Sentencia Penal 678/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 166/2023 de 14 de julio del 2025

1. El Ministerio Fiscal ha recurrido en casación ante este tribunal la sentencia número 539/2022, de 18 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

Al acusado se le condenó en primera instancia por la comisión de un delito de amenazas leves en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 171.4 CP y se le impuso las prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima previstas en el artículo 57.2, en relación con el artículo 48.2 y 3 CP, pero en la sentencia de apelación, estimando parcialmente el recurso interpuesto, se dejó sin efecto la prohibición de acercamiento y comunicación impuesta en la sentencia de primera instancia haciendo uso de la facultad discrecional que el artículo 57.3 CP atribuye al tribunal en caso de delitos leves.

El Ministerio Fiscal en un documentado y brillante informe, después de justificar la existencia de interés casacional al existir resoluciones contradictorias de las Audiencias Provinciales sobre esta cuestión, considera que el delito objeto de condena no es leve, sino menos grave, atendiendo a la penalidad abstracta que le asigna el Código Penal, citando en apoyo de su criterio la sentencia de esta Sala 392/2017, de 31 de mayo, en la que se consideró delito menos grave las amenazas tipificadas en el artículo 171.4, a pesar incluso de que en el caso allí enjuiciado se aplicó el subtipo atenuado del artículo 171.6 imponiendo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 20 días, que es calificada de leve en el artículo 33 CP.

Por tanto, la cuestión se centra en determinar si el delito de amenazas leves en el ámbito familiar del artículo 171.4 CP es leve en función de la gravedad del hecho o, por el contrario, es menos grave en función de la penalidad abstracta que le asigna el Código Penal.

2. El artículo 13 del Código Penal clasifica los delitos en graves, menos graves y leves en función de la pena con que la ley castiga cada delito. Y a tenor del artículo 33.3, apartados a) e i), las penas principales del artículo 171.4 (prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días) son penas menos graves, por lo que desde la perspectiva de la penalidad el delito objeto de condena es menos grave y esa es la conceptuación que debe tener en relación con la aplicación de la pena accesoria de las prohibiciones del artículo 48 CP. Por tanto, siendo el delito menos grave no es aplicable el artículo 51.3, sino el apartado segundo de ese precepto, de forma que la imposición de la prohibición del artículo 48.2 (prohibición de aproximación por tiempo que no exceda de 5 años) no es facultativa sino preceptiva, ya que la citada norma dispone taxativamente que la prohibición de aproximación a la víctima cuando ésta sea una de las personas que el precepto menciona, el juez la "acordará en todo caso".

En efecto, el Código Penal utiliza dos parámetros diferentes para determinar la gravedad de un delito. En algunos tipos penales la gravedad se utiliza para calificar el hecho en función de la intensidad del injusto lo que determina en cada caso la imposición de penas que pueden ser de diferente extensión. Así el delito de amenazas leves en el ámbito familiar del artículo 171.4 CP se castiga con pena menos grave (prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días) pero, en cambio, cualquier otra amenaza distinta de las contempladas en los seis primeros párrafos del citado precepto se castiga con pena leve en el artículo 171.7 (multa de 1 a 3 meses). O, por poner otro ejemplo, las amenazas leves contra personas de la familia real se castigan con pena menos grave en el artículo 490.2 CP (prisión de 1 a 3 años). Por lo tanto, en estos casos la gravedad se predica del hecho por comparación con conductas de la misma naturaleza pero de menor lesividad.

El Código Penal, sin embargo, utiliza también la gravedad definiendo unas categorías generales de los delitos que resultan de utilidad para aplicar las reglas generales del Código, distinguiendo entre delitos graves, menos graves y leves, según estén castigados con penas graves, menos graves y leves (artículos 13 y 33).

Esta clasificación resulta de relevancia para aplicar reglas generales como las establecidas, entre otros, en los siguientes preceptos: artículo 22.8 (antecedentes penales de delitos leves); artículo 53. (responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa que en caso de delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente); artículo 57 (prohibiciones de conducta); artículo 66.2 (libertad en la individualización de las penas impuestas en delitos leves), artículo 80. 2.1º (no cómputo de las penas leves a los efectos de la suspensión de las penas privativas de libertad); artículo 130 (extinción de la pena por perdón del ofendido en delitos leves perseguibles de oficio) y artículo 131 (plazo de prescripción de 1 año para los delitos leves).

En esa misma dirección nos hemos pronunciado en la STS 392/2017, de 31 de mayo. En la citada resolución se afirma que la calificación del delito como grave, menos grave o leve depende de la penalidad abstracta asignada al delito y se señala que no pierde esa consideración por el hecho de que en el caso concreto el tribunal haya considerado el hecho de menor gravedad, en consideración a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho y haya impuesto la pena inferior en grado, por aplicación de la regla sexta del artículo 171 CP. Lo determinante para la calificación de la gravedad del delito es la pena abstracta establecida en el Código, resultando indiferente a estos efectos que se haya impuesto una pena leve como consecuencia de la aplicación de subtipo atenuado, lo que tiene relevancia a efectos de determinar las penas accesorias que se prevén en el precepto que habrán de ser las del artículo 57.2 y no las previstas en el artículo 57.3 referidas a delitos leves

Añade la sentencia que las prohibiciones contempladas en el artículo 57 son unas penas accesorias impropias porque no están vinculadas con la pena principal sino, a diferencia del resto de penas accesorias reguladas en la misma sección del Código, no se trata de restricciones inherentes a la imposición de otras sanciones sino que su aplicación deriva de la condena por determinados delitos.

En nuestro caso ese criterio conduce a considerar que la prohibición de aproximación no es facultativa, según los términos del artículo 57.3, que no es aplicable, sino preceptiva conforme a las previsiones del artículo 57.2.

Por lo tanto, la impugnación del Ministerio Fiscal debe ser estimada. Las amenazas leves en el ámbito familiar, tipificadas en el artículo 171.4 CP son un delito menos grave, siendo de aplicación preceptiva, conforme al artículo 57.2 CP, la prohibición de aproximación a la víctima establecida en el artículo 48.2 CP.

3. Estimándose el recurso procede declarar de oficio las costas procesales causadas, a tenor de las previsiones establecidas en el artículo 901 de la LECrim.