellos, el contraste entre la auto proclamada inocencia del acusado y los elementos de prueba testificales o de otro signo que apuntan en dirección contraria, queda agotado tras la revisión en apelación de lo decidido en la instancia. No puede reproducirse en casación sin traicionar los ámbitos funcionales que nuestro legislador procesal delimita entre los Tribunales de instancia y apelación y el de casación.

Así, el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo"; sólo resultará cuestionado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. Si bien, la calidad de todo cuadro de prueba para fundar sobre sus resultados una sentencia de condena no se mide por la fuerza acreditativa intrínseca de cada uno de los datos informativos que arrojan los medios de prueba producidos, sino por el valor integrado de todos ellos. Los valores específicos interactúan conformando la imagen probatoria. Lo que permite decantar una inferencia, un hecho consecuencia, lo suficientemente concluyente para situar las otras hipótesis en liza en un plano de manifiesta irrelevancia probabilística.

3. En autos, el Tribunal expresa que se ha contado como actividad probatoria de cargo con la declaración de la víctima Juan Ignacio, quien manifestó que cuando estaba a punto de entrar en el portal de su casa, oyó decir "ese es" y se dieron la vuelta, y vio un machete que se dirigía hacia a él, instintivamente lo agarró, y quitó la gorra de quien lo llevaba y vio que era el acusado, al que conocía del colegio; junto con él había otras dos personas que llevaban armas como otro machete y un cuchillo. Le agredieron los tres, el acusado en la cabeza y quisieron apuñalarlo, empezó a gritar y salieron corriendo. La defensa del acusado no cuestiona los hechos, es decir la agresión, sino que cuestiona la identificación del acusado como el autor de las lesiones. Sin embargo, tal identificación fue clara, entre otras razones porque la propia víctima manifestó que fue él y que le conocía con anterioridad; tal conocimiento es claro, porque sobre el acusado pendía una orden de alejamiento respecto de la víctima, lo que necesariamente implica que lo conocía.

Y describe las múltiples corroboraciones de esa declaración, aunque los testigos no hayan identificado al agresor; los testigos corroboraron el episodio, así como la espera que instantes antes, el acusado y otros dos individuos, mantenían hasta la llegada de la víctima a su portal; la declaración del testigo Andrés lo corrobora en el sentido de que vio a un chico con un machete escondido, pero que le dijeron que no iba con él; la testigo Dulce declaró que vio cómo tres chicos con un machete agredían a una persona que apreció luego que era un vecino; e igualmente el testigo Aurelio que relató que ayudo a la víctima, al darse cuenta de que estaba herida y tres chicos le perseguían, aunque no pudo verles; y además la víctima resultó con lesiones de especial gravedad, informadas pericialmente por los médicos forenses, compatibles con el uso del arma relatada, y de la forma en la que fue usada.

Y en cuanto a que pendía sobre el acusado una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación respecto de la víctima dictada por el juzgado de Instrucción núm. 17 de Madrid, que estaba vigente, lo entiende plenamente acreditado a través de la documental que obra en las actuaciones.

Es decir, el Tribunal otorgó plena credibilidad al testigo víctima, ponderando el conocimiento previo del autor y las circunstancias del mismo, que dadas las corroboraciones periféricas de la fiabilidad de su testimonio, respecto de las circunstancias y modo en que fue agredido, ese enfrentamiento previo que el recurrente invoca como minorativo de su credibilidad, por contra, en la valoración global de conjunto probatorio, potencia la inferencia de la autoría del recurrente y se inserta como uno de los actos criminológicamente habituales de quienes se integran en bandas urbanas de esta índole.

4. Ninguna irracionalidad resulta de tal motivación, que concluye con la culpabilidad del recurrente en los delitos de lesiones agravadas por el modo e instrumento utilizado y de quebrantamiento de condena, por lo que el motivo se desestima.

TERCERO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.