Sentencia Penal 12/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10305/2025 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Ramón, el auto número de fecha 7 de febrero de 2025, dictado por la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid en la Ejecutoria Penal núm. 18/2022 (Procedimiento Abreviado 162/2021), donde le deniega la acumulación de penas, impuestas en los siguientes procedimientos:

Formula un solo motivo, por virtud de lo dispuesto en el art. 849.1º LECrim, por pura infracción de ley, por vulneración de precepto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 76 y 138 del Código Penal.

Argumenta que se ha infringido el artículo 76 del Código penal al tratar la refundición de condenas solicitada toda vez que una de estas condenas la ha sufrido el Recurrente desde otro País, en el que además no se respetan las mínimas condiciones de garantía y seguridad jurídicas a la hora de enjuiciar a acusados, Venezuela; que en cualquier caso, en esa Sentencia fue condenado por un supuesto delito de feminicidio agravado, figura delictiva que no tiene su equivalente en el Código Penal Español; y por tanto debió aplicarse la pena prevista para el homicidio común, ex artículo 138 del código Penal Español, también infringido y cuya penalidad es de un máximo de 15 años; de manera que la aplicación de estos dos preceptos penales pueden suponer una refundición de condenas más favorable al reo que la que ha aplicado el Auto recurrido, al proceder una pena máxima a imponer al recurrente la de 20 años de prisión.

SEGUNDO.-Efectivamente la condena que ejecuta la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue impuesta en Venezuela. Aunque de manera reduccionista se alude únicamente a un delito de feminicidio, en realidad, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en funciones de control de ejecución) de Edo, Zulia, Maracaibo, de 2 de julio de 2015, condena a penas de prisión por tres delitos:

i) Feminicidio agravado: 29 años; reducido en un tercio, por admisión de los hechos: 19 años y 4 meses.

ii) Simulación de hecho punible: 4 meses; reducido en ese tercio: 2 meses y 20 días.

iii) Asociación para delinquir: 4 años: reducido en el tercio: 2 años 8 meses.

De manera que el cuadro de ejecutorias, sería:

Si bien sobre esa condena procedente de Maracaibo, no es dable realizar modificación alguna. En primer lugar, porque no cabe dentro del escaso margen de un incidente de acumulación cuestionar el contenido de la ejecutoria, sea nacional o extranjera; y por otra parte, porque se ejecuta por la Audiencia Nacional, es en virtud del Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de octubre de 1994, cuyo artículo 9.1 establece:

El penado continuará cumpliendo en el Estado receptor la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado receptor, sin necesidad de exequátur.

En ningún caso puede modificarse, por su naturaleza o por su duración, la pena o medida de seguridad privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

El recurrente, fue informado expresamente de que la ejecución en España de la condena impuesta en Venezuela, no fuese alterada en ninguno de sus términos, era la posibilidad legal ordinaria, pese a lo cual, interesó el traslado.

Por ende, no resulta viable, modificar la extensión de la pena impuesta en la ejecutoria venezolana, con independencia que de lo que se describe es el asesinato de su esposa concertado con terceros, a los que abonó precio, que se ejecutó en forma alevosa (orificio circular de siete milímetros, situado a nivel do retro auriculares derecha a cero como cinco centímetros del pabellón auricular, que corresponde a entrada de proyectil -bala- con cintilla de contusión, de bordes Invertidos, trayecto derecha a izquierda, atrás adelante, arriba abajo...), donde la pena conminada en nuestro ordenamiento, en su umbral máximo alcanza los veinticinco años.

TERCERO.-Establecido la anterior, aunque el requisito cronológico entre ambas ejecutorias, lo posibilita, el límite máximo de cumplimiento, concorde el art. 76.1.b), sería de 30 años, al haber sido condenado por dos delitos y uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años; de manera que resultaría perjudicial para el reo.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se impondrán a la parte recurrente.

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Ramón, el auto número de fecha 7 de febrero de 2025, dictado por la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid en la Ejecutoria Penal núm. 18/2022 (Procedimiento Abreviado 162/2021), donde le deniega la acumulación de penas, impuestas en los siguientes procedimientos:

Formula un solo motivo, por virtud de lo dispuesto en el art. 849.1º LECrim, por pura infracción de ley, por vulneración de precepto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 76 y 138 del Código Penal.

Argumenta que se ha infringido el artículo 76 del Código penal al tratar la refundición de condenas solicitada toda vez que una de estas condenas la ha sufrido el Recurrente desde otro País, en el que además no se respetan las mínimas condiciones de garantía y seguridad jurídicas a la hora de enjuiciar a acusados, Venezuela; que en cualquier caso, en esa Sentencia fue condenado por un supuesto delito de feminicidio agravado, figura delictiva que no tiene su equivalente en el Código Penal Español; y por tanto debió aplicarse la pena prevista para el homicidio común, ex artículo 138 del código Penal Español, también infringido y cuya penalidad es de un máximo de 15 años; de manera que la aplicación de estos dos preceptos penales pueden suponer una refundición de condenas más favorable al reo que la que ha aplicado el Auto recurrido, al proceder una pena máxima a imponer al recurrente la de 20 años de prisión.

SEGUNDO.-Efectivamente la condena que ejecuta la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue impuesta en Venezuela. Aunque de manera reduccionista se alude únicamente a un delito de feminicidio, en realidad, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en funciones de control de ejecución) de Edo, Zulia, Maracaibo, de 2 de julio de 2015, condena a penas de prisión por tres delitos:

i) Feminicidio agravado: 29 años; reducido en un tercio, por admisión de los hechos: 19 años y 4 meses.

ii) Simulación de hecho punible: 4 meses; reducido en ese tercio: 2 meses y 20 días.

iii) Asociación para delinquir: 4 años: reducido en el tercio: 2 años 8 meses.

De manera que el cuadro de ejecutorias, sería:

Si bien sobre esa condena procedente de Maracaibo, no es dable realizar modificación alguna. En primer lugar, porque no cabe dentro del escaso margen de un incidente de acumulación cuestionar el contenido de la ejecutoria, sea nacional o extranjera; y por otra parte, porque se ejecuta por la Audiencia Nacional, es en virtud del Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de octubre de 1994, cuyo artículo 9.1 establece:

El penado continuará cumpliendo en el Estado receptor la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado receptor, sin necesidad de exequátur.

En ningún caso puede modificarse, por su naturaleza o por su duración, la pena o medida de seguridad privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

El recurrente, fue informado expresamente de que la ejecución en España de la condena impuesta en Venezuela, no fuese alterada en ninguno de sus términos, era la posibilidad legal ordinaria, pese a lo cual, interesó el traslado.

Por ende, no resulta viable, modificar la extensión de la pena impuesta en la ejecutoria venezolana, con independencia que de lo que se describe es el asesinato de su esposa concertado con terceros, a los que abonó precio, que se ejecutó en forma alevosa (orificio circular de siete milímetros, situado a nivel do retro auriculares derecha a cero como cinco centímetros del pabellón auricular, que corresponde a entrada de proyectil -bala- con cintilla de contusión, de bordes Invertidos, trayecto derecha a izquierda, atrás adelante, arriba abajo...), donde la pena conminada en nuestro ordenamiento, en su umbral máximo alcanza los veinticinco años.

TERCERO.-Establecido la anterior, aunque el requisito cronológico entre ambas ejecutorias, lo posibilita, el límite máximo de cumplimiento, concorde el art. 76.1.b), sería de 30 años, al haber sido condenado por dos delitos y uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años; de manera que resultaría perjudicial para el reo.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se impondrán a la parte recurrente.

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Ramón, el auto número de fecha 7 de febrero de 2025, dictado por la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid en la Ejecutoria Penal núm. 18/2022 (Procedimiento Abreviado 162/2021), donde le deniega la acumulación de penas, impuestas en los siguientes procedimientos:

Formula un solo motivo, por virtud de lo dispuesto en el art. 849.1º LECrim, por pura infracción de ley, por vulneración de precepto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 76 y 138 del Código Penal.

Argumenta que se ha infringido el artículo 76 del Código penal al tratar la refundición de condenas solicitada toda vez que una de estas condenas la ha sufrido el Recurrente desde otro País, en el que además no se respetan las mínimas condiciones de garantía y seguridad jurídicas a la hora de enjuiciar a acusados, Venezuela; que en cualquier caso, en esa Sentencia fue condenado por un supuesto delito de feminicidio agravado, figura delictiva que no tiene su equivalente en el Código Penal Español; y por tanto debió aplicarse la pena prevista para el homicidio común, ex artículo 138 del código Penal Español, también infringido y cuya penalidad es de un máximo de 15 años; de manera que la aplicación de estos dos preceptos penales pueden suponer una refundición de condenas más favorable al reo que la que ha aplicado el Auto recurrido, al proceder una pena máxima a imponer al recurrente la de 20 años de prisión.

SEGUNDO.-Efectivamente la condena que ejecuta la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue impuesta en Venezuela. Aunque de manera reduccionista se alude únicamente a un delito de feminicidio, en realidad, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en funciones de control de ejecución) de Edo, Zulia, Maracaibo, de 2 de julio de 2015, condena a penas de prisión por tres delitos:

i) Feminicidio agravado: 29 años; reducido en un tercio, por admisión de los hechos: 19 años y 4 meses.

ii) Simulación de hecho punible: 4 meses; reducido en ese tercio: 2 meses y 20 días.

iii) Asociación para delinquir: 4 años: reducido en el tercio: 2 años 8 meses.

De manera que el cuadro de ejecutorias, sería:

Si bien sobre esa condena procedente de Maracaibo, no es dable realizar modificación alguna. En primer lugar, porque no cabe dentro del escaso margen de un incidente de acumulación cuestionar el contenido de la ejecutoria, sea nacional o extranjera; y por otra parte, porque se ejecuta por la Audiencia Nacional, es en virtud del Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de octubre de 1994, cuyo artículo 9.1 establece:

El penado continuará cumpliendo en el Estado receptor la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado trasladante, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado receptor, sin necesidad de exequátur.

En ningún caso puede modificarse, por su naturaleza o por su duración, la pena o medida de seguridad privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

El recurrente, fue informado expresamente de que la ejecución en España de la condena impuesta en Venezuela, no fuese alterada en ninguno de sus términos, era la posibilidad legal ordinaria, pese a lo cual, interesó el traslado.

Por ende, no resulta viable, modificar la extensión de la pena impuesta en la ejecutoria venezolana, con independencia que de lo que se describe es el asesinato de su esposa concertado con terceros, a los que abonó precio, que se ejecutó en forma alevosa (orificio circular de siete milímetros, situado a nivel do retro auriculares derecha a cero como cinco centímetros del pabellón auricular, que corresponde a entrada de proyectil -bala- con cintilla de contusión, de bordes Invertidos, trayecto derecha a izquierda, atrás adelante, arriba abajo...), donde la pena conminada en nuestro ordenamiento, en su umbral máximo alcanza los veinticinco años.

TERCERO.-Establecido la anterior, aunque el requisito cronológico entre ambas ejecutorias, lo posibilita, el límite máximo de cumplimiento, concorde el art. 76.1.b), sería de 30 años, al haber sido condenado por dos delitos y uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años; de manera que resultaría perjudicial para el reo.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se impondrán a la parte recurrente.