Sentencia Penal 284/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10424/2025 de 16 de abril del 2026

PRIMERO.-1. Los recurrentes, D.ª Julieta y D. Fabio fueron condenados en sentencia núm. 113/2025, de 14 de febrero, dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, en el Rollo núm. 19/2025, como autores, entre otros delitos, de un delito de homicidio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de catorce años, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Se les impuso también la medida de libertad vigilada durante seis años, así como el pago de la cuarta parte de las costas procesales.

2. Recurrida la citada sentencia en apelación por ambos condenados, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia núm. 213/2025, de 12 de junio, en el Rollo de Apelación 172/2025, por la que desestimó los recursos, confirmando íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Contra esta última sentencia se formula ahora recurso de casación por D.ª Julieta y por D. Fabio.

SEGUNDO.-1. En el recurso formulado por D.ª Julieta, ésta muestra su discrepancia con la sentencia de instancia en relación exclusivamente con la extensión de la pena impuesta por el delito de homicidio, aceptando expresamente tanto el relato de hechos probados como la calificación jurídica realizada por la sentencia de instancia y confirmada en apelación.

El recurso se formula por dos motivos. El primero de ellos por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por falta de motivación de la individualización de la pena.

El segundo por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 138 CP en relación con el art. 66.1.6 CP.

En ambos motivos la recurrente expresa que, a su juicio, la sentencia no contiene razonamiento específico que justifique la elección de una pena superior al mínimo legal, ni exterioriza un juicio de proporcionalidad fundado en elementos concretos del caso, lo que vulneraría su derecho a una pena individualizada y debidamente motivada conforme a la doctrina de esta Sala.

2. El recurso interpuesto por D. Fabio se dirige igualmente y de forma exclusiva contra la individualización de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar los hechos probados ni la subsunción típica realizada por las sentencias anteriores.

Se deduce también por dos motivos. El primero de ellos por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim en relación a la indebida aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

El segundo motivo, por infracción de precepto constitucional, al amparo de los arts. 5.4 LOPJ y 852 LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, por falta de motivación de la sentencia de instancia, respecto a la aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

Ambos motivos se sustentan en idénticos razonamientos.

En ellos denuncia que la pena se ha fijado en la mitad superior del marco penal sin que exista un plus de motivación que lo justifique, infringiendo el art. 66.1.6 CP y la jurisprudencia de esta Sala sobre discrecionalidad reglada en la individualización penológica.

Igualmente estima que la sentencia ha valorado indebidamente circunstancias que no figuran en los hechos probados o que ya han sido sancionadas como delitos autónomos, incurriendo, según su planteamiento, en un bis in ídem.

Así, cuestiona la relevancia otorgada a la supuesta confianza de la víctima, ya que él no vivía en su domicilio, sino en Córdoba, y frecuentaba la vivienda como pareja que era de Julieta. Además la víctima tenía problemas con los condenados lo que excluye que viviera plácidamente en un ambiente distendido en su hogar.

También se refiere al horario nocturno de comisión de los hechos, destacando que el Jurado no tuvo por acreditado que la víctima se hallara durmiendo.

Sobre las actuaciones posteriores al homicidio señala que las mismas componen delitos con entidad propia.

Añade que no se ha tenido en cuenta el mecanismo llevado a cabo para la ejecución del delito, como que la muerte se produjo como consecuencia de un único golpe en la cabeza, lo que, a su juicio, atenuarían el reproche penal. Igualmente indica que no se explica ninguna ventaja que pudiera derivarse del hecho de que los agresores fueran dos personas.

Junto a ello denuncia que no hayan sido valoradas sus circunstancias personales como que actuó movido por el sentimiento poderoso y desmesurado de amor hacia su pareja Julieta.

Concluye solicitando que la pena por el delito de homicidio se reduzca al mínimo legal de diez años de prisión.

TERCERO.-Los motivos de casación formulados por D.ª Julieta y D. Fabio presentan una coincidencia sustancial tanto en su planteamiento como en su fundamentación jurídica, al dirigirse en ambos casos de forma exclusiva contra la extensión de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar ni el relato fáctico declarado probado ni la subsunción jurídica efectuada por la sentencia de instancia y confirmada por la Sala de apelación. Procede, por ello, un examen conjunto de tales motivos.

1. Para dar respuesta a los recursos, debemos comenzar recordando que la individualización de la pena es una facultad que corresponde primariamente al tribunal sentenciador, dentro de los márgenes legales establecidos, no corresponde a este Tribunal sustituir el juicio valorativo del tribunal de instancia por el propio, ni revisar la pena impuesta desde parámetros de oportunidad o conveniencia, sino únicamente verificar que la individualización se ha efectuado dentro de los márgenes legales, sin acudir a criterios jurídicamente inadmisibles y con una motivación suficiente que permita conocer las razones del reproche penal impuesto y excluya toda arbitrariedad.

En orden a la motivación de la pena, esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril) la «conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada» ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena, en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior ala inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)».

En el presente caso, la pena impuesta por el delito de homicidio se sitúa dentro de la horquilla legal prevista en el art. 138 CP, que contempla una pena de diez a quince años de prisión. La extensión concreta fijada, catorce años, se encuentra en la mitad superior de la pena, pero no alcanza el límite máximo legal. Ello es conforme con la regla de determinación de la pena contenida en el art. 66.1.6ª CP que permite recorrer la pena en toda su extensión atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Las circunstancias personales del delincuente son, conforme expresábamos en la sentencia núm. 172/2018, de 11 de abril, «las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurídico afectado y la forma básica del ataque al mismo, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá:

En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto.

En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que, sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica.

En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta.

Y, en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Se trata, en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 LECrim . para la infracción de Ley.»

2. En nuestro caso, frente a lo alegado por los recurrentes, la motivación de la pena no puede examinarse de forma fragmentaria ni aislada, sino atendiendo al conjunto de la sentencia de instancia y, especialmente, a la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, que asume y desarrolla expresamente el juicio de individualización penológica y ofreció una respuesta razonada a las alegaciones formuladas en ese ámbito. De ambas resoluciones se desprende con claridad el proceso valorativo seguido para fijar la pena dentro de la mitad superior del marco legal.

En particular, los órganos judiciales han ponderado elementos fácticos que constan expresamente en los hechos probados y que incrementan el desvalor del injusto y la reprochabilidad de la conducta. Elementos tales como la actuación concertada entre varios intervinientes, la existencia de una planificación previa del hecho, el móvil patrimonial que impulsó la acción, la ejecución conjunta del homicidio, durante la noche y en el domicilio de la víctima. Tales circunstancias, aun cuando no integren formalmente agravantes típicas, pueden legítimamente ser valoradas como circunstancias concomitantes del hecho a efectos de individualización de la pena conforme al art. 66.1.6 CP, sin que ello suponga infracción alguna del principio de legalidad ni de la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Frente a las alegaciones formuladas por la representación del Sr. Fabio, el hecho de que éste no residiera de manera habitual en el domicilio no desvirtúa la valoración efectuada por el Tribunal. Consta que, cuando visitaba a D.ª Julieta y, en particular, en el momento de los hechos, ocupaba una habitación en la vivienda, circunstancia que razonablemente generaba en la víctima un clima de confianza. Tal situación, como acertadamente aprecia el Tribunal, dificultaba que pudiera prever o anticipar el ataque directo y violento del que fue objeto, de modo que la referencia a dicha confianza ha de entenderse en ese concreto contexto relacional. Esta confianza, además, no queda excluida por la eventual existencia de episodios previos de conflictividad.

Por otro lado, el hecho de que no se haya apreciado la agravante de nocturnidad no impide valorar que la acción se desarrolló en horario nocturno, cuando la víctima se encontraba descansando, aunque no estuviera dormida. Esta circunstancia no solo incidió en la vulnerabilidad de la víctima, sino que facilitó la ejecución de las actuaciones posteriores que los recurrentes habían previamente planificado y que, en efecto, llevaron a cabo tras causarle la muerte al Sr. Eugenio.

Asimismo, que el fallecimiento se produjera como consecuencia de un único golpe en la cabeza no atenúa la gravedad de los hechos. Antes bien, revela la contundencia y eficacia letal de la agresión, ejecutada de manera fría, concertada y deliberada. Los agresores propinaron a la víctima un golpe de gran intensidad en la región frontoparietal izquierda, causándole un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que determinó su muerte prácticamente inmediata.

Igualmente, la intervención conjunta de dos agresores configura, como razona el Tribunal, una evidente situación de superioridad fáctica que incrementa la capacidad ofensiva de la acción, aun cuando no haya sido formalmente apreciada como circunstancia agravante.

Finalmente, el Tribunal pondera de forma expresa la especial reprochabilidad de la conducta, al concurrir una evidente bajeza moral en el hecho de acabar con la vida de quien les había acogido en su domicilio, actuando además con la finalidad de apropiarse de la vivienda.

Tampoco puede apreciarse vulneración del principio non bis in ídem. La sentencia no utiliza los delitos autónomos de profanación de cadáver o estafa para agravar la pena correspondiente al homicidio, ni traslada a éste el reproche penal ya integrado en otros tipos delictivos. La valoración efectuada se circunscribe a aquellos aspectos del comportamiento previo y coetáneo al hecho homicida que inciden directamente en la mayor gravedad del injusto y en la mayor culpabilidad de los autores, sin duplicar sanciones ni trasladar indebidamente reproches ya integrados en otros tipos penales.

Carece igualmente de fundamento la afirmación de que, en ausencia de circunstancias agravantes, la pena deba necesariamente imponerse en su mínimo legal. Por el contrario, como ya hemos expresado, el art. 66.1.6ª CP no consagra un principio de favor automático hacia el mínimo de la pena, sino que permite al tribunal recorrer toda la extensión de la pena abstractamente prevista, siempre que motive su decisión en atención a la mayor o menor gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor, exigencia que en el caso ha sido cumplidamente satisfecha.

Finalmente, la pena impuesta no puede calificarse de desproporcionada ni arbitraria. La motivación ofrecida por las resoluciones impugnadas, aun sin ser prolija, es suficiente, comprensible y razonable, y permite conocer las razones por las que el Tribunal ha considerado adecuado imponer una pena elevada dentro del marco legal, y permite su control jurisdiccional. La función de esta Sala no es sustituir el juicio de individualización realizado por el tribunal de instancia por otro distinto, sino verificar que aquel se ha ejercido dentro de los límites de la discrecionalidad reglada que el ordenamiento permite, lo que en el presente caso ha ocurrido. No se aprecia arbitrariedad, desproporción manifiesta ni empleo de criterios inadmisibles, por lo que los motivos de casación formulados por ambos recurrentes deben ser íntegramente desestimados.

CUARTO.-La desestimación de los recursos formulados por D.ª Julieta y D. Fabio conlleva la condena en costas a los recurrentes, de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.

PRIMERO.-1. Los recurrentes, D.ª Julieta y D. Fabio fueron condenados en sentencia núm. 113/2025, de 14 de febrero, dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, en el Rollo núm. 19/2025, como autores, entre otros delitos, de un delito de homicidio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de catorce años, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Se les impuso también la medida de libertad vigilada durante seis años, así como el pago de la cuarta parte de las costas procesales.

2. Recurrida la citada sentencia en apelación por ambos condenados, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia núm. 213/2025, de 12 de junio, en el Rollo de Apelación 172/2025, por la que desestimó los recursos, confirmando íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Contra esta última sentencia se formula ahora recurso de casación por D.ª Julieta y por D. Fabio.

SEGUNDO.-1. En el recurso formulado por D.ª Julieta, ésta muestra su discrepancia con la sentencia de instancia en relación exclusivamente con la extensión de la pena impuesta por el delito de homicidio, aceptando expresamente tanto el relato de hechos probados como la calificación jurídica realizada por la sentencia de instancia y confirmada en apelación.

El recurso se formula por dos motivos. El primero de ellos por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por falta de motivación de la individualización de la pena.

El segundo por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 138 CP en relación con el art. 66.1.6 CP.

En ambos motivos la recurrente expresa que, a su juicio, la sentencia no contiene razonamiento específico que justifique la elección de una pena superior al mínimo legal, ni exterioriza un juicio de proporcionalidad fundado en elementos concretos del caso, lo que vulneraría su derecho a una pena individualizada y debidamente motivada conforme a la doctrina de esta Sala.

2. El recurso interpuesto por D. Fabio se dirige igualmente y de forma exclusiva contra la individualización de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar los hechos probados ni la subsunción típica realizada por las sentencias anteriores.

Se deduce también por dos motivos. El primero de ellos por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim en relación a la indebida aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

El segundo motivo, por infracción de precepto constitucional, al amparo de los arts. 5.4 LOPJ y 852 LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, por falta de motivación de la sentencia de instancia, respecto a la aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

Ambos motivos se sustentan en idénticos razonamientos.

En ellos denuncia que la pena se ha fijado en la mitad superior del marco penal sin que exista un plus de motivación que lo justifique, infringiendo el art. 66.1.6 CP y la jurisprudencia de esta Sala sobre discrecionalidad reglada en la individualización penológica.

Igualmente estima que la sentencia ha valorado indebidamente circunstancias que no figuran en los hechos probados o que ya han sido sancionadas como delitos autónomos, incurriendo, según su planteamiento, en un bis in ídem.

Así, cuestiona la relevancia otorgada a la supuesta confianza de la víctima, ya que él no vivía en su domicilio, sino en Córdoba, y frecuentaba la vivienda como pareja que era de Julieta. Además la víctima tenía problemas con los condenados lo que excluye que viviera plácidamente en un ambiente distendido en su hogar.

También se refiere al horario nocturno de comisión de los hechos, destacando que el Jurado no tuvo por acreditado que la víctima se hallara durmiendo.

Sobre las actuaciones posteriores al homicidio señala que las mismas componen delitos con entidad propia.

Añade que no se ha tenido en cuenta el mecanismo llevado a cabo para la ejecución del delito, como que la muerte se produjo como consecuencia de un único golpe en la cabeza, lo que, a su juicio, atenuarían el reproche penal. Igualmente indica que no se explica ninguna ventaja que pudiera derivarse del hecho de que los agresores fueran dos personas.

Junto a ello denuncia que no hayan sido valoradas sus circunstancias personales como que actuó movido por el sentimiento poderoso y desmesurado de amor hacia su pareja Julieta.

Concluye solicitando que la pena por el delito de homicidio se reduzca al mínimo legal de diez años de prisión.

TERCERO.-Los motivos de casación formulados por D.ª Julieta y D. Fabio presentan una coincidencia sustancial tanto en su planteamiento como en su fundamentación jurídica, al dirigirse en ambos casos de forma exclusiva contra la extensión de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar ni el relato fáctico declarado probado ni la subsunción jurídica efectuada por la sentencia de instancia y confirmada por la Sala de apelación. Procede, por ello, un examen conjunto de tales motivos.

1. Para dar respuesta a los recursos, debemos comenzar recordando que la individualización de la pena es una facultad que corresponde primariamente al tribunal sentenciador, dentro de los márgenes legales establecidos, no corresponde a este Tribunal sustituir el juicio valorativo del tribunal de instancia por el propio, ni revisar la pena impuesta desde parámetros de oportunidad o conveniencia, sino únicamente verificar que la individualización se ha efectuado dentro de los márgenes legales, sin acudir a criterios jurídicamente inadmisibles y con una motivación suficiente que permita conocer las razones del reproche penal impuesto y excluya toda arbitrariedad.

En orden a la motivación de la pena, esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril) la «conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada» ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena, en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior ala inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)».

En el presente caso, la pena impuesta por el delito de homicidio se sitúa dentro de la horquilla legal prevista en el art. 138 CP, que contempla una pena de diez a quince años de prisión. La extensión concreta fijada, catorce años, se encuentra en la mitad superior de la pena, pero no alcanza el límite máximo legal. Ello es conforme con la regla de determinación de la pena contenida en el art. 66.1.6ª CP que permite recorrer la pena en toda su extensión atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Las circunstancias personales del delincuente son, conforme expresábamos en la sentencia núm. 172/2018, de 11 de abril, «las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurídico afectado y la forma básica del ataque al mismo, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá:

En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto.

En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que, sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica.

En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta.

Y, en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Se trata, en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 LECrim . para la infracción de Ley.»

2. En nuestro caso, frente a lo alegado por los recurrentes, la motivación de la pena no puede examinarse de forma fragmentaria ni aislada, sino atendiendo al conjunto de la sentencia de instancia y, especialmente, a la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, que asume y desarrolla expresamente el juicio de individualización penológica y ofreció una respuesta razonada a las alegaciones formuladas en ese ámbito. De ambas resoluciones se desprende con claridad el proceso valorativo seguido para fijar la pena dentro de la mitad superior del marco legal.

En particular, los órganos judiciales han ponderado elementos fácticos que constan expresamente en los hechos probados y que incrementan el desvalor del injusto y la reprochabilidad de la conducta. Elementos tales como la actuación concertada entre varios intervinientes, la existencia de una planificación previa del hecho, el móvil patrimonial que impulsó la acción, la ejecución conjunta del homicidio, durante la noche y en el domicilio de la víctima. Tales circunstancias, aun cuando no integren formalmente agravantes típicas, pueden legítimamente ser valoradas como circunstancias concomitantes del hecho a efectos de individualización de la pena conforme al art. 66.1.6 CP, sin que ello suponga infracción alguna del principio de legalidad ni de la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Frente a las alegaciones formuladas por la representación del Sr. Fabio, el hecho de que éste no residiera de manera habitual en el domicilio no desvirtúa la valoración efectuada por el Tribunal. Consta que, cuando visitaba a D.ª Julieta y, en particular, en el momento de los hechos, ocupaba una habitación en la vivienda, circunstancia que razonablemente generaba en la víctima un clima de confianza. Tal situación, como acertadamente aprecia el Tribunal, dificultaba que pudiera prever o anticipar el ataque directo y violento del que fue objeto, de modo que la referencia a dicha confianza ha de entenderse en ese concreto contexto relacional. Esta confianza, además, no queda excluida por la eventual existencia de episodios previos de conflictividad.

Por otro lado, el hecho de que no se haya apreciado la agravante de nocturnidad no impide valorar que la acción se desarrolló en horario nocturno, cuando la víctima se encontraba descansando, aunque no estuviera dormida. Esta circunstancia no solo incidió en la vulnerabilidad de la víctima, sino que facilitó la ejecución de las actuaciones posteriores que los recurrentes habían previamente planificado y que, en efecto, llevaron a cabo tras causarle la muerte al Sr. Eugenio.

Asimismo, que el fallecimiento se produjera como consecuencia de un único golpe en la cabeza no atenúa la gravedad de los hechos. Antes bien, revela la contundencia y eficacia letal de la agresión, ejecutada de manera fría, concertada y deliberada. Los agresores propinaron a la víctima un golpe de gran intensidad en la región frontoparietal izquierda, causándole un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que determinó su muerte prácticamente inmediata.

Igualmente, la intervención conjunta de dos agresores configura, como razona el Tribunal, una evidente situación de superioridad fáctica que incrementa la capacidad ofensiva de la acción, aun cuando no haya sido formalmente apreciada como circunstancia agravante.

Finalmente, el Tribunal pondera de forma expresa la especial reprochabilidad de la conducta, al concurrir una evidente bajeza moral en el hecho de acabar con la vida de quien les había acogido en su domicilio, actuando además con la finalidad de apropiarse de la vivienda.

Tampoco puede apreciarse vulneración del principio non bis in ídem. La sentencia no utiliza los delitos autónomos de profanación de cadáver o estafa para agravar la pena correspondiente al homicidio, ni traslada a éste el reproche penal ya integrado en otros tipos delictivos. La valoración efectuada se circunscribe a aquellos aspectos del comportamiento previo y coetáneo al hecho homicida que inciden directamente en la mayor gravedad del injusto y en la mayor culpabilidad de los autores, sin duplicar sanciones ni trasladar indebidamente reproches ya integrados en otros tipos penales.

Carece igualmente de fundamento la afirmación de que, en ausencia de circunstancias agravantes, la pena deba necesariamente imponerse en su mínimo legal. Por el contrario, como ya hemos expresado, el art. 66.1.6ª CP no consagra un principio de favor automático hacia el mínimo de la pena, sino que permite al tribunal recorrer toda la extensión de la pena abstractamente prevista, siempre que motive su decisión en atención a la mayor o menor gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor, exigencia que en el caso ha sido cumplidamente satisfecha.

Finalmente, la pena impuesta no puede calificarse de desproporcionada ni arbitraria. La motivación ofrecida por las resoluciones impugnadas, aun sin ser prolija, es suficiente, comprensible y razonable, y permite conocer las razones por las que el Tribunal ha considerado adecuado imponer una pena elevada dentro del marco legal, y permite su control jurisdiccional. La función de esta Sala no es sustituir el juicio de individualización realizado por el tribunal de instancia por otro distinto, sino verificar que aquel se ha ejercido dentro de los límites de la discrecionalidad reglada que el ordenamiento permite, lo que en el presente caso ha ocurrido. No se aprecia arbitrariedad, desproporción manifiesta ni empleo de criterios inadmisibles, por lo que los motivos de casación formulados por ambos recurrentes deben ser íntegramente desestimados.

CUARTO.-La desestimación de los recursos formulados por D.ª Julieta y D. Fabio conlleva la condena en costas a los recurrentes, de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.

PRIMERO.-1. Los recurrentes, D.ª Julieta y D. Fabio fueron condenados en sentencia núm. 113/2025, de 14 de febrero, dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia, en el Rollo núm. 19/2025, como autores, entre otros delitos, de un delito de homicidio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de catorce años, e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Se les impuso también la medida de libertad vigilada durante seis años, así como el pago de la cuarta parte de las costas procesales.

2. Recurrida la citada sentencia en apelación por ambos condenados, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia núm. 213/2025, de 12 de junio, en el Rollo de Apelación 172/2025, por la que desestimó los recursos, confirmando íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Contra esta última sentencia se formula ahora recurso de casación por D.ª Julieta y por D. Fabio.

SEGUNDO.-1. En el recurso formulado por D.ª Julieta, ésta muestra su discrepancia con la sentencia de instancia en relación exclusivamente con la extensión de la pena impuesta por el delito de homicidio, aceptando expresamente tanto el relato de hechos probados como la calificación jurídica realizada por la sentencia de instancia y confirmada en apelación.

El recurso se formula por dos motivos. El primero de ellos por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por falta de motivación de la individualización de la pena.

El segundo por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 138 CP en relación con el art. 66.1.6 CP.

En ambos motivos la recurrente expresa que, a su juicio, la sentencia no contiene razonamiento específico que justifique la elección de una pena superior al mínimo legal, ni exterioriza un juicio de proporcionalidad fundado en elementos concretos del caso, lo que vulneraría su derecho a una pena individualizada y debidamente motivada conforme a la doctrina de esta Sala.

2. El recurso interpuesto por D. Fabio se dirige igualmente y de forma exclusiva contra la individualización de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar los hechos probados ni la subsunción típica realizada por las sentencias anteriores.

Se deduce también por dos motivos. El primero de ellos por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim en relación a la indebida aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

El segundo motivo, por infracción de precepto constitucional, al amparo de los arts. 5.4 LOPJ y 852 LECrim, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, por falta de motivación de la sentencia de instancia, respecto a la aplicación del art. 138 CP, en relación con el art. 66.1.6ª CP.

Ambos motivos se sustentan en idénticos razonamientos.

En ellos denuncia que la pena se ha fijado en la mitad superior del marco penal sin que exista un plus de motivación que lo justifique, infringiendo el art. 66.1.6 CP y la jurisprudencia de esta Sala sobre discrecionalidad reglada en la individualización penológica.

Igualmente estima que la sentencia ha valorado indebidamente circunstancias que no figuran en los hechos probados o que ya han sido sancionadas como delitos autónomos, incurriendo, según su planteamiento, en un bis in ídem.

Así, cuestiona la relevancia otorgada a la supuesta confianza de la víctima, ya que él no vivía en su domicilio, sino en Córdoba, y frecuentaba la vivienda como pareja que era de Julieta. Además la víctima tenía problemas con los condenados lo que excluye que viviera plácidamente en un ambiente distendido en su hogar.

También se refiere al horario nocturno de comisión de los hechos, destacando que el Jurado no tuvo por acreditado que la víctima se hallara durmiendo.

Sobre las actuaciones posteriores al homicidio señala que las mismas componen delitos con entidad propia.

Añade que no se ha tenido en cuenta el mecanismo llevado a cabo para la ejecución del delito, como que la muerte se produjo como consecuencia de un único golpe en la cabeza, lo que, a su juicio, atenuarían el reproche penal. Igualmente indica que no se explica ninguna ventaja que pudiera derivarse del hecho de que los agresores fueran dos personas.

Junto a ello denuncia que no hayan sido valoradas sus circunstancias personales como que actuó movido por el sentimiento poderoso y desmesurado de amor hacia su pareja Julieta.

Concluye solicitando que la pena por el delito de homicidio se reduzca al mínimo legal de diez años de prisión.

TERCERO.-Los motivos de casación formulados por D.ª Julieta y D. Fabio presentan una coincidencia sustancial tanto en su planteamiento como en su fundamentación jurídica, al dirigirse en ambos casos de forma exclusiva contra la extensión de la pena de catorce años de prisión impuesta por el delito de homicidio, sin cuestionar ni el relato fáctico declarado probado ni la subsunción jurídica efectuada por la sentencia de instancia y confirmada por la Sala de apelación. Procede, por ello, un examen conjunto de tales motivos.

1. Para dar respuesta a los recursos, debemos comenzar recordando que la individualización de la pena es una facultad que corresponde primariamente al tribunal sentenciador, dentro de los márgenes legales establecidos, no corresponde a este Tribunal sustituir el juicio valorativo del tribunal de instancia por el propio, ni revisar la pena impuesta desde parámetros de oportunidad o conveniencia, sino únicamente verificar que la individualización se ha efectuado dentro de los márgenes legales, sin acudir a criterios jurídicamente inadmisibles y con una motivación suficiente que permita conocer las razones del reproche penal impuesto y excluya toda arbitrariedad.

En orden a la motivación de la pena, esta Sala ha recordado con reiteración (sentencia núm. 241/2017, de 5 de abril) la «conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada» ( sentencias de 5 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1995 , entre otras), porque, como dice la Sentencia de esta Sala, de 21 de junio de 1999 , la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado esta jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente y afectan en supuestos como el presente a un derecho fundamental de contenido sustancial, el derecho a la libertad personal del recurrente que constituye, además, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Es necesaria una motivación especial de la pena, en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente ( sentencias 4 de febrero de 1992 , 26 de abril de 1995 y 4 de noviembre de 1996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior ala inicialmente predeterminada ( párrafo segundo del artículo 74 del Código Penal 1995 , por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( sentencia núm. 1182/1997 de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o muy cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales( sentencias de 27 de julio de 1998 y 3 de junio de 1999 ) siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicar lo obvio. (F.J.3º)».

En el presente caso, la pena impuesta por el delito de homicidio se sitúa dentro de la horquilla legal prevista en el art. 138 CP, que contempla una pena de diez a quince años de prisión. La extensión concreta fijada, catorce años, se encuentra en la mitad superior de la pena, pero no alcanza el límite máximo legal. Ello es conforme con la regla de determinación de la pena contenida en el art. 66.1.6ª CP que permite recorrer la pena en toda su extensión atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Las circunstancias personales del delincuente son, conforme expresábamos en la sentencia núm. 172/2018, de 11 de abril, «las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, así como aquellos rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal individualización penológica y que deben corregirse para evitar su reiteración delictiva.

La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto concreto que está juzgando; estos elementos serán de todo orden, marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentará o disminuirá en la medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurídico afectado y la forma básica del ataque al mismo, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá:

En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado de negligencia imputable al sujeto.

En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho dependerá de las circunstancias concurrentes en el mismo, que, sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como circunstancias atenuantes o agravantes, ya genéricas, ya específicas, modifiquen el desvalor de la acción o el desvalor del resultado de la conducta típica.

En tercer lugar, habrá que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto, deducida del grado de comprensión de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta.

Y, en cuarto lugar, habrá que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta del reo posterior a la realización del delito, en orden a su colaboración procesal y su actitud hacia la víctima y hacia la reparación del daño, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.

Se trata, en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación, incluso por la vía del art. 849.1 LECrim . para la infracción de Ley.»

2. En nuestro caso, frente a lo alegado por los recurrentes, la motivación de la pena no puede examinarse de forma fragmentaria ni aislada, sino atendiendo al conjunto de la sentencia de instancia y, especialmente, a la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, que asume y desarrolla expresamente el juicio de individualización penológica y ofreció una respuesta razonada a las alegaciones formuladas en ese ámbito. De ambas resoluciones se desprende con claridad el proceso valorativo seguido para fijar la pena dentro de la mitad superior del marco legal.

En particular, los órganos judiciales han ponderado elementos fácticos que constan expresamente en los hechos probados y que incrementan el desvalor del injusto y la reprochabilidad de la conducta. Elementos tales como la actuación concertada entre varios intervinientes, la existencia de una planificación previa del hecho, el móvil patrimonial que impulsó la acción, la ejecución conjunta del homicidio, durante la noche y en el domicilio de la víctima. Tales circunstancias, aun cuando no integren formalmente agravantes típicas, pueden legítimamente ser valoradas como circunstancias concomitantes del hecho a efectos de individualización de la pena conforme al art. 66.1.6 CP, sin que ello suponga infracción alguna del principio de legalidad ni de la doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Frente a las alegaciones formuladas por la representación del Sr. Fabio, el hecho de que éste no residiera de manera habitual en el domicilio no desvirtúa la valoración efectuada por el Tribunal. Consta que, cuando visitaba a D.ª Julieta y, en particular, en el momento de los hechos, ocupaba una habitación en la vivienda, circunstancia que razonablemente generaba en la víctima un clima de confianza. Tal situación, como acertadamente aprecia el Tribunal, dificultaba que pudiera prever o anticipar el ataque directo y violento del que fue objeto, de modo que la referencia a dicha confianza ha de entenderse en ese concreto contexto relacional. Esta confianza, además, no queda excluida por la eventual existencia de episodios previos de conflictividad.

Por otro lado, el hecho de que no se haya apreciado la agravante de nocturnidad no impide valorar que la acción se desarrolló en horario nocturno, cuando la víctima se encontraba descansando, aunque no estuviera dormida. Esta circunstancia no solo incidió en la vulnerabilidad de la víctima, sino que facilitó la ejecución de las actuaciones posteriores que los recurrentes habían previamente planificado y que, en efecto, llevaron a cabo tras causarle la muerte al Sr. Eugenio.

Asimismo, que el fallecimiento se produjera como consecuencia de un único golpe en la cabeza no atenúa la gravedad de los hechos. Antes bien, revela la contundencia y eficacia letal de la agresión, ejecutada de manera fría, concertada y deliberada. Los agresores propinaron a la víctima un golpe de gran intensidad en la región frontoparietal izquierda, causándole un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que determinó su muerte prácticamente inmediata.

Igualmente, la intervención conjunta de dos agresores configura, como razona el Tribunal, una evidente situación de superioridad fáctica que incrementa la capacidad ofensiva de la acción, aun cuando no haya sido formalmente apreciada como circunstancia agravante.

Finalmente, el Tribunal pondera de forma expresa la especial reprochabilidad de la conducta, al concurrir una evidente bajeza moral en el hecho de acabar con la vida de quien les había acogido en su domicilio, actuando además con la finalidad de apropiarse de la vivienda.

Tampoco puede apreciarse vulneración del principio non bis in ídem. La sentencia no utiliza los delitos autónomos de profanación de cadáver o estafa para agravar la pena correspondiente al homicidio, ni traslada a éste el reproche penal ya integrado en otros tipos delictivos. La valoración efectuada se circunscribe a aquellos aspectos del comportamiento previo y coetáneo al hecho homicida que inciden directamente en la mayor gravedad del injusto y en la mayor culpabilidad de los autores, sin duplicar sanciones ni trasladar indebidamente reproches ya integrados en otros tipos penales.

Carece igualmente de fundamento la afirmación de que, en ausencia de circunstancias agravantes, la pena deba necesariamente imponerse en su mínimo legal. Por el contrario, como ya hemos expresado, el art. 66.1.6ª CP no consagra un principio de favor automático hacia el mínimo de la pena, sino que permite al tribunal recorrer toda la extensión de la pena abstractamente prevista, siempre que motive su decisión en atención a la mayor o menor gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor, exigencia que en el caso ha sido cumplidamente satisfecha.

Finalmente, la pena impuesta no puede calificarse de desproporcionada ni arbitraria. La motivación ofrecida por las resoluciones impugnadas, aun sin ser prolija, es suficiente, comprensible y razonable, y permite conocer las razones por las que el Tribunal ha considerado adecuado imponer una pena elevada dentro del marco legal, y permite su control jurisdiccional. La función de esta Sala no es sustituir el juicio de individualización realizado por el tribunal de instancia por otro distinto, sino verificar que aquel se ha ejercido dentro de los límites de la discrecionalidad reglada que el ordenamiento permite, lo que en el presente caso ha ocurrido. No se aprecia arbitrariedad, desproporción manifiesta ni empleo de criterios inadmisibles, por lo que los motivos de casación formulados por ambos recurrentes deben ser íntegramente desestimados.

CUARTO.-La desestimación de los recursos formulados por D.ª Julieta y D. Fabio conlleva la condena en costas a los recurrentes, de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.