Sentencia Penal 850/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 29/2023 de 16 de octubre del 2025

1. Antecedentes

Se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia número 658/22, de 7 de noviembre de 2022, que absolvió al acusado del delito contra la seguridad vial por el que había sido condenado en la sentencia de primera instancia.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Granollers condenó al acusado por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468 del Código penal, por conducir un vehículo después de haber cumplido una condena de privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo de 32 meses pero sin haber realizado con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, conforme al artículo 73 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

La sentencia condenatoria fue recurrida y la Audiencia Provincial dictó sentencia absolutoria por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito de quebrantamiento, sino delito contra la seguridad del artículo 368.2 CP pero, no habiéndose formulado acusación por ese tipo penal y por exigencias del principio absolutorio, dejó sin efecto la condena.

Disconforme con este último pronunciamiento el Ministerio Fiscal ha interpuesto el recurso de casación que ahora examinamos por entender que los hechos son típicos, que encajan en la figuran del quebrantamiento de condena y que, por lo mismo, procede anular la sentencia recurrida, confirmando el pronunciamiento de la resolución del Juzgado de lo Penal.

2. La cuestión a determinar, que tiene un alcance general, es si la conducción de un vehículo, una vez cumplida una condena de privación a conducir vehículos de motor por tiempo superior a dos años y sin haber superado con aprovechamiento el curso de sensibilización y reeducación vial previsto en el artículo 73 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, es o no delito y, en caso positivo, qué delito es.

Se plantean cuatro posibles escenarios: a) Delito contra la seguridad vial del artículo 384, apartado primero del Código Penal; b) Delito contra la seguridad vial del artículo 384, apartado segundo; c) Delito de quebrantamiento de condena del artículo 468 CP y d) atipicidad de la conducta.

2.1 La conducta no puede subsumirse en el apartado primero del artículo 384 CP porque en ese precepto se sanciona la conducción "en caso de pérdida de puntos asignados legalmente". Exigencias elementales del principio de tipicidad imponen la obligación de sancionar penalmente las conductas tipificadas y en este caso es evidente que el referido tipo penal se refiere exclusivamente a la conducción cuando el sujeto ha sido privado de los puntos asignados al permiso de conducir. No puede extenderse la sanción a otra conducta diferente.

2.2 Tampoco puede subsumirse en el párrafo segundo del artículo 384 CP que prescribe la misma sanción a quien "realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción".

En la sentencia impugnada se hace alusión a la sentencia de esta Sala número 510/2022, de 25 de mayo, para afirmar que la conducta podría subsumirse en el artículo 384, párrafo segundo, sin hacer tampoco una afirmación categórica al respecto. No obstante, la citada sentencia carece de valor como precedente dado que no se pronunció sobre la calificación jurídica de los hechos por problemas derivados de la técnica casacional, limitándose a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia impugnada.

El artículo que comentamos utiliza el concepto de "privación cautelar o definitiva" del permiso" que es un concepto normativo desconocido en el Código Penal dado que cuando se impone como sanción la prohibición de conducción el Código utiliza o la dicción "pérdida de vigencia" (art. 384, párrafo primero) o la de "privación del derecho a conducir" (artículos 379, 380 y 381).

Si acudimos al artículo 47.1 CP, que establece los efectos generales de las penas privativas de derecho, se establece que "la imposición de la pena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia" y en el artículo 47.3 CP se prescribe que "cuando la pena impuesta lo fuere por tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte respectivamente".

Algunas posiciones doctrinales consideran que la pérdida de vigencia es equivalente a la pérdida definitiva, pero tanto el artículo 384, párrafo segundo utiliza los dos conceptos de forma diferenciada, lo que debe tener incidencia en la interpretación de la norma.

Se utiliza como argumento justificativo de esa equiparación lo previsto en el artículo 73.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al disponer que "El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal , al haber sido condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la condena, un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 71.2 para la pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los puntos asignados".

Sin embargo adviértase que el precepto no utiliza la expresión "pérdida definitiva" del permiso sino "pérdida de vigencia", que debe entenderse como una pérdida temporal ya que aunque la norma diga que con la superación del curso se obtendrá un nuevo permiso, a continuación precisa que será "de la misma clase y de la misma antigüedad", es decir, se rehabilitará el permiso que tenía el conductor.

No hay, por tanto, base normativa para identificar pérdida definitiva con pérdida de vigencia y esa es la razón por la que la propia Fiscalía General del Estado, en su Circular 10/2011, de 17 de noviembre, consideró que no eran términos equiparables señalando que, de un lado, sería contradictorio que se sancionara con la pérdida definitiva del permiso a quien hubiera sido privado cautelarmente sin imponer la misma sanción a quien hubiera sido privado por tiempo inferior a dos años y, de otro, que la condición de pérdida definitiva atiende a la declaración efectuada en sentencia por lo que sólo si ésta así lo dispusiere habrá pérdida definitiva. En otro caso, habrá pérdida de vigencia que es un concepto normativo diferente y que supone la pérdida limitada al tiempo establecido en la correspondiente sentencia condenatoria.

Por último y desde la perspectiva de la antijuridicidad material, no parece razonable equiparar a efectos punitivos a quien ha sido reiteradamente sancionado en vía administrativa y pierde la totalidad de los puntos asignados a su licencia o a quien nunca ha tenido permiso de conducir y pese a ello conduce frente a quien, habiendo acreditado tener capacidad para conducir vehículos de motor y es sancionado, ha cumplido íntegramente la sanción y conduce sin haber realizado el curso de sensibilización, impuesto por la normativa administrativa. Ciertamente esa conducta es reprochable pero su gravedad no parece equiparable a las otras dos situaciones a las que se refiere el artículo 384 CP.

2.3 Precisamente porque es reprochable la conducta el Ministerio Fiscal sostiene en su recurso, como también lo hacía en la citada Circular 10/2011, que esa clase de hechos podrían subsumirse en el delito de quebrantamiento de condena. Se propugna una solución intermedia que pretende sancionar penalmente de forma más benigna a quien no supera el curso de sensibilización, excluyendo equiparar ese incumplimiento al de las otras conductas del artículo 384 CP.

Entiende el Ministerio Público que el incumplimiento de la obligación de superar el curso de sensibilización participa de la naturaleza de una pena accesoria, en tanto que la pena principal (pérdida del permiso de conducir por tiempo superior a dos años) ya ha sido cumplida y ejecutada, por lo que ese incumplimiento es subsumible en el delito de quebrantamiento.

Sin embargo, hay un problema insoluble para ese encaje y es que el curso de sensibilización no forma parte de la condena penal. El Código Penal no establece la obligación de superar ese curso como pronunciamiento de condena. La superación del curso es una exigencia adicional de naturaleza administrativa que viene impuesta por el artículo 73.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y esa es la razón por la que el propio Ministerio Público condiciona la punición a que exista un requerimiento específico a la realización del curso, lo que originaría la inaceptable solución de que la conducta sería punible en función de que exista o no ese requerimiento que, en cualquier caso, el tribunal no viene obligado a hacer porque no forma parte del pronunciamiento de condena.

Sería necesario para proceder a la condena de esta conducta una modificación legislativa que superase los problemas de tipicidad que advertimos en la actual regulación del Código Penal por lo que la conducta enjuiciada es atípica y no susceptible de condena, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Consecuentemente, el recurso se desestima.

3. Se declaran de oficio las costas procesales causadas.