Sentencia Penal 716/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10762/2024 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.- 1.1. En el primer motivo se alega infracción del art. 849.2 de la LECrim por error en la apreciación de la prueba.

En el desarrollo del motivo se indica que " Existen numerosas contradicciones en la sentencia 346/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana , que a su vez ratifica la sentencia 482/2024 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial también de Valencia. Concretamente se ratifican todos los antecedentes de los hechos ocurridos el 4/12/2022 y, por lo tanto, la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia acepta los mismos sin valorar las contradicciones que en la interposición de los Recursos de Apelación y posteriormente de Casación se expusieron y ahora ratificamos y reiteramos en el presente escrito dándolas por reproducidas.".

A lo anterior, añade el recurrente, que basta leer el Fundamento Segundo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia para apreciar las contradicciones existentes entre la declaración de D. Raimundo y Dª Mónica con las de Jose Daniel y los Agentes de la Policía local.

1.2. Debemos recordar, por ejemplo, con la STS 442/2021, de 25 de mayo, que por la vía del art. 849.2 LECrim. , se circunscribe el motivo al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.

En relación al motivo planteado, la doctrina de esta Sala, recordada entre otras en nuestras sentencias 321/2024, de 17 de abril, y 138/2019, de 13 de marzo ( SSTS. 936/2006 de 10 de octubre y 778/2007 de 9 de octubre, entre otras muchas), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, art. 741 LECrim. 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

1.3. La queja planteada no puede prosperar, dado que no responde, en modo alguno, a la previsión contenida en el apartado 2º del art. 849 LECrim. No se designa prueba documental, ni particular de esta, que por sí suponga una evidencia del error en el entendimiento de esta que deba concluir con un relato de hechos distinto al que se declara probado y que conlleve consecuencias jurídicas diversas.

De ahí que incurra en la causa de inadmisión del art. 884.4ª LECrim, ahora de desestimación. Pero es más, si la voluntad impugnativa del recurrente era otra, vulneración del principio de presunción de inocencia, encajada con claro desajuste en el art. 849.2 de la LECrim, tampoco puede prosperar, pues no se analizan ni se discuten los sólidos argumentos del tribunal a quo, solo refiere el recurrente, con carácter genérico, que se deben " apreciar las contradicciones existentes entre la declaración de D. Raimundo y Dª Mónica con las de Jose Daniel y los Agentes de la Policía local .", sin indicar en qué consisten las mismas, por ello la acertada valoración de la prueba corroborada por la sentencia de apelación, no permite sino el rechazo de plano de la queja.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. Los motivos segundo y tercero se formulan por infracción de ley, art. 849.1 de la LECrim. , indebida aplicación del art. 138 del C.P. en relación con el art. 16 del mismo cuerpo legal, siendo de aplicación, en todo caso, el art. 148.1 del C.P., impugnando la calificación de los hechos como homicidio en grado de tentativa.

Añade que el acusado tuvo un trastorno psicótico por drogadicción que afectó a sus capacidades cognitivas y volitivas, ratificado incluso por los agentes de policía y, sobre todo, por la prueba pericial practicada. Afirmando que todo ello debe conllevar a que la Sala a la que nos dirigimos reconozca que la atenuante recogida por las dos instancias no es suficiente, puesto que afectó al control de sus impulsos, debiendo reconocer una eximente completa.

2.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal". Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal Supremo, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos. El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico declarado probado u obliga a pretender previamente su modificación por la vía de los artículos 849.2 LECRIM (error en la apreciación de la prueba), o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 852 de la ley procesal, pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable ( STS 511/2018, de 26 de octubre).

La intangibilidad del hecho probado es condición sine qua non para el éxito del recurso. La STS 684/2021, 15 de septiembre, apunta que cuando el motivo se articula por la vía del artículo 849.1 ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se acepten los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En definitiva, no puede darse una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, olvidando los motivos acogidos al artículo 849.1º de la LECrim ha de respetar fiel e inexcusablemente los hechos que como probados se consignan en la sentencia recurrida (en el mismo sentido, cfr. SSTS 849/13, 12 de noviembre y 614/22 22 de junio, entre otras muchas).

2.3. En el presente caso, en cuanto al primer extremo que discute el recurrente, sobre si los hechos declarados probados constituyen un homicidio intentado o un delito de lesiones -lo que plantea sin desarrollo argumental alguno-, el relato fáctico dice lo siguiente " Olegario, con la intención de acabar con la vida de Raimundo, o aceptando la posibilidad de causársela le alcanzó con la navaja en el cuello, causándole una herida incisa de diez a quince centímetros en zona cervical izquierda. (...) Atendiendo a la zona del cuerpo en que se produjo dicha lesión esta era susceptible de comprometer la vida de Raimundo de haber sido más profunda.".

La determinación del ánimo homicida constituye uno de los problemas más clásicos del derecho penal habiendo elaborado esta Sala una serie de criterios complementarios y no excluyentes, para determinar en cada supuesto concreto si concurre el ánimo de matar o cualquier otro distinto, como el ánimo de lesionar.

El dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado ( STS 16/06/2004). En efecto, también obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante, actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos sumamente relevantes que el agente no tiene seguridad alguna de poderlos controlar o neutralizar, sin que sea preciso que persiga directamente la causación del resultado homicida, ya que es suficiente con que conozca que hay un elevado índice de probabilidad de que su comportamiento lo produzca.

Para determinar si el agente ha actuado dolosamente, como la intención pertenece a la esfera interna del sujeto, a salvo de supuestos de reconocimiento, debe acudirse a juicios de inferencia a partir de los datos conocidos y probados. Según reiterada jurisprudencia, podemos señalar como criterios de inferencia, sin que ello suponga una relación exhaustiva o cerrada, los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido, el comportamiento del autor antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato relevante; el arma o los instrumentos empleados; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta, la repetición o reiteración de los golpes; la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y en general cualquier otro dato que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto. ( STS 368/2020 de 2 de julio).

En este caso, el tribunal de instancia ha deducido el ánimo de matar, del arma empleada -una navaja-, la zona atacada -el cuello- y de la actitud del acusado abandonado el lugar cuando el perjudicado se taponaba la herida que sangraba abundantemente, y como hemos indicado, la admisibilidad de este motivo casacional, implica el respeto al hecho probado, en la medida que el único debate por el que se permite en el motivo es el de la subsunción jurídica de los hechos probados declarados por el Tribunal, que, por ello, deben ser escrupulosamente respetados por el recurrente, lo que éste incumple en la medida que los cuestiona, pues consta, expresamente, que la intención del acusado era "acabar con la vida de Raimundo".

2.4. Por otro lado, en cuanto a la eximente incompleta por drogadicción, cuya aplicación reclama el recurrente, hemos dicho, entre otras, en la STS 200/2017, de 27 de marzo, que la doctrina de esta Sala ha establecido que la aplicación de la eximente completa del art. 20.1 será sólo posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión ( STS. 21/2005 de 19.1).

La jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios cuando se anula totalmente la capacidad de culpabilidad, lo que puede acontecer bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, en el que el entendimiento y el querer desaparecen a impulsos de una conducta incontrolada, peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo humano produce la brusca interrupción del consumo o la brusca interrupción del tratamiento deshabituador a que se encontrare sometido ( Sentencia de 22 de septiembre de 1999).

A ambas situaciones se refiere el art. 20-2º del Código penal, cuando requiere bien una intoxicación plena por el consumo de tales sustancias, impidiéndole, en todo caso, comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

Para apreciar la eximente incompleta, se precisa de una profunda perturbación que, sin anularlas, disminuya sensiblemente aquella capacidad culpabilística aun conservando la apreciación sobre la antijuricidad del hecho que ejecuta. No cabe duda de que también en la eximente incompleta, la influencia de la droga, en un plano técnicamente jurídico, puede manifestarse directamente por la ingestión inmediata de la misma, o indirectamente porque el hábito generado con su consumo lleve a la ansiedad, a la irritabilidad o a la vehemencia incontrolada como manifestaciones de una personalidad conflictiva ( art. 21.1ª CP) .

Esta afectación profunda podrá apreciarse también cuando la drogodependencia grave se asocia a otras causas deficitarias del psiquismo del agente, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad ( STS de 31 de marzo de 1997), aunque en estos últimos casos solo deberá apreciarse en relación con aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de drogas.

Respecto a la atenuante del art. 21.2 CP, se configura la misma por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto es realizada a causa de aquella. El beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto. Y, por último, cuando la incidencia en la adicción sobre el conocimiento y la voluntad del agente es más bien escasa, sea porque se trata de sustancias de efectos menos devastadores, sea por la menor antigüedad o intensidad de la adicción, más bien mero abuso de la sustancia lo procedente es la aplicación de la atenuante analógica.

En el supuesto, se aprecia por el tribunal la atenuante analógica, siendo correcta la calificación de la misma como tal, en relación con los hechos probados, en los que se hace constar, exclusivamente, que: " En el momento de los hechos el acusado tenía sus facultades intelectivas y volitivas levemente afectadas por el consumo de sustancias estupefacientes.", en consecuencia, del relato no se desprende profunda perturbación o afectación de facultades en el acusado como consecuencia de su drogodependencia.

El motivo se desestima.

TERCERO.- Procede imponer las costas al recurrente ( art. 901 LECrim) .