Sentencia Penal 112/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10353/2024 de 12 de febrero del 2025

Recurso Bruno

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, al conocer del recurso de apelación, confirma la sentencia condenatoria respecto de este recurrente, y otros dos, que lo fueron como autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia. En síntesis, el hecho declarado probado de la sentencia refiere la actuación policial investigando la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. A partir de las vigilancias que detalla, al condenado Edmundo le fueron interceptadas 35 kg de resina de cannabis. El acusado Bruno, fue detenido cuando se disponía a adquirir la sustancia que le era suministrada por otro de los condenados a quien se intervinieron 5.429 gramos de heroína. Ambos habían quedado en establecer el contacto para el intercambio en la salida el número 19 de una autopista, interviniéndose la sustancia tóxica. Al acusado, cuya impugnación conocemos, se intervinieron 3.000 euros como parte del pago de la misma y también en un registro de su vivienda 100 g de heroína y cerca de 1 kg de hachís en la misma vivienda. Respecto el acusado Ceferino tras varios seguimientos y vigilancias se intervino en su poder una bolsa que contenía un paquete con 4 kg de cocaína.

Antes de proceder al análisis de los motivos de oposición ha de recordarse el ámbito en el que puede actuar este recurso de casación, pues los recurrentes, como lo hicieron en el recurso de apelación, ahora en casación vuelven a reproducir el contenido impugnativo que desarrollaron en la apelación. Debemos, por ello, destacar cómo la reforma operada por la Ley 41/2015, en el régimen de recursos del orden jurisdiccional penal supuso que se introdujera un recurso de apelación en los procedimientos que, antes de la reforma, se enjuiciaban en única instancia por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un recurso de apelación residenciado en la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

La casación, en el caso de sentencias dictadas en apelación, no experimentaba modificación legal en la reforma, pero el hecho de instaurar una segunda instancia previa, cuando antes no existía, supone necesariamente que el alcance y ámbito del recurso de casación debía variar, para resituar al recurso en el lugar que le correspondía en la cadena de instancias sucesivas.

En este sentido, la STS 476/2017, de 26 de junio, fue la primera en resolver un recurso de casación contra una decisión de una Audiencia Provincial, con posterior recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y señalaba que la reforma de 2015, por lo tanto, ha instaurado una previa apelación, lo que supone que la casación ya no tendrá como función necesaria la de satisfacer la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales; de manera que la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible. Ello supone que la casación que surge de esta nueva concepción ha de tener un contenido distinto: ser un remedio democrático para asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad, y asegurar, al tiempo, la unidad en la interpretación del Derecho en cada supuesto concreto sometido a la jurisdicción penal y, de manera general, declarar el sentido de la norma. En consecuencia, añade:

"De lo anterior resulta que la reforma operada debe suponer, de un lado, una modulación, en sentido restrictivo, del ámbito de control sobre el hecho, correlativa a una ampliación de la casación en el ámbito de la aplicación. e interpretación del derecho, pues el hecho, salvo excepciones por aforamiento; ha sido objeto de conformación por el órgano de enjuiciamiento, que ha percibido con inmediación la prueba, y ha sido revisado por el órgano encargado de la apelación, satisfaciendo las necesidades de revisión proclamadas en el ordenamiento. La revisión casacional debe atender a asegurar la correcta inteligencia de la ley para todos los ciudadanos, en cada caso concreto, al tiempo que extiende la doctrina resultante para otros supuestos en los que la norma sea de aplicación".

A la vista de las anteriores consideraciones, la STS 476/2017, de 26 de junio, fija como punto de partida que la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en:

1) La reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación, pues las cuestiones ya han tenido respuesta desestimatoria.

2) El planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues son cuestiones que han sido consentidas por la parte.

Todas estas ideas que se han señalado sobre esta modalidad de recurso se han plasmado, por ejemplo, en la STS 655/2020, de 3 de diciembre, que señala: "En el sentido indicado son muchas las Sentencias que refieren la nueva posición de la Sala de casación. De esa jurisprudencia extraemos los siguientes postulados: "la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación", y debe "realizar un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los tribunales encargados de la apelación" ( STS 236/2017, de 5 de abril, 882/2016, de 23 de noviembre). Ahora bien, nos recuerda la STS 308/2017, de 28 de abril, tras reiterar los anteriores asertos, "que tampoco puede extremarse ese dogma tantas veces enfatizado extrayendo de él derivaciones no asumibles. En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación ( arts. 849 a 852 LECrim) . Pero si es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior perpetúa el defecto".

El alcance de la impugnación casacional por error de derecho es claro, fijar el sentido de la norma. La infracción de ley por error de hecho tiene un contenido residual que se enmarca en la excepcionalidad que se contempla en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 22 de julio de 2008. Los motivos que dan lugar a la nulidad del juicio o de la sentencia deben ser analizados desde la perspectiva de la argumentación vertida en la resolución de la apelación, denegatoria de la nulidad instada, pues de acordarse la nulidad, la causa no accedería a la casación ( art. 792 LECrim) . En cuanto al contenido del control cuando se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, hemos de tener en cuenta, principalmente, que ha mediado un recurso de apelación por el que ya se ha dado cumplimiento a las exigencias de revisión del fallo condenatorio contenidas en los Tratados Internacionales. En estos supuestos la función de la Sala II se concreta "en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos" ( STS 163/2017, de 14 de marzo).

En consecuencia y de conformidad con las anteriores premisas, la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.

En la Sentencia 444/2023, de 14 de junio, se insiste en que "el recurso de casación ha de proponerse como objetivo, no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. Cuando éste ha dado respuesta de forma cumplida y la casación es un simple clon de la previa apelación se deforma el sistema de recursos. Si esta Sala considera convincentes los argumentos del Tribunal Superior de Justicia y nada nuevo se arguye frente a ellos, no podremos más que remitirnos a la respuesta ofrecida al desestimar la apelación, si acaso con alguna adición o glosa. Pero en la medida en que no se introduce argumentación novedosa, tampoco es exigible una respuesta diferenciada en tanto estén ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo sin la más mínima alteración, es decir, sin atender a la argumentación del Tribunal Superior de Justicia que, en este caso, además, es especialmente, rigurosa, detallada y elaborada."

Desde la perspectiva expuesta constatamos que el Tribunal de la apelación ha corroborado la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, a partir de las intervenciones de la sustancias tóxicas a los acusados, y las declaraciones testificales de los funcionarios de policía que realizaron las vigilancias así como las anotaciones encontradas en la casa donde vivía cuando se alojaba en la localidad de la detención y en la que se han intervenido anotaciones de una operación de compra de la sustancia similar a la intervenida con indicaciones del lugar de entrega, precisamente donde fue detenido.

El recurso de casación no puede consistir en reiterar lo que ya se dijo en el recurso de apelación, solicitando una nueva valoración de la prueba, sería la tercera, interesando que el tribunal llegue a la misma conclusión que la que pretende el recurrente. Cuando el tribunal del enjuiciamiento ha motivado su convicción de forma racional y lógica, y el Tribunal de la apelación confirma esa correcta enervación del derecho a la presunción de inocencia a partir de la consideración de licitud y regularidad de la prueba, y el carácter de prueba de cargo que tiene sobre los hechos de la acusación, esta Sala, que no ha presenciado el juicio no puede variar una convicción racionalmente obtenida en los términos que se expresa en la fundamentación de la sentencia.

Señalado lo anterior analizamos la impugnación. En el primer motivo denuncia la inobservancia por la policía de la obligación establecida en el art. 490.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona puede detener al procesado o condenado que se hallare en rebeldía, posibilidad que se convierte en obligación para el funcionario policial, art. 492 de la misma ley. Se afirma que si en el atestado policial se constató que en la investigación que se estaba realizando sobre una organización dedicada al tráfico de drogas la participación de una persona en busca y captura en otras diligencias, la obligación policial era la de proceder a su detención y, consecuentemente, paralizar la investigación que se desarrollaba en varias provincias.

El motivo de oposición carece de base atendible. La persona reclamada por una orden de busca y captura fue efectivamente detenida por los hechos que dieron lugar a la confección de ese atestado policial y también por la reclamación constatada contra su persona, poniéndolo a disposición del órgano reclamante. Ninguna vulneración cabe declarar cuando se ha procedido de acuerdo al mandato legal derivado de la reclamación existente y será la fuerza policial la que actúe en la forma requerida cuando sea procedente compaginando la investigación en curso y la reclamación existente, y sobre todo, la oportunidad en la actuación policial para su mejor desarrollo.

SEGUNDO.- En el segundo motivo de la impugnación denuncia el error de derecho por "la vulneración de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, prospección, prueba ilícita y su relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución"

El motivo se desestima. En primer lugar porque este motivo de oposición no fue planteado ante el Tribunal de apelación y no es posible en casación plantear un extremo sobre el que denuncia la infracción de ley sin que previamente haya sido objeto del recurso de apelación. En todo caso porque la sentencia de la primera instancia, adecuadamente y de forma razonable, resuelve el planteamiento de una cuestión previa en el que también se presentó el mismo motivo en el que fundamenta la casación, esto es, la nulidad de las fotografías obtenidas a través de un dispositivo de captación de imágenes en la entrada al aparcamiento objeto de investigación el número NUM006 de la DIRECCION003. Como expresó el fundamento tercero de la sentencia, en un apartado que no ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia, el espacio en el que se instaló el dispositivo de captación de imágenes era un espacio público, como así se puso de manifiesto en el juicio oral por todos los testigos, para el que el artículo 588 quinquies, apartado a), previene la posibilidad de la captación por los policías de imágenes en lugares o espacios públicos cuando ella fuera necesaria para lograr la identificación de una investigado, localizar instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

La respuesta proporcionada por el tribunal del enjuiciamiento no fue discutida el tribunal de la apelación, recibiendo una respuesta jurisdiccional, lo que satisface la tutela judicial efectiva que demanda, en un apartado que fue consentido por el recurrente que ahora lo plantea en casación sin añadir ningún argumento sobre la falta de correspondencia con la ley sobre la instalación de los dispositivos de captación de imágenes, como señaló el Tribunal de instancia, permitidos por el artículo 588 quinquies a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia en el que tras reproducir el hecho declarado probado reitera lo que fue objeto del recurso de apelación por el recurrente en el sentido de afirmar el motivo de su presencia en el lugar de los hechos estaba esperando a que abriera la máquina para el lavado del coche. El tribunal del enjuiciamiento, y el de la apelación, son contestes en afirmar la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia a partir de los seguimientos de este acusado, de la intervención de la sustancia tóxica y de la intervención en las viviendas que ocupaban de documentación referida a la operación de adquisición de la sustancia por la que ha sido detenido.

La valoración del material probatorio es razonable por lo que el motivo se desestima, sin que la reiteración de una pretendida coartada, no probada, desvirtúe el contenido argumental de las sentencias dictadas en la causa.

CUARTO.- En el cuarto de los motivos de la impugnación denuncia la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones afirmando que al inicio del juicio oral instó "la remisión del testimonio de las diligencias previas que se llevaron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orense por cuanto el testimonio íntegro de estos procedimientos era necesario para saber si se llevaron varias investigaciones en distintos juzgados sobre los mismos hechos".

El motivo se desestima. Al igual que en el planteamiento del motivo segundo de la impugnación la cuestión fue oportunamente deducida ante el tribunal del enjuiciamiento, que dedica el primer fundamento de la resolución a argumentar porqué la remisión de dos procedimientos judiciales, uno tramitado en la provincia de Alicante y otro en la de Orense, no eran procedentes señalando el fundamento de la denegación por la innecesaridad de la medida solicitada, exponiendo las razones que fundamentaban la innecesaridad de esa prueba documental. Esa decisión no fue objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia por lo que el recurrente se aquietó a la resolución obtenida en la primera instancia. Ahora en casación vuelve a plantear la nulidad del enjuiciamiento por la falta de remisión de la documentación en su día interesada, limitándose a reproducir el acuerdo de esta Sala de 26 de mayo del 2009 y el contenido de la jurisprudencia que lo ha desarrollado, así como de la ley 13/2015 que incorporó el contenido del acuerdo de esta Sala al artículo 588 bis I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin ninguna argumentación acerca de la necesidad y pertinencia de la prueba que fue denegada por innecesaria, es una decisión no cuestionada en apelación y, por lo tanto, firme y consentida.

QUINTO.- Los motivos quinto y sexto denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución y el error de derecho por la vulneración del artículo 66 del Código Penal, argumentando en el primero que "reproduce en aras a la brevedad expositiva las alegaciones vertidas en los motivos primero segundo y cuarto, y en el sexto que entendemos que por los argumentos de la alegación vertida del motivo segundo debería aplicarse una pena inferior"

Los motivos carecen de contenido casacional y son reiterativos de las quejas anteriormente resueltas

Recurso de Conrado

SEXTO.- este recurrente fue condenado porque en compañía de otro que ha reconocido su participación en los hechos y era objeto de investigación por parte de la policía, que había detectado su presencia en varias ocasiones anteriores en el edificio situado en el número NUM006 de la DIRECCION006 de Orense y que era objeto de vigilancia policíal. En una de estas visitas al mencionado inmueble le fue intervenida en el coche de su propiedad, a la salida del inmueble, 4 kg de cocaína con un porcentaje en pureza cercano al 80%.

El recurrente, bajo la misma dirección letrada que los otros dos recurrentes en este recurso de casación reproduce los motivos del anterior recurrente, incluidos los formalizados en los que plantea cuestiones que no fueron objeto del recurso de apelación previo, o al reproducir los contenidos de los recursos planteados ante el Tribunal Superior de justicia. Reproducimos consecuentemente lo anteriormente fundamentado respecto a las quejas derivadas de la no actuación del artículo 490.7 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la detención del reclamado por las órdenes de busca y captura, y en cuanto a la no incorporación de diligencias judiciales tramitadas en otros juzgados y que considera son antecedente necesario para comprobar la legalidad de las interceptaciones telefónicas.

Respecto a la presunción de inocencia de este recurrente el fundamento octavo de la sentencia de instancia, y también en la sentencia de la apelación, han declarado la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Basta con referirse a las declaraciones de los funcionarios de policía sobre las investigación que se cernía sobre esta persona por sus frecuentes visitas al inmueble que era objeto de investigación, así como la intervención en su coche de los 4 kg de la sustancia tóxica intervenida, y las frecuentes visitas realizadas al domicilio en ocasiones es un coche o en otro coche y solo o en compañía del otro detenido que ha reconocido su participación en los hechos. La actividad probatoria aparece correctamente valorada por el Tribunal de instancia y corroborada en su valoración por el Tribunal de la operación. La argumentación del recurrente es meramente reiterativa pero ya expuesto en el Tribunal de apelación.

Recurso de Ceferino

SÉPTIMO.- Este recurrente opone 5 motivos que son reiteración de los anteriormente expuestos, incluso con los mismos defectos en la articulación del recurso de casación al referirse a irregularidades de la actuación policial en orden a la detención de un reclamado busca y captura, o la denegación de la documental para la incorporación a este juicio de las diligencias judiciales seguidas en otros juzgados a los que ya hemos dado respuesta en los anteriores fundamentos. No llega a cuestionar la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia pues él mismo ha admitido como cierta la intervención de los 4 kg de cocaína cuando los portaban en los pies, en el coche donde fue detenido junto al anterior recurrente.

Tan solo en el tercer motivo incorpora una denuncia consistente en el error de derecho por la inaplicación de la circunstancia de atenuación del número 7 del artículo 21 del Código Penal, por lo que denomina atenuante de reconocimiento de los hechos, en referencia a una carta que dirigió al tribunal del enjuiciamiento en la que reconoce los hechos y muestra su arrepentimiento indicando la persona a la que tenía que entregar la droga.

El tribunal del enjuiciamiento denegó la concurrencia de la circunstancia de atenuación por lo que denominó confesión, tardía toda vez que no hay una confesión de los hechos sino que la carta remitida llega cuando ya se había realizado toda la investigación, y el reconocimiento no podía tener efectos atenuatorios pues había sido sorprendido en posesión de la sustancia tóxica, no aportaba nada al esclarecimiento de los hechos, y lo único que pretendía era exculpar a su compañero. En el recurso de casación se limita a señalar el agravio comparativo respecto de otros acusados que se conformaron con la pretensión punitiva de la acusación pública y a los cuales, precisamente por esa conformidad, han visto aminorada la penalidad impuesta. El motivo carece de contenido casacional y debe ser desestimado toda vez que la argumentación contenida la fundamentación de la sentencia de instancia explica racionalmente el ejercicio de la función jurisdiccional pues la remisión de esa carta no incorpora una confesión de los hechos dirigida a expresar la asunción de la culpabilidad en los hechos, ni a facilitar el esclarecimiento de los hechos, pues la misma se realiza ya terminada la investigación y no ha aportado ninguna ventaja en el enjuiciamiento, limitándose a reconocer lo que por otra parte era obvio, llevanza de 4 kg de cocaína, el choque fue objeto de intervención y fue advertido en vigilancias que sobre el inmueble se han realizado.