Sentencia Penal 1041/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3781/2023 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Se queja primeramente el recurrente por la falta de asertividad del hecho que se da como probado respecto de la incorporación al propio patrimonio del monto monetario que funda la condena por apropiación indebida. Se afirma sencillamente que no se ha justificado el destino del dinero: no consta dónde se empleó. Ni se dice que se incorporó al propio patrimonio, ni se excluye que pudiese ser destinado a gastos o pagos de la sociedad. Sencillamente no consta.

Solo buceando en el primer fundamento de derecho encontraremos al final una afirmación que tampoco es directa pero que por supuesta esa apropiación para excluir la administración desleal: el dinero se incorporó a su patrimonio.

No le falta razón al recurrente.

Conviven en la jurisprudencia interpretaciones más o menos flexibles de una doctrina a tenor de la cual no pueden utilizarse los fundamentos de derecho para completar un hecho probado insuficiente por no recoger todos los elementos del delito. Viene rodeada su aplicación de un cierto casuismo que resulta inevitable. Un buen muestrario de precedentes se adscribe a la tesis más radicales.

No faltan otras que abren, en atención a las circunstancias concretas, portillos en esa rigidez. Llevada a sus extremos absolutos, la tesis más inflexible abocaría a soluciones que repudian al más elemental sentido común. No se trata, de una doctrina granítica, por más que algunas aseveraciones de algunos precedentes inviten a concebirla de ese modo; sino de una jurisprudencia no totalmente uniforme y abierta a modulaciones y matizaciones pero cada vez más excepcionales. Predomina la formulación mas dogmática: si el hecho probado no describe todos y cada uno de los elementos de la tipicidad o de la agravante, debe acomodarse la subsunción jurídica a sus términos sin que el Tribunal de casación esté habilitado para completar los déficits buscando como un zahorí, datos en los fundamentos de derecho que le permitan integrar el factum.

Traemos a colación algunos significados precedentes.

La STS 865/2021, de 12 de noviembre se refería a la necesidad de definir de forma más precisa los contornos de esa línea jurisprudencial:

Quizás sea tarea pendiente acotar, homogeneizar y perfilar la tesis jurisprudencial que ha sustituido a la doctrina clásica, felizmente abandonada, a tenor de la cual las indubitadas aseveraciones fácticas contenidas en los fundamentos de derecho no pueden utilizarse para integrar el hecho probado en tanto, podría situar al condenado en una posición de indefensión. La revisión de la subsunción jurídica a realizar en casación desde la óptica del art. 849.1º LECrim ha de tener como exclusivo punto de referencia el relato del hecho probado, sin aditamentos, matizaciones o complementos extraídos de la fundamentación jurídica; y, mucho menos, de las propias actuaciones ( art. 899 LECrim) .

Esa doctrina es singularmente procedente en los casos en que tampoco el fundamento de derecho de la sentencia contiene datos fácticos suficientes y solo acudiendo a las actuaciones se puede subsanar el déficit factual por mucho que conste de forma indubitada. Eso sucede aquí. La sentencia de apelación integró el hecho probado en su fundamentación jurídica.

Más dudosa puede ser esa conclusión en los supuestos en que es la sentencia de instancia la que introduce esos elementos en la fundamentación jurídica. Esta Sala en los últimos años tiende a ser especialmente exigente y rigurosa en ese punto.

No debe perderse de vista el fundamento de esa doctrina para que no degenere en idolatría a un tótem vacío o en formalismo (ajeno a toda idea de indefensión) que convierta un simple defecto de sistemática (corregible a través de un mero cortaypega) en causal de casación. Si no la modulamos de manera racional acabaríamos empujando a las partes a adherirse preventivamente a los recursos de la contraparte aduciendo quebrantamientos de forma encaminados exclusivamente a subrayar lo obvio, con los consiguientes retrasos inútiles, pues no servirían a soluciones más justas, y perniciosos (v. gr., frente a un recurso por infracción de ley, reclamaciones adhesivas para devolver la sentencia al Tribunal -art. 850.1º- para que añada en el hecho probado la locución con intención de matar solo justificada en el fundamento de derecho; o la expresión puestos de común acuerdo o con ánimo de distribuir la droga -para evitar la estimación del motivo ex art. 849.1º fundado en que el hecho probado no recoge más que la acción llevada a cabo por tres personas que llegan a un banco que es atracado por dos de ellas mientras el tercero espera con el coche arrancado, pero no se entretiene en consignar que este tercero actuaba en connivencia con los otros, aunque luego lo justifique en la motivación fáctica de la sentencia; o se limita a proclamar que alguien ha sido sorprendido con dos kgr. de cocaína-).

La sentencia 23/2020, de 29 de enero es un precedente que insiste de forma muy contundente en la imposibilidad en casación de acudir a la fundamentación jurídica para subsanar los déficits descriptivos del hecho probado. Si en éste no se identifican todos los elementos fácticos para la adecuada subsunción jurídica habrá que reformular la condena, o en su caso, proceder a la absolución. No es posible construir la base fáctica de la condena buscando elementos fuera de la declaración de hechos probados: esta tiene que ser autosuficiente para la calificación jurídico-penal.

"La detenida lectura y relectura del hecho probado confirma que asiste la razón a la recurrente: se refleja la recepción de las cantidades por la entidad; se describe la condición de apoderada de la recurrente; se consignan las cantidades recibidas de los clientes por cuenta de las transportistas pero no reintegradas a éstas a través del sistema común implantado; pero no se establece vinculación expresa entre la actuación de la acusada (solo se menciona que era apoderada de la mercantil, que contaba como administrador con otra persona) y esas distracciones dinerarias. Se deja de esa forma en el aire una mera sugerencia inconclusa: la acusada era apoderada; las cantidades se distrajeron, ergo...Para cerrar el razonamiento hay que acudir a la fundamentación jurídica.

El Fiscal reconoce esa carencia del hecho probado. Trata de subsanarla voluntariosamente sumergiéndose en la fundamentación jurídica y, en concreto, en el fundamento de derecho tercero en el que la Audiencia, desarrollando la motivación fáctica referida a la autoría de la acusada, repasa los medios de prueba que según su entender la avalan. Al hilo de su discurso deja caer algunas aseveraciones fácticas más directas aunque seguramente tampoco concluyentes en muchos casos: la acusada era responsable de la oficina; no es creíble que desconociese su condición de apoderada; asumió un papel directivo; gestionaba y dirigía de hecho la oficina; firmaba documentos y talones para concluir, finalmente, que la Sala alcanza la certeza de que era la acusada la responsable de autorizar los pagos relativos a ese sistema concertado con los transportistas; y que, por tanto, es responsable de que se produjesen esos impagos y desvíos.

Por esa línea discurre también la impugnación de la acusación particular en un elaborado escrito que, sin embargo, no puede salvar este relevante escollo.

Frente a una muy laxa en este punto jurisprudencia tradicional que admitía que el hecho probado fuese completado con aseveraciones fácticas contenidas en los fundamentos de derecho, desde finales del siglo pasado fue cristalizando hasta ser hoy la posición dominante, no sin algunas concesiones a las tesis tradicionales, cada vez más escasas y siempre sin esconder su carácter excepcional, una doctrina a tenor de la cual no es posible contra reo integrar el hecho probado con eventuales afirmaciones fácticas insertas en la fundamentación jurídica".

En la STS 859/2013, de 21 de octubre todavía asomaba una flexibilidad, que ha ido casi desapareciendo:

"Es conocido como la jurisprudencia más tradicional admitía que la fundamentación jurídica acogiese consideraciones fácticas con virtualidad complementadora de los hechos probados. Es también sabido como la jurisprudencia más reciente ha mostrado muchas reticencias frente a esa técnica, llegando a rechazar en alguna ocasión toda capacidad a los fundamentos de derecho para integrar o complementar la narración fáctica. Ésta ha de ser clara, completa y nítida, para ahuyentar todo riesgo de indefensión.

Hay que partir de esta tesis, aunque sin extremar sus perfiles hasta el punto de llegar a conclusiones absurdas que conviertan un error de ubicación sistemática en origen y raíz de consecuencias sustantivas de fuste. Cuando la afirmación factual se vislumbra con claridad meridiana y sin discusión alguna, y cualquier lector de la sentencia la capta sin margen para la confusión, que esa aseveración no haya sido situada en su lugar sistemático correcto no significa que haya que prescindir radicalmente de ella.

Sucede así con frecuencia en materia de circunstancias modificativas por una reprobable inercia: el Tribunal una vez perfilados los hechos determinantes de la infracción penal, olvidar consignar aquellos otros que van a dar vida a circunstancias modificativas, que solo son analizados en la fundamentación jurídica. La atenuante de dilaciones indebidas (aunque en esta, como hemos visto antes, concurren singularidades) es un ejemplo claro y frecuente. Acaece también de manera no inhabitual con la reparación del daño, la confesión, la drogadicción u otras circunstancias que modulan la imputabilidad. El silencio de los hechos probados es subsanado en los fundamentos de derecho donde al analizarse la concurrencia de la circunstancia se consignan inicialmente los datos fácticos que la sostienen (la condición de drogadicto, las paralizaciones observadas en la causa, la indemnización abonada con antelación...).

Aquí nos enfrentamos a esa situación pero en relación a una agravante: la reincidencia.

Sin duda hemos de ser más indulgentes y flexibles tratándose de atenuantes o hechos que favorecen a las partes pasivas que de circunstancias que perjudican al acusado. Pero eso no puede llevarnos a consecuencias incomprensibles. Cuando lo que se plasma en la fundamentación jurídica tiene ese indubitado e inequívoco sabor de elemento fáctico claro, sin capacidad para provocar confusión alguna, y sin que nadie razonablemente pueda sentirse desorientado, aún reseñándose la incorrección y sin dejar de subrayar que eso es un defecto técnico en la construcción de la sentencia, no podemos considerar no probado lo que la Sala dio por tal aunque lo haya recogido en un lugar de la resolución sistemáticamente equivocado. Así sucede aquí con la base fáctica de la reincidencia.

Ya se argumentaba en la STS 295/2010, de 8 de abril en ese sentido: "El Mº Fiscal en una aguda consideración de orden formal advierte ciertos obstáculos para dar respuesta por la vía ejercitada del "error iuris". En efecto en los hechos probados no se dice nada respecto al depósito bancario. Sólo en el fundamento jurídico 19º se viene a sostener que el "dinero procede del tráfico de drogas" porque no se le conoce otra ocupación al recurrente. En definitiva se concluye que el dinero de la cuenta bancaria "es producto del delito", afirmación fáctica desubicada de lo que debe ser la estructura formal de las sentencias, conforme a los términos del art. 141 L.E.Cr.

El Fiscal acude a un habilidoso y razonable argumento para reajustar los términos sentenciales, procediendo a la denominada "cointegración del factum" con afirmaciones inequívocamente fácticas contenidas en la fundamentación jurídica.

Somos conscientes que sobre este tema se han mantenido posturas diferentes, aunque va ganando predominio la que establece una tajante separación entre el contenido del factum y la fundamentación jurídica...

La tendencia a la drástica separación con absoluta incomunicación se viene manteniendo por unas razones más que justificadas que el Mº Fiscal también apunta. Lo que no se puede permitir es acudir a afirmaciones fácticas de la fundamentación jurídica para reinterpretar los hechos probados a través de una labor creadora intentando suponer lo que debiera haberse dado por probado. Mas, cuando simplemente se trata de reafirmar y dar sentido inequívoco a lo allí relatado (interpretación declarativa) no existiría inconveniente en esclarecer o completar el factum, si no existiera margen alguno para la duda o la ambigüedad, o para la provocación de una doble valoración o interpretación o se intente tomar en consideración una valoración no estrictamente fáctica.

Pero, cuando en los fundamentos de derecho se contiene una indubitada narración factual, no tiene sentido prescindir de ella, convirtiendo ese defecto formal en una causa eximente de responsabilidad criminal, de suerte que cuando un defecto de redacción se transmute en exclusión de responsabilidad por no aceptar un dato fáctico inconcluso de la fundamentación jurídica, el Mº Fiscal se vería obligado a recurrir en casación, con los consiguientes efectos dilatorios, para que con base en el art. 851-1º L.E.Cr. algunos pasajes de la sentencia claros y sin riesgo de confusión cambiaran de un lugar a otro dentro de la estructura sentencial. Cosa distinta sería que una hipotética descolocación arrojase cierta incomprensibilidad de la sentencia, pero ese no es el caso.

3. La sugestiva y fundamentada argumentación del Mº Fiscal ha de ser aceptada por esta Sala en tanto en cuanto lo único que se detecta en la sentencia es un simple defecto de carácter sistemático, colocando en lugar inadecuado una afirmación, de la que nadie puede dudar acerca de su carácter fáctico, sin que a su vez ocasione ninguna perturbación o duda a las partes procesales.

Asumiendo las consideraciones de ese precedente jurisprudencial, y sin abdicar desde luego (solo modulándola) de la jurisprudencia que ha reconducido la antes excesiva indulgencia la hora de "reconstruir" el hecho probado a base de retazos entresacados de la fundamentación fáctica con merma de la necesaria inteligibilidad para las partes, hay que concluir que aquí el defecto de sistemática no tiene alcance alguno por la objetividad de los datos que se manejan y consignan. En los hechos probados no se dice nada respecto de esas anteriores condenas. Pero la sentencia las recoge reseñando una en concreto en un fundamento de derecho de manera rotunda y concluyente. Sin duda lo ortodoxo hubiera sido reflejar de forma expresa en el factum ese antecedente. Pero eso no debe ser óbice para, en virtud de la clásica doctrina jurisprudencial, aún debidamente rectificada, entender integrados los hechos probados con esa afirmación fáctica extraída de los fundamentos de derecho que la recurrente ha captado perfectamente -como cualquier lector de la sentencia- pese a su descuadre sistemático. La no articulación por la parte de ningún motivo impugnando la reincidencia demuestra que la desubicación de la afirmación no ha despistado a la condenada.

Remedando el viejo adagio podríamos decir en materia de hechos probados quod non est in facto (factum) non est in mundo. Lo que no está en los hechos probados, no existe; no está probado. Se han de reafirmar ahora las razones que alientan esa doctrina. Pero no alcanzan a casos como el presente. No es dable reinterpretar los hechos probados a través de una labor recreadora intentado suponer lo que debiera haberse tenido como probado. Ni tampoco tomar alguna valoración que no es propiamente fáctica de la fundamentación jurídica para a partir de ahí reconstruir los hechos probados. Pero cuando en el fundamento de derecho se contiene una indubitada narración factual, sin márgenes para la incomprensión, para la ambigüedad o para la doble valoración o interpretación, no tiene sentido convertir ese defecto formal en una causa atenuante o en su caso eximente de la responsabilidad penal: el salto de los defectos en la sistemática de la sentencia a los efectos sustantivos supondría una pirueta incomprensible. Si en los hechos probados se habla tan solo de haber dado diez puñaladas a "x" que estaba en la cama y luego en el fundamento de derecho se explica que hay alevosía porque "x" estaba profundamente dormido en ese momento, nadie podrá alegar indefensión por esa deficiencia en la redacción. La defensa sabrá perfectamente por qué se aplica la alevosía y podrá combatir ese aspecto de la sentencia. Es ilógico que un evidente defecto de redacción se trasmute en una exclusión de responsabilidad. No es aceptable esa promiscuidad entre lo procesal y lo sustantivo. Otro entendimiento obligaría a las otras partes a un inútil ejercicio dilatorio: interponer recurso de casación al amparo del art. 850.1ª con la única finalidad de que determinados pasajes de la sentencia cambien de lugar. Algo que es tan sencillo de hacer -"cortar", "copiar" y "pegar" (en la terminología de las TICs)-, como de entender sin necesidad de ese fácil juego de teclado. Son lógicas las cautelas, precauciones y rigor cuando la descolocación arroja cierta incomprensibilidad en la sentencia. Pero no cuando lo único que se detecta es un defecto de orden sistemático: se ha puesto uno de los hechos probados en un lugar diferente, pero nadie puede dudar de que es un hecho probado. Ciertamente podría haber recurrido el Fiscal para reclamar de esa Sala Segunda que los aspectos fácticos fundamentadores de la reincidencia cambiasen de lugar, lo que podría articularse por la vía del art. 851.1ª. Pero, ¿no serían dilaciones indebidas esas vueltas y revueltas de una sentencia que se entiende perfectamente aunque no se haya respetado escrupulosamente lo dispuesto en el art. 141 LECrim? ". (énfasis añadido).

Aquí, y pese a esa apertura a algunas concesiones, se hace harto difícil conciliar la posición hoy dominante en la jurisprudencia, granítica y muy impermeable a matizaciones, con el valor heterointegrador de la suposición que se desliza en la fundamentación jurídica: el hecho probado no sostiene de forma concluyente el desvío del dinero para el enriquecimiento personal; sino sencillamente que no consta ni se ha justificado un destino a fines societarios.

Recojamos otro precedente, entre los muchos existentes, más próximo cronológicamente. Es la STS 360/2025, de 10 de abril. Cuando se combate el juicio de subsunción de los hechos en la norma penal por vía de recurso, el tribunal no puede traspasar los límites que enmarcan la declaración de hechos probados. Está vedado heterointegrarla en perjuicio del reo con referencias fácticas que, desperdigadas en la fundamentación jurídica, puedan prestar consistencia o justificación normativa al juicio de subsunción cuestionado. Si pese a la condena en la instancia, el hecho probado incompleto o impreciso impide la subsunción pretendida por las acusaciones y estas lo consienten, sin reclamar su reparación mediante el recurso devolutivo que corresponda, lo que no puede hacer el tribunal que conoce del recurso formulado solo a instancia de la persona condenada es reconstruir el hecho declarado probado en la instancia en términos que, ahora sí, permitan la subsunción combatida.

Transcribimos algunos pasajes de esa sentencia. Refiriéndose a la STS 85/2024, de 26 de enero reafirma:

"el juicio de subsunción solo puede recaer sobre los hechos declarados probados en el correspondiente apartado de la sentencia. Estos deben permitir identificar, ya sea en términos literales o contextuales, la presencia de todos los elementos exigidos por el tipo correspondiente, objeto de acusación, y, en su caso, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad cuya aplicación haya sido pretendida por las partes".

De ahí, las exigencias de precisión y completitud en el relato fáctico pues este constituye, insistimos, la única fuente de la que el tribunal puede suministrarse información para la construcción de su inferencia normativa.

En lógica consecuencia, cuando se combate el juicio de subsunción de los hechos en la norma penal por vía de recurso, el tribunal que conozca del mismo no puede traspasar los límites que enmarcan la declaración de hechos probados, teniendo vedado heterointegrarla en perjuicio del reo con referencias fácticas que desperdigadas en la fundamentación jurídica puedan prestar consistencia o justificación normativa al juicio de subsunción cuestionado. Si pese a la condena en la instancia, el hecho probado incompleto o impreciso impide la subsunción pretendida por las acusaciones y estas lo consienten, sin reclamar su reparación mediante el recurso devolutivo que corresponda, lo que no puede hacer el tribunal que conoce del recurso formulado solo a instancia de la persona condenada es reconstruir el hecho declarado probado en la instancia en términos que, ahora sí, permitan la subsunción combatida.

La reconstrucción configurativa en perjuicio del reo del hecho declarado probado en la instancia por parte del tribunal que conoce del recurso defensivo comportaría una profunda alteración de las reglas del proceso justo y equitativo que también determinan el alcance del efecto devolutivo.

De producirse, el tribunal de segundo o tercer grado habría actuado como acusador, comprometiendo gravemente la posición de "terzietà" que respecto a las partes viene obligado a mantener y afectando, a la postre, al derecho de defensa de la parte recurrente".

Y mas adelante:

"la subsunción, como una genuina operación normativa, y como destacábamos en nuestra STS 263/2024, de 18 de marzo, no puede recaer sobre cualquier hecho o afirmación contenida en la sentencia. La heterointegración con afirmaciones, aun de carácter fáctico, incorporadas a la fundamentación jurídica, entraña siempre el peligro de lesionar el derecho de la persona acusada a conocer con claridad aquello por lo que se le condena. De manera que, salvo que se trate de extremos que claramente beneficien las tesis defensivas, a través de este mecanismo heterointegrativo solo será posible completar, mediante las llamadas unidades mínimas de observación, lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales. Si la sentencia es o pretende ser un cuerpo sistemático y armónico, su redacción deberá respetar estos presupuestos y distinguir perfectamente los diferentes planos -fáctico y jurídico- que intervienen en su composición. Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado para completar o integrar el hecho probado y mucho menos para ampliarlo en perjuicio del acusado.

(...)

8. Precisamente, cuando esa labor reconstructiva del hecho incompleto fijado en la instancia se acomete aprovechando el recurso interpuesto por la persona que ha resultado condenada se corre un considerable riesgo de acabar fijando un nuevo hecho probado: el que debería haber declarado, y no hizo, el tribunal de instancia. Lo que viene vedado, en perjuicio del reo, por el principio de prohibición de la " reformatio in peius".

No nos enfrentamos, como señala la sentencia de apelación, a una cuestión de mayor o menor ortodoxia procesal. Esta tiene mucho más alcance pues afecta al núcleo de los derechos defensivos.

Muy en particular, cuando se trata de un recurso tan extraordinario como el que nos ocupa, cuyo motivo solo puede ser la infracción de la ley penal sustantiva, estamos obligados a ser particularmente rígidos, en caso de sentencias condenatorias, limitando el control de adecuación con relación a los hechos que se declaran probados en el correspondiente apartado de la sentencia recurrida. Y no solo para preservar, mejor, los fines estrictamente nomofilácticos que lo justifican, sino para salvaguardar un elemental y equitativo equilibrio pretensional pues el recurrente, condenado en la instancia, tiene vedado extravasar ese limitadísimo campo de juego, cuestionando, por ejemplo, que las proposiciones fácticas dispersas indebidamente en la fundamentación jurídica, y con presuntiva voluntad heterointegradora, puedan ser tenidas como genuinos hechos probados.

De ahí, al no poder sustentar el relato de hechos probados el juicio de subsunción que el motivo ataca, la condena debe dejarse sin efecto".

En este caso es patente el agujero en el hecho probado. Se dice que no se han justificado el destino, lo que puede entenderse en el sentido de que no se ha acreditado. De ahí se da el salto al delito de apropiación indebida que exige que quede acreditado un destino de enriquecimiento injusto propio o de un tercero. Sugiere, por otra parte, tanto el lenguaje empleado como el fundamento de derecho que no es solo un déficit narrativo, sino que encierra podría ser muestra de un cierto déficit probatorio.

El motivo ha de ser estimado.

SEGUNDO.- En cuanto al delito de insolvencia, distintas serán las conclusiones.

El recurrente trata de demostrar que la insolvencia proclamada por el Juzgado de lo Social en que el trabajador había obtenido sentencia a su favor para ejecutar los créditos pendientes, era puramente formal y no real. Ofrece diversas explicaciones sobre otros activos que mostrarían la capacidad de la sociedad para hacer frente a sus deudas (aparte de la derivada de la relación laboral, la surgida por impago de cuotas de un crédito con las que finalmente tuvo que cargar el denunciante como avalista).

Antes de entrar en esas alegaciones tomamos prestado del muy solvente (éste sí) informe de la Fiscal el marco jurisprudencial en el que hay que enmarcar el debate:

"La STS 1253/2002, de 5 de julio, recordaba ... que uno de los elementos del delito es la producción de "un resultado, no de lesión sino de riesgo, pues es preciso que el deudor, como consecuencia de las maniobras descritas, se coloque en situación de insolvencia total o parcial o, lo que es igual, que experimente una sensible disminución, aunque sea ficticia, de su activo patrimonial, imposibilitando a los acreedores el cobro de sus créditos o dificultándolo en grado sumo" ( SSTS. 31.1.2003,5.7.2002).

También insiste la jurisprudencia en que se trata de un delito de mera actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aun parcial de un deudor, provocada con el propósito en el sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o derechos de contenido económico del deudor.

Puede constatarse la presencia en este caso de todos los elementos del tipo penal, al hilo de lo que es la enumeración jurisprudencial de los mismos:

1º) Existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacido, pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes.

A 9 de junio de 2016 COPIGRA ANDALUCÍA SL adeudaba a Rodolfo el salario de 3 meses como reconoció luego el 14 de junio de 2016 el Juzgado de lo Social 2 de Granada que condenó a la mercantil al abono de 5.280,48 euros al demandante en concepto de salarios y 16.932,1 euros en concepto de indemnización.

Adeudaba por impago 4 o 5 de las cuotas de un préstamo de 12.500 euros, concedido por el ICO el 26 de mayo de 2011. El importe de las cuotas impagadas ascendía a 6.527,38 euros cuando el préstamo se dio por vencido (por impago) el 25 de mayo de 2017.

La misma mercantil en la fecha referida de 9 de junio de 2016 adeudaba la liquidación por IVA que ascendía a 5.013,79 euros y una liquidación del IVA.

2º) Un elemento dinámico que consiste en, una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor. Por ello ha de incidirse en la estructura totalmente abierta a la acción delictiva, ya que la norma tipifica el "realizar" cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones" art. 257.1.2, lo que abarca cualquier acto dispositivo inclusivo de la contracción de obligaciones de todo tipo.

En esta tesitura y siendo previsible la ejecución tanto de los salarios e indemnización reclamados por su empleado, como del préstamo del ICO cuyas cuotas había dejado de abonar, el recurrente procedió a la venta de un local comercial de COPIGRA ANDALUCÍA, situado en Baza, y pericialmente valorado en 50.000 euros por un precio de 28.000 euros que puede ser tachado de "vil", tratándose de un administrador y no ha justificado el destino que hubiera dado a dicha suma o a lo que hubiera sobrado de la misma después de abonar el préstamo hipotecario, si es que aún estaba pendiente, en un local adquirido mucho tiempo atrás.

3º) El resultado de insolvencia o disminución del patrimonio del delito que imposibilita o dificulta a los acreedores el cobro de lo que les es debido.

Es de observar que no se requiere una total insolvencia a raíz de los actos dispositivos perjudiciales, bastando que se consiga entorpecer o dificultar la ejecución de la totalidad de los embargos, trabas o actos de ejecución judicial sobre el patrimonio propio (o administrado).

4º) Un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos ( SSTS de 440/2002, de 13 de marzo, 138/2011, de 17 de marzo, 362/2012, de 3 de mayo, 867/2013, de 28 de noviembre y 194/2018, de 24 de abril).

Y, unos párrafos después, para cerrar el razonamiento:

La expresión en perjuicio de sus acreedores" que utilizaba el art. 247.1,1º y 2º debe interpretarse no como exigencia de un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor que pretende salvar algún bien o todo su patrimonio en su propio beneficio o en el de alguna otra persona allegada, obstaculizando así la vía de ejecución que podrían seguir sus acreedores. Por ello no se exige una insolvencia real y efectiva, sino una verdadera ocultación o sustracción de bienes que sea un obstáculo para el éxito de la vía de apremio. Y por eso las sentencias de esta Sala, que hablan de la insolvencia como resultado del alzamiento de bienes, siempre añaden los adjetivos total o parcial, real o ficticia. No es necesario en cada caso hacerle la cuenta al deudor para ver si tiene o no más activo que pasivo, lo cual no sería posible en muchos caos precisamente por la actitud de ocultación que adopta el deudor en estos supuestos. Desde luego no se puede exigir que el acreedor, que se considera burlado por la actitud de alzamiento del deudor, tenga que ultimar el procedimiento de ejecución de su crédito hasta realizar los bienes embargados, ni menos aún que tenga que agotar el patrimonio del deudor embargándole uno tras otro todos sus bienes para, de este modo, llegar a conocer su verdadera y real situación económica.

Lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes, que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda, de modo que el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situación que no es previsible la obtención de un resultado positivo en orden a la satisfacción del crédito ( SSTS. 425/2002 de 11 de marzo, 1540/2002 de 23 de septiembre, 163/2006 de 10 de febrero, 1101/2007 de 27 de diciembre ...) (énfasis añadido).

A la luz de estas muy pertinentes consideraciones analicemos las alegaciones del recurrente:

a) Invoca créditos pendientes de cobro por la sociedad de los que no existe constancia alguna en la causa; tan solo una vaga alusión en la denuncia inicial: el denunciante afirmaba que le habría referido el recurrente partidas pendientes de cobro. Luego, pese a la pendencia de esta causa, ninguna acreditación ha intentado. Podría entenderse, quizás, que algunos de los ingresos que figuran en las cuentas bancarias posteriores a los hechos responden, aunque en un porcentaje escaso, a esos supuestos créditos. Aparte de la falta de constancia y, como alega el Fiscal, la falta de mención en los hechos probados (el recurrente se basa en el art. 849.1º), tampoco la realidad de esos créditos enturbiaría los contornos del delito por el que ha sido condenado a tenor de la jurisprudencia reseñada: la pendencia de cobros que no es seguro que vayan a ejecutarse, no habilita al deudor para levantar bienes de la empresa desplazando a sus acreedores el riesgo de impago.

b) Alude a un embargo realizado el 14 de julio de 2017 por importe de 4.475 euros por el Juzgado de lo Social. La fecha es posterior a la consumación de los hechos. Ese embargo, que solo muy parcialmente permite el cobro de uno de los deudores, se hace sobre ingresos producidos con posterioridad a la insolvencia declarada en el juzgado. No se desvanece en forma alguna el resultado de insolvencia -si se quiere parcial, y esa basta- para integrar el tipo.

c) Por fin, menciona la propiedad de cuatro vehículos. Asomarse a los folios del procedimiento que consigna (aunque ni siquiera ha buscado los cauces del art. 849.2 o invocado la presunción de inocencia respecto de esta infracción) confirma que la titularidad de esos vehículos no enturbia la situación de insolvencia proclamada por el órgano judicial. Dos de esos vehículos están matriculados en ¡1997! Solo los dos últimos (folios 1122 y 1123) presentan una fecha de matriculación y un kilometraje que permiten dotarles de un valor algo más relevante, pero, en todo caso, marcadamente insuficiente para cubrir las deudas cuyo pago se burló.

El elemento subjetivo de la infracción está cubierto. Basta el dolo genérico: saber que ocultando bienes -en este caso el destino de lo incorporado a la sociedad por la venta- se está dificultando el cobro por los acreedores. La afirmación de que el patrimonio cubría con creces lo adeudado es gratuita. Contradice el hecho probado y contradice también lo que revelan las actuaciones y la prueba: ni siquiera canalizado a través de la presunción de inocencia el motivo podría prosperar.

TERCERO.- Se denuncia finalmente la individualización de las penas de multa impuestas. Se considera que el importe de la cuota (diez euros) resulta excesivo y no ha sido motivado sin que se atisbe el más mínimo esfuerzo por indagar sobre la capacidad económica del recurrente.

En lo que atañe a la cuota, el Tribunal a quo goza de un amplio margen de discrecionalidad, razonada y razonable, para esa cuantificación. El razonamiento del Tribunal está ciertamente ausente. Pero, implícitamente, está justificada la cuantía de la cuota.

Reiteradamente decimos que la cuota mínima de dos euros ha de reservarse para casos de indigencia. Es obvio que estamos muy lejos de un caso de indigencia, según revela el contexto que rodea el delito, su naturaleza económica, y el examen de la causa ( art. 899 LECrim) . La simple constatación de que el recurrente ha podido costearse la asistencia letrada ya es un dato. Cuenta, por otra parte, con un domicilio.

La práctica suele manejar cuotas de diez euros o cifras aproximadas para casos de capacidad económica media desde un punto de vista estandarizado, lo que es congruente con el nivel de renta que cabe presumir en el ahora recurrente. En alguna ocasión ( STS 699/2016, de 9 de septiembre), ha llegado a decir la jurisprudencia que " si la cuota tiene un máximo de 400 euros, moverse en una franja tan inferior (y se contemplaba en ese precedente una cuota justamente de 10 euros) disculpa de consignar unas razones que, por evidentes, saltan a la vista. Se ha superado en ocho euros el mínimo, cuando podía haberse superado en 398 euros.

No siendo una eximente la pobreza,-se argumenta- también los indigentes pueden ser merecedores de una pena de multa. Habrá que reservar para esos casos los tramos mínimos de cuota evitando la injusticia de equiparar situaciones económicas muy diferentes".

Razonaba en el mismo sentido la STS 847/2007, de 18 de octubre tras desvelar datos dimanantes de las diligencias (uso de un coche, profesión...) que desmentían que se estuviese ante un indigente.

En el marco de esas pautas habituales, no cabe considerar inmotivable la cuantía conforme a esos estándares no encorsertables en rígidas reglas, pero que sí establecen algunos parámetros generalizables (vid. STEDH de 19 de abril de 2021 asunto Lacatus parágrafos 108 y siguientes).

En materia de cuota de multa, por otra parte ( STS 288/2022, de 23 de marzo) no rige la presunción de inocencia. Hay que estar a la capacidad económica que pueda deducirse de la causa; pero no ha de demostrarse esa capacidad con un nivel de seguridad tan alto como exige un pronunciamiento de culpabilidad. In casu el condenado parece ajustarse a patrones medios que encajan bien con una cuota de diez euros.

El motivo es desestimable.

CUARTO.- Deben declararse de oficio las costas del recurso al haberse estimado parcialmente ( art. 901 LECrim) .