Sentencia Penal 884/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5623/2021 de 29 de noviembre del 2023

PRIMER MOTIVO, AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 852 LECRIM Y 5.4 LOPJ , POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA DEFENSA Y A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS

1. La acusación particular denuncia que la sentencia recurrida se ha separado de manera injustificada del relato de hechos probados que, consecuente al veredicto emitido por el Jurado, sirvió para fundar la condena en la instancia. Reprocha al Tribunal Superior que utilice un argumento relativo a la errónea construcción del objeto del veredicto cuando tal cuestión no fue ni debatida ni tan siquiera revelada por las partes al hilo de la audiencia prevista en el artículo 53 LOTJ. Ninguna de las partes formuló protesta u objeción alguna a la redacción formulada por la Magistrada-Presidente.

Para los recurrentes, el objeto del veredicto abarcaba todos los elementos fácticos " con cuya presencia cabe tener por cometido el delito de omisión del deber de socorro, incluida la consciencia por parte del acusado de la gravedad del estado de la víctima y que precisaba asistencia médica inmediata". Añadiéndose " que por mucho que el Tribunal Superior de Justicia pretenda forzar una sentencia absolutoria bajo la premisa de que las pruebas periféricas aportadas no permiten inferir racionalmente la presencia de esa actuación dolosa, directa o eventual, que se exige para la condena, no podemos olvidar que es el Jurado, como juez de los hechos, el que mediante un juicio de inferencia, ha de dar por probados esos datos o hechos que permiten después al Magistrado-Presidente realizar el juicio de subsunción en el correspondiente tipo delictivo". Y en el caso, para los recurrentes, el Tribunal del Jurado ofreció una sucinta pero suficiente explicación de las razones por las que declaraba probado que el Sr. Baltasar era consciente de la gravedad de la situación de Carmen y de que precisaba asistencia médica inmediata. Conclusiones que, reiteran, constituyen los presupuestos fácticos de la calificación jurídica de la conducta como un delito de omisión del deber de socorro.

2. El motivo es apoyado por el Ministerio Fiscal en cuyo escrito de adhesión al recurso denuncia que el tribunal de apelación extravasó sus facultades de control de las conclusiones fácticas a las que llegó el Jurado, revalorando las informaciones probatorias de las que este dispuso. Considera que el Jurado acertó al concluir, a la luz de los datos de prueba disponibles, que la Sra. Carmen estaba aquejada de una grave dolencia que requería asistencia médica urgente y que el acusado se apercibió de la misma y pese a ello abandonó el lugar dejando a la víctima a su suerte. A su parecer, el Tribunal Superior se contradice cuando afirma que no revalora la prueba practicada para, al tiempo, excluir la presencia del dolo reclamado por el tipo. En puridad, reconstruye la cadena de indicios atribuyendo un valor diferente a los distintos eslabones que la componen para, de este modo, calificar de no concluyente la inferencia relativa a la presencia del tipo subjetivo.

3. El motivo no puede prosperar.

No identificamos lesión de los derechos fundamentales a la defensa ni al proceso con todas las garantías invocados por los recurrentes como fundamento del motivo ni, tampoco, que la Sala de Apelación se extravasara en su función de control, como denuncia el Ministerio Público en su adhesión al recurso formulado.

4. Al hilo de ello, debe recordarse que en nuestro modelo general de apelación contra una sentencia de condena el tribunal "ad quem" dispone de plenas facultades revisoras. El efecto devolutivo transfiere la potestad de revisar no solo el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena, sino también la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia. Este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de una mayor protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia.

Es cierto, no obstante, que este pleno efecto devolutivo de la apelación se modula cuando el recurso se interpone contra una sentencia del Tribunal del Jurado. El legislador previene en el artículo 846 bis c) letra e) LECrim una suerte de submodelo de apelación limitada -" revisio prioris instantiae"- cuando se trata de revisar el fundamento probatorio de los hechos sobre los que recae la declaración de condena. Se pone el acento en el control no tanto de la concreta atribución de valor a las distintas informaciones o datos de prueba tomados en cuenta por el Jurado sino en las bases racionales de la decisión. Y así debe entenderse la fórmula normativa empleada " que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta". Supuesto que se dará cuando se identifique absoluta o notabilísima insuficiencia probatoria o irracionalidad en las conclusiones inferenciales alcanzadas.

Esta "reducción" del contenido del efecto devolutivo puede explicarse por dos factores. Uno, sin duda, político-institucional, de fortalecimiento de la intervención del Jurado en la decisión sobre los hechos. Lo que viene compensado con la exigencia de una mayoría decisional muy cualificada para fijar hechos desfavorables. Mayoría cualificada, siete sobre nueve de los jueces legos, como regla de juicio, que permite partir de una fuerte presunción de que el nivel alcanzado de suficiencia probatoria es consistente.

Otro factor modulador viene de la mano del establecimiento de fuertes controles endoprocesales - artículos 52, 54, 57, 61, 63 y 70, todos ellos, LOTJ- del proceso decisional del Jurado. Tanto del alcance de lo decidido -en particular, si se ajusta al objeto del veredicto- como del modo en que se ha hecho -en concreto, si se han respetado las fórmulas procedimentales de decisión, si se han identificado los elementos de convicción tomados en cuenta y si se han expresado las razones, aun sucintas, de las conclusiones fácticas alcanzadas-. Controles endoprocesales a los que debe añadirse la obligación del magistrado-presidente de identificar en la sentencia la prueba de cargo con la que ha contado el Jurado.

El adecuado cumplimiento del programa de conformación de la decisión sobre los hechos dota a esta de particular fortaleza, siendo clara la apuesta del legislador de impedir que, por la vía del recurso devolutivo, se pueda dejar sin efecto una decisión racional y suficientemente justificada, adoptada por un colegio de nueve jueces, y ser sustituida por otra decisión de un tribunal profesional, igual de racional pero basada en otros parámetros de valoración de la suficiencia probatoria.

5. Ahora bien, el límite del control apelativo sobre las bases probatorias de la decisión del Jurado no supone que también quede vedado el control sobre el valor normativo que se atribuye en la sentencia recurrida a lo que se declara probado.

Es cierto, y así lo hemos mantenido reiteradamente, que el dolo se inserta en la descripción fáctica de la conducta y en esa medida debe ser también considerado un hecho. Como se precisa en la STC 59/2018, con expresa invocación de la STC 184/2009, " el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la estricta calificación jurídica que deba asignarse a los hechos una vez acreditada su existencia".

Pero no lo es menos que la acreditación por vía inferencial de dicho elemento, por su propia singularidad fenomenológica, por el modo en que se manifiesta, muy lejos de fórmulas objetivas puramente naturalísticas, pende de la interacción indiciaria con otros elementos fácticos. En la mayoría de las ocasiones, la construcción del hecho indiciado relativo a la presencia del dolo reclama valorar los distintos hechos indiciarios, utilizando, para ello, criterios con un incuestionable sabor normativo.

6. Y no es otra cosa la que acontece en el caso que nos ocupa.

El Tribunal Superior no descarta los datos de prueba tomados en cuenta por el Tribunal del Jurado. No cuestiona los estándares de atribución de valor otorgado a los medios probatorios practicados en la instancia. Valida la información médica aportada por el perito Sr. Luis Carlos sobre la causa de la muerte y la previa sintomatología que pudo manifestarse así como la secuencia cronológica en la que se desarrollaron los hechos justiciables -reconstruida a partir de las videograbaciones aportadas, el testimonio del propio acusado, los mensajes remitidos por este a la Sra. Carmen y los resultados de la autopsia practicada-.

Pero a partir de ahí lo que se pone en entredicho por el Tribunal Superior es que tales datos permitan identificar con la claridad exigible la presencia de los elementos normativos y descriptivos del tipo que deben ser abarcados por el dolo. En particular, que existiera una situación de desamparo manifiesto y de peligro grave para la vida de la persona acreedora de auxilio conocida por el acusado.

La sentencia de apelación redirecciona, con acierto, el gravamen al ámbito del juicio normativo, aunque formalmente se utilice como vía de análisis el motivo por infracción del derecho a la presunción de inocencia formulado por el apelante.

7. En puridad, la sentencia recurrida lo que descarta es que los hechos declarados probados identifiquen conducta típica, sin perjuicio de que la actuación descrita del acusado pueda considerarse poco ética. De forma expresa, se sostiene que el veredicto conforma un conglomerado fáctico que impide apreciar con nitidez los distintos elementos del tipo.

En este sentido, no parece ocioso recordar que la subsunción del hecho declarado probado en el tipo penal reclama la utilización de una suerte de software normativo que permita comprobar si de los significantes utilizados en la descripción del suceso histórico cabe decantar los concretos significados reclamados en la norma para apreciar conducta típica.

En ocasiones, entre el hecho probado y el hecho punible existe un gran trecho que solo puede recorrerse de la mano de las categorías normativas que dotan de sentido jurídico-penal al primero. Y esa labor, en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, le corresponde en exclusiva al tribunal encargado de la aplicación de la norma y decidir las consecuencias que se derivan de ello.

Por todo lo expuesto, descartamos que el tribunal de apelación extravasara los límites de su función.

SEGUNDO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , POR INFRACCIÓN DE LEY: INDEBIDA INAPLICACIÓN DE AL ARTÍCULO 195.1º CP

8. El motivo, al que también se adhiere el Ministerio Fiscal, se nutre sustancialmente de argumentos ya utilizados en el primero. Al parecer de los recurrentes, los hechos que se declaran probados identifican una situación de peligro para la vida de la Sra. Carmen que fue conocida por el Sr. Baltasar quien, pese a ello, decidió omitir la asistencia que situacionalmente estaba obligado a prestar, marchándose del lugar. Conducta que reúne todos los elementos del delito por el que fue acusado y condenado en la instancia.

9. El motivo no puede prosperar.

El reproche penal por la infracción del deber de asistencia está sometido a un exigente cuadro cumulativo de condiciones de tipicidad. Primera, que la persona tributaria de auxilio se encuentre en una situación de peligro manifiesto y grave; segunda, que se halle desamparada; tercera, que la persona obligada conozca que se da dicha situación; cuarta, que tenga capacidad, sin riesgo propio o ajeno, para prestar socorro personalmente o demandarlo de terceros.

10. Por lo que se refiere a las características normativas del peligro, el tipo exige que comporte una alta probabilidad de que se produzca un resultado perjudicial significativo y próximo para la vida o integridad corporal y que, además, resulte claramente perceptible y cognoscible para generalidad de las personas. Sin perjuicio, claro está, de factores situacionales o relacionales que, derivados del contexto personal de producción, permitan apreciar un especial grado de evidencia para el sujeto obligado.

Pero, además, el tipo exige que la persona que requiere el auxilio del tercero se encuentre en una situación de desamparo. Esto es, que la persona expuesta al peligro grave y manifiesto carezca de los medios necesarios para neutralizarlo o reducirlo. Ya sea porque no puede auxiliarse a sí misma o porque no está recibiendo ayuda ajena.

11. Pues bien, los hechos que se declaran probados no permiten identificar con la necesaria claridad la presencia de dichos presupuestos inexcusables de tipicidad.

Ni los síntomas de indisposición -mareo y náuseas- que presentaba la Sra. Carmen al momento en que se marchó el Sr. Carlos Alberto permitían representarse una situación de peligro grave y manifiesto para su vida -recuérdese que se descarta en la fundamentación jurídica que con carácter previo a ese episodio la Sra. Carmen presentara síntoma alguno de afección cardiaca que fuera conocido por el acusado-.

Ni, tampoco, se describe una situación penalmente relevante de desamparo. Muy en particular, las circunstancias que permitan explicar por qué la propia Sra. Carmen no solicitó telefónicamente asistencia médica durante el periodo trascurrido desde que comenzaron los síntomas de indisposición -sobre las 19 horas- hasta el momento en que el acusado abandonó el lugar -sobre las 19.40 horas-, cuando, al tiempo, se declara probado que durante ese lapsus temporal la misma no perdió en momento alguno la consciencia.

12. Coincidimos con el tribunal de apelación en que la conducta del acusado resulta especialmente censurable en el plano ético, pero ello no basta por sí para que sea condenado por un delito del artículo 195.1 CP, como se pretende por los recurrentes. Como afirmábamos en la STS 248/2021, de 30 de marzo, sin la existencia de la situación objetiva de desamparo " se desmorona la estructura del tipo objetivo", con independencia, incluso, de que quien omite no lo compruebe de forma adecuada -vid., SSTS 167/2022, de 24 de febrero; 301/2022, de 24 de marzo; 761/2022, de 15 de septiembre-.

13. Reiteramos, el incumplimiento de un deber genérico de solidaridad no es suficiente para considerar cometido el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 CP.

CLÁUSULA DE COSTAS

14. Tal como previene el artículo 901 LECrim procede la condena en costas de los recurrentes, quedando excluida de la misma el Ministerio Fiscal.