Sentencia Penal 319/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1412/2021 de 08 de mayo del 2023

PRIMERO .- El Juzgado de lo Penal de Gandía número 1, dicta Sentencia mediante la cual condena por delito por conducción con alcoholemia ( art. 379.2 del Código Penal) y otro de conducción sin permiso por pérdida de puntos ( art. 384.1 del Código Penal), a Benito, aplicando la agravante de reincidencia al estar condenado el acusado, con antelación, por cuatro delitos contra la seguridad vial.

Consigna en los hechos probados que, en el momento de los hechos Benito había sido ejecutoriamente condenado por sentencia de 12 de agosto de 2016 dictada en el Juzgado de instrucción n° 3 de Gandía, por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, fue condenado por sentencia firme de 5 de septiembre de 2016 del Juzgado de instrucción n° 3 de Gandía por hechos constitutivos de un delito de conducción sin permiso; fue condenado por sentencia de 28 de octubre de 2016de1 Juzgado de lo penaln° 6 de Madrid, por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por sentencia de 9 de mayo de 2017, firme el mismo día, del Juzgado de Instrucción n° 2 de Coslada, por un delito de conducción con permiso retirado por decisión judicial.

Y le impone la pena de seis meses de prisión y privación del permiso de conducción por tiempo de tres años.

La correspondiente Audiencia Provincial de Valencia, Sección Tercera, revoca la Sentencia de instancia, suprimiendo la agravante de reincidencia, con fundamento en esta argumentación:

"En el caso presente los datos relativos a las anteriores condenas del acusado por delitos contra la seguridad vial que refleja el relato de hechos probados no resultan suficientes para entender cumplimentado el requisito negativo de no ser tales condenas susceptibles de cancelación. Tan sólo se hace referencia a que en el momento de los hechos (27 de enero de 2019) el acusado había sido ejecutoriamente condenado por sentencia de 12 de agosto de 2016 dictada en el Juzgado de instrucción n° 3 de Gandía, por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas; por sentencia firme de 5 de septiembre de 2016 del Juzgado de instrucción n° 3 de Gandía por hechos constitutivos de un delito de conducción sin permiso; por sentencia de 28 de octubre de 2016 del Juzgado de lo penal n° 6 de Madrid, por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas; y por sentencia de 9 de mayo de 2017, firme el mismo día, del Juzgado de Instrucción n° 2 de Coslada, por un delito de conducción con permiso retirado por decisión judicial. En ninguno de los casos se especifica la fecha en la que las condenas quedaron extinguidas, lo que obliga a retrotraer el cómputo a la de la firmeza. Tampoco indica las penas que fueron impuestas, lo que deja abierta la vía a diversas posibilidades a tenor de los delitos objeto de condena. Y nada de ello se salva por la Juez de lo Penal en el cuarto de los fundamentos de la sentencia relativo a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en forma tal que pueda integrarse en el factum en la forma descrita en las resoluciones indicadas. En consecuencia, a criterio de esta Sala la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8° del Código Penal se encuentra indebidamente apreciada, lo que habrá de determinar una estimación parcial del recurso interpuesto, revocando el fallo de la sentencia apelada en el único sentido de la extensión de las penas impuestas, en aplicación de lo previsto en los arts. 66.1.1a y 6a del Código Penal, estimándose razonable dentro del marco punitivo establecido en los arts. 379.2°, 384 y 77.2° del Código Penal, una rebaja de las penas impuestas al acusado dentro en todo caso de la mitad superior prevista para la infracción más grave, que en este caso es el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pero situándose en su mínimo, lo que en definitiva implica la imposición de una pena de prisión de 4 meses y 15 días, que llevará aparejada la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, conforme a lo dispuesto en los arts. 39 b), 44, 54, 56.2°, 66 y concordantes del Código Penal; y de 2 años 6 meses y 1 día de privación del permiso a conducir vehículos a motor y ciclomotores, que al igual que la pena originariamente impuesta llevará consigo la pérdida de la vigencia de la licencia o permiso conforme a lo previsto expresamente en el art. 47.3° del texto punitivo".

SEGUNDO .- Se ha interpuesto recurso de casación por interés casacional, que formaliza el Ministerio Fiscal, invocando que, conforme a nuestra jurisprudencia, en los casos en que no se reflejen los datos de delito, pena y cumplimiento de la pena, para la apreciación de la reincidencia, ésta aun será posible de aplicar si entre la fecha de la sentencia firme condenatoria y la fecha de ejecución del nuevo hecho, no ha podido transcurrir el tiempo para la cancelación de antecedentes penales prevista en el art. 136 del Código Penal.

En el caso enjuiciado, conforme sostiene el Ministerio Fiscal, las dos primeras sentencias condenatorias no podrían tomarse como base para la reincidencia, pero no así en las dos siguientes, que son la del Juzgado de lo Penal, nº 6 de Madrid, y la del Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada, por lo que interesa se vuelva a la Sentencia del Juzgado de lo Penal.

Si en el caso de la Sentencia de 28 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de lo penal n 6 de Madrid, por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ya podríamos mantener que el plazo de cancelación de los antecedentes penales, en el caso más favorable al reo sería el de tres años, por lo que no habría transcurridos los mismos entre el 28 de octubre de 2016 y el 27 de enero de 2019, fecha de la ocurrencia de los hechos juzgados en la instancia, lo que es del todo meridiano es que los antecedentes que se derivan de la Sentencia de 9 de mayo de 2017, dictada por el Juzgado de Instrucción n° 2 de Coslada, por delito de conducción con permiso retirado por decisión judicial, tal delito se encuentra previsto y penado en el art. 384 CP, y está castigado con pena de prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, por lo que el plazo de cancelación será el de dos años. Por consiguiente, tales antecedentes no pueden ser cancelables por no haber transcurrido, de ninguna manera, más de dos años entre el 9 de mayo de 2017 y el 27 de enero de 2019.

Para apreciar la circunstancia agravante de reincidencia, es imprescindible que consten en la sentencia los siguientes datos: 1) fecha de la sentencia condenatoria; 2) delito por el que se dictó la condena; 3) pena o penas impuestas; y, 4) fecha en la que el penado las dejó definitivamente extinguidas. De modo que el relato de hechos probados de la sentencia debe precisar, como presupuesto de apreciación, la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas y las fechas en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas -vid. SSTS 4/2013, de 22 de enero; 812/2016, de 28 de octubre; 147/2017, de 8 de marzo-. Si bien y con relación a este último dato también nos hemos pronunciado en que no será necesario en aquellos supuestos en los que resulte evidente que el plazo de cancelación no ha podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho objeto del enjuiciamiento actual -vid. STS 101/2018, de 28 de febrero; 96/2022, de 9 de febrero-. Véase últimamente la STS 137/2022, de 17 de febrero.

Ciertamente el Juzgado de lo Penal debió hacer figurar en la resultancia de hechos probados todos los datos relativos a la pena de la que dimanan los antecedentes penales que justificaban la agravante de reincidencia, como elemento para determinar el plazo de cancelación de los antecedentes penales, pero tal exigencia no puede evitar lo que salta a la vista, y es que, fuera cul fuera la pena impuesta, el plazo de cancelación no pudo ser menor a los dos años, que se han de contar, en el supuesto más favorable para el reo, a partir de la fecha de la firmeza de la Sentencia concernida, y en ese caso, no han transcurrido, de manera que el motivo debe ser estimado, y volver a la Sentencia dictada en la primera instancia.

TERCERO .- Al estimarse el recurso, y por otro lado, igualmente por ser el Ministerio Fiscal el recurrente, se declaran de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).