Sentencia Penal 1019/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4026/2022 de 13 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Recurre la representación procesal de Dª Trinidad, en su condición de acusación particular, la sentencia núm. 3/2022 de 15 de febrero dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca en el Rollo de Sala núm. 36/2021, donde absuelve a los dos acusados por delios de estafa y falsedad documental por causa de prescripción.

1. El primer motivo que formula es por infracción de ley y de doctrina legal al amparo del art. 849.1 LECrim. , por aplicación indebida del art. 132.2 C.P. en relación con el art. 132.1 del mismo texto legal que no ha sido aplicado correctamente.

Argumenta que la declaración de prescripción ha sido tomada sin tener en consideración "que la situación ilícita persiste".

Argumenta que al día de hoy, si no la hubieran sustraído sus derechos, comúnmente conocidos como derechos de la PAC, tendría el derecho al cobro de los mismos, en virtud del Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen de pago único, el Real Decreto 1470/2007 de 2 de Noviembre sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y el Real Decreto 1612/2008, de 3 de Octubre, sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y por el Real Decreto 1076/2014, de 19 de Diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agraria Común y Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común; pues las ayudadas directas a la agricultura y a la ganadería han sido objeto de reforma. Estas fueron sustituidas por los derechos de Pago Único y éstos por los derechos de Pago Básico, hasta el día de hoy. Pero, en ningún caso, las citadas ayudas han desaparecido.

2. Valga como proemio a todos los motivos formulados por error iuris al amparo del art. 849.1 LECrim que recurso de casación cuando se articula por esta vía, ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un motivo de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el Tribunal sentenciador.

La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. Resulta inviable no respetar los hechos probados, proclamados por la convicción psicológica de la Sala de instancia, ya sea modificándolos radicalmente en su integridad, o alterando su contenido parcialmente, o condicionándolo o desviándolo de su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, o interpolarse frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene o expresan intenciones inexistentes o deducen consecuencias que de consuno tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes.

3. Y sucede que en autos nada indica el relato histórico la efectiva correspondencia, persistencia y titularidad de ese derecho de cobro.

Las objeciones de la defensa de los acusados, a la persistencia material de las condiciones que afirman a la denunciante como titular de esos derechos, en cualquier caso, tampoco han sido desvanecidas, cuando Don Isaac hasta su fallecimiento y su esposa, residían y residen en la provincia de Segovia, con obvia dificultad para la llevanza de la explotación, dada la relevante distancia entre las localidades de Otero de Herreros y Mieza, donde se encontraba la explotación; Doña Trinidad, titular de la explotación, declaró en el acto del juicio oral que no tiene ninguna propiedad en Salamanca, que lleva jubilada desde los 67 años y tampoco ha acreditado que siga con ninguna explotación a su nombre.

Inclusive, en un paso adelante, se indica como no probado en la resolución recurrida que no están acreditados los perjuicios que se le han ocasionado.

4. De vuelta al cauce normativo, aunque la sentencia no llega a calificar los hechos que declara probados, parte en su argumentación de los que son objeto de la acusación, estafa y falsedad, conductas típicas que en su integración y acotación con el factum, evidencian que no estamos ante delito continuado ni delito permanente alguno. El delito de falsedad se consuma con la falsificación e introducción del documento en el tráfico jurídico o con el uso del documento falso, no es delito permanente. Y el delito de estafa, se consuma cuando se produce el desplazamiento patrimonial.

En los hechos probados se afirma la presentación de un documento ante la Junta de Castilla y León que tenía una firma falsa, allí se consumó el delito de falsedad o uso de documento falso. Y también la estafa, pues el desplazamiento patrimonial, en este caso, de los "derechos de la PAC", acaece con el cambio de titularidad, en ese momento formalizado.

Cuestión diversa son los frutos naturales o civiles del objeto sustraído o defraudado; si se tratase de un animal, el delito se consumaría en el momento de su desplazamiento y la cuantía del delito vendría dada por el valor del animal en ese momento; de modo que si tuviera crías durante varios años seguidos, ello no altera la fecha de consumación ni la cuantía del delito; y del mismo modo los frutos civiles o industriales de la titularidad del "pago único" o denominaciones sucesivas de las ayudas directas a la agricultura asociados en este caso a explotación agrícola no ganadera, no alteran la ni la fecha ni la cuantía de la defraudación operada con la cesión formalizada con firma ajena a a la titular de los derechos.

Eventualmente, los derechos dejados de percibir, podrían considerarse perjuicios, elemento diverso al objeto sobre el que recae el delito; pero incluso respecto de este concepto, como antes adelantamos, no resulta acreditada cantidad alguna en el factum, al que debemos atenernos. Del mismo modo que tampoco obra especificado el valor de la titularidad de esas ayudas, lógicamente relacionado entre otros parámetros con sus potenciales frutos o importe de las subvenciones futuras; por lo que no cabe sustentar el motivo por infracción de ley en un valor de esos derechos, superior a 50.000 euros, que marca la agravación en las estafas por razón de la cuantía

5. Consecuentemente, no estamos ante delitos que persistan, sino que fueron consumados, en el mes de marzo de 2008. El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El motivo tercero, lo formula por error en la apreciación de documentos obrantes en autos al amparo del art. 849.2 LECrim.

1. En el tercero, la referencia documental acreditativa del error la cifra en su valoración conjunta, del Anexo 1 Formulario C-1, C-2 y C-3, transferencia o cesión temporal de derechos de prima de vacas nodrizas, Libro Registro de Animales, CEA E537 1901100351 (folio 26 y folio 66); donde argumenta que si bien la sentencia objeto de casación califica al Anexo 1 Formulario C- 1, C-2 y C-3 como una cesión de derechos asociados a la explotación agrícola, no ganadera , no repara que dicho documento está en manifiesta contradicción con lo depuesto por el acusado Francisco, quien manifiesta que compró las Vacas a Isaac para dejar el Libro Registro de Animales a cero La anterior venta, admitiendo, que el Libro Registro de Animales, quedara a cero, implica que los animales del código de explotación CEA ES37l901l0035l, propiedad de Dña. Trinidad quedara a cero y los animales tuvieran como destino el CEA ES373641 100181, propiedad de Zaira, entre los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008 pero esto en ningún caso implica la cesión de (77) derechos de pago único a favor de esta última. Señala que la compraventa de una explotación ganadera no implica la compraventa la transmisión de la explotación agraria. El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, no impone ni obliga a que la venta de ganado conlleve la venta de toda la explotación agrícola-ganadera.

2. Motivo este que carece de objeto; pues la sentencia no indica en ningún momento la cesión de esos derechos por la denunciante; sino que el documento de cesión aportado por la acusada a la Junta, incluía una firma no perteneciente a la denunciante. Por tanto, no obra error sobre este extremo; la sentencia no afirma expresamente la realidad de esa cesión (tampoco sobre la autoría de la referida firma, sobre la que existen diversos informes no uniformes).

TERCERO.- El cuarto motivo también se formula por error en la apreciación de documentos obrantes en autos al amparo del art. 849.2 LECrim.

1. Designa como prueba documental acreditativa del error, la Resolución de 30 de octubre de 2007 la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se comunica la situación actualizada de derechos de ayuda en el marco del régimen de pago único previsto en el Titulo III Del Reglamento (C.E) N° 1782/2003, a favor de Trinidad.

2. Como explica en su informe el Ministerio Fiscal, ese documento, adjunto a su escrito de acusación, viene referido a la situación de los derechos de pago único actualizada al año 2007 (año anterior al de comisión de los hechos delictivos); documento que en su argumentación el recurrente pone en relación con otros datos sobre derechos en 2009 (que resultan tener importes no iguales), y con declaraciones de IRPF en que no aparecen cantidades identificables con las que se han mencionado en los documentos anteriores.

Presupuestos que impiden la estimación del motivo. Esta vía por error facti, precisa, entre otros requisitos, que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas; donde el error debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis, esto es, por el propio y literosuficiente poder demostrativo del documento. Resulta indispensable que los documentos contengan particulares, circunstancias o datos, que por sí mismos y sin necesidad de complementación, interpretación o razonamientos colaterales, choquen frontalmente con lo declarado probado, acreditando así indubitadamente la desviación que en la apreciación de la prueba se denuncia.

Por ende, la necesaria conclusión, dado el iter argumentativo del recurrente, es que dicho documento carece de literosuficiencia acreditativa, cuando el dato que se pretende, la cuantificación del perjuicio acusado, no solo precisa de alguna operación aritmética, sino además de su correlación con otros documentos, donde aparecen cifras globales, sin deslinde la cantidad cuya correspondencia se pretende.

Tan es así, que ni siquiera en un proceso de valoración conjunta el Tribunal de instancia ha encontrado en el conjunto de esa documentación la acreditación del perjuicio que el motivo pretende.

El motivo se desestima.

CUARTO.- El segundo, quinto y sexto y séptimos motivos, los formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, el segundo por indebida aplicación del artículo 131 y 132 CP en cuanto al plazo de prescripción; y en directa relación, el quinto por indebida aplicación del artículo 250.1.1º, 6º y 7º CP; el sexto, por indebida aplicación del artículo 250.2 CP; y el séptimo por indebida aplicación del artículo 393 en relación con el 392 CP.

1. Alega que no acusa por el delito de estafa básico recogido en el art 248 del C.P de 1995, sino que la acusación se efectúa en virtud del arts. 250.1 concurriendo los apartados 1°, 6° y 7°. Concurrentes éstos o tomados individualmente, las penas de prisión irían de 4 a 8 años y multa de doce a veinticuatro meses; y si son aplicados individualmente los apartados anteriores a los hechos la pena sería de 1 a 6 años y multa de 6 meses a 12 meses; y para ambos supuestos la prescripción establecida en la LO 15/2003 se establece en 10 años.

Es decir, que la estafa recae sobre cosas de primera necesidad o de reconocida utilidad social, establecida por Ley (Reglamentos CE que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores); y además el valor de lo estafado reviste especial gravedad; y sea producido con abuso de relaciones personales; agravaciones 1ª, 6ª y 7ª del art. 250.1, que dan lugar a la penalidad agravada del art. 250.2 CP.

Y en relación con el delito de falsedad documental, argumenta de nuevo que no es objeto de prescripción porque no se ha eliminado la situación ilícita, es decir, que desde el 19 de marzo de 2018, no ha desaparecido la posibilidad del cobro de los Derechos de Pagó Único, ahora derechos de Pago Básico.

2. En cuanto al delito de falsedad documental, ya indicamos en el primer motivo que se habría consumado con la introducción del documento en el tráfico jurídico o con el uso del documento falso, es decir en marzo de 2008. En modo alguno continúa cometiéndose como si delito de "secuestro" se tratara.

3. En cuanto a que la estafa recaiga sobre bienes de primera necesidad, derecho de pago único (PAC) derivado de que los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la política agrícola común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria, estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales, por cuanto ofrece un firme apoyo a agricultores y agricultoras contribuyendo a proporcionarles un nivel de vida acorde al resto de la sociedad y define las condiciones que permiten que el sector agrario cumpla sus importantes funciones en la sociedad; resulta enunciado de muy amplio espectro, precisado de individualización en relación con el caso de autos, pues es notorio, que no resultan limitadas esas ayudas a personas cuya precepción sea fundamental para cubrir sus necesidades básicas, sino que también reciben estos derechos o subvenciones, agricultores de renta muy altas.

De modo que en los supuestos en los que la estafa recae sobre la vivienda de la víctima, no será de automática aplicación siempre la agravación del art. 250.1.1º, por el solo dato de que aparezca en la dinámica de los hechos una vivienda, sino que debe limitarse a los casos en los que el perjudicado ve frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad; de manera que el subtipo agravado no será de aplicación, en aquellos casos en que la víctima dispone de dinero para adquirir otra vivienda, distinta de aquella en la que habita, como inversión, recreo o para aumentar su patrimonio, o incluso en los casos de cambio de domicilio, si no se acredita la venta de la primera vivienda y la realidad del traslado; insistiendo la jurisprudencia que no resulta de aplicación a las llamadas de "segundo uso" o a las adquiridas como "segunda vivienda" como "inversión" o con finalidad recreativa ( STS 368/2015, de 18 de junio, con cita de múltiples precedentes).

E igualmente, en relación con los otros enunciados del art. 250.1.1º, cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, respecto de los cuales habrá que entender que hacen referencia a todas aquellas cosas que resulten imprescindibles para la subsistencia o salud de las personas. E incluso respecto a las medicinas, expresamos que no cabe duda de que cualquier engaño que afecte a los medicamentos que una persona precisa para su salud debe tener respuesta en esta agravante específica, pero no toda defraudación que afecte a medicamentos repercute directamente en la salud de las personas, de ahí que este tema haya sido objeto de examen en un Pleno no jurisdiccional de esta Sala, celebrado el día 20 de diciembre de 2006, en el que se tomó el acuerdo de que en el caso de medicamentos, el concepto de cosas de primera necesidad debe ser entendido en relación a las necesidades de quienes sufren las consecuencias del delito, por lo que debe rechazarse su aplicación cuando no resultan afectadas esas esenciales necesidades, especialmente la salud, por parte de quien sufre las consecuencias del delito, y en aquel caso, tratándose de una Institución como es el Servicio Andaluz de Salud, no concurrían los elementos que justifican esa mayor agravación de la conducta delictiva ( STS 1307/2006, de 22 de diciembre).

En definitiva, no basta que el dato objetivo de la utilidad social del género del objeto del delito, sino como incide en la víctima, en el caso concreto. Circunstancias que al integrar un elemento típico del subtipo agravado, de importante trascendencia penológica, esta Sala constantemente exige que los elementos fácticos sobre los que se sustenta su aplicación, deben constar sin ambigüedad alguna en el relato de hechos probados.

En autos, esa afectación a los denunciantes, no obra en el hecho probado.

4. Y en cuanto al sustento fáctico de las agravaciones por la especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia; y haberse cometido por relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, no es solo que el relato probado no las mencione, sino que expresamente, las recoge como no probadas:

No resulta acreditado el perjuicio económico efectivamente causado a la denunciante como consecuencia de la cesión definitiva de DERECHOS DE PAGO UNICO, 77 derechos cuyo valor varió, siendo insuficiente para su cálculo las declaraciones de IRPF aportadas por la denunciante en el acto del juicio.

No resulta acreditada relación previa de confianza entre las partes de la que pudiera derivar un abuso de relaciones personales a los efectos del tipo agravado de estafa.

5. Y lógicamente si no se estiman las agravaciones 1ª, 6ª, y 7ª, no puede aplicarse el art. 250.2 que exige inexorablemente la concurrencia de la 1ª con alguna de las otras dos.

6. Consecuentemente, dado el tenor literal de los hechos probados, los motivos segundo, quinto, sexto y séptimo deben ser desestimados. La aceptación del hecho probado es una inderogable premisa metodológica cuando se hace valer un motivo por error de derecho ( STS 557/2024, de 6 de junio). Ya se indicó en el primer fundamento y reiteradamente sostiene esta Sala, que "la infracción de ley penal sustantiva, como específico motivo casacional, obliga a partir de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. Estos son el punto de partida del razonamiento decisorio, delimitan el campo de juego en el que puede operar el motivo. Constituyen, a la postre, el primer y fundamental elemento de la precomprensión necesaria para la identificación e interpretación de la norma aplicable al caso. El discurso que funda el motivo debe hacerse a partir de una realidad fáctica inamovible. No puede utilizarse, por tanto, para reelaborarla o ajustarla a las exigencias de tipicidad que, en los términos del gravamen normativo, se identifican al hilo del motivo casacional por infracción de ley" -vid. entre otras STS 854/2024, de 10 de octubre y las que allí se citan)-

QUINTO.- El octavo motivo lo formula por infracción de precepto constitucional al amparo de lo dispuesto en el art. 852 LECrim. , por vulneración de los derecho constitucionales recogidos en los arts. 33, 35 y 38 de la C.E. puestos en relación con el art. 250.1.1º por recaer en cosas de necesidad y reconocida utilidad social.

1. Alega que la privación de los derechos de pago único a Dª Trinidad supone la privación de derechos constitucionales.

En su fundamentación, de manera sintética, sin desarrollo alguno, literalmente se limita a exponer:

La expoliación de los derechos de pago único supone para nuestra mandante la privación o merma de derechos constitucionales cuales son:

1°.- Del art 33 de la C.E. como es el derecho a la propiedad privada y privación de derechos. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA PRIVACION DERECHOS. PAC

2°.- Del art 35 de la C.E . como es el deber y el derecho a trabajar , a la promoción en el trabajo, a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de la familia.

3°.- Del art 38 de la C.E. como es el reconocimiento de la libertad de empresa y defensa de la productividad

2. La falta de desarrollo del motivo impide una respuesta adecuada. En todo caso, desde la posición de acusación particular, en cuanto víctima de un delito, algún bien jurídico, vida, salud, propiedad, libertad, resultará quebrantado. Va de suyo. Pero esa mera circunstancia, no resulta bastante para obtener una condena respecto de la persona enjuiciada, ni impide que opere en su caso la prescripción de los delitos imputados. Tampoco se concilia demasiado esa invocación con la situación de jubilación que disfruta.

Y tampoco resulta suficiente para integrar la agravación pretendida del art. 250.1.1º, como se motiva en el fundamento anterior.

SEXTO.- El noveno y décimo motivo los formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim. , por no aplicación y por aplicación indebida respectivamente del art. 109 y siguientes del del Código Penal con referencia a los arts. 110 y 111 del mismo cuerpo legal

1. En el noveno, vuelve a invocar las cuentas que extrapola a partir de la Resolución de 30 de octubre de 2007 la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se comunica la situación actualizada de derechos de ayuda en el marco del régimen de pago único previsto en el Titulo III Del Reglamento (C.E) N° 1782/2003, a favor de Trinidad y reclama 118.418,58 euros, abono de intereses y la restitución de sus derechos; y el décimo motivo no resulta desarrollado.

2. Pero sucede que operada prescripción de la responsabilidad criminal, no ha lugar a declaración de responsabilidad civil.

Declarada la prescripción del delito, con referencia al delito de estafa instrumentado con falsedad documental y extinguida en consecuencia la responsabilidad criminal de los acusados, ningún pronunciamiento procede en este proceso acerca de la eventual responsabilidad civil derivada del delito, sin perjuicio de que la suerte que pueda seguir en el marco de la jurisdicción civil (en tal sentido, por todas, las SSTS 414/2015, de 6 de julio o la 463/2022, del 12 de mayo).

De igual modo en la STS 620/2004, de 4 de junio, citada por el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación, donde se indica que declarado prescrito el delito de apropiación indebida de 236.056 acciones del Atlético Madrid, tampoco procede acordar de devolución de tales acciones al Club, sin perjuicio de las acciones que pudieren ejercitarse por parte del Club en la jurisdicción civil.

Consecuentemente, los motivos se desestiman.

SÉPTIMO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales en caso de desestimación del delito, se impondrán a la parte recurrente.