Sentencia Penal 1039/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10283/2024 de 14 de noviembre del 2024

Recurso interpuesto por la representación de Cecilia.

PRIMERO.- 1.1. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Procedimiento ante el Tribunal del Jurado 898/2022, dictó sentencia el 30 de junio de 2023 ( Sentencia 217/2023), en la que condenó a Anton, Cecilia y Coral como autores criminalmente responsables de un delito de asesinato de los artículos 138, 139.1.1.ª y 139.1.3.ª del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, imponiéndoles a cada uno de ellos las penas de prisión por tiempo de 20 años y 1 día e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, además de la medida de libertad vigilada por un periodo de diez años, con prohibición de comunicarse o acercarse a menos de mil metros de Enriqueta, sus dos hijos y Filomena durante un tiempo de veinticinco años.

Contra esta resolución se interpuso por los acusados sendos recursos de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fueron desestimados en su Sentencia 123/2024, de 14 de marzo, interponiéndose ahora recurso de casación por las representaciones de Cecilia y Coral.

1.2. El recurso interpuesto por la primera de ellas se estructura alrededor de cuatro motivos. El primero de ellos se formaliza por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender la recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la presunción de inocencia.

Aduce que la recurrente negó de forma clara y sin contradicciones haber participado en los hechos. Afirma que en la madrugada de los hechos, el fallecido Enrique telefoneó a la recurrente y le comunicó que iba hacia el domicilio de Anton y "juró a este los muertos". Ella intentó evitar que Anton se encontrara con Enrique, para lo que telefoneó a la hermana de Anton a fin de que previniera a su hermano de acudir. No obstante, Anton acudió al domicilio de Cecilia y se encontró con ella y con la también acusada Coral. Afirma que Enrique le manifestó que se dirigía a su domicilio y que bajó a la calle con los otros dos acusados para evitar un alboroto o discusión en su casa. Una vez en la calle, en las proximidades de la Parroquia Crucifixión del Señor, apareció Enrique visiblemente alterado, comenzando una fuerte discusión entre Enrique y Anton y, al no poder mediar en la discusión, la recurrente decidió abandonar el lugar descendiendo por las escaleras de la plataforma, no pudiendo observar lo que sucedió en la parte superior de la plataforma en la que se encontraban Anton y Enrique. Una vez abajo, y mientras Cecilia se dirigía a su domicilio, aparecieron Coral y Anton, los cuales subieron con ella al domicilio. Ya en el domicilio, Cecilia sospechó de lo sucedido y cuando tuvo conocimiento del fallecimiento de Enrique, Cecilia no lo puso en conocimiento de las autoridades, por miedo a lo que a ella le pudiera suceder.

Afirma que su sentencia de condena se basa en la declaración de los otros dos acusados, que no satisfacen las exigencias jurisprudenciales para poder ser consideradas pruebas de cargo. Añade que el testimonio de Carmelo, único testigo presencial, fue confuso y poco detallado, además de confirmar la versión de la propia recurrente, pues manifestó haber mirado por la ventana en dos ocasiones: en la primera vio a una persona tumbada en el suelo y en la segunda a una mujer bajando de la plataforma. Con cierta contradicción con lo anteriormente expuesto, defiende que el testigo presencial no pudo visualizar lo que aconteció pues, según un testimonio policial, el lugar no se encuentra iluminado. Y, tras aseverar que no hay ninguna otra prueba de su participación en los hechos, reclama su absolución por falta suficiente de prueba.

1.3. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala, la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia impugnada se fundamenta en una prueba de cargo constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, racionalmente valorada y suficientemente sólida como para aportar un convencimiento racional, más allá de cualquier duda razonable.

Debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional, como la de esta Sala, han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (entre muchas recientes, la SSTS 500/2015, de 24 de julio y 797/2015, de 24 de noviembre, así como las SSTC 133/2014, de 22 de julio y 146/2014, de 22 de septiembre), indicando que a falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

Hemos destacado, además, que controlar la racionalidad de la valoración probatoria no sólo entraña hacerlo desde la solidez o cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento deducido, sino desde su calidad concluyente, no siendo razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa ( STS 500/2015, de 24 de julio). En todo caso, la doctrina constitucional refleja que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 y 23), debiendo rechazarse las conclusiones que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado...".

Por último, enlazado con lo anterior, se ha dicho en varias sentencias de esta Sala (SSTS, 678/2008, 867/2004 o 1215/2003, 439/2000) que en este control casacional cabe la revisión de los juicios de inferencia que haya alcanzado el Tribunal del Jurado, pero solo a través del análisis que de esta cuestión haya efectuado el Tribunal de apelación en el caso de que esta cuestión haya dado lugar a un motivo sustentador del previo recurso de apelación; esto es, que el control casacional se debe efectuar sobre la ponderación que sobre esta cuestión haya realizado el Tribunal de apelación en respuesta a las alegaciones del apelante efectuadas contra la sentencia de instancia dictada por el Tribunal del Jurado.

1.4. En el presente supuesto, el Tribunal de apelación desestima la pretensión de la recurrente reflejando que el motivo sólo sustenta el intento de sustituir la convicción del Jurado por una nueva valoración probatoria, lo que resulta inalcanzable en consideración a la naturaleza especial del recurso de apelación en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado precisamente por las funciones encomendadas legalmente a los Jurados. Y lo hace atendiendo precisamente a las mismas objeciones que ahora se expresan y rechazando el recurso por entender que no se aprecia en el fundamento del veredicto una ruptura del hilo lógico entre la prueba practicada y la culpabilidad establecida, concluyendo que la valoración de la prueba realizada por los integrantes del Jurado cumple con los estándares de pluralidad indiciaria y de racionalidad que son exigibles para obtener un posicionamiento sólido.

En concreto, la sentencia de apelación dio respuesta a las mismas objeciones que aquí se han planteado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza en la alzada un alegado error de valoración de la prueba que se hizo descansar en una declaración de la recurrente que negaba (de forma clara y sin contradicciones) haber participado en los hechos objeto de enjuiciamiento; rechazaba también la credibilidad del relato de los coinculpados, por ser confuso y eludir su propia responsabilidad; tachaba además de confusa y poco detallada la declaración del testigo presencial; y, finalmente sustentaba que el testigo presencial no pudo ver nada a la vista de que el agente de policía con carnet profesional NUM000 había reflejado en su testimonio que acudieron al lugar con linternas porque había poca iluminación.

Y al supervisar la valoración probatoria que realizó el Tribunal del Jurado, el Tribunal de apelación reconoce que el veredicto se basa en un juicio lógico y razonable de la prueba practicada.

Empezando por las declaraciones de los coinculpados, y trayendo a colación la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que acudió la recurrente ( SSTS 60/2012, de 8 de febrero; 84/2010, de 18 de febrero; o 1290/2009, de 23 de diciembre, entre otras), destaca que las declaraciones de los coinculpados se han mostrado veraces en cuanto que fueron corroboradas por otros elementos probatorios. Si bien no se produjo una demostración de veracidad de todos los extremos del relato incriminatorio sometido a análisis, particularmente que fuera la recurrente quien acuchilló a Enrique con una de las dos navajas que portaba, sí se confirmaron algunos puntos de la declaración de los coacusados que estaban específica y directamente relacionados con los hechos punibles, esto es, confluyeron otros elementos probatorios que confirmaron la versión de los coacusados sobre la participación de la recurrente en el ataque que desembocó en su muerte ( SSTS 675/2017, de 16 de octubre o 468/2020, de 23 de septiembre).

En concreto, subrayan que el testigo ocular Carmelo afirmó haber presenciado una pelea en la parte posterior de la parroquia Crucifixión del Señor, en la calle Alhambra 60, entre 4 personas. Un "barullo" entre tres hombres y una mujer, con el resultado de un hombre tendido en el suelo; detallando que, además de la persona tendida en el suelo, se encontraban un hombre alto que vestía un abrigo 3/4 de color verde, una mujer con coleta rubia y otra persona que creía que era otro varón, habiendo abandonado los tres asaltantes el lugar bajando las escaleras en dirección a la DIRECCION000.

Valora también el visionado de los vídeos tomados por las cámaras del portal de la DIRECCION000, que no sólo reflejan que tres personas salieron del edificio a la 1:57 horas del día de los hechos, sino que regresaron poco después de acaecidos los hechos (concretamente a las 2:22 horas) al mismo inmueble. Hechos que se ponen en relación con el asesinato en ese momento de Enrique porque a las 2:17 horas se produjo una llamada telefónica desde el teléfono de la recurrente al teléfono de la víctima (folios 109 y 110) y porque la distancia entre el lugar del asesinato y el portal de la DIRECCION000 se puede recorrer en unos dos minutos caminando (testifical del agente n.º NUM000).

Se añaden, además, las actas de reconocimiento videográfico efectuadas por los testigos Enriqueta y Carmelo. La primera identificó entre las personas que salieron y retornaron al edificio a Anton y a la recurrente. Y el segundo aseguró que el individuo del abrigo de color verde y la mujer de la coleta rubia, eran dos de las personas que vio desde la ventana de su casa en el momento de los hechos. Una identificación que aunque no alcanza a la tercera de los acusados, Coral, es suficientemente rotunda desde el momento en que se acompaña del reconocimiento de los tres acusados de que estuvieron presentes cuando se encontraron en esa hora con el fallecido.

Valida el Tribunal de apelación la conclusión del Jurado de que los tres acusados se encontraban en la madrugada del 15 de enero de 2021 en la parte posterior de la Parroquia Crucifixión del Señor, donde se habían citado con la víctima. Y valida también la conclusión del enjuiciamiento de que los tres acusados estuvieron esperando a su víctima unos veinte minutos aproximadamente. No solo por la hora de salida por el portal reflejada en el vídeo, sino la hora a la que Cecilia telefoneó a su víctima por última vez.

Con todo, los jurados, aunque no declaran probado quién apuñaló a Enrique, sí obtienen la conclusión de que contaban con al menos un arma blanca que pertenecía a Cecilia, hecho que fue manifestado por Anton y Coral. Y concluyen también que la muerte se produjo como consecuencia de una emboscada concertada de los tres, en la que en todo momento estuvo presente y participó la recurrente.

Así se deriva de la valoración de la prueba en su conjunto, pero particularmente de que: a) Enrique tenía una deuda con Cecilia como consecuencia de un accidente que había tenido con su vehículo, habiéndole reclamado el pago de los desperfectos y amenazado de muerte si no los abonaba; b) Con carácter previo al encuentro la recurrente efectuó varias llamadas a la víctima, la última cuando estaban en la calle y pocos minutos antes de que los tres acusados se encontraran con él y resultara apuñalado; c) Los tres acusados habían salido juntos del inmueble, llevando puestos unos guantes de látex la recurrente y Coral; d) Los tres admiten conocer que Cecilia tenía un arma blanca; e) tras desplegar un ataque en el que estuvieron los tres acusados (testigo presencial) y en el que el fallecido resultó acuchillado, los tres regresaron juntos al inmueble del que habían salido y lo hicieron con aparente tranquilidad.

Consecuentemente, el que los acusados supieran de las desavenencias entre Cecilia y Enrique, así como de la posesión de un arma por la recurrente; la circunstancia de que todos ellos acudieran a la cita con la víctima a altas horas de la madrugada y en un lugar aislado; el hecho de que acudieran cubriendo sus manos con unos guantes de látex, de utilización insólita salvo para evitar dejar huellas dactilares; el carácter súbito del ataque que se desplegó; y el regreso sincrónico de todos ellos inmediatamente después de perpetrar el ataque, sin que ninguno de ellos procurara un auxilio a la víctima o comunicara los hechos a la policía, aporta los elementos de inferencia que permiten racionalmente al Tribunal del Jurado concluir que todos ellos, aprovechando la confianza que por amistad ofrecían a Enrique, estuvieron de acuerdo en darle cita y aprovechar el encuentro de todos ellos para imponerse y darle muerte.

Y aunque la defensa pone en entredicho el testimonio del testigo presencial, afirmando que no pudo ver nada por las condiciones lumínicas del lugar al momento de los hechos, el Tribunal de apelación niega su aseveración. Destaca que el agente n.º NUM000, instructor del atestado, no hizo la manifestación que pone en su boca la letrada: "él no lo pudo ver". Es cierto que el testigo relató que había poca visibilidad, casi nula, pero desde luego no afirma que no pudiera verlo el testigo presencial. Y de igual manera, tampoco consta que se hiciera ninguna comprobación desde la vivienda el testigo que determinara la imposibilidad de ver lo que relató.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El motivo segundo se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 139.1.1.ª del Código Penal.

La recurrente reprocha que los hechos se hayan calificado como asesinato por concurrencia de la circunstancia de alevosía, afirmando que la prueba practicada no ha acreditado que dieran muerte a Enrique aprovechando su imposibilidad de defensa. En concreto, argumenta que la ausencia de heridas de defensa estuvo determinada por la protección que ofrecían las ropas que vestía la víctima, incluyendo el uso de guantes de invierno. Es más, en reflejo de esa defensa esgrime las fotografías tomadas con ocasión de la práctica de la autopsia, que reflejan una o dos equimosis, según los forenses, sobre el dorso de la mano izquierda del fallecido.

2.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal".

El error de derecho que denuncia no puede entenderse concurrente, pues conforme con el artículo 22.1 del Código Penal "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido" y el relato de hechos probados expresamente proclama que el apuñalamiento aconteció "de forma sorpresiva", "causándole la muerte sin haberle dado oportunidad de repeler la agresión".

En todo caso, pese a la formulación del motivo, la recurrente no plantea que se haya producido un error de subsunción al declararse concurrente esta circunstancia cualificadora del asesinato. Lo que en realidad se esgrime es un quebranto del derecho a la presunción de inocencia por haberse declarado probados los hechos en los que descansa el pronunciamiento del Tribunal del Jurado en este aspecto. En concreto, aduce la ausencia de prueba de cargo que sostenga que los acusados se sirvieran de un ataque sorpresivo para dar muerte a su víctima, asegurándose el resultado sin riesgo para su persona.

Pero tampoco desde esta consideración puede ser atendido el motivo.

2.3. Esta Sala ha declarado que concurre la circunstancia de la alevosía cuando no existe posibilidad alguna de defensa para la víctima, como consecuencia de la manera de realizar la agresión, por sorprenderse al agredido tras haberse ocultado al acecho o en emboscada, o porque se ataca súbita, inesperada y repentinamente a una persona confiada, que no espera el ataque ( STS 1193/1997, de 6 de octubre). De entre los innumerables modos que entrañan una desactivación de la defensa, la Sala ha expresado todos aquellos en los que se aprovecha un acorralamiento de la víctima, propiciado por el número de atacantes ( STS 1153/1997, de 24 de septiembre), el marco físico en el que se desarrolla la acción ( SSTS 541/2008, de 22 de septiembre o 1352/2003, de 21 de octubre) o la carencia por parte del asaltado de armas o de instrumentos adecuados para repeler el ataque ( STS 747/2013, de 10 de octubre). Del mismo modo, hemos contemplado la situación de indefensión, sin riesgo para el atacante, en aquellos supuestos en los que la víctima se encuentra dormida al momento de desplegarse el ataque ( SSTS 1811/2002, de 28 de octubre o 738/2003, de 27 de mayo), o cuando el sujeto activo entra subrepticiamente en el lugar en el que se encuentra su víctima y se arroja sobre ella sin ser oído, particularmente si dormitaba ( SSTS 1475/1997, de 2 de diciembre, 1608/2003, de 28 de noviembre o 117/2013, de 12 de febrero), o en general en todos aquellos supuestos en los que se trata de un ataque rápido y por sorpresa ( SSTS 1144/1997, de 27 de septiembre o 369/2004, de 11 de marzo).

Y en lo que hace referencia a la alegación del recurso, nuestra jurisprudencia ha destacado que la alevosía no exige de la efectiva eliminación de toda manifestación de defensa, sino que basta con que los medios, modos o formas utilizados tengan idoneidad para producirla y que se desplieguen con esa tendencia, lo que supone que no falta la alevosía cuando concurren intentos de defensa y es funcionalmente imposible obtenerla porque los intentos defensivos son una mera reacción instintiva de quien no tiene escapatoria frente a la eficacia de un ataque ejecutado sobre seguro ( STS 895/2011, de 15 de julio). Hemos proclamado que la alevosía no debe ser contemplada desde un plano formal que excluya su concurrencia por la infructuosa reacción autoprotectora de la víctima ( SSTS 5 de mayo de 2020 o 418/2020, de 21 de julio), de modo que la acreditación de señales de defensa no es incompatible con su existencia, pues una cosa es la defensa del ofendido y otra la actividad para su mera autoprotección, que en nada compromete la integridad física de agresor, ni le pone en ninguna clase de riesgo (cfr. SSTS 25/2009, de 22 de enero y 37/2010, de 22 de enero).

2.4. La mencionada doctrina muestra el soporte probatorio de los hechos en los que se ha hecho descansar la alevosía.

Además de que eran tres los agresores y de que se sirvieron de un arma blanca que desdibujaba la posibilidad de un enfrentamiento homogéneo con la víctima, el Jurado consideró que la atacaron de manera súbita e imprevista. No sólo lo infiere del informe médico forense en el que se expresó la inexistencia de heridas de defensa, sino que lo hace también de que los acusados fueron amigos de Enrique y la recurrente pareja del fallecido, lo que les permitió darle cita sin desconfianza; además de que el examen del cadáver mostró que todas las puñaladas se produjeron de forma consecutiva (prueba pericial), describiendo la inspección ocular que existía un único charco de sangre bajo el cadáver, sin aparecer ningún reguero que evidenciara un intento de huida del acusado o que la acción pudiera desarrollarse a lo largo de un amplio espacio del terreno, excluyéndose así que la víctima tuviera la posibilidad casi instintiva de oponerse o reaccionar frente al ataque.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 3.1. El tercer motivo se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 139.1.3.ª del Código Penal, en concreto por aplicación de la circunstancia cualificadora del asesinato de ensañamiento.

En su alegato resalta que la circunstancia del ensañamiento precisa acrecentar el sufrimiento de la víctima de forma consciente y voluntaria, sin que pueda establecerse una correspondencia tajante entre el número de puñaladas y su apreciación. Y concluye afirmando que en el presente supuesto no hay constancia clara en los hechos probados que permita la aplicación de esta agravante.

3.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal".

Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es este un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos.

El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, u obliga a pretender antes su modificación por la vía del error en la apreciación de la prueba ( art. 849.2 LECRIM) o por vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 852 de la ley procesal), pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.

3.3. Nuestra jurisprudencia ya ha destacado que el ensañamiento es un concepto jurídico precisado en la ley que no coincide necesariamente con su concepto coloquial, o incluso gramatical, del término. Decíamos en la STS 775/2005, de 12 de abril, que los Tribunales hemos de sujetarnos a los términos en los que el legislador lo ha definido para determinar si, en el caso concreto sometido a enjuiciamiento, concurre o no la referida circunstancia de agravación o cualificadora del asesinato, bien entendido que el derecho penal español está sujeto al principio de legalidad, de forma que nadie puede ser condenado sino por una conducta tipificada por Ley, previa y cierta, norma jurídica que no podrá ser objeto de interpretación extensiva o aplicación analógica, en contra del reo.

El artículo 139 del Código Penal se refiere al ensañamiento como agravante específica del asesinato con la expresión "aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido" y, por su parte, el artículo 22.5.ª del Código Penal, sin utilizar el término, considera una circunstancia agravante genérica "aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito".

Decíamos en nuestra Sentencia 919/2010, de 14 de octubre, que en ambos casos se hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito (en el asesinato la muerte de la víctima), causa de forma deliberada otros males que exceden a los necesariamente unidos a la acción típica y, por lo tanto, innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, buscando la provocación de un sufrimiento añadido a la víctima. La "maldad brutal sin finalidad" en clásica definición de la doctrina penalista, esto es, males innecesarios causados por el simple placer de hacer daño, lo que supone una mayor gravedad del injusto típico.

Como bien indica la recurrente en su escrito de impugnación, la concurrencia de la circunstancia requiere de dos elementos ( SSTS. 357/2005, de 20 de abril o 713/2008, de 13 de noviembre): uno objetivo, constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, cuando precisamente estos males supongan un aumento del dolor o del sufrimiento de la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado estos actos no directamente dirigidos a la consumación del delito, sino orientados a aumentar el sufrimiento de la víctima ( SSTS 1553/2003, de 19 de noviembre; 775/2005, de 12 de abril); orientación que normalmente tendrá que inferirse de los propios elementos concurrentes en cada caso concreto, pues el sujeto activo del delito no suele exteriorizar su ánimo de incrementar deliberada e innecesariamente el sufrimiento y dolor de su víctima ( STS 147/2007, de 19 de febrero).

Este elemento subjetivo fue considerado en la STS. 1042/2005, de 29 de septiembre, como el "interno propósito de satisfacer instintos de perversidad, provocando, con una conciencia y voluntad decidida, males innecesarios y más dolor al sujeto pasivo", de modo que no se apreciará la agravante si no se da la complacencia con que la agresión aumente el dolor del ofendido ( STS 896/2006, de 14 de septiembre), lo que "no puede ser confundido sistemáticamente con el placer morboso que se pueda experimentar con el sufrimiento ajeno". De este modo, nuestra STS 357/2005, de 20 de abril, con cita STS 2.526/2001, de 2 de enero de 2002, entendió que la apreciación del ensañamiento no vulneraba el derecho a la presunción de inocencia en un caso en que la víctima había recibido, además de las puñaladas de índole mortal, otras meramente lesivas e innecesarias para la producción de la muerte, a lo que el Jurado atribuyó el único propósito de aumentar el sufrimiento.

Es cierto también que esta Sala ha hablado en algunas resoluciones de la necesidad de un ánimo frío, reflexivo y sereno en el autor, como una proposición concreta de ese doble elemento subjetivo (deliberación e inhumanidad), recogiéndose en la STS de 26 de septiembre de 1988, seguida por la de 17 de marzo de 1989 que "el ensañamiento ha de ser necesariamente frío, refinado y reflexivo, no encontrándose en la cólera que hiere o golpea ciegamente y sin cesar", de modo que no ha sido apreciada "cuando las numerosas puñaladas que recibió la víctima no son producto de un ánimo subjetivo perverso y calculado para elevar el sufrimiento de la víctima agredida, sino la expresión de su propósito homicida que ejecuta de forma violenta e incontenida", afirmándose que "resulta secundaria la consideración exclusivamente numérica de las puñaladas inferidas a la víctima" ( STS. 2.469/2001, de 26 de diciembre).

No obstante la más moderna jurisprudencia no exige esa frialdad de ánimo ( SSTS 276/2001, de 27 de febrero; 2.404/2001, de 12 de diciembre o 996/2005, de 13 de julio), pues el desvalor de la acción y del resultado que constituye el fundamento de este elemento del delito de asesinato, cuando va acompañado del otro requisito subjetivo, no puede quedar subordinado al temperamento o modo de ser específico del autor del delito, que es el que determina un comportamiento más o menos frío o reflexivo o más o menos apasionado o acalorado. La mayor antijuridicidad del hecho y la mayor reprochabilidad del autor, que habrían de derivar en ese aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido, nada tienen que ver con esa frialdad de ánimo o con el acaloramiento que la realización del hecho puede producir en el autor del delito. La concurrencia o no del ensañamiento ( STS 775/2005, de 12 de abril), depende en definitiva del conocimiento reflexivo o consciente que se tenga de lo que se está haciendo, debiéndose de entender en ese sentido la exigencia legal de que el aumento de dolor sea "deliberado", esto es, con conocimiento expreso de que el dolor se está produciendo y con voluntad de mantenerlo, haciendo que la víctima pase por él. Del mismo modo, por "inhumano" debe de entenderse cuando el comportamiento causante del daño sea radicalmente impropio del ser humano ( SSTS 1.760/2003, de 26 de diciembre; 1.176/2003, de 12 de septiembre).

Por último, la STS 1232/2006, de 5 de diciembre, recordaba que la agravante de ensañamiento no sólo surge con ocasión de un propósito deliberado y previamente configurado, sino que admitía que el propósito pudiera surgir y ejecutarse en el momento de la comisión de los hechos, siendo lo trascendente "el deseo de causar sufrimientos adicionales a la víctima, deleitándose en la metódica y perversa forma de ejecutar el delito de homicidio, de manera que la víctima experimente dolores o sufrimientos que antecedan a la muerte y que sea un prolegómeno agónico del desenlace final".

3.4. En lo que hace referencia al elemento subjetivo o intencional, entendido como el conocimiento y la voluntad de que se realicen las concretas previsiones de un tipo penal, tanto la jurisprudencia de la Sala como la doctrina científica, no sólo han identificado un dolo de primer grado, en el que el autor busca directamente la consecuencia de su actuación, sino un dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, en el que el resultado, aunque no constituye la aspiración que impulsa y moviliza la actuación principal del autor, es percibido, conocido y aceptado como una consecuencia inseparablemente unida a sus fines. Una inexcusabilidad del resultado que diferencia el dolo de consecuencias necesarias del llamado dolo eventual, en el que el sujeto activo también se representa el resultado desaprobado por la norma y, aspirando a que no se produzca, pese a todo prioriza la consecución de su comportamiento antijurídico y actúa con asunción del riesgo que encierra la acción.

Pese a que en los tres supuestos la intencionalidad se muestra en escala decreciente, las consecuencias penales son idénticas en atención a que el ordenamiento jurídico solo reconoce un dolo, sin perjuicio de la individualización de la pena que el Tribunal pueda efectuar dentro de las previsiones legales en atención a las circunstancias del hecho y la peligrosidad de su autor.

Por ello, como indicábamos en nuestra STS 418/2014, de 21 de mayo, la jurisprudencia actual en relación con el dolo ha evolucionado desde el concepto de dolo clásico como conocimiento y voluntad de la realización del tipo, hacia una concepción del dolo que pone el acento en el peligro que -conscientemente y despreciando el resultado- introduce el autor de la acción en los bienes jurídicamente protegidos. En el indicado pronunciamiento destacábamos como sentencias pioneras de este desplazamiento del elemento volitivo del dolo hacia la consciente puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos, las SSTS de 27 de diciembre de 1982 (Caso Bulto); 23 de abril de 1992 (síndrome tóxico del aceite de colza) y 24 de octubre de 1989 expresando esta última que "...si el autor conocía el peligro concreto jurídicamente desaprobado y si, no obstante, obró en la forma que lo hizo, su decisión equivale a la ratificación del resultado que con diversas...ha exigido la jurisprudencia para la configuración del dolo eventual...".

Hoy día, desde la teoría de la imputación objetiva se ha consolidado esta nueva concepción del elemento subjetivo. No se trata de evaluar si el agente tuvo voluntad de realizar y asumir las consecuencias de su acción, sino si fue consciente del daño que su acción podía infligir al bien jurídico amparado por la norma penal, y si efectivamente, asumiendo la transgresión, continuó actuando sin una corrección impulsada o acorde con su previsión, en cuyo caso le sería atribuible el resultado antijurídico. Como dijimos en la STS de 1 de diciembre de 2004: "...En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho resultado...".

3.5. Considerando que la cualificación del asesinato por ensañamiento se asienta en dar muerte a alguien infligiéndole, conscientemente, un sufrimiento añadido e innecesario para la satisfacción de la intencionalidad homicida (ánimus necandi), el elemento subjetivo se satisface siempre que el autor, con independencia de cuál fuera la crueldad con la que moldeó su plan de ejecución, llegue a conocer que su comportamiento, además de propiciar la muerte de la víctima, aporta una antesala de dolores y sufrimientos objetivamente innecesarios para alcanzar su fin, manteniendo pese a todo su designio y el modo de ejecución desplegado.

La agravación inherente a "Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito", no deriva de una maligna planificación de la muerte, sino de la antijuridicidad y el designio criminal que confluyen en quien da muerte a otro conociendo del salvajismo, la ferocidad y la saña con la que despliega su acción homicida y percibiendo que se está haciendo pasar a la víctima por un atroz sufrimiento que resulta infundado, al apreciarse objetivamente que existían otros modos de acción que, evitando esa crueldad, hubieran permitido cumplir el designio homicida contemplado en el artículo 138 del Código Penal.

La responsabilidad no sólo viene determinada por la directa e intencional búsqueda de un tormento prolegómeno a la muerte, sino que es predicable en aquellos supuestos en los que, sin buscarse, el sujeto activo se representa lo inseparable de su acción con el sufrimiento de su víctima y asume tal causación.

3.6. Lo expuesto conduce a la desestimación del motivo. La sentencia de instancia no sólo sostiene la representación y aceptación del sufrimiento de la víctima por todos los acusados, sino que refleja la plena intención del autor directo de los hechos de generar ese dolor diciendo que "uno de ellos [de los acusados], con el apoyo y beneplácito de los otros dos, le asestó trece puñaladas, una en el abdomen, que resultó mortal, y las otras doce con la intención de aumentar su sufrimiento, causándole la muerte sin haberle dado oportunidad de repeler la agresión".

El motivo se desestima.

CUARTO.-4.1. Su cuarto motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el artículo 21.1 y 7 del Código Penal, en relación con el artículo 20.1 del mismo texto.

Sostiene que tanto los peritos judiciales como los propuestos por la defensa han dictaminado que Cecilia sufría un trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite y que los peritos de la defensa han identificado, además, que sufre un trastorno por dependencia a ansiolíticos e hipnóticos. Y tras analizar los datos del historial médico que hacen ambas conclusiones razonables, considera que concurre la eximente incompleta o atenuante analógica que postuló en la instancia.

4.2. Nuevamente el recurso se formaliza por un cauce procesal incompatible con el alegato.

Ya hemos expresado que el cauce procesal de error iuris que aquí se emplea sólo tiene por objeto analizar el juicio de subsunción de la sentencia a partir de los hechos proclamados por el Tribunal, esto es, que el instrumento casacional presenta como presupuesto la intangibilidad del relato fáctico, una vez superadas las objeciones o establecidas las correcciones que la recurrente haya defendido por otros cauces de impugnación que resulten adecuados al efecto, incluyendo todos los que conducen a supervisar la corrección de los hechos probados.

Consecuentemente, no resulta posible proclamar que debiera haberse apreciado la concurrencia de la circunstancia atenuatoria que reclama cuando el factum no incorpora ninguna descripción de que padeciera una alteración psíquica. Y no lo hace precisamente porque el Jurado concluyó que no estaba probado que Cecilia padeciese un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad que, junto con el exceso en el consumo de fármacos, disminuyese, siquiera levemente, su capacidad para comprender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión.

Y aun contemplando la objeción desde una consideración probatoria, el posicionamiento del Jurado no está carente de respaldo. Como se destaca en la sentencia impugnada, el Jurado otorgó preponderancia al dictamen emitido por los médicos forenses en atención a que, además de haber estudiado el historial médico de la recurrente como hicieron los peritos propuestos por la defensa, mantuvieron una entrevista y reconocimiento de la paciente, habiendo concluido que "en la época de la comisión de los hechos no se cuenta con datos objetivos de suficiente entidad que justifiquen una alteración de las capacidades volitivas e intelectivas del sujeto"; teniendo en cuenta también la videograbación de la noche de los hechos, en la que no apreciaron que la recurrente estuviera bajo los efectos del consumo de fármacos o que su comportamiento y forma de caminar no fueran aparentemente normales, sin que se haya aportado ningún elemento probatorio de que consumiera fármacos en aquella fecha.

El motivo se desestima.

Recurso interpuesto por la representación de la acusada Coral.

QUINTO.- 5.1. Su recurso se estructura sobre tres motivos que, pese a su formulación, se analizarán conjuntamente por responder a un mismo planteamiento.

En el primero y en el tercero denuncia un quebranto de sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, aduciendo que no se ha aportado caudal probatorio suficiente para sostener razonablemente el concierto y participación de la recurrente en los hechos que se enjuician. Lo que se complementa con un segundo motivo en el que, pese a formalizarse por infracción de ley e indebida inaplicación del artículo 451 del Código Penal, lo que pretende es una modificación del factum de la sentencia y que la responsabilidad penal se le exija como autora de un delito de encubrimiento por, a lo sumo, no haber denunciado lo acontecido a la policía. Y lo hace a partir de su propia versión de lo acontecido, en concreto, asegurando que nunca dio importancia a acompañar a los otros dos condenados hasta el lugar de la cita. Solo se dio cuenta de la seriedad de la amenaza cuando vio cómo Cecilia sacó dos navajas de su bolsillo y elegía una de ellas, momento en el que dice haber llamado a Enrique mediante el teléfono de Cecilia, que en ese momento la recurrente tenía consigo, para advertirle que iban a matarle y de que no fuera a la cita. Afirma que cuando Enrique apareció en la zona, los tres se acercaron a él y la recurrente presenció la agresión mortal ejecutada por Cecilia, sin que denunciara a la policía lo ocurrido porque la autora de los hechos le amenazó con matarla si osaba decir algo.

5.2. Ya hemos expresado en el primer fundamento de esta resolución los elementos probatorios por los que el Jurado infirió que los tres acusados adoptaron la decisión conjunta de dar cita a Enrique y apuñalarlo, habiendo intervenido la recurrente no sólo en darle confianza para que acudiera a la emboscada, sino en abordarle entre todos ellos para facilitar la consumación de la agresión con el cuchillo. Unos indicios a los que se añade que la recurrente admite haber conocido, con anterioridad a la agresión, la intención de Cecilia de dar muerte a Enrique por no haberle pagado los desperfectos que éste causó en el coche de aquella y saber también que Cecilia era portadora de la navaja con la que se produjo después el ataque. Y esa valoración se muestra razonable incluso frente a la aseveración de descargo que sostiene la defensa. Solo un concierto de la recurrente con la agresión resulta compatible con que acudiera al lugar donde se produjo el ataque cubriendo sus manos con unos guantes de látex, tal y como la videograbación refleja. Tampoco resulta concordante con la prueba la alegación de la recurrente de que se opuso al desenlace finalmente acaecido y que telefoneó a Enrique para prevenirle de que le iban a matar cuando acudiera al lugar de la cita. Desde un plano especulativo, porque la advertencia hubiera sido normalmente acogida por quien sabía que iba a tener que enfrentarse a dos personas. Pero, en todo caso y de manera más concluyente, porque de haberse producido esa advertencia la recurrente hubiera abandonado el lugar una vez ofrecida la información, pues ninguna amenaza la retenía entonces en el lugar donde se iba a desarrollar la agresión. Por último, además de que el testigo presencial describió un tumulto en el que participaron los tres acusados, la prueba videográfica revela que la recurrente volvió a casa de Cecilia inmediatamente después del asesinato y acompañando tranquilamente a los otros dos acusados, eludiendo cualquier asistencia al herido o la petición de ningún tipo de auxilio médico.

Consecuentemente, el análisis racional de la prueba refleja un concierto en la acción y que la recurrente mantuvo en todo momento un dominio funcional del hecho, habiendo facilitado en la forma que ya se ha expresado, la ejecución abordada por el autor material del apuñalamiento ( SSTS 220/2013, de 21 de marzo; 708/2010, de 14 de julio o 954/2020, de 3 de noviembre, entre muchas otras).

Los motivos se desestiman.

SEXTO.- La desestimación de los recursos conlleva la condena en costas a las recurrentes, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.