Sentencia Penal 1036/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10173/2024 de 14 de noviembre del 2024

PRIMERO.- 1.1. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en su Procedimiento Ordinario n.º 35/2023, dictó su Sentencia 467/2023, de 13 de diciembre, en la que condenó a Basilio, en lo que a este recurso interesa: 1) Como autor criminalmente responsable de un delito intentado de asesinato, concurriendo la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y la atenuante de reparación del daño, a la pena de cinco años de prisión, con medida de internamiento para tratamiento médico o de educación especial durante cinco años, así como libertad vigilada durante cinco años y consistente en la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico y 2) Como autor de un delito de atentado, con concurrencia de las circunstancias atenuantes antes expresadas, a la pena de nueve meses de prisión, con medida de internamiento para tratamiento médico o de educación especial durante nueve meses, así como libertad vigilada durante nueve meses y consistente en la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.

En ejecución de sentencia la defensa del condenado solicitó que para el cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento se abonara el tiempo que el penado permaneció en situación de prisión preventiva, lo que se denegó por el Tribunal de ejecución porque aunque la prisión provisional sea de abono para el cumplimiento de la pena, ello no implica que deba reducirse también de la medida de seguridad, pues ésta vería desvirtuada su función; sin perjuicio de que la medida quede sujeta a las previsiones de alteración recogidas en el artículo 97 del Código Penal.

1.2. Contra esta resolución se interpone por el acusado recurso de casación que se formaliza sobre un único motivo al amparo de lo establecido en el artículo 849.1 y 855 de la LECRIM, en relación con los artículos 3.2, 99, 101 y 104 del Código Penal, así como por infracción de precepto constitucional en relación con el artículo 17.1 de la Constitución Española.

1.3. El artículo 848 de la LECRIM establece la posibilidad de recurrir en casación, únicamente por infracción de ley y no por la infracción de preceptos constitucionales que recogen los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, los Autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso, así como los Autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Y aunque los Autos dictados en ejecución de sentencia no se encuentran entre aquellos para los que el legislador ha previsto expresamente el recurso de casación, nuestra jurisprudencia ha admitido la viabilidad del mecanismo casacional cuando se trate de Autos referidos al abono de la prisión preventiva, en cuanto que modulan el cumplimiento del pronunciamiento de condena establecido en sentencia ( SSTS 195/2011, de 14 de marzo o 13/2023, de 19 de enero).

1.4. El artículo 58.1 del Código Penal dispone que "El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada...", con la salvedad, que aquí no acontece, de que el tiempo de prisión preventiva haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella.

Desde esta consideración normativa, que el Tribunal de ejecución ha aplicado únicamente a la pena privativa de libertad, el recurrente subraya que en este supuesto convergen el tiempo de la pena privativa de libertad y el de la medida de seguridad de internamiento impuestas al penado, por lo que considera que el tiempo pasado en prisión preventiva debe aplicarse a ambas decisiones. Argumenta que si no fuera así y si se cumpliera íntegramente el tiempo de internamiento establecido en la sentencia, la reducción del tiempo de prisión preventiva sería materialmente ilusoria respecto a la privación de libertad.

1.5. Como ya se ha destacado en reiteradas resoluciones de esta Sala, la mayoría de los sistemas penales vigentes se califican como dualistas en lo referente a las consecuencias jurídicas del delito, pues no sólo contemplan la imposición de una pena en supuestos de perpetración de una infracción penal, sino que prevén la aplicación de medidas de seguridad postdelictuales cuando el sujeto activo del delito presenta determinados componentes en su personalidad que revelan una peligrosidad delictiva, con probabilidad de reiteración y, además, que requieren un tratamiento especial, derivado de sus especiales condiciones personales ( SSTS 345/2007, de 24 de abril; 1019/2010, de 2 de noviembre; 124/2012, de 6 de marzo; 206/2017, de 28 de marzo o 378/2019, de 23 de julio). Unas medidas de seguridad que "se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito" ( art. 6.1 del Código Penal) , pero con sujeción en todo caso, al principio de legalidad, en la medida en que el artículo 1.2 del texto punitivo dispone que "las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente en la ley".

La jurisprudencia de esta Sala (STS 603/2009, de 11 de junio, entre otras) ha destacado también que el respeto de la previsión legal impone la concurrencia de tres exigencias ineludibles para la imposición de una medida de seguridad, más concretamente: A) La comisión de un hecho previsto como delito ( art. 95.1 CP) ; B) La condición de inimputable (arts. 101.1, 102.1, 103.1 y 105 Párrafo 1) o semi-imputable (arts. 99 y 104) de su autor; y C) La acreditación de una probabilidad de comisión de nuevos delitos por el mismo, es decir, la apreciación de una objetiva peligrosidad delictiva del autor, que -como se destaca en la STS 482/2010, de 4 de mayo- resulta oportuno evaluar desde un doble juicio: i) el diagnóstico de peligrosidad, que se fundaría en el actuar peligroso para la sociedad, ya patentizado por la satisfacción del primero de los requisitos indicado ( art. 6.1 CP) , pero de distinto alcance según la naturaleza y circunstancias del delito cometido y ii) el pronóstico de comportamiento futuro, que supone una evaluación de las posibilidades de que el observado vuelva a cometer hechos dañinos para la sociedad, según se recoge en el artículo 95.1.2.º del Código Penal ( STS 728/2016, de 30 de septiembre).

1.6. Respecto de la duración de las medidas de seguridad privativas de libertad, que están recogidas en el artículo 96.2 del Código Penal y que en este caso se concretan en el internamiento para tratamiento médico o educativo especial, nuestro legislador emplea una redacción normativa no coincidente:

Para los supuestos en los que la medida de seguridad se aplica por apreciarse la exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psiquiátrica, el artículo 101.1 del Código Penal establece que el internamiento "no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto".

Pero cuando la medida de seguridad se pretenda imponer a quien es responsable criminalmente del delito, pero concurriendo en él la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.1 del Código Penal, además de exigirse que la pena que le haya sido impuesta sea privativa de libertad, se prescribe que la duración de la medida "no podrá exceder de la pena prevista por el código para el delito".

1.7. Ambas expresiones se han interpretado por la jurisprudencia de esta Sala como términos equivalentes.

En Acuerdo de Sala General, adoptado por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 31 de marzo de 2009, expresamos que "La duración máxima de la medida de internamiento se determinará en relación a la pena señalada en abstracto para el delito de que se trate"; lo que hemos sustentado en jurisprudencia reiterada con posterioridad, de lo que son expresión las SSTS 603/2009, de 11 de junio de 2009 o 124/2012, de 6 de marzo. Y ello porque, como dijimos en la STS 890/2010, de 8 de octubre, la duración de la medida no está vinculada por la magnitud de la culpabilidad del sujeto, sino por la peligrosidad del autor del hecho delictivo, lo que, en principio, permite intervenciones más amplias que las autorizadas para las penas. Debiendo resaltarse, como se ha dicho, que el juicio sobre la peligrosidad debe efectuarse por el Tribunal a partir de la observación del actuar peligroso para la sociedad que supuso la acción típica y la posibilidad de que la persona concernida cometa nuevos hechos dañinos para el grupo social ( STS 482/2010, de 4 de mayo).

1.8. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 6.1 del Código Penal dispone que "Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito".

En todo caso, la medida de internamiento exige como presupuesto que la pena prevista en abstracto sea privativa de libertad, por establecer el artículo 6.2 del Código Penal que las medidas de seguridad no pueden resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. Y todas las medidas de seguridad, sean o no privativas de libertad, se sujeten a la regla constitucional de proporcionalidad, puesto que su duración: a) ni puede exceder de la pena abstractamente aplicable al hecho, b) ni puede exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.

Consecuentemente, la definición de que la duración de la medida de internamiento tenga como límite máximo la pena en abstracto prevista para el tipo penal en el que resulten subsumibles los hechos, sin otra modificación de su marco punitivo que la que resulte de las formas imperfectas de ejecución o de la forma de participación del responsable, no solo se establece para supuestos de aplicación de la eximente completa, sino también para aquellos otros en los que se haya apreciado la eximente incompleta del artículo 21.1, en relación con los artículos 20.1, 20.2 o 20.3 del Código Penal.

Un régimen de aplicación que ya expresábamos en nuestra STS 603/2009, de 11 de junio: "Centrándonos, por tanto, en la duración de la medida de internamiento, el principio de proporcionalidad de las medidas ( art. 6 CP) , exige como presupuesto de la aplicación de una medida de internamiento que la pena señalada al delito sea privativa de libertad. Dicho presupuesto debe distinguirse de la cantidad o gravedad de la pena privativa de libertad que juega como límite temporal del internamiento.

La "pena-presupuesto" y la "pena-límite" tratándose de eximentes incompletas se establece, como regla especial, en el art. 104: la pena privativa de libertad como presupuesto de la medida debe considerarse "concretamente" (el instrumento solo cabe si "la pena impuesta" es privativa de libertad) lo que conduce, obviamente, a su completa determinación. Ello es explicable si se recuerda que estamos ante un sujeto responsable parcialmente y acreedor de una pena que podría hacerse cumplir sin aplicación de medida alguna.

En cambio, la pena que juega como límite temporal al internamiento de tal eximente incompleta es la pena abstracta señalada al delito (art. 104: su duración no podrá exceder de la "pena prevista" por el Código para el delito). La razón se encuentra en el carácter atenuado de la pena privativa de libertad que, por aplicación de la eximente incompleta habrá resultado en la determinación concreta de la misma. La razón parece clara: la pena se basa en la culpabilidad que aquí estaría disminuida seriamente, lo que aconsejaría una pena -rebajada en uno o dos grados-. La medida se fundamenta en la peligrosidad que, sin embargo, probablemente se haya incrementado, lo que justificaría una duración superior.

Es decir, que el límite máximo en estos casos no es la pena concretamente impuesta por el Tribunal, sino la que el Código prevé con carácter general, pues no hay referencia alguna al resultado de la individualización.

No de otro modo se ha pronunciado esta Sala refiriéndose a la pena prevista en abstracto en todos los casos de eximentes completas o incompletas, pese a la diferente redacción. STS nº 2107/2001, de 12 de noviembre".

1.9. Lo expuesto refleja la posibilidad de que el Tribunal, en hechos para los que está prevista una pena privativa de libertad y en consideración a las circunstancias específicas de seguridad que lo justifiquen, puede establecer una medida de internamiento de mayor duración que la pena de prisión impuesta al condenado en quien concurre una eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del Código Penal ( STS. 890/2010, de 8 de octubre). La duración de esta medida, sometida al marco punitivo de la responsabilidad en abstracto, se individualizará, no en función de la magnitud de la culpabilidad en la que se basó la extensión de la pena de prisión que haya podido imponerse, sino por la peligrosidad del autor y en atención a las necesidades de protección individual y colectiva que existan para prevenir la reiteración de comportamientos lesivos.

1.10. Y aunque el sistema vicarial coordina la ejecución de la sentencia mediante el cumplimiento simultáneo de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad que se hayan impuesto ( art. 99 CP) , se recoge también la posibilidad de un cumplimiento individual o singular en aquellos casos en los que la extensión de la pena privativa de libertad y la duración de la medida de internamiento no sean coincidentes.

Cuando la medida de internamiento acabe con anterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad, bien sea por su menor duración inicial, bien por haberse modificado las circunstancias que determinaron su imposición y haber sido sustituida, suspendida o dejada sin efecto ( art. 97 CP) , el legislador ha previsto que el penado continuará en el cumplimiento de la pena, salvo que el Juez o Tribunal considere que ese cumplimiento pone en peligro los efectos conseguidos a través de la medida de seguridad, en cuyo caso podrá suspender el cumplimiento del resto de la pena o aplicar alguna de las medidas de seguridad no privativas de libertad previstas en el artículo 96.3 del Código Penal.

Por el contrario, si el cumplimiento de la pena privativa de libertad se alcanza antes de que deje de ser necesaria la medida de seguridad que se impuso, con independencia de que esto se produzca porque la sentencia impuso una pena de prisión de menor duración que la medida de internamiento o porque se aplicó el tiempo de prisión preventiva al cumplimiento de una pena de prisión que inicialmente tenía la misma duración que la medida (tal y como aquí acontece), el régimen de cumplimiento de la medida durante su exceso será el mismo que el legislador contempla para los casos en los que el autor sea declarado exento de responsabilidad criminal, esto es, un cumplimiento no penitenciario que observe expresamente lo dispuesto en el artículo 98.1 y 3 del Código Penal.

SEGUNDO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.