Sentencia Penal 866/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 11429/2023 de 16 de octubre del 2024

PRIMERO.- 1.1.- Ciertamente, la primera cuestión que ha de resultar objeto de análisis, tomando en cuenta además las observaciones que realiza al respecto el Ministerio Público, se refiere a si la resolución que ahora quiere impugnarse resulta susceptible de ser recurrida en casación. Poco aporta, en este sentido, el recurso interpuesto cuando se limita, por lo que a este particular respecta, a señalar como norma habilitante que autorizaría la interposición del recurso de casación el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho precepto establece que: "Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada". Habida cuenta de que nos encontramos aquí ante un auto dictado por un Juzgado de lo Penal, fácilmente se comprenderá que para que el mismo pudiera ser recurrido en casación sería precisa la existencia de un precepto legal que así lo autorizara. Omite quien ahora recurre identificar el precepto legal habilitante.

1.2.- La Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina, en su número 8, que contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.

1.3.- En el caso, la resolución ahora recurrida fue dictada por un Juzgado de lo Penal, de conformidad con lo previsto en la referida Disposición Adicional, número 2, segundo párrafo, sin que se advierta razón bastante para excluir, en tales casos, la posible interposición de un recurso para la unificación de doctrina en esta materia.

1.4.- Como en múltiples oportunidades ha tenido oportunidad de señalar este Tribunal Supremo, por todos en nuestro reciente auto de 30 de mayo de 2024 (recurso 21115/2023): <

Puede interponerse este recurso contra los autos de las Audiencias Provinciales o de la Audiencia Nacional en materia penitenciaria, en los que se resuelvan recursos de apelación que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver estos recursos en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por resoluciones precedentes a la impugnada. Son requisitos de este recurso:

a) La identidad del supuesto legal de hecho.

b) La identidad de la norma jurídica aplicada.

c) La contradicción entre las diversas interpretaciones de dicha norma. Y,

d) La relevancia de la contradicción para la decisión de la resolución recurrida.

El recurso de casación para la unificación de la doctrina en el ámbito penitenciario: a) No es una tercera instancia. b) Han de respetarse siempre los presupuestos fácticos fijados por el Tribunal a quo. Y, c) No cabe apreciar contradicción en la aplicación de la norma: i) cuando ello dependa de comportamientos individualizados, informes o diagnósticos personales y ii) cuando las decisiones judiciales respeten el margen de discrecionalidad que la propia norma establezca o permita.

La finalidad de este recurso, sintetizan las SSTS 105/2016, de 18 de febrero, y 541/2016, de 17 de junio, es asegurar la unidad del orden normativo jurídico- penal, en materia penitenciaria, para tutelar una aplicación de las normas que garanticen óptimamente el derecho de igualdad. Al decidir este recurso de unificación de doctrina, el Tribunal Supremo no tiene necesariamente que optar por una u otra doctrina legal aplicada por los órganos jurisdiccionales en conflicto, sino que puede resolver también la controversia mediante una tercera interpretación que tenga por procedente, indicando que ésa es la interpretación del precepto legal cuestionado y la doctrina legal que resulta aplicable.

En consecuencia, no podrán cuestionarse ante esta Sala Casacional los propios hechos que se hayan declarado probados o sobre los cuales se haya aplicado el derecho penitenciario, quedando eliminado cualquier intento de controversia que sobre los mismos pretendan las partes suscitar. El objeto de este recurso lo será exclusivamente la doctrina aplicada por los órganos jurisdiccionales en el caso sometido al control casacional de esta Sala, de modo que su objeto es la unificación de doctrina, para lo que habrán de concurrir dos requisitos: uno, de identidad de supuesto legal de hecho y de fundamentación jurídica, y otro de contradicción en la aplicación de la doctrina legal por los órganos judiciales de procedencia.

El resultado será la unificación de tal doctrina, que es el objeto del recurso y la misión de esta Sala al resolverlo. No se trata, pues, de controlar la subsunción jurídica llevada a cabo por el Tribunal de instancia en el caso concreto que haya sido sometido a su consideración, sino verificar que ante situaciones sustancialmente iguales se han producido respuestas divergentes que han de ser unificadas por este Tribunal. De modo que nunca podrá convertirse este recurso para la unificación de doctrina en materia penitenciaria, en una tercera instancia, en donde las partes pretendan hacer valer de nuevo sus pretensiones divergentes con lo resuelto en la instancia>>.

SEGUNDO.- La relevancia de la cuestión que es aquí sometida a consideración por el recurrente, en relación con la evidente trascendencia que la misma proyecta sobre el derecho a la libertad ( artículo 17 de la Constitución española) y sobre el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (artículo 14), abogan por recomponer formalmente la presentación de la queja, reconduciéndola a sus cauces legales, pero sin dejar, al socaire de consideraciones puramente formales, de resolver la cuestión que, con entidad bastante, aquí se formula.

Así, es cierto que lo interpuesto por la parte fue un recurso de casación, --llegando a invocar incluso un motivo por quebrantamiento de forma--, y no un recurso para la unificación de doctrina penitenciaria. Y es cierto también que a lo largo de su discurso no identifica la parte resolución jurisdiccional alguna de contraste, más allá de referirse al entendimiento que sobre la cuestión controvertida sostiene la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2015. En todo caso, este Tribunal Supremo, por todas en nuestra sentencia número 425/2022, de 29 de abril, tuvo también oportunidad de señalar al respecto: <<[L]as resoluciones que se contraponen no son Autos interpretativos de las normas que regulan la revocación de la libertad condicional y que hayan sido dictados en apelación por alguna Audiencia Provincial,... En todo caso, las cuestiones que suscita el recurrente sobre la libertad condicional pueden ser abordadas en su fondo sin acogernos al óbice ... pues, como aduce el Ministerio Fiscal en su impugnación al recurso, existen resoluciones de las Audiencias Provinciales y de esta misma Sala que hacen referencia al régimen transitorio de la libertad condicional>>.

Despejados así los obstáculos procesales que pudieran impedirlo, corresponde ahora profundizar en la cuestión que se nos somete aquí a consideración.

TERCERO.- 3.1.- Con fecha 25 de febrero de 2020, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de la Comunidad Valenciana, dictó auto por el que acordaba la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión, otorgando la libertad condicional al penado Olegario.

3.2.- El día 20 de enero de 2021, ese mismo órgano jurisdiccional resolvió revocar la libertad condicional, ordenando que debía "procederse a la ejecución de la parte de la pena pendiente desde que se hizo efectiva la misma, no siéndole computado como tiempo de cumplimiento de condena el tiempo transcurrido en libertad condicional".

Dicha resolución, debidamente notificada a las partes, ganó firmeza.

3.3.- El día 10 de abril de 2023, el penado remitió instancia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria solicitando que se procediera a una nueva liquidación de condena en la que se computara el periodo disfrutado en situación de libertad condicional como parte del cumplimiento de las penas pendientes.

3.4.- Frente a dicha resolución, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dictó auto de fecha 18 de mayo de 2023 por cuya virtud se resolvía no haber lugar a admitir la solicitud del interno, al considerar que la libertad condicional se acordó conforme a la legislación vigente en la fecha de su concesión (25 de febrero de 2020), sin que el condenado recurriese dicha decisión, acogiéndose al respecto la resolución al instituto de la cosa juzgada. Recurrido dicho auto en reforma, la misma fue desestimada por auto de fecha 19 de junio de 2023, "por los propios fundamentos de la resolución recurrida", admitiéndose el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario.

3.5.- El referido recurso de apelación fue desestimado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta, por auto de fecha 4 de agosto de 2023, aduciendo, en síntesis, que el auto por el que se revocó la libertad condicional previamente concedida, de fecha 20 de enero de 2021, ya determinaba en su parte dispositiva que el período transcurrido en libertad condicional no sería computado para el cumplimiento de la pena. Resolución, debidamente notificada, con la que el condenado se aquietó. Invocaba igualmente la autoridad de la cosa juzgada, aunque, en este caso, no ya en relación con el auto que acordaba la libertad condicional, sino respecto al que la revocaba.

CUARTO.- 4.1.- La institución de la cosa juzgada, orientada a garantizar el relevante principio de seguridad jurídica, ha de ser interpretada de manera flexible, particularmente en el ámbito de la ejecución de las penas, máxime cuando, como aquí, pudiera hallarse en juego el derecho a la libertad. Es por esta razón que, por ejemplo, este mismo Tribunal Supremo viene admitiendo que, ante el surgimiento de nuevas condenas, entonces no tenidas en cuenta, resulte factible reconsiderar una nueva acumulación jurídica de las mismas, por mucho que la resolución inicial hubiera sido consentida por el propio penado.

Incluso, con relación a los razonamientos que se contienen en el auto dictado aquí por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, nuestra ya citada sentencia número 425/2022, de 29 de abril, observaba: <

No obstante, como también admite el Ministerio Fiscal, no puede considerarse que la decisión concediendo al penado la libertad condicional resultara desfavorable con relación a su situación de prisión que padecía, de suerte que no resultaba exigible que el recurso se interpusiera a los solos efectos de discrepar de la aplicación de un régimen regulatorio que no introducía todavía ningún gravamen tangible. Se muestra lógico que en estos supuestos se acoja el cambio decidido por el Juez y que la discrepancia se articule cuando la regulación normativa que se aplica conduzca efectivamente a los resultados de los que el justiciable discrepa. Es esta la decisión que genera el gravamen y la que se ofrecerá como objeto de impugnación por las razones que puedan llegar a sustentar la disconformidad, sin que pueda asumirse tampoco que las normas de orden público reguladoras de la liquidación de condena puedan desactivarse de futuro por la posición procesal del penado en un momento determinado o, incluso, por la estrategia procesal que haya desplegado su letrado al recurrir o no recurrir la decisión primitiva>>.

4.2.- Ciertamente, más atendibles podrían resultar los argumentos contenidos en el auto que aquí se impugna, el dictado por el Juzgado de lo Penal, en la medida en que la resolución que acordaba revocar la libertad condicional ya dejaba establecido en su parte dispositiva que el período disfrutado en dicha situación no se computaría, conforme a la regulación resultante de la reforma de 2015, como de cumplimiento de la pena. Dicha resolución contenía ya el gravamen en su pronunciamiento. Pudo y debió ser recurrida por la parte disconforme que, sin embargo, se aquietó con la misma. Ello no obstante, como ya se ha explicado, se trata de una cuestión vinculada al orden público, en su más irreductible núcleo, -- el derecho a la libertad--, que no puede quedar al albur, para consolidarse definitivamente, de la pasividad de la propia parte que, tal vez, no advirtió sus verdaderas y reales consecuencias perjudiciales o, por cualquier otro motivo, no acertó entonces a impugnarla. Lo cierto es que el penado interesó se efectuara una nueva liquidación de condena, al considerar que, siendo los hechos y la sentencia condenatoria anteriores a la reforma legal de 2015, era el régimen entonces previsto para disciplinar la libertad condicional, inequívocamente más favorable, el que debería resultarle de aplicación, computándose así como período de cumplimiento el transcurrido durante el disfrute de su libertad condicional hasta la revocación de la misma.

QUINTO.- 5.1.- Nuevamente debemos reproducir aquí los razonamientos que ya se contenían en nuestra reciente sentencia número 425/2022, de 29 de abril, resolviendo, precisamente, un recurso en unificación de doctrina penitenciaria. Dicha resolución señalaba que son varios los extremos que endurecen el régimen de la libertad condicional tras la reforma de 2015, entre ellos: <<[E]l mecanismo de cómputo del tiempo pasado en libertad para los supuestos en los que el beneficio es revocado. Mientras que el artículo 93.1 de la regulación anterior contemplaba la libertad condicional como un último grado de ejecución de la pena privativa de libertad y establecía que el tiempo pasado en libertad condicional computaba como de cumplimiento con independencia de que se revocara el beneficio, el vigente artículo 90.6 contempla la libertad condicional como un periodo de suspensión de la ejecución, de suerte que el tiempo transcurrido en libertad condicional no computa como tiempo de cumplimiento de la condena si el beneficio fuera revocado y no se ha alcanzado la remisión definitiva de la condena>>.

Al respecto, ya la resolución citada venía a recordar la doctrina de esta Sala (recogida también en la STS 380/2021, de 5 mayo), cuando determina que para la libertad condicional deberá aplicarse la legislación vigente al momento en que los hechos tuvieron lugar, salvo que la regulación introducida por la LO 1/2015 resulte más favorable para el penado, lo que no puede predicarse en el presente supuesto desde el momento en que la nueva regulación obliga al penado a cumplir el tiempo pasado en libertad condicional cuando esta sea revocada, mientras que la legislación vigente a la fecha de comisión del delito establecía en su artículo 93.1 que: "El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al sujeto para cumplir su condena. Si en dicho periodo el reo delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad concedida, y el penado reingresará en prisión en el período o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional".

5.2.- Así las cosas, es claro que el recurso debe ser estimado, habida cuenta de que, habiéndose cometido los hechos enjuiciados con anterioridad a la reforma de 2015, que modifica las exigencias y caracteres de la libertad condicional, recaída también la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta con anterioridad a esa fecha, la revocación posterior de aquélla, conforme a la expuesta doctrina de esta Sala, determina que el período transcurrido en libertad condicional deba computarse como de cumplimiento de la pena de conformidad con la legislación, más favorable, vigente al tiempo de ser cometidos los hechos, que no ha experimentado, por lo que respecta a la calificación jurídica de los hechos enjuiciados, modificación sustantiva alguna.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas devengadas como consecuencia de este recurso.