Sentencia Penal 645/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4523/2021 de 25 de julio del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia condena a la acusada Genoveva, como responsable de un delito de blanqueo de capitales, con origen en actos contra la Salud Pública, y con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de 20 meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio y multa de 323774 euros, con responsabilidad personal subsidiaria, caso de impago, de quince de prisión.

Recurre por dos motivos.

El primero, por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 852 LECrim. vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas consagrados en el art. 24 CE, en relación, el segundo, con el art. 21.6 CP. Se demanda la rebaja penológica en dos grados, en lugar de uno. Denuncia también un supuesto error dosimétrico del juzgador en cuanto a la medición de la pena.

En el segundo motivo alega infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º LECrim aunque su argumentario gira en torno a la presunción de inocencia. Atendiendo a la verdadera voluntad impugnativa, basada en infracción del citado derecho constitucional, procede invertir el análisis de los motivos.

Antes procede, no obstante, dar respuesta a la petición que se elevó de convocar a una vista antes de resolver el recurso.

SEGUNDO.- No se ha considerado ni necesaria ni conveniente la celebración de vista. Están delimitados los términos de la impugnación con claridad. Los argumentos del Ministerio Público han podido ser rebatidos por la recurrente en el traslado conferido ( art. 882.2º LECrim), lo que ha declinado. No estamos ante uno de los supuestos en que sea obligatoria la celebración de vista: están bien expuestos y desarrollados tanto los argumentos que sustentan el recurso, como los que son aducidos en oposición al mismo por la única parte recurrida. Necesario es explicarlo en este momento por no existir otro trámite previo habilitado para ofrecer respuesta razonada a esa petición (vid art. 893 LECrim). Atendemos así al deber constitucional de dar respuesta razonada a toda petición.

TERCERO.- Se alega, insuficiencia probatoria. Además, se explica que en la causa inicialmente se investigaban delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita, dando la causa un "giro de tuerca" habiendo acreditado la defensa la percepción de un elevado importe de euros por el Sr. Jesús Luis, procedentes de devolución de dinero por la propia Audiencia Nacional, y la venta de inmuebles en 2004 por más de 600.000 €. Se condena a la acusada, con base a la intervención de relojes, valorados en 150.000 euros, a valor actual -cuyo valor es notoriamente inferior, al ser piezas que tienen una antigüedad media de 15 años-. La mayoría de los efectos habían sido devueltos en ejecutoria 7/199, de la Sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional - folios 461 y ss de autos -.

No habría quedado acreditado que los bienes procedieran de un previo delito grave y obtenidos con sus ganancias. En cambio, se han probado medios lícitos de vida y percepción de sumas. Las cantidades de los supuestos "paraísos fiscales" del Sr. Efrain, serían lícitas -f. 393 y ss, f. 454 y ss, f. 461 y ss y f.457 y ss-.

La única conducta llevada a cabo por la acusada habría consistido en guardar relojes y joyas adquiridos lícitamente. Los guardaba porque su padre había sido objeto de un robo. Su conducta no puede ser subsumida en el tipo penal descrito. Debe prevalecer el principio de presunción de inocencia: no existe prueba alguna aportada por la acusación de que dichos efectos hayan sido adquiridos con dinero de Ilícita procedencia.

CUARTO.- La tipicidad de la conducta que se considera probada es patente: no solo concurren actos de tenencia y guarda de efectos al servicio de otro, sino que, además, se atribuyen a la recurrente acciones más explícitas de blanqueo (titularidades ficticias, se prestó a recibir ingresos que iban dirigidos al responsable y destinándolos a pagos por cuenta de aquél...).

Por otra parte, se declara probado el origen de esos bienes y dinero: actividades de tráfico de drogas protagonizadas por su padre.

Si del plano sustantivo (art. 849.1º), pasamos al probatorio (presunción de inocencia) tampoco puede darse virtualidad alguna al motivo.

Como sucede habitualmente en delitos de blanqueo de capitales, la prueba es de carácter indiciario. En este caso la vinculación del padre a actividades de trafico de drogas (lo que según la jurisprudencia puede inferirse de los elementos probatorios que detalla la motivación fáctica de la sentencia), la inexistencia de explicaciones sobre el origen de los bienes (en el recurso se refiere a una porción de ellos, pero no al total del ingente volumen de bienes y metálico), y la estrecha relación que hay que suponer entre un padre y su hija (ésta no puede ser ajena a sus problemas con la justicia), sustentan esa convicción e impiden hablar de vulneración de la presunción de inocencia.

Que el delito de blanqueo de capitales no sea un delito de sospecha y, como cualquier otra condena penal exija acreditar todos y cada uno de los elementos del delito (por todas y entre muchas, STS 578/2012, de 26 de junio), alcanzándose una certeza más allá de toda duda, no significa que no puede acreditarse por prueba indiciaria, que, como se ha dicho, suele ser el tipo de probanza más frecuente en estas infracciones dada su morfología (por todas, SSTS 1637/2000, de 10 de enero, 2410/2001, de 18 de diciembre; 774/2001, de 9 de mayo o 1584/2001, de 18 de septiembre). En materia de blanqueo vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes es insólito que el delito o delitos previos hayan podido ser esclarecidos; ni siquiera, situados en coordenadas concretas espacio-temporales. Cuando esos delitos son abortados por la actuación policial, lo habitual es que no existan beneficios en tanto la sustancia suele ser intervenida. Por tanto, no habrá bienes o ganancias "blanqueables" dimanantes de ese delito.

Una clásica, ya añeja y consolidada jurisprudencia ha consagrado un triple pilar indiciario sobre el que edificar una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos contra la salud pública: Incrementos y manejos patrimoniales injustificados; operaciones económicas anómalas o difícilmente explicables; ausencia de fuentes legales que justifiquen esos ingresos; elementos que sugieran relación con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes.

De manera más analítica la STS 801/2010, de 23 de septiembre declara: "para el enjuiciamiento de delitos de "blanqueo " de bienes de procedencia ilegal, como el presente, esta clase de prueba indiciaria, a partir de la afirmación inicial de que no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo ( SSTS de 27 de enero de 2006 y de 4 de junio de 2007, entre otras), aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión (así las SSTS de 4 de julio de 2006 y de 1 de febrero de 2007, por ejemplo), designándose como indicios más habituales en esta clase de infracciones:

a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado.

b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas.

c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto.

d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico.

e) La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones.

f) La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales.

g) La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas."

Esa doctrina no puede ser entendida como una relajación de las exigencias probatorias; sino como otra forma de probanza apta para conducir al siempre exigible grado de certeza objetiva preciso para un pronunciamiento penal condenatorio. Se enlaza así con declaraciones de textos internacionales ( Art. 3.3 de la Convención de Viena de 1988, art. 6.2.c) del Convenio de Estrasburgo de 1990 o art. 6.2.f) de la Convención de Nueva York contra la Delincuencia Organizada Transaccional) que destacan que la lucha contra esas realidades criminológicas exige esa herramienta de valoración probatoria, que, por otra parte, goza de honda raigambre y no es exclusiva de esta modalidad criminal.

En este caso concurre esa confluencia de elementos indiciarios que sustentan sólidamente la condena: tenencia aceptada de joyas y dinero propiedad de otra persona vinculada a delitos contra la salud pública: pagos de gastos de esa persona, su padre, valiéndose de fondos recibidos por cuenta de aquél (investigaciones llevadas a cabo por el grupo de blanqueo de capitales); extraños ingresos a los que no se puede dar explicación satisfactoria (transferencia desde un banco de Hong-Kong); imposibilidad de justificar esos ingresos (el negocio de ciber café era ruinoso según se acreditó con vigilancias y a través de la rudimentaria contabilidad hallada); condena sufrida por el padre que había sido objeto, además, de otras investigaciones. No tiene sentido que la recurrente se hiciese cargo de los gastos domésticos de su padre, si éste tenía una gran fortuna, como insinúa, salvo que fuese para encubrir los ingresos de procedencia ilícita.

La actividad probatoria permite llegar a las conclusiones a que ha llegado la sentencia de instancia.

El motivo es desestimable.

QUINTO.- Resta por analizar el primer motivo. Es plural: contiene varias pretensiones. Giran todas alrededor de la tardanza en la tramitación del procedimiento.

La Audiencia apreció la atenuante de dilaciones indebidas con un efecto privilegiado a la vista de los retrasos que se observan en el procedimiento. Y procedió a la imposición de la pena inferior en grado, concretada en veinte meses de prisión.

a) Primeramente se reclama la prescripción interna. Habría sido ocasionada por una paralización de tres años y diez meses, superior al tiempo que se fijaba en la legislación entonces vigente para delitos castigados con pena no superior a tres años. Olvida la recurrente que hay que estar a la pena en abstracto (de tres años y tres meses a seis años) y no a la establecida en concreto como consecuencia de una atenuación ( SSTS 105/2017, de 21 de febrero ó 414/2015, de 6 de julio). El delito no está prescrito.

b) En otro orden de cosas, señala que la pena no se encuentra en el marco legal. La rebaja en un grado supondría un máximo de cinco meses y veintinueve días. El recurso no advierte que, al condenarse por blanqueo de bienes procedentes de delitos contra la salud publica, el párrafo 2º del art. 301.1º establece un subtipo agravado (mitad superior de la pena). La corrección de la concreción penológica efectuada por la Audiencia es patente a la vista de ese dato (la pena inferior en un grado oscilaría entre un año, siete meses y quince días; y tres años y tres meses de prisión).

c) Por fin, impetra una doble degradación. Con ello se olvida que estamos ante un tema de discrecionalidad judicial no revisable en casación. Resulta ponderada y suficientemente razonada la única degradación: es una sola atenuante cualificada (no dos o más) y los retrasos alcanzan para considerarse muy extraordinarios, pero no hasta el punto de imponer una doble degradación. No hay infracción de ley en esa decisión de la Audiencia ponderada y equilibrada ( SSTS 1015/2021, de 21 de diciembre, 187/2022, de 28 de febrero ó 94/2023, de 14 de febrero).

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas procesales ( art. 901 LECrim).