Sentencia Penal 127/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10544/2025 de 16 de febrero del 2026

1.-Por la representación legal de Abelardo se interpone recurso de casación contra el auto fechado el 12 de junio de 2025, dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 28 de Madrid, en el marco de la ejecutoria núm. 369/2024.

Se formaliza un único motivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al entender vulnerado el art. 76 del CP y la jurisprudencia que lo interpreta. El Ministerio Fiscal impugna el motivo e interesa la desestimación del recurso.

1.2.-A juicio de la defensa, la refundición practicada ha introducido en el cálculo todas las condenas impuestas a Abelardo, incluidas aquellas que ya tiene canceladas. De ahí que «...la refundición resultante es prácticamente igual al período por cumplir sin refundición».Añade que se están incluyendo 7 condenas que se encuentran ya extinguidas, cuya suma es alrededor de los 17 años de privación de libertad.

1.3.-La defensa no cuestiona el cómputo verificado por el Juzgado de lo Penal, sino su práctica sin la inclusión en los bloques acumulados de aquellas condenas que ya se encuentran extinguidas. Sin embargo, su pretensión no es acorde con la jurisprudencia de esta Sala.

En efecto, en la reciente sentencia 523/2025, 5 de junio, dábamos respuesta a una petición en el mismo sentido: «...el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1997, proclamó la posibilidad de aplicar el artículo 76 con relación a las penas ya cumplidas respecto a las que el condenado haya ganado su licenciamiento; criterio que ha resultado aplicado entre otras en las SSTS 375/2022, de 19 de abril ; 557/2021, de 23 de junio ; 385/2016, de 5 de mayo ; 408/2014, de 14 de mayo ; 172/2014, de 5 de marzo o 434/2013, de 23 de mayo , entre muchas otras. De igual modo, nuestro Acuerdo no jurisdiccional de 27 de junio de 2018, recogió que "Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento" y subrayando que los límites de cumplimiento exigen siempre de un cumplimiento efectivo, añadía que: "Favorece al condenado cuando la conclusión es que se extinguen, sin necesidad de estar sometidas al periodo de prueba". Todo ello en consideración a que ni el contenido del artículo 76 del Código Penal establece un impedimento de acumular penas cumplidas o suspendidas, pues su apartado 2 se limita a afirmar que los límites de cumplimiento efectivo previstos en el apartado 1 se aplicarán "aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo"; ni existe tampoco una imposibilidad procesal en el artículo 988 de la LECRIM , cuyo inciso 3.º es también favorable a una conexidad meramente temporal por haber podido enjuiciarse los hechos en un solo proceso, ex artículo 17 de la LECRIM ; esto es, que la Sala ha considerado que sólo deberán excluirse de la acumulación aquellos hechos delictivos cometidos con posterioridad a la firmeza de anteriores resoluciones».

En definitiva, frente al criterio sostenido por el recurrente, el cómputo de las sentencias ya cumplidas es indispensable para la correcta formación de los bloques por conexidad temporal y para fijar el límite máximo de cumplimiento efectivo. De hecho, la acumulación de las penas no tiene por objeto sustituir las que fueron impuestas en distintas ejecutorias por una pena nueva. Se trata tan solo de ordenar el cumplimiento efectivo de las penas ya impuestas, estén cumplidas, en ejecución o pendientes de ejecutar. Y la inclusión de las penas ya cumplidas en la determinación del límite máximo de cumplimiento no solo no perjudica al reo, sino que puede favorecerle. Es obvio que esas penas se abonan en su integridad. Incluir no equivale a volver a castigar, sino evitar que la fragmentación de condenas impuestas en distintos procedimientos pueda exasperar la reacción punitiva del Estado, con la consiguiente quiebra del principio de proporcionalidad.

Por cuanto antecede, procede la desestimación del recurso ( art. 885.1 y 2 de la LECrim) .

2.-La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.