Sentencia Penal 849/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2467/2022 de 16 de octubre del 2025

1. Primer motivo al amparo del artículo 852 de la LECrim por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la motivación de la sentencia

1.1 La acusación particular ha recurrido en casación la sentencia 2/2022, de 21/02/2022, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 276/2021, de 26/10/2021, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, absolvió al condenado del delito de revelación de secretos, manteniendo la condena por delito de intrusismo.

En el primer motivo del recurso se reprocha a la sentencia de apelación que no haya modificado el relato de hechos probados de la sentencia de instancia y que, pese a ello, haya absuelto al acusado del delito de revelación de secretos.

Se alega que en los hechos probados de la sentencia se hace mención explícita al contenido de las carpetas a las que accedió el acusado. Así, en el factum se declara que "valiéndose de la contraseña que, previamente había obtenido en junio con la ayuda de pendrive que introdujo en el equipo informático, logró acceder a todo su contenido". Y en sede de fundamentación jurídica se declara que "el acceso del acusado al contenido privado del ordenador ubicado en la enfermería de la residencia Buenos Aires llevado el día 11/10/2018, así como su uso habitual y exclusivo del mismo por parte de la enfermera Soledad tanto para elaborar plantillas como principalmente para usarlo como su ordenador personal (con carpetas y archivos relativos a la vida privada: fotos de su familia, documentos personales y correo electrónico) con clave individual y sin acceso de terceros no autorizados".

Se destaca en el recurso que la sentencia de primera instancia consideró acreditado el acceso al contenido de las carpetas a través de la ratificación del informe pericial realizado por los agentes del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil quienes localizaron un conjunto de elementos que podían catalogarse como "recientemente abiertos", enumerando como tales archivos y carpetas.

Se refiere que la conclusión de la sentencia impugnada está en abierta contradicción con la lógica del ánimo del autor de la infracción, por cuanto no tendría sentido acceder al ordenador para no abrir las carpetas, habiéndose acreditado por las manifestaciones de la denunciante el contenido privado de las carpetas. Señala la defensa que, en atención a lo expuesto, no hay correlación entre los hechos probados y la fundamentación jurídica, de modo que la resolución impugnada es refractaria a la necesidad de lógica en el discurrir argumentativo de toda sentencia.

1.2 El tribunal de segunda instancia ha absuelto al acusado del delito de revelación de secretos argumentando ese tipo penal no se produce por el simple acceso no autorizado a un ordenador sino cuando se accede a los datos que contiene ese ordenador y en este caso se ha considerado que en el relato fáctico no se describe el acceso a esos datos como elemento típico necesario para la relevancia penal de la conducta. Argumenta su fallo absolutorio el Tribunal Superior de Justicia de la siguiente forma:

"En ninguna parte de la sentencia, ni en los hechos probados, ni en los fundamentos de derecho, se describe el contenido de esas carpetas, solo conocemos su título o nomenclatura que Soledad le había dado, y según la sentencia de instancia es a lo único del contenido del ordenador al que había accedido el acusado. Porque aunque la sentencia dice: "con la finalidad de descubrir información privada general y conocer datos personales sensibles que pudiera utilizar en perjuicio de Soledad, accedió al contenido privado del mismo sin su conocimiento", cuando describe a qué accedió, (aún con esa finalidad), solo enumera las carpetas que se acaban de transcribir.

Esto es exclusivamente lo que tenemos, el nombre de esas carpetas, sin que en que esos títulos por sí mismos sean reveladores, o nos orienten sobre que en su interior hubiera algún contenido personal reservado, al no especificarse nada sobre su contenido no sabemos ni siquiera si estaban vacías o integradas por algún documento, ni los datos de ese hipotético documento, ni podemos conocer siquiera si se trataban de datos privados o del uso de la propia residencia, palabras tales como un catering, o precio o alquiler de un cáterin puede ser tanto de uso público como privado. En los pantallazos que aporta la prueba pericial solo se observa y puede leerse ese título o nombre, nada más y tampoco en los fundamentos de derecho se expone porqué del nombre de esas carpetas debemos detraer que su contenido afecta o incluye datos personales reservados de la víctima".

Por otra parte, la sentencia de apelación ha añadido un segundo argumento para optar por la absolución, la falta de determinación del perjuicio. Argumenta el Tribunal Superior de Justicia que en la sentencia no se precisa qué datos supuestamente sensibles había en el ordenador lo que, de existir, bastaría para acreditar un perjuicio, y se añade que la sentencia de instancia declara que el acusado accedió al ordenador para causar un perjuicio laboral a Soledad y, sin embargo, el acceso que se declara probado se produjo el 11/10/2018, dándose la circunstancias que desde el día 8 de ese mes Soledad estaban en situación de excedencia voluntaria y, por consiguiente, no podía ser ese posible perjuicio.

1.3 El motivo plantea dos cuestiones: Si para absolver era necesario que el tribunal de apelación modificara el relato fáctico y si la sentencia impugnada ha cumplido con el deber constitucional de motivación.

En relación con la primera de las cuestiones, desde la lógica de la sentencia impugnada no era necesario modificar el relato de hechos probados porque, a juicio del tribunal de segunda instancia, esos hechos no recogían que el acusado hubiera accedido a datos personales reservados, dado que la sentencia no describe el contenido de las carpetas existentes en el ordenador. Entiende el Tribunal Superior de Justicia que el uso de la contraseña para acceder a un ordenador no es suficiente para colmar la tipicidad del delito de revelación de secretos. Es necesario que el autor del hecho acceda a los datos personales existentes en el ordenador y en este caso la sentencia de instancia no describe esos datos.

En relación con la falta de motivación, se articula la queja a través del artículo 852 de la LECrim, considerando lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de falta de motivación, lo que nos sitúa en la necesidad de perfilar el contenido de ese derecho fundamental.

El Tribunal Constitucional en la reciente STC 95/2021, de 10 de mayo, con cita de abundantes precedentes, ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, derecho que deriva tanto del artículo 120.3 como del artículos 24.1 CE, con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión judicial, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos. También ha precisado que una resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurre en tal grado de arbitrariedad que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que, para cualquier observador, resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, se incurriría en exceso de formalismo si se admitiesen como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (por todas, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, y 133/2013, de 5 de junio, FJ 5, 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).

Pues bien, la mera lectura de la sentencia permite constatar que no ha existido en la sentencia impugnada la falta de motivación que se denuncia. La sentencia de apelación ha justificado de forma exhaustiva su criterio exteriorizando las razones jurídicas por las que estima procedente la absolución. Sus razonamientos no pueden calificarse de arbitrarios por más que pueda o no compartirse el criterio del tribunal de segunda instancia. Por tanto, la motivación desplegada por el tribunal de apelación no es aparente o sin un contenido mínimamente razonable. Es suficiente y colma las exigencias que se derivan del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

En consecuencia, el motivo se desestima, lo que no obsta para discrepar de las conclusiones de la sentencia impugnada, sobre las que nos pronunciamos a continuación.

2. Segundo motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los artículos 197 , 197 bis o 198 del Código Penal

2.1 En el desarrollo argumental de este segundo motivo del recurso, que anticipamos será estimado, se alega que, aun admitiendo la tesis del TSJ de que solo accedió a las carpetas, pero no a su contenido ni a los correos electrónicos, tal conducta sería perfectamente integrable en el tipo del artículo 197.2, atendiendo a la dinámica fáctica desarrollada por el acusado, con cita de las SSTS 412/2020, de 20 de julio y 525/2014, de 17 de junio.

Se alega que el acceso a las carpetas es delictiva en sí misma, pues en su descripción se advertían aspectos referentes a la actividad de negocio privado de la Sra. Soledad, y el arrendamiento de un inmueble, abstracción hecha del acceso a sus correos electrónicos; a lo que añade que la mujer usaba el ordenador para la confección de particulares e individuales modelos de plantillas de los usuarios de la residencia, lo que entra en el radio de acción del delito contra la intimidad sin que ello suponga interpretaciones extensivas o recreaciones analógicas.

2.2 El motivo de casación previsto en el artículo 849.1 de la LECrim autoriza a analizar la subsunción normativa de los hechos realizada en la sentencia impugnada, tomando en consideración exclusivamente los hechos probados, que en esta vía casacional son inimpugnables ( STS 799/2017, de 11 de diciembre). En la sentencia de apelación se insiste en que los hechos probados no describen el tipo de datos contenido en el ordenador, de ahí que concluya en la inexistencia de lesión del bien jurídico protegido.

El criterio de la sentencia impugnada se condensa en el siguiente párrafo de su fundamentación jurídica:

" Frente a todo ello, y con los hechos probados y con los fundamentos de derecho de la sentencia no podemos comprobar que se ha invadido el ámbito personal reservado, o que la libertad informática de esta persona haya resultado afectada. En algún párrafo aislado de los fundamentos de derecho se recoge "real y ciertamente se produjo por el acusado una intromisión no autorizada en la intimidad de Soledad, accediendo a datos sensibles y reservados de su vida privada allí guardados", pero ni en los hechos probados se dice a qué "datos sensibles y reservados de su vida privada allí guardados" son a los que se ha accedido porque solo recoge las carpetas ya citadas, ni en los fundamentos de derecho explica cuáles son esos datos sensibles y reservados a los que ha accedido el acusado y cuándo se ha producido ese acceso porque el único que se recoge como probado es el del día 11 de octubre de 2018".

Sin embargo, discrepamos de esa afirmación. La sentencia impugnada hace una lectura incompleta del relato fáctico. Es cierto que los hechos probados refieren la existencia de determinadas carpetas y su nomenclatura, pero el tribunal de instancia hizo algunas otras precisiones fácticas que el tribunal de apelación ha omitido.

Así, cuando hace alusión al uso que la denunciante hacía de su ordenador afirma que lo utilizaba diariamente "para elaborar sus particulares e individuales modelos de "plantillas o planillas" de los usuarios de la residencia, como de ordenador personal propio con clave personal y no accesible a terceros sin su permiso, dado el contenido reservado y datos sensibles de su vida privada allí incorporados, así como su correo electrónico personal". También dice que el día en que el acusado accedió al ordenador, una vez que había obtenido fraudulentamente la clave de la denunciante, entró en determinadas carpetas y añade que se trataba de carpetas "perfectamente identificadas con archivos privados y personales".

Por lo tanto, el relato fáctico describe, por más que lo haga de forma sucinta y poco precisa, que el ordenador tenía información personal, lo que desautoriza el principal argumento de la sentencia impugnada para considerar atípicos los hechos.

Es cierto que no basta para colmar las exigencias típicas del tipo previsto en el artículo 197.2 CP el simple acceso a un dispositivo que pueda almacenar información personal, como lo es un ordenador. Se hace necesario que se acceda a esa información y en este caso los hechos probados describen ese acceso, como, por otra parte, ocurre siempre, salvo supuestos excepcionales en que un ordenador no haya sido utilizado y esté complemente vacío de información, circunstancia que desde luego no concurre en este caso.

2.3 Precisado lo anterior, resulta obligado reseñar que el artículo 197.2 CP sanciona "al que, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero".

Venimos reiterando y de ello es exponente la STS 538/2021, de 17 de junio de 2021, que dato reservado no es equivalente a dato secreto. El artículo 4.1 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de eficacia directa en España, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, define el dato personal como "toda información sobre una persona física identificada o identificable". Y añade que "se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona".

También hemos dicho ( SSTS 634/2019, de 19 de diciembre) que, en principio, todos los datos personales automatizados son sensibles en cuanto la ley no establece distinciones en su protección y ninguno de ellos es inocuo una vez informatizado porque pueden ser manipulados y fuente de información. No existen, por consiguiente, datos personales automatizados reservados y no reservados, por lo que debe interpretarse que todos los datos personales automatizados quedan protegidos penalmente. No importa la trascendencia e importancia objetiva de los datos personales y familiares. No cabe, pues, diferenciar a efectos de protección entre datos o elementos "objetivamente" relevantes para la intimidad, que serían los únicos susceptibles de protección penal, y datos "inocuos" cuya escasa significación los situaría directamente fuera de la intimidad penalmente protegida. En esta dirección la STS 725/2004 de 11 de junio, nos dice que el art. 197. 2 CP no hace distinciones respecto del objeto de la acción que tengan fundamento en normas no penales y se refiere a "datos reservados de carácter personal o familiar" registrados en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos de archivos o registros públicos o privados. Es decir, que el legislador ha querido alcanzar todos los datos de estas características porque, indudablemente, todos son merecedores de protección penal.

En la STS 15/2023, de 19 de enero, dijimos que "un identificador en línea constituye un dato personal susceptible de protección. De ahí que toda serie numérica o alfanumérica que permita acceder a cualquier servicio prestacional de carácter telemático es un dato de una persona no identificada, pero perfectamente identificable. De hecho, esa numeración capaz de proporcionar una respuesta habilitante para el acceso a un servicio automatizado sustituye la identificación física por una identificación virtual, asociada a esa clave de titularidad exclusiva".

En la sentencia referenciada se consideró que "la clave de un router" es dato personal. En aquel caso el acusado colocó una cámara en la habitación de una mujer que había sido su pareja y se conectó al router activando la contraseña que tenía la afectada, activó el funcionamiento de la cámara y pudo acceder a la vida privada de la perjudicada.

En este caso y según se declara en el relato fáctico de la sentencia el acusado se introdujo en el despacho de la enfermera afectada y "valiéndose de la contraseña que, previamente había obtenido en juicio con la ayuda de un pendrive que introdujo en el equipo informático, logró acceder a todo su contenido.

Por un lado, la obtención fraudulenta de la clave del ordenador ya es de por sí un acceso no consentido a un dato personal reservado de la denunciante. La clave que es un identificador de su titular, permite el acceso a toda la información que pueda existir en el ordenador, y que, por lo mismo, constituye per se un dato personal reservado protegido por el artículo 197.2 del Código Penal.

La clave de un ordenador personal es la llave, la puerta de acceso a todo el contenido de ese ordenador en el que ordinariamente se almacena información reservada del titular y de la misma forma que hemos dicho que la obtención indebida de "un identificador en línea constituye un dato personal susceptible de protección" porque permite identificar a su titular, también es protegible y sancionable penalmente la obtención de la clave del ordenador personal de otra persona en cuanto da acceso a toda la información personal almacenada en el dispositivo, sin que sea preciso una descripción detallada de su contenido una vez que consta que el autor no se limitó a obtener la clave sino que accedió a sus distintas carpetas y contenido y ese acceso generalizado a toda la información del ordenador .integra el perjuicio que exige el precepto aplicado.

En efecto, según la literalidad del artículo 197.2 CP el apoderamiento, utilización o modificación de datos personales de carácter personal requiere que se realice "en perjuicio del titular o de tercero" y hemos declarado, mediante una interpretación integradora, que ese perjuicio también es exigible en la conducta de simple acceso ( SSTS 1328/2009, de 30 de diciembre y 40/2016, de 3 de febrero).

Para determinar la existencia del perjuicio venimos utilizando dos parámetros. En caso de acceso a datos especialmente sensibles, que tienen una penalidad agravada ( art. 197.5 CP) la propia relevancia de los datos determina la existencia del perjuicio. Se entiende por dato especialmente sensible, de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos (artículo 9) y el artículo 195.5 citado los datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física, así como los referidos a víctimas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

En otro caso, cuando los datos no sean especialmente sensibles habrá de acreditarse la existencia de un perjuicio.

En este caso no consta que los datos personales a los que se accedió fueran especialmente sensibles, pero entendemos que el acceso indiscriminado a todo el contenido de un ordenador personal, que puede y ordinariamente incluye información personal muy amplia y variada, integra el perjuicio típico que exige el artículo 197.2 CP.

Por tanto, los hechos probados son subsumibles en el artículo 197.2 CP lo que determina la estimación del recurso y la imposición de la pena fijada en la sentencia de primera instancia, sin necesidad de dar contestación al tercer y último motivo del recurso.

4. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.