Sentencia Penal 547/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5357/2021 de 05 de julio del 2023

PRELIMINAR.- Explica, por todas y últimamente, nuestra sentencia número 390/2023, de 24 de mayo: <LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el CP con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional...

...Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 LECRIM).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (artículo 889 2º), entendiéndose que el recurso lo tiene, interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 LECRIM)".

En este caso el interés casacional solo podría encontrar encaje en la contradicción de lo acordado con la doctrina jurisprudencial de esta Sala de casación.

Jurisprudencia consolidada de esta Sala ha afirmado que el recurso de casación por infracción de ley se circunscribe a los errores legales que pudo haber cometido el juzgador al enjuiciar los temas sometidos a su consideración por las partes, o, en su caso, el Tribunal de apelación al conocer del correspondiente recurso. Lo que implica que no puedan formularse ex novo y per saltum alegaciones relativas a otros que, pudiendo haberlo sido, no fueron suscitados con anterioridad. Lo contrario adentraría a esta Sala en cuestiones sobre las que los tribunales que nos precedieron en el conocimiento del asunto no se pronunciaron, y a decidir sobre ellas por primera vez y no en vía de recurso, lo que desnaturalizaría la casación">>.

PRIMERO.- 1.- Invocando lo prevenido en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, --que se concreta, para el orden jurisdiccional penal, en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal--, considera quien ahora recurre que la sentencia impugnada habría vulnerado el derecho fundamental del acusado a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución española, habida cuenta de que la Audiencia Provincial "se habría negado" a revisar el contenido de la resolución pronunciada en primera instancia y objeto de apelación en el extremo relativo a la valoración de la prueba.

Considera la recurrente que la Audiencia Provincial "debió entrar a conocer de la revisión plena de la prueba practicada y no limitarse a un control sobre la lógica o falta de ella en el proceso de inferencia desarrollado por el juzgador de instancia en la sentencia apelada". Así, señala, en particular, que debió valorarse el testimonio del actual propietario de la vivienda, don Antonio, así como la prueba documental consistente en la nota simple informativa de la finca "en la que consta la traba hipotecaria contratada por el comprador Sr. Antonio para la adquisición del inmueble". Todo ello en la línea, sostenida siempre por la defensa del acusado, relativa a que la casa fue vendida, siquiera fuese verbal y privadamente, antes de que el uso de la misma resultara judicialmente otorgado a la Sra. Ángeles.

2.- Fácilmente se comprenderá, a partir de las consideraciones que se han dejado expuestas en el fundamento jurídico preliminar, que dicha protesta no halla encaje en las previsiones contenidas en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, --infracción de norma penal sustantiva--, y desborda, en consecuencia, holgadamente el perímetro normativo de esta modalidad de casación. Todo ello sin perjuicio de que en la sentencia ahora impugnada expresamente se argumenta acerca de las razones que, a partir de la prueba practicada en el procedimiento (expresamente revisada, según se afirma en ella, por los miembros del Tribunal), condujeron a considerar como no acreditado ese contrato previo de compraventa.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 1.- Queda así reducido el recurso al que se presenta como motivo segundo del mismo, articulado, en este caso correctamente, por el cauce que ofrece el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerarse infringido el artículo 257 del Código Penal.

Sostiene, en síntesis, quien ahora recurre que la vivienda no era propiedad del acusado sino de una sociedad que él administraba, insistiendo en que en el mes de septiembre u octubre procedió, en esa condición de administrador y verbalmente, a la venta de la vivienda, decisión no adoptada exclusivamente por él sino por el conjunto de los socios reunidos en junta general. De este modo, al trasmitirse la vivienda, a medio de la correspondiente escritura pública, no se hacía otra cosa que dar cumplimiento a una obligación previa a la reclamada por la Sra. Ángeles. En cualquier caso, concluye la recurrente que: "Si algún reproche pudo hacérsele a la actuación del acusado habría sido el aceptar la atribución del uso de la vivienda a la denunciante pese a conocer la obligación que vinculaba a la mercantil propietaria del inmueble de entregarla al comprador contra el pago del precio pactado. Hechos que en ningún caso pueden ser tipificados como delito de frustración de ejecución".

2.- Como es de ver, planteado en estos términos, carece el recurso de interés casacional. Desde luego, no nos encontramos ante la aplicación de un precepto, el artículo 257 del Código Penal, que hubiera entrado en vigor en los últimos cinco años. Tampoco se invoca siquiera una suerte de interpretación no concorde sostenida por las Audiencias Provinciales en la aplicación de dicho precepto. Es verdad que sí se citan determinadas resoluciones de este mismo Tribunal Supremo en el sentido de que el delito de frustración de la ejecución, --alzamiento de bienes--, requiere que la conducta se realice "en perjuicio de los acreedores" y que, por tanto, no habrá lugar a la comisión del mismo cuando el sujeto activo, no pudiendo atender a la totalidad de sus deudas, aun alterando el orden de prelación o preferencia entre créditos concurrentes, destinare una parte de sus bienes a la satisfacción de otras deudas, en perjuicio no del conjunto de sus acreedores sino de alguno en particular.

Lo cierto es, sin embargo, que, como tantas veces ha señalado este Tribunal Supremo, el motivo de casación contemplado en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la necesidad de tomar como ineludible referencia fáctica lo establecido en el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia impugnada ( "dados los hechos que se declaren probados", establece el precepto). Ello responde a una exigencia fácilmente comprensible tanto desde el punto de vista lógico como metodológico. Si lo que realmente se persigue es impugnar el juicio de subsunción efectuado por la resolución impugnada, resulta obligado operar, lo mismo para articular la queja que para resolverla, con un relato ya definitiva y establemente consolidado, que constituye la premisa fáctica imprescindible del juicio normativo. Alterada, o tratándose de alterar, dicha premisa, ningún sentido tendría someter a fiscalización el juicio de subsunción realizado con respecto a una situación fáctica cuya sustitución o modificación, a la vez, se postula.

Ciertamente, el relato de hechos probados no se entretiene en determinar el régimen de propiedad correspondiente a la vivienda cuyo uso le resultó judicialmente atribuida a la Sra. Ángeles, a propuesta conjunta de ésta y del acusado. Sin embargo, sí precisa que el acusado vendió la casa con posterioridad a ese momento y cuando, además, ya había sido requerido judicialmente para que la dejara libre y expedita a disposición de aquélla. Es cierto que la vivienda pertenecía a una sociedad que el acusado administraba (así resulta reconocido en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada). De hecho, de haber correspondido la titularidad al acusado como persona física, para proceder a la venta de la vivienda, cuyo uso había sido ya atribuido judicialmente a la Sra. Ángeles, hubiera resultado preciso para proceder a la venta, conforme así lo establece el artículo 96 del Código Civil, el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial.

Sin embargo, el relato de hechos probados no refiere nada distinto de que la venta se produjo como consecuencia de la unilateral decisión del acusado, por su propia y suficiente voluntad, sin que en absoluto se haga referencia al pretendido acuerdo corporativo en tal sentido, ni a la intervención de otros eventuales socios en la toma de dicha decisión. Así, después de señalarse en el factum que: "pese a ser conocedor de la citada resolución, el acusado, con ánimo de impedir a Ángeles y a su hijo, acceder a la vivienda, cuyo uso y disfrute se le había atribuido judicialmente, no abandonó la vivienda en la fecha en la que estaba obligado a ello"; se añade que, una vez despachada ejecución contra el acusado, fue requerido para que procediese a poner la vivienda a disposición de la Sra. Ángeles, señalándose el día 23 de mayo de 2018 para el lanzamiento. Sin embargo, se consigna también: "El acusado, con ánimo de impedir a la Sra. Ángeles el acceso a la vivienda procedió a su venta, el día 1 de marzo de 2018, a Antonio, procediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad de DIRECCION002, el día 20 de abril de 2018, (tomo NUM002, libro NUM003, folio NUM004)".

Sentado lo anterior, lo cierto es que el interés casacional invocado en su recurso por la defensa del acusado se concreta en censurar que la sentencia impugnada resulta contraria a la jurisprudencia, por lo que respecta a la aplicación del artículo 257 del Código Penal, en la medida en que la condena se pronuncia sin tener en cuenta que el deudor no contrajo obligaciones o efectuó actos de disposición patrimonial tendentes a perjudicar al conjunto de sus acreedores, sino que, atendiendo una deuda previa e igualmente exigible, optó por asumir y dar cumplimiento a una obligación generada como consecuencia del previo contrato privado de compraventa, lo que necesariamente comportaba desatender la obligación judicialmente establecida en favor de la Sra. Ángeles. Admite que pudiera resultar reprochable que el acusado, pese a conocer la existencia de dicho contrato privado de compraventa sobre la vivienda, propusiera después que el uso de la misma quedara atribuido a la Sra. Ángeles. Mas objeta que dicha conducta en absoluto podría ser calificada como constitutiva de un delito de frustración de la ejecución.

Lo cierto, sin embargo, es que, frente a las exigencias que el motivo de casación impone, se desentiende con ello el recurrente del relato de hechos probados contenido en la resolución impugnada, en ninguno de cuyos pasajes se considera acreditada la existencia de un previo contrato privado de compraventa generador de obligaciones para el acusado. No sólo esto sino que, además, precisamente valorando la prueba practicada en el acto del juicio oral (frente a la censura esgrimida por el recurrente en su primer motivo de casación), la Audiencia Provincial lo descarta expresamente, señalando que: " A la vista de lo instruido, y tras el visionado del plenario, coincidimos con la conclusión alcanzada en la sentencia de que la venta se realizó con la intención de que el inmueble no fuera nunca ocupado por la Sra. Ángeles ni por su hijo, no siendo lógico ni creíble que se pactara de forma verbal su venta en los meses de septiembre y octubre de 2017, sin entrega de señal alguna, ni constancia del contenido o de la fecha de las posibles estipulaciones que pudieran justificar que se difiriera el cumplimiento de los requisitos para perfeccionar la misma (entrega del precio).

Y, por otro, porque, en cambio, el intento de explicación ofrecido por el acusado, según se recoge en su recurso de apelación, en términos similares a los mantenidos en el plenario, resulta francamente inaceptable en términos de experiencia y por eso increíble, máxime si tenemos en cuenta que diciembre de ese mismo año, 2017, el acusado firmó de mutuo acuerdo la atribución a la Sra. Ángeles y a su hijo del uso y disfrute de la vivienda de la que tratamos, por eso el auto dictado el 13.12.2017 homologó judicialmente la propuesta de regulación de medidas provisionales que presentaron ambos. Si la vivienda hubiera sido vendida antes de dicha fecha es evidente que ese era el momento en el que lo debió hacer constar, y no firmar su atribución a su esposa. Con dicha evidencia decae la excusa relativa a que, con la venta, se estaba cumpliendo con una obligación anterior a la atribución de la misma a la denunciante".

Y finalmente, también a lo largo de su fundamentación jurídica, la sentencia impugnada explica: "Pero es más, aun cuando fuera cierto que se había pactado su venta con anterioridad a la atribución de la misma a la esposa, y que dicho pacto hubiera fructificado en un verdadero contrato de compraventa privado, es evidente que al actuar así el acusado (septiembre u octubre de 2017), ante el inevitable devenir de los acontecimientos derivados de la separación de los cónyuges, lo hacía sabiendo que la vivienda, que había sido hasta la fecha vivienda familiar, podría ser atribuida a su esposa e hijo dado que estaban separados desde el mes de abril de 2017, defraudando con ello las expectativas que sobre la misma tenía la esposa, acreedora de un derecho de contenido económico".

En definitiva, y aunque bajo el aparente manto que ofrece el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los esfuerzos del recurrente se orientan a combatir o poner en cuestión la valoración probatoria efectuada en la sentencia que impugna, introduciendo consideraciones que pugnan con su relato de hechos probados para, a partir de otro alternativo que consideran más ajustado, sostener la indebida aplicación del artículo 257 del Código Penal. No ya, en último término, debido a que se considere propiamente que ha existido un error en el juicio de subsunción efectuado, sino porque, al menos a su parecer, de progresar el relato fáctico alternativo que la parte propone, el mencionado precepto no resultaría aplicable. De hecho, en el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado las quejas se concentraban, precisamente, en la pretendida existencia de un error en la valoración de la prueba, proponiéndose, también entonces, que se considerase acreditado un relato fáctico alternativo del que resultaría, como necesaria consecuencia, la indebida aplicación del referido precepto.

El motivo se desestima.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede imponer las costas del presente recurso a la parte que lo interpuso.