Sentencia Penal 223/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2806/2022 de 07 de marzo del 2024

PRIMERO.- Se recurre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que absuelve a Pascual, Romulo, Samuel y Roman de los delitos de estafa y falsedad documental, por los que venían siendo acusados.

La representación procesal de la Acusación Particular "GLOBAL COLUMBIA SL" formula recurso contra la citada sentencia con un único motivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al entender que se ha producido por la resolución recurrida infracción de Ley, por inaplicación, de los artículos 250.1.5º, 251.1 y 392.1 del Código Penal.

En el desarrollo del motivo se indica que, en ningún caso admite discusión, reiterando el respeto a los hechos declarados probados, es que el 7 de octubre de 2010 "3C" vendió a "GLOBAL COLUMBA" las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y, de otro, que el 5 de marzo de 2013 "3C" cedió tales licencias a "ALDI".

Por consiguiente, no puede albergarse ninguna duda de que tal conducta es perfectamente subsumible en los parámetros de los tipos delictivos contenidos en el escrito de conclusiones definitivas, delito de estafa -propia o impropia- en concurso con un delito de falsedad en documento público-. Sin que resulte posible afirmar, como hace la Sentencia ahora combatida, que "los acusados (no) realizaran ninguna maquinación o emplearan ardid alguno para burlar los supuestos derechos que tuviera GLOBAL COLUMBA, S.L." El ardid, deviene manifiesto y palmario, puesto que ocultaron, primero a la Notario y luego al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que el 7 de octubre de 2010, "3C" ya había vendido a "GLOBALCOLUMBA" la licencia que el 5 de marzo de 2013 se cedió graciosamente a "ALDI", así como concurre el desplazamiento patrimonial toda vez que con el engaño consiguió que la Notario, y el Ayuntamiento más tarde, se plegaran a sus inicuos deseos y accedieran a la cesión de la licencia a favor de "ALDI". Se produjo, pues, la disposición patrimonial apetecida en claro perjuicio de "GLOBAL COLUMBA", que resultaba ser la verdadera titular de la licencia, desposeyéndola de la misma y por la que había abonado a "3C" el importe de 176.500.-€ más IVA.

SEGUNDO.-2.1. Siguiendo la doctrina establecida de forma reiterada por este tribunal y de la que es exponente la STS 799/2017, de 11 de diciembre, entre otras muchas, "el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es plantear una discordancia jurídica con el tribunal sentenciador sobre unos hechos probados, ya inalterables. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado". ( STS 940/2023, de 20 de diciembre).

2.2. El motivo no puede prosperar, básicamente, porque no respeta el juicio histórico. Realiza la calificación jurídica no sobre los hechos que la sentencia declara probados, sino sobre los hechos que la defensa estima procedentes, y semejante planteamiento no tiene cabida en el motivo regulado en el artículo 849.1 de la LECrim.

La queja se formula por vía inadecuada, dado que el art. 849.1 LECrim se refiere con carácter exclusivo y excluyente a la infracción de normas sustantivas penales u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal, pese a su formulación, el alegato en verdad no cuestiona una indebida subsunción de la conducta en los tipos penales que se señalan en el recurso, sino que lo que suscita es que son ciertos determinados hechos declarados probados y otros no, tales como los que constan en el último párrafo: " No ha quedado acreditado que los acusados realizaran ninguna maquinación o emplearan ardid alguno para burlar los supuestos derechos que tuviera GLOBAL COLUMBA, S.L.", ya que no hay una prueba de ello sino de lo contrario, con base a los documentos que cita, tachando de mendaz el testimonio del acusado Romulo.

En realidad, como hemos visto, en el desarrollo del motivo lo que se invoca es que los hechos probados constituyen el delito de estafa propia o impropia, así como, el delito de falsedad por los que la recurrente formulaban acusación, siempre que se haga desaparecer de los mismos el último párrafo referido a inexistencia de ardid o maquinación alguna por parte de los acusados. Denuncia que debería articularse por la vía de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE.

2.3. Como hemos dicho, la denuncia debería articularse por la vía de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a las acusaciones no les corresponde un pretendido derecho a una especie de presunción de inocencia invertida que asegure el derecho a una condena cuando existan pruebas que, con independencia de su valoración respecto de su suficiencia, puedan ser consideradas como pruebas de cargo. Así como, la duda no resuelta sobre los hechos, debe provocar la absolución del acusado, por el contrario, la mera constatación de la existencia de pruebas no atribuye a las acusaciones un derecho a la condena.

Y, por otra parte, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de esta misma Sala, ha establecido la imposibilidad de rectificar en vía de recurso una sentencia absolutoria o, en general, de empeorar la situación del acusado, si para ello es necesario modificar los hechos probados, con independencia de su naturaleza objetiva o subjetiva.

El Tribunal Constitucional, en la STC nº 18/2021, de 15 de febrero, se refería a esta cuestión diciendo que "se ha afianzado una doctrina constitucional que, en síntesis, fija los siguientes márgenes de revisión: (i) Vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en la que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal. (ii) No cabe efectuar este reproche constitucional cuando la condena o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica entre los órganos judiciales de primera y segunda instancia en la que no estén implicadas las garantías de publicidad, inmediación y contradicción y para cuya resolución no resulte necesario oír al acusado. Ninguna incidencia podría tener la audiencia en la decisión que pudiera adoptarse y la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado.".

2.4. El Tribunal en este punto, analiza la documental, las declaraciones de los acusados y testigos y llega a la conclusión de que no se ha cometido ningún tipo de estafa por haberse producido la cesión de derechos de una licencia de obras por parte de "3C" a ALDI, porque este era el propietario de la misma, sin perjuicio de que pueda obtenerla un tercero para la realización de la obra, es ALDI el propietario de la licencia, cuya finalidad última es obtener la licencia de actividad para la apertura del supermercado.

Lo que se ha hecho, mediante la cesión formal de la licencia es remover un obstáculo para que el propietario ALDI, que había pagado por ello, pudiera disfrutar del derecho que tenía. ALDI, mediante el contrato inicial, había pagado a "3C" para que esta hiciera todo lo necesario en orden a la licencia, y demás gestiones para la construcción del supermercado. Posteriormente, ese contrato se resuelve parcialmente a causa de la situación financiera de "3C", pero esta mantiene su obligación de colaboración con ALDI conforme a lo pactado en el contrato inicial y el acusado Pascual, lo que hace es dar cumplimento a la obligación de cesión de la licencia por parte de "3C" a ALDI conforme a lo pactado. Y, en fecha 07-10- 2010 no se vendió la licencia, sino que, lo que las partes otorgan es un contrato privado de venta de proyecto y prestación de servicios, desde "3C" a GLOBAL COLUMBA, de manera que los avales prestados con anterioridad por "3C" al otorgarse la licencia, las cargas, se mantienen en "3C" pese a transmitir los derechos a GLOBAL, el contrato de licencia se otorgó en documento privado por razones económicas, para no modificar los avales, sin que exista maquinación o engaño alguno.

La doctrina antes expuesta impide la modificación de esos hechos probados en perjuicio de los acusados, sin haber presenciado las pruebas personales que a ellos se refieren y sin proceder a una audiencia en la que se diera a los acusados la posibilidad de ser oídos.

Y, en la forma en la que han sido recogidos los hechos probados, no puede considerarse que resulten constitutivos de delito alguno.

El motivo se desestima.

TERCERO.- Procede imponer las costas causadas a la recurrente ( art. 901 LECrim.).