Sentencia Penal 530/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6804/2022 de 10 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en su Procedimiento Abreviado n.º 1627/2020, dictó sentencia el 2 de junio de 2021, en la que declaró probado que el acusado Leopoldo confeccionó inverazmente un contrato privado de compraventa en el que hizo constar que el 21 de abril de 2003 Millán le enajenó por 11.000 euros una vivienda sita en la planta baja del n.º DIRECCION000, de la localidad de El Madroño (Sevilla). Habiendo fallecido Millán el 18 de octubre de 2011, el acusado requirió el 16 de agosto de 2012 a la viuda y heredera de aquel, Celestina, para que elevara a público el contrato de compraventa supuestamente suscrito con su difunto esposo, lo que la esposa no atendió.

Con posterioridad, el 14 de enero de 2014, el acusado constituyó con su esposa la sociedad Campomadroño S.L., a la que aportó la referida vivienda, registrándose la mercantil como nueva propietaria el 6 de marzo de 2014.

Por último, el 25 de julio de 2016, la entidad Campomadroño S.L. formuló demanda ejercitando una acción reivindicatoria y declarativa de dominio de la vivienda contra Celestina y Candido, al que Celestina había vendido la vivienda el 8 de enero de 2015, aportando con su demanda el contrato privado de compraventa supuestamente suscrito entre el acusado y Millán, así como los documentos que justificaban la aportación de la finca a la mercantil.

Sobre estos hechos, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al acusado como autor de un delito de falsedad en concurso medial y de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa, imponiéndole las penas de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de tres meses en cuota diaria de seis euros, condenando además a la entidad Campomadroño S.L. al pago de una multa de 45.000 euros.

1.2. Contra la resolución se interpuso por ambos condenados recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó la impugnación y absolvió a los acusados en su Sentencia 210/2022, de 14 de septiembre, por considerar la Sala que no concurrían pruebas, ni indicios suficientemente sólidos y concluyentes, de la falsedad del documento de enajenación del año 2003.

1.3. La absolución es objeto del presente recurso de casación, formalizado por la representación de Celestina y estructurado sobre tres motivos. El primero, por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicados los artículos 396 y 250.1.7 del Código Penal. El segundo, por error en la valoración de la prueba documental, del artículo 849.2 de la Ley procesal. El último, por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los dos primeros motivos se formalizan con incorrección técnica.

Hemos expresado que el cauce procesal por indebida aplicación o por desatención de determinados preceptos penales sustantivos (art. 849.1), sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal, esto es, que el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que el recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto. Por ello, el cauce se muestra inadecuado cuando, como aquí, no se discute la subsunción de los hechos en un precepto penal, sino que se discrepa de las conclusiones fácticas extraídas por el Tribunal.

Y el error en la valoración de la prueba contemplado en el artículo 849.2 de la LECRIM, que en este supuesto se argumenta desde los informes periciales y los documentos que justifican la aportación del inmueble a la sociedad Campomadroño S.L., es un cauce que exige que el tenor de los documentos acredite en casación, de la misma forma incontrovertible a como debió hacerlo en la instancia, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad, y que lo hagan de forma tan manifiesta, indiscutible y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del Tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba ( STS 982/2011, de 30 de septiembre); lo que no acontece en este supuesto pues, ni la prueba pericial es una prueba documental sino personal, ni desde luego los peritos sustentaron de forma indiscutible la falsedad del documento de venta, como tampoco lo hacen los documentos que reflejan la aportación del inmueble a la mercantil Campomadroño S.L.

Con todo, las alegaciones de la recurrente deben ser analizadas desde la objeción que realmente desarrollan y que se proyectan en el tercer motivo sobre la base de que el Tribunal Superior de Justicia no ha valorado racionalmente y en plenitud los indicios aportados por la acusación, quebrantando con ello su derecho a la tutela judicial. En concreto, reprocha que no se ha valorado una secuencia de acontecimientos que entiende claramente incriminatoria, pues la vivienda supuestamente adquirida por el acusado nunca fue objeto de reivindicación durante la vida del esposo de la recurrente, siendo únicamente reclamada después de su fallecimiento y tras haberse registrado, de forma oculta, a nombre de la mercantil. Y reprocha, además, que el Tribunal Superior de Justicia sólo ha valorado cuatro indicios, a los que incomprensiblemente resta importancia:

I. Que no considera indicio de la falsedad el diferente papel utilizado para confeccionar el contrato de venta de la vivienda y el empleado en el contrato por el que se vendieron determinadas fincas rústicas.

II. Que no sea un indicio de la falsedad que hubiera testigos en la firma del contrato de venta de fincas rústicas y que no los hubiera para el contrato de venta de la vivienda, cuando se supone que se firmaron el mismo día y casi al mismo tiempo.

III. Que tampoco lo sea que el contrato de venta de fincas rústicas se elevara a documento público y no se hiciera para la vivienda controvertida y

IV. Que no valore que el justificante de pago no tiene conexión con el documento de venta del 21 de abril de 2003.

SEGUNDO.- 2.1. Al solicitarse por los recurrentes -en este caso la acusación particular- la condena de quien ha sido absuelto en la sentencia de apelación impugnada, se hace necesario recordar el ámbito de revisión de las sentencias absolutorias de que dispone esta Sala de casación.

2.2. Como recogíamos en nuestra reciente Sentencia 331/2025, de 9 de abril, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido un criterio restrictivo respecto de la revisión peyorativa de las sentencias absolutorias sin audiencia personal del acusado. A lo que se añade que este Tribunal Supremo ha estimado incompatible esta audiencia personal con la naturaleza y regulación legal del recurso de casación, sin perjuicio de que el acusado sea oído siempre en casación a través de su defensa jurídica, pues "La citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso, ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en la Ley" (ver por todas STS 400/2013, de 16 de mayo).

La sentencia que nos sirve de guía, recordando las SSTS 892/2016, de 25 de noviembre; 421/2016, de 18 de mayo; 22/2016, de 27 de enero; 146/2014, de 14 de febrero; 122/2014, de 24 de febrero; 1014/2013, de 12 de diciembre; 517/2013, de 17 de junio; o 400/2013, de 16 de mayo, con cita de la STC núm. 88/2013, de 11 de abril, entre otras, destacaba que la doctrina jurisprudencial del TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas, es decir, cuando esta Sala se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal, sin alterar ningún presupuesto fáctico. En concreto, destacábamos en aquella resolución que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias como las de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) o 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández), apreció vulneración del artículo 6 1.º del CEDH cuando la revisión condenatoria se realiza modificando la apreciación de los hechos, considerando, "contrario sensu", que es admisible la revisión de sentencias absolutorias, aun cuando no se celebre nueva audiencia del acusado, si se trata exclusivamente de decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica, es decir, de modificar la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de instancia (ver SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández c. España, § 25; 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez c. España, § 39; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España, § 38; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España, § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España, § 31; y STEDH de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García C. España).

2.3. Y en nuestra también reciente STS 323/2025, de 4 de abril, destacamos que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 80/2024, de 8 de julio, ha proclamado también que renovar en casación un juicio de culpabilidad que se haya revocado en la sentencia de apelación impugnada, fundándose para ello en la apreciación de la prueba que efectuó el Tribunal de primera instancia, resulta inconciliable con las exigencias del proceso justo y la prohibición de indefensión, pues la apreciación de la prueba, la audiencia del acusado y la ulterior formación del juicio de culpabilidad, son momentos integrados en una función jurisdiccional indisociable.

Así, el Tribunal Constitucional, tras proclamar la asimetría que existe entre la impugnación de una sentencia condenatoria y aquella otra que a lo que aspira es a sustituir el pronunciamiento absolutorio dictado en la apelación por un nuevo fallo que restituya la condena impuesta en la instancia, subraya la necesidad de dar un tratamiento singularizado para cada uno de estos supuestos. Lo explica la STS 80/2024 en los siguientes términos: "... en nuestra doctrina hemos insistido en que el imputado y acusado gozan de unas garantías constitucionales, procesales y sustantivas, diferentes y mayores que las de otros participantes en el proceso, asimetría plenamente justificada por la trascendencia de sus intereses en juego, pues al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema -la pena criminal- que implica una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más sagrado de sus derechos fundamentales y que encuentra plasmación, entre otros, en el derecho a la revisión de la condena, por lo que la obligación de que el debate procesal se desarrolle en condiciones de igualdad, y de que se asegure tanto al acusador como al acusado plena capacidad de alegación y prueba, no comporta que sean iguales en garantías, pues ni son iguales los intereses que arriesgan en el proceso penal ni el mismo es prioritariamente un mecanismo de solución de un conflicto entre ambos, sino un mecanismo para la administración del ius puniendi del Estado, en el que el ejercicio de la potestad punitiva constituye el objeto mismo del proceso. ( STC 141/2006, de 8 de mayo , FJ 3; asimismo, SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5 ; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 7 ; 285/2005, de 7 de noviembre , FJ 4)".

Para volcar ese cuerpo de doctrina a las limitaciones que son propias no ya del recurso de apelación, sino del recurso de casación, aclara el Tribunal Constitucional que "... el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, y que en estos casos se debe igualmente atender a la exigencia de la audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa ( art. 24.2 CE ), quedando fijados los márgenes de la revisión en estos términos: (i) vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en la que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal; (ii) no cabe efectuar este reproche constitucional cuando la condena o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica entre los órganos judiciales de primera y segunda instancia en la que no estén implicadas las garantías de publicidad, inmediación y contradicción y para cuya resolución no resulte necesario oír al acusado. Ninguna incidencia podría tener la audiencia en la decisión que pudiera adoptarse y la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado [ SSTC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3 ; 35/2020, de 25 de febrero, FJ 2 ; 18/2021, de 15 de febrero, FJ 3 , y 133/2021, de 24 de junio , FJ 8 B)].

(...) En síntesis, un renovado juicio de culpabilidad efectuado por el tribunal de casación que pretenda fundarse en la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de primera instancia resultará inconciliable con las exigencias del proceso justo y la proscripción de la indefensión, ex art. 24.1 y 2 CE, al ser la apreciación de la prueba, la audiencia del acusado y la ulterior formación del juicio de culpabilidad, momentos del desempeño de la función jurisdiccional subjetivamente indisociables".

TERCERO.- 3.1. A la vista de lo expuesto, no puede esta Sala entrar a analizar los motivos que configuran el recurso y que censuran la valoración probatoria abordada por el Tribunal de apelación, para emitir en su sustitución un pronunciamiento de condena como el mantenido en la sentencia de instancia.

Y aunque la razonabilidad de la valoración probatoria es una exigencia inherente al derecho a la tutela judicial efectiva y su ausencia lo que sí permitiría es declarar la nulidad de la respuesta judicial absolutoria que ahora se impugna, tampoco esta circunstancia posibilita asignar ninguna eficacia al recurso, pues el Tribunal Superior de Justicia expresó clara y satisfactoriamente las razones por las que consideró que no podía alcanzarse una certeza de que fuera falso el contrato de compraventa supuestamente realizado en el año 2003; unas consideraciones o reservas que tampoco se desvanecen por los indicios incriminatorios que el recurrente subraya en su recurso y a los que hemos hecho anterior referencia.

3.2. El Tribunal de apelación ha constatado que los estudios grafológicos no han podido ofrecer una conclusión mínimamente sólida sobre que la firma obrante en el contrato de venta de la vivienda y que obra como estampada por el vendedor Millán (contrato aportado por "Campomadroño, S.L." al proceso ordinario sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Sevilla), no corresponda verdaderamente a él.

En primer lugar, porque todos los peritos han hecho ver la limitación que supone peritar sobre copias y no sobre originales, como se vieron obligados a hacer en este supuesto. A lo que se sumó la falta de disponibilidad de firmas indubitadas del vendedor que se hubieran plasmado en fechas próximas a la de emisión del documento controvertido (alguna de las firmas aportadas para el cotejo es de hasta treinta años antes del contrato), y se une también que los peritos constaten que incluso las firmas indubitadas varían sensiblemente entre ellas.

En segundo término, porque la pluralidad de informes escritos emitidos por la Sra. Estibaliz, quien sostuvo finalmente la falsedad de la firma, reflejan un conjunto de confusiones que debilitan la fiabilidad de sus conclusiones. Inicialmente presentó un dictamen, fechado a 22 de febrero de 2018 (f. 411), en el que por error tomó como documento dubitado, no el contrato de 21 de abril de 2003 de venta de la vivienda sita en El Madroño, sino otro de la misma fecha de compraventa de varias fincas rústicas cuya autenticidad no se discute, de modo que obviamente las conclusiones de dicho informe son irrelevantes para el objeto del juicio, si bien la perito apreciaba variabilidades gráficas entre unas y otras muestras, pese al carácter reconocido de todas ellas como correspondientes a Millán. Después emitió un segundo informe, el 17 de abril de 2018 (f. 437), en el que siguió considerando equivocadamente como dubitado el contrato de compraventa de fincas rústicas, pero, además, pasó a incluir entre los documentos indubitados el aportado con la denuncia inicial como número 4, que no es sino una copia del propio contrato de fincas rústicas. En un tercer informe, datado a 8 de mayo de 2018 (f. 448), ya se pronunció correctamente sobre el contrato de compraventa de vivienda controvertido y fue cuando concluyó que la firma obrante en el mismo no había sido estampada por Millán, ello pese a las carencias que el propio informe expone, como que el documento dubitado es una copia y no es el original, careciendo de coetaneidad con los documentos utilizados. Y en sentido similar vino a pronunciarse en su último informe, presentado en marzo de 2021 e incorporado al rollo de Sala.

Por el contrario, la Sala contempla los informes suscritos por Paloma, perito propuesta por la defensa (folios 211, 369 y 734), que concluyen atribuyendo la firma dubitada a Millán y negando por tanto su falsedad, posición que dicha perito mantuvo en el juicio.

Y en ese contexto de divergencia pericial considera, además, los dos informes emitidos por los funcionarios policiales de la Brigada Provincial de Policía Científica. En ellos reiteran las dificultades que tuvieron para obtener un posicionamiento concluyente; en concreto: a) la falta de suficiente proximidad temporal de las firmas comparadas; b) la dificultad que supone el análisis sobre fotocopias, al no reflejarse en ellas algunos elementos básicos, como la presión, los rasgos de ataque y de escape o grafocinetismo; c) el hecho de que la reproducción de la firma dubitada no es completa, sino que se corta por la parte inferior de la fotocopia y d) la constatación de que Millán presenta un dominio escritural limitado, lo cual explica la variabilidad de rasgos incluso entre las firmas indubitadas. Unos peritos que concluyeron que aunque hay diferencias entre la firma dubitada y las indubitadas, no era posible emitir un dictamen categórico de falsedad, por las limitaciones ya mencionadas del material objeto de estudio.

3.3. Con todo lo expuesto, considera que la prueba pericial no ofrece elementos sólidos para establecer, más allá de toda duda razonable, la falsedad de la firma del contrato. Y proclama, al tiempo, que los demás elementos de inferencia manejados por el Tribunal de instancia para llegar a una conclusión de culpabilidad son racionalmente confusos o también insuficientes.

El Tribunal Superior de Justicia subraya que la sentencia condenatoria constató la falta de solidez en el resultado de las pericias, si bien extrajo la convicción de que el documento era falso en base a una prueba indiciaria concurrente, concretamente:

a. Que Leopoldo se abstuvo de reclamar la vivienda hasta que hubo fallecido quien figuraba como vendedor en el contrato.

b. Que los dos contratos de compraventa datados a 21 de abril de 2003 (el de venta de la vivienda y el de venta de fincas rústicas), se efectuaron sobre distinto papel. En concreto, el primero se imprimió en papel timbrado, con mayor apariencia de legitimidad, y el segundo en papel común.

c. Que el contrato de venta de fincas rústicas fue suscrito por un testigo, cosa que no ocurrió con el de vivienda.

d. Que cuando se elevó a escritura pública el contrato de venta de fincas rústicas, pudo haberse hecho lo mismo con el de vivienda y no se hizo.

e. Que el precio fijado en el contrato de venta de la vivienda era inferior al precio de mercado y

f. Que la denunciante Celestina aseguró que el acusado le había propuesto en varias ocasiones la compra de la casa.

Sin embargo, la Sala niega que los indicios expuestos tengan suficiente fuerza incriminatoria por las siguientes razones:

En primer lugar, porque no es exacto que el contrato de fincas rústicas hubiera sido elaborado en papel distinto al utilizado para la venta de la vivienda, pues la prueba aportada con el recurso de apelación y admitida en segunda instancia reflejó que existía también una copia del contrato de venta de fincas rústicas en el papel timbrado propio de los documentos notariales.

En segundo término, porque la ausencia de testigos en uno de los contratos no refleja necesariamente su falsedad. De hecho, constan otros contratos privados suscritos entre Millán y el acusado Leopoldo, en los que tampoco intervino ningún testigo. Como también existen otros contratos, no cuestionados por las partes, que se elevaron a escritura pública después de fallecido el vendedor (compraventa de un pajar obrante al folio 240).

Respecto al pago del precio, el Tribunal de apelación confronta que el precio fijado por la venta de la casa en el año 2003 fue de 11.000 euros, destacando que en el año 2015 la viuda vendió la casa a un tercero por un precio de 15.000 euros. De ese modo, constata que el precio fijado en el contrato de venta que se analiza no se acredita inferior al de mercado, con la peculiaridad de que el acusado presentó un justificante de ingreso en la cuenta del fallecido efectuado unos días después de la supuesta venta y por importe de 11.900 euros, habiendo justificado el exceso en la entrega con la obligación de pagar algunos enseres de la vivienda.

De este modo, la valoración del Tribunal Superior de Justicia es completa y razonable, sin perjuicio de que, como la propia sentencia de apelación impugnada proclama, no pueda asegurarse tampoco que el contrato de venta de la vivienda no fuera efectivamente falsificado. De este modo, la Sala aplica la regla de valoración probatoria del "in dubio, pro reo", que conduce a adoptar la alternativa más favorable al acusado cuando el Tribunal no ha alcanzado con la prueba practicada una certeza exenta de dudas razonables.

Los motivos se desestiman.

CUARTO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la condena en costas a la recurrente, cuyo recurso ha sido desestimado.