Sentencia Penal 236/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5309/2022 de 13 de marzo del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en su Procedimiento Abreviado n.º 21/2021, dictó sentencia el 23 de diciembre de 2021 en la que condenó a Carlos Manuel como autor criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal, conforme al Código Penal vigente a la fecha de los hechos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, imponiéndole las penas de prisión por tiempo de un año e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Contra esta resolución se interpuso por el acusado y el querellante sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estimándose en Sentencia 180/2022, de 4 de julio, el recurso interpuesto por la acusación particular en el sentido de elevar la indemnización establecida en la instancia, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la defensa. Contra esta resolución se interpone el presente recurso de casación, que se estructura sobre cuatro motivos.

1.2. El tercero de los motivos se formula por infracción de ley al amparo del artículo 849.2 de la LECRIM, argumentando error de hecho en la apreciación de la prueba, materializado en diversos documentos obrantes en autos que muestran la equivocación del juzgador.

El recurrente argumenta que las facturas que presentó el querellante junto a su querella inicial (documentos 2 a 6), son demostrativas de que Luis Pedro vendió al acusado los vehículos por cuya apropiación indebida ha sido condenado. Afirma que se trataba de un contrato de compraventa por el que adquirió la plena propiedad de los automóviles, sin que adquiriera otra obligación que pagar su precio, que es lo que le reclama el vendedor. Entiende, en consecuencia, que el negocio jurídico por el que entró en poder de los coches no genera la obligación de retorno que exige el delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal por el que ha sido condenado.

1.3. El artículo 849.2 de la LECRIM entiende infringida la ley, para la interposición del recurso de casación, "Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios".

La estricta observancia de la más estable jurisprudencia de esta Sala, indica que la previsión del artículo 849.2.º de la LECRIM exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado o bien para excluir de dicho relato un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente.

En todo caso, como consecuencia última de que el principio de inmediación y el contacto con la prueba no es predicable de la intervención jurisdiccional en casación, es exigencia de esta Sala que el error fáctico o material se muestre con documentos, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba, ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones, así como que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. La prosperabilidad del motivo exige, en esencia, que el tenor de los documentos acredite en casación, de la misma forma incontrovertible a como debió hacerlo en la instancia, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad, y que lo hagan de forma tan manifiesta, indiscutible y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del Tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba ( STS 982/2011, de 30 de septiembre).

1.4. Lo expuesto evidencia que el presente motivo es inviable para sustentar la anulación reclamada en casación por el acusado.

El enjuiciamiento tuvo por objeto acreditar si los vehículos que Luis Pedro entregó al acusado Carlos Manuel y a su sociedad Invest Autorent SL, lo fueron a título de venta o sólo en depósito para que el acusado los vendiera a cambio de una comisión. Ante este cometido, los documentos referenciados en el motivo no son literosuficientes o por sí mismos demostrativos de que los coches se entregaran realmente a título de venta pues, más allá de su tenor el acusado ha sostenido una realidad divergente. En concreto, ha expresado que entregó diversos coches al acusado para que se los vendiera y que, de los cuatro que son objeto de acusación, el acusado no le ha abonado el importe que convinieron ni le ha devuelto los vehículos; además de no haberle devuelto tampoco los 20.000 euros que el acusado le entregó para que adquiriera en Alemania un vehículo de segunda mano del que, una vez revendido, se iban a repartir la ganancia.

1.5. Esto no significa que la prueba documental carezca de relevancia, sino que no es por sí misma acreditativa de la realidad que recoge su contenido, por aparecer dentro de un marco probatorio que contiene otros elementos que contradicen el sentido de los documentos.

Consecuentemente, el alcance demostrativo de la prueba documental debe evaluarse en contraste con el resto de prueba practicada, esto es, resolviendo el primer motivo de casación formalizado por el recurrente en el que, por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, denuncia que se ha quebrantado su derecho a la presunción de inocencia y entiende que no hay prueba de cargo bastante para sustentar los elementos del tipo penal de la apropiación indebida, concretamente que no hay prueba suficiente de que el recurrente recibiera los coches con la obligación de devolverlos o entregar el importe de su venta al querellante.

1.6. Nada nuevo aporta el motivo respecto a las consideraciones que ya se plantearon en el recurso de apelación. No existe ninguna disidencia sobre los argumentos reflejados en la sentencia que ahora se impugna, sino que el recurrente insiste en destacar los elementos documentales que suscitó en el recurso de apelación y que a su juicio operan como marcadores de que la convicción del Tribunal de instancia estuvo equivocada y de que una ponderación prudente del material probatorio debería haber conducido a dictar un pronunciamiento absolutorio por falta de credibilidad de la víctima.

Sin embargo, la insistencia no modifica las reglas de análisis de la prueba que deben regir en las diferentes instancias, particularmente en aquellas en las que no existe un contacto directo con los elementos de prueba que ilustran sobre lo acontecido.

Hemos destacado de manera reiterada que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias no sólo comporta realizar un examen de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley que han hecho los tribunales encargados de la apelación, sino también una inspección de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba desplegada por el Tribunal de instancia, esto es, que la apelación haya examinado el proceso racional del Juzgador y confirmado que se ajusta a criterios lógicos que permiten corroborar de forma sólida y concluyente, más allá de toda duda razonable, las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada, pues los tribunales no pueden actuar de otra forma cuando están despojados de un contacto inmediato con la totalidad de la prueba y carecen de capacidad para ponderar sus detalles e, incluso, filtrar los matices con los que se desarrolló la prueba personal.

1.7. Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación, debe rechazarse la pretensión que sustenta el motivo.

El acusado insiste en que Luis Pedro le vendió un Renault Megane Tourer matrícula NUM003 por 5.594 euros, un Ford Mondeo matrícula NUM000 por valor de 7.275,78 euros; un Citroën Picasso matrícula NUM001 por 7.863,71 euros y un Ford Focus matrícula NUM002 por 5,073,72 euros, esgrimiendo para ellos las facturas NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007 que presentó el querellante al inicio del procedimiento y que obran a los folios 10, 11 y 12 de las actuaciones (documentos 4, 5 y 6 de los aportados con la querella).

Sin embargo, lo que afirmó el denunciante en el plenario es que entregó únicamente la posesión provisional de los coches a fin de que el acusado procediera a su venta y, obteniendo como agente una comisión o ganancia por la venta, le pagara finalmente el vehículo en el precio que convinieron. Sostiene así la realidad de un contrato de gestión de venta, frecuente en ese sector de negocio, por el cual un comerciante autorizado del sector del automóvil se encarga de exhibir y vender un coche usado por cuenta de su dueño, continuando éste siendo el propietario del vehículo hasta que se realice la venta definitiva a un tercero. Una modalidad de contratación que permite al vendedor obtener una ganancia sin realizar la inversión inicial, pero obligándose a: 1) entregar al dueño el precio pactado con él tan pronto como el vehículo se haya vendido o 2) devolver el vehículo si no logra encontrar un comprador en el plazo que ellos convengan.

Y aunque la prueba documental contiene cuatro facturas que reflejan que se vendieron sendos vehículos al acusado y aunque estas compraventas documentadas se enfrentan al relato del querellante, el Tribunal de apelación valida la credibilidad que la sentencia de instancia ha otorgado al relato de Luis Pedro y lo hace porque su relato es coherente con criterios racionales en el análisis de la prueba.

Contrariamente a lo que sustenta el recurso, que afirma que el denunciante no es creíble porque tiene un interés económico en la controversia y porque su versión carece de corroboraciones periféricas, el Tribunal de apelación subraya el marco objetivo que apunta a la verosimilitud de lo que el querellante afirmó. De un lado, la venta de vehículos a través de un intermediario, como se ha dicho, no es insólita en este sector empresarial. De otro, el querellante acreditó (folio 7 de las actuaciones) haber comprado los vehículos por un precio inferior al que concertó que debía venderlos el acusado, sin que este último haya aportado ningún justificante de que pagara los vehículos al querellante cuando fueron entregados y facturados, pese a que en los mismos documentos se dejó constancia de que el pago había de hacerse por ingreso o transferencia en la cuenta bancaria NUM008. De hecho, ni siquiera consta que el acusado declarara las supuestas operaciones de compra a la Administración tributaria (modelo 347), habiendo reconocido sin embargo que estas operaciones están pendientes de liquidar. Junto a ello, existe otro elemento probatorio que refuerza la credibilidad del denunciante. El acusado admitió tener un negocio compartido con el querellante. Consistía en la obligación de revender un vehículo que previamente habían de adquirir en Alemania, asumiendo el acusado el mismo esquema de participación que el querellante afirma que operaba en los otros cuatro vehículos. En concreto, el querellante era quien soportaba el coste económico para la compra del vehículo (así se deriva de las declaraciones de ambos afectados y de la transferencia bancaria obrante al folio 9 de las actuaciones), mientras que la participación del acusado se limitaba a encontrar un comprador y vender el coche, repartiéndose después el beneficio.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO.- 2.1. Su segundo motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 253 del Código Penal.

Aduce que el relato de hechos probados de la sentencia de instancia recuerda más al delito de estafa o al timo del nazareno que al delito de apropiación indebida y argumenta que "Si la mercantil de mi representado hubiera pagado el precio, en efectivo metálico, que se representa en las facturas, no estaríamos en este procedimiento, luego no existía obligación de devolver alguna, de hecho nunca se ha pedido, si no que la única obligación existente es la obligación de pago del precio pactado, por lo que sin la existencia de la obligación de devolver, no podemos estar en presencia de un delito de apropiación indebida".

2.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal".

Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es este un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos.

El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, u obliga a pretender antes su modificación por la vía del error en la apreciación de la prueba ( art. 849.2 LECRIM) o por vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 852 de la ley procesal), pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.

2.3. El artículo 253 del Código Penal sanciona al que "en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos".

Para su aplicación, la Jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que el delito de apropiación indebida requiere como elementos del tipo objetivo: a) que el autor reciba dinero o bienes en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregarla o devolverla o, tratándose de bienes fungibles, devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuencia de este acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual normalmente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación. Y como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades de actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada ( SSTS 841/2006, de 17 de julio; 707/2012, de 20 de septiembre o 648/2013, de 18 de julio, entre muchas otras).

2.4. Concurren así todos los elementos del tipo penal en el presente supuesto.

El recurrente recibió los vehículos para su venta y tenía que ingresar en una determinada cuenta bancaria perteneciente al querellante el capital que obtuviera con su venta y hasta la cuantía pactada, pudiendo retener el exceso que consiguiera como pago a su gestión. Sin embargo, se declara probado que Carlos Manuel se apropió del objeto del encargo, bien de los vehículos que no retornó, bien de la totalidad del valor que obtuvo con su venta, declarándose también probado que se apropió de 18.000 de los 20.000 euros que le fueron entregados por el querellante para comprar un vehículo en Alemania. Como indicamos en nuestra STS 1636/2002, de 3 de octubre, constituye el delito de apropiación indebida cuando el sujeto recibe un vehículo en comisión de venta y se encarga de venderlo para disponer como propio del dinero obtenido con la enajenación, sin entregarlo al comitente y titular del coche. En los mismos términos nos hemos expresado en las SSTS 1254/1999, de 14 de octubre o 491/2007, de 1 de junio.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. Sin indicación de cauce procesal alguno, el recurrente reclama que se declare prescrita la responsabilidad criminal que pudiera derivarse de la entrega del vehículo Renault Megane Tourer matrícula NUM003.

Aduce que según consta en el documento n.º 2 de los aportados con la querella (folio 8), el Renault Megane se entregó al acusado el 22 de julio de 2014, por lo que la responsabilidad que pudiera derivarse de tales hechos habría prescrito a los cinco años, esto es, con anterioridad a que la acción penal se dirigiera contra el acusado, pues "El primer auto dictado en el procedimiento fue el de sobreseimiento provisional del asunto, sin que se acordara dirigir el procedimiento contra la persona querellada. Posteriormente se dictó auto de incoación de Diligencias previas del proceso y reapertura del mismo que se dictó el 16/9/2019, sin indicación alguna de los hechos objeto de investigación. Es decir, el procedimiento de Diligencias previas se inicia el día 16/9/2019, transcurridos más de cinco años desde la fecha de comisión del presunto delito de apropiación indebida, por lo que siendo la primera resolución dictada por el Juzgado la de sobreseimiento, con dicha actuación no se puede tener por interrumpido el cómputo de la prescripción de la acción penal".

3.2. Sin indicarlo específicamente, el recurso denuncia la indebida inaplicación del artículo 130.1.6.º del Código Penal, pero elude que en el delito de apropiación indebida la consumación se produce cuando se materializa la disponibilidad ilícita de los bienes ajenos y el sujeto activo dispone a título de dueño de aquello que poseía interinamente. Es a partir de ese momento cuando comienza el cómputo del plazo de prescripción y no en el momento en el que el perjudicado entrega la posesión de la cosa ( SSTS 71/2004, de 2 de febrero; 1065/2007, de 12 de diciembre; 374/2008, de 24 de junio o 105/2017, de 21 de febrero).

En el presente supuesto no se ha determinado la fecha en la que se produjo esta disposición a título de dueño. En todo caso, pese a que las entregas de bienes fueron diversas, la sentencia no le condena por un delito continuado de apropiación indebida. La sentencia ha entendido que el ilícito se ejecutó en unidad de acción respecto de todos los bienes recibidos. Esta consideración, siendo más favorable al acusado en la medida en que impide la agravación punitiva del artículo 74.1 del Código Penal (pues cada uno de los bienes apropiados tenía un valor superior a 400 euros y todos ellos en su conjunto no condujeron a la aplicación de la pena resultante del art. 250.1.5), impide también que la acción, por pronto que fuera, acaeciera antes de que el acusado recibiera el último de los bienes de los que se apropió, esto es, antes del 12 de diciembre de 2014, en que se le entregó el Ford Focus Trend matrícula NUM002.

El motivo se desestima.

CUARTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.