Sentencia Penal 1035/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3267/2023 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Recurre en casación el Ministerio Fiscal, contra la sentencia núm. 151/2023 de 1 de marzo, dictada por la Sección n.º 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 297/2021 de fecha 3 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Alcalá de Henares, en el Procedimiento de Juicio Rápido núm. 365/2021, donde estima el recurso interpuesto por la representación procesal de Felix, revoca la sentencia de instancia y le absuelve del delito de quebrantamiento de medida cautelar por el que fue acusado y condenado.

1. Formula un único motivo, por infracción de Ley al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación del art. 468.2 del Código Penal.

Expone el Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial entiende que no concurre el delito de quebrantamiento de medida cautelar teniendo en cuenta que perfilados los contornos de la prohibición de comunicación en el art 48.3 CP, no constituye un medio de comunicación, los contactos que se realizan a través de terceros, sin olvidar que sin la expresa cooperación de las personas que trasladaron el mensaje a la víctima la infracción no se habría producido; criterio del que disiente el Fiscal, pues aun así, considera que los hechos declarados probados constituyen el delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal.

2. Efectivamente, la Audiencia Provincial argumentó para absolver:

"Entendemos que la medida cautelar de prohibición de "comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinas personas" prevista en el art.544.bis LECrim, en su segundo párrafo, debe tener el mismo alcance que la pena de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (art.39.h), no pudiendo ser aquella más extensa o gravosa que esta.

Así si el art.48.3 del Código penal dispone que "la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ella, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual", la medida cautelar impone la misma prohibición referido al contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, no comprendiendo en ellos otras vías no contempladas en este precepto.

No puede comprenderse la comunicación a través de tercero, no son un medio de comunicación; son muchos los supuestos en los delitos relacionados con la violencia de género en los que la víctima y el investigado han mantenido una relación sentimental en la que tienen hijos comunes o intereses económicos o patrimoniales, necesitados de una gestión en la que es precisa una comunicación entre ellos que, por razón de la pena o medida de seguridad impuesta, debe realizarse a través de terceros, ya sean familiares, amigos o profesionales, sin que por ello pueda entenderse que el investigado incumple o quebranta la pena o medida de seguridad impuestas.

Sálvense los casos en los que uno de los progenitores utiliza a los hijos menores de corta edad como instrumento para comunicar con el otro, transmitiéndole mensajes que directamente suponen un quebrantamiento de la prohibición de comunicación con el otro.

Por otra parte tratándose las intermediarias de dos mujeres mayores de edad y con plena capacidad cabe plantearse hasta qué punto su comportamiento no incurriría en responsabilidad criminal, como autoras en el hecho delictivo que se le imputa, en cuanto que conocedoras de la medida cautelar que le impedía establecer comunicación con la víctima no tuvieron ningún obstáculo en hacer llegar, de forma libre y voluntaria, el mensaje que aquél les había transmitido, consumándose en ese momento el pretendido delito de quebrantamiento de medida cautelar; no serían un mero instrumento en la actuación del acusado, como si se tratara de menores de edad o inimputables, incapaces de discernir si su comportamiento se ajusta o no a lo autorizado, sino que contribuyeron a la comisión del delito sin un acto sin el cual no se hubiera verificado, dependiendo de ellas su consumación pues si hubieran decidido no transmitir nada a la perjudicada, ninguna infracción se habría producido. El art.28 del Código penal también considera autores a "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".".

3. Frente a ello, el Ministerio Fiscal, argumenta que la decisión del tribunal provincial parte de una lectura e interpretación errónea del art. 48. 3 CP , pues la prohibición de comunicación impide todo contacto con la víctima por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, dicción literal del precepto que no excluye la comunicación que no sea, exclusivamente, la directa y personal entre transmisor y receptor como parece entender el tribunal; y recuerda que se declara probado que el acusado tenía prohibido comunicar con la mujer "por cualquier medio o procedimiento", sin que haya razón alguna para excluir de esa prohibición la comunicación por medio de terceras personas. Al contrario de lo que señala la sentencia recurrida, es evidente que esa acción ejecutada por medio de terceros es un acto de comunicación; y advierte de las gravísimas consecuencias que se producirían en el ámbito de la protección de las víctimas de los delitos de violencia de género si se admitiera la tesis defendida por la Sección 27 en su sentencia, pues legitimaría al sujeto al que se impone la medida a continuar relacionándose con la mujer protegida con total impunidad.

Añade que cuando en aplicación del art. 48.3 CP se prohíbe a un penado o investigado comunicar con otra persona "por cualquier medio o procedimiento" no pueden excluirse de la prohibición las comunicaciones indirectas por medio terceras personas, pues esa exclusión vaciaría de contenido el fin, que se pretende obtener con ese tipo de penas o medidas cautelares (sin perjuicio de que llevaría a situaciones absurdas, por ejemplo en el caso de que el mensaje que trasmitieran esos terceros tuviera un inequívoco contenido intimidatorio, ya que en ese supuesto el varón ¿no cometería un quebrantamiento y tampoco un delito de amenazas?).

4. El recurso debe ser estimado. El criterio defendido por el Ministerio Fiscal, se adecua a la interpretación teleológica de la norma (exposición de motivos de la LO 14/1999 y de la LO 27/2003) y con la pacífica doctrina jurisprudencial de esta Sala Segunda, algunas de cuyas resoluciones igualmente aporta el recurrente:

STS 303/2018, de 20 de junio de 2018: "no se precisa una comunicación directa del acusado con la denunciante para que se infrinja la orden de incomunicación, ya que ésta puede también vulnerarse valiéndose de medios indirectos que operen como instrumentos de la comunicación, como pudiera ser en este caso una amiga de la víctima, que declaró en el juicio que recibió el Whatsapp con las amenazas hacia la denunciante y su nuevo compañero, recogiéndose en el factum de la sentencia que esa conducta se realizó con el fin de que la amenaza llegara a conocimiento de la víctima".

STS 650/2019: "[...] comunicar con otra persona significa poner algo en su conocimiento. Según el diccionario de la RAE, entre otras acepciones, "descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo". En relación con el artículo 48.3 CP , establecer contacto escrito, verbal o visual. En este artículo no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro".

STS 553/2022, de 2 de junio: "La estructura típica, pues, no incluye ningún añadido vinculado al propósito de menoscabar la intimidad de la persona favorecida por la medida de protección dictada con carácter cautelar. Pero tampoco se resiente el juicio de tipicidad por el hecho de que el mensaje que quebranta la prohibición de comunicarse con la expareja se incorpore a una red social que desborda la comunicación bidireccional entre el denunciado y la víctima... Lo verdaderamente determinante no es que los "pensamientos o reflexiones" deban entenderse como simples enunciados que no están dirigidos a una persona concreta, sino que esas palabras, una vez contextualizadas, tengan un destinatario respecto del que existe una prohibición judicial de comunicación y que su contenido llegue a su conocimiento.".

En definitiva, declarado en el hecho probado la vigencia de la medida y su notificación al acusado, el contacto directo con amigas de su pareja para trasladarle unos mensajes, constituye un proceso de comunicación que infringe per se la prohibición fijada en la resolución. De otra parte, las consideraciones hipotéticas, no referidas al caso de autos, sobre el modo de acordar cuestiones comunes como las que deben ser resueltas si hubiera hijos comunes o la potencial responsabilidad de los intermediarios que hacen llegar los mensajes, resultan absolutamente ajenas al caso de autos.

5. En el caso de autos, no conlleva óbice alguno a la estimación acuerde la revocación de una sentencia absolutoria y conlleve la imposición de una condena.

No media alteración alguna del hecho probado; y tampoco en la sentencia recurrida se contiene en su fundamentación elemento factual diverso o complementario al factum; se trata exclusivamente del examen de la adecuada subsunción de ese relato probado en la conducta típica del art. 468.2 CP, en función del alcance del art. 48.3 CP.

Ninguna cuestión de hecho se dirime; exclusivamente revisamos la adecuada subsunción jurídica de los hechos definitiva y previamente establecidos, lo que no conculca manifestación del derecho a un proceso equitativo (Bazo González c. España, nª 30643/04, § 36, 16 de diciembre de 2008; Keskinen et Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia, nº 34721/09, § 39, 5 de junio de 2012; Le? c. Rumania (dec.), nº 28841/09, §§ 18-22, 13 de septiembre de 2016; o Dumitrascu c. Rumania, nº 29235/14, 15 de septiembre de 2020).

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se declararán de oficio.

PRIMERO.- Recurre en casación el Ministerio Fiscal, contra la sentencia núm. 151/2023 de 1 de marzo, dictada por la Sección n.º 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 297/2021 de fecha 3 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Alcalá de Henares, en el Procedimiento de Juicio Rápido núm. 365/2021, donde estima el recurso interpuesto por la representación procesal de Felix, revoca la sentencia de instancia y le absuelve del delito de quebrantamiento de medida cautelar por el que fue acusado y condenado.

1. Formula un único motivo, por infracción de Ley al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación del art. 468.2 del Código Penal.

Expone el Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial entiende que no concurre el delito de quebrantamiento de medida cautelar teniendo en cuenta que perfilados los contornos de la prohibición de comunicación en el art 48.3 CP, no constituye un medio de comunicación, los contactos que se realizan a través de terceros, sin olvidar que sin la expresa cooperación de las personas que trasladaron el mensaje a la víctima la infracción no se habría producido; criterio del que disiente el Fiscal, pues aun así, considera que los hechos declarados probados constituyen el delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal.

2. Efectivamente, la Audiencia Provincial argumentó para absolver:

"Entendemos que la medida cautelar de prohibición de "comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinas personas" prevista en el art.544.bis LECrim, en su segundo párrafo, debe tener el mismo alcance que la pena de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (art.39.h), no pudiendo ser aquella más extensa o gravosa que esta.

Así si el art.48.3 del Código penal dispone que "la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ella, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual", la medida cautelar impone la misma prohibición referido al contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, no comprendiendo en ellos otras vías no contempladas en este precepto.

No puede comprenderse la comunicación a través de tercero, no son un medio de comunicación; son muchos los supuestos en los delitos relacionados con la violencia de género en los que la víctima y el investigado han mantenido una relación sentimental en la que tienen hijos comunes o intereses económicos o patrimoniales, necesitados de una gestión en la que es precisa una comunicación entre ellos que, por razón de la pena o medida de seguridad impuesta, debe realizarse a través de terceros, ya sean familiares, amigos o profesionales, sin que por ello pueda entenderse que el investigado incumple o quebranta la pena o medida de seguridad impuestas.

Sálvense los casos en los que uno de los progenitores utiliza a los hijos menores de corta edad como instrumento para comunicar con el otro, transmitiéndole mensajes que directamente suponen un quebrantamiento de la prohibición de comunicación con el otro.

Por otra parte tratándose las intermediarias de dos mujeres mayores de edad y con plena capacidad cabe plantearse hasta qué punto su comportamiento no incurriría en responsabilidad criminal, como autoras en el hecho delictivo que se le imputa, en cuanto que conocedoras de la medida cautelar que le impedía establecer comunicación con la víctima no tuvieron ningún obstáculo en hacer llegar, de forma libre y voluntaria, el mensaje que aquél les había transmitido, consumándose en ese momento el pretendido delito de quebrantamiento de medida cautelar; no serían un mero instrumento en la actuación del acusado, como si se tratara de menores de edad o inimputables, incapaces de discernir si su comportamiento se ajusta o no a lo autorizado, sino que contribuyeron a la comisión del delito sin un acto sin el cual no se hubiera verificado, dependiendo de ellas su consumación pues si hubieran decidido no transmitir nada a la perjudicada, ninguna infracción se habría producido. El art.28 del Código penal también considera autores a "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".".

3. Frente a ello, el Ministerio Fiscal, argumenta que la decisión del tribunal provincial parte de una lectura e interpretación errónea del art. 48. 3 CP , pues la prohibición de comunicación impide todo contacto con la víctima por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, dicción literal del precepto que no excluye la comunicación que no sea, exclusivamente, la directa y personal entre transmisor y receptor como parece entender el tribunal; y recuerda que se declara probado que el acusado tenía prohibido comunicar con la mujer "por cualquier medio o procedimiento", sin que haya razón alguna para excluir de esa prohibición la comunicación por medio de terceras personas. Al contrario de lo que señala la sentencia recurrida, es evidente que esa acción ejecutada por medio de terceros es un acto de comunicación; y advierte de las gravísimas consecuencias que se producirían en el ámbito de la protección de las víctimas de los delitos de violencia de género si se admitiera la tesis defendida por la Sección 27 en su sentencia, pues legitimaría al sujeto al que se impone la medida a continuar relacionándose con la mujer protegida con total impunidad.

Añade que cuando en aplicación del art. 48.3 CP se prohíbe a un penado o investigado comunicar con otra persona "por cualquier medio o procedimiento" no pueden excluirse de la prohibición las comunicaciones indirectas por medio terceras personas, pues esa exclusión vaciaría de contenido el fin, que se pretende obtener con ese tipo de penas o medidas cautelares (sin perjuicio de que llevaría a situaciones absurdas, por ejemplo en el caso de que el mensaje que trasmitieran esos terceros tuviera un inequívoco contenido intimidatorio, ya que en ese supuesto el varón ¿no cometería un quebrantamiento y tampoco un delito de amenazas?).

4. El recurso debe ser estimado. El criterio defendido por el Ministerio Fiscal, se adecua a la interpretación teleológica de la norma (exposición de motivos de la LO 14/1999 y de la LO 27/2003) y con la pacífica doctrina jurisprudencial de esta Sala Segunda, algunas de cuyas resoluciones igualmente aporta el recurrente:

STS 303/2018, de 20 de junio de 2018: "no se precisa una comunicación directa del acusado con la denunciante para que se infrinja la orden de incomunicación, ya que ésta puede también vulnerarse valiéndose de medios indirectos que operen como instrumentos de la comunicación, como pudiera ser en este caso una amiga de la víctima, que declaró en el juicio que recibió el Whatsapp con las amenazas hacia la denunciante y su nuevo compañero, recogiéndose en el factum de la sentencia que esa conducta se realizó con el fin de que la amenaza llegara a conocimiento de la víctima".

STS 650/2019: "[...] comunicar con otra persona significa poner algo en su conocimiento. Según el diccionario de la RAE, entre otras acepciones, "descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo". En relación con el artículo 48.3 CP , establecer contacto escrito, verbal o visual. En este artículo no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro".

STS 553/2022, de 2 de junio: "La estructura típica, pues, no incluye ningún añadido vinculado al propósito de menoscabar la intimidad de la persona favorecida por la medida de protección dictada con carácter cautelar. Pero tampoco se resiente el juicio de tipicidad por el hecho de que el mensaje que quebranta la prohibición de comunicarse con la expareja se incorpore a una red social que desborda la comunicación bidireccional entre el denunciado y la víctima... Lo verdaderamente determinante no es que los "pensamientos o reflexiones" deban entenderse como simples enunciados que no están dirigidos a una persona concreta, sino que esas palabras, una vez contextualizadas, tengan un destinatario respecto del que existe una prohibición judicial de comunicación y que su contenido llegue a su conocimiento.".

En definitiva, declarado en el hecho probado la vigencia de la medida y su notificación al acusado, el contacto directo con amigas de su pareja para trasladarle unos mensajes, constituye un proceso de comunicación que infringe per se la prohibición fijada en la resolución. De otra parte, las consideraciones hipotéticas, no referidas al caso de autos, sobre el modo de acordar cuestiones comunes como las que deben ser resueltas si hubiera hijos comunes o la potencial responsabilidad de los intermediarios que hacen llegar los mensajes, resultan absolutamente ajenas al caso de autos.

5. En el caso de autos, no conlleva óbice alguno a la estimación acuerde la revocación de una sentencia absolutoria y conlleve la imposición de una condena.

No media alteración alguna del hecho probado; y tampoco en la sentencia recurrida se contiene en su fundamentación elemento factual diverso o complementario al factum; se trata exclusivamente del examen de la adecuada subsunción de ese relato probado en la conducta típica del art. 468.2 CP, en función del alcance del art. 48.3 CP.

Ninguna cuestión de hecho se dirime; exclusivamente revisamos la adecuada subsunción jurídica de los hechos definitiva y previamente establecidos, lo que no conculca manifestación del derecho a un proceso equitativo (Bazo González c. España, nª 30643/04, § 36, 16 de diciembre de 2008; Keskinen et Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia, nº 34721/09, § 39, 5 de junio de 2012; Le? c. Rumania (dec.), nº 28841/09, §§ 18-22, 13 de septiembre de 2016; o Dumitrascu c. Rumania, nº 29235/14, 15 de septiembre de 2020).

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se declararán de oficio.

PRIMERO.- Recurre en casación el Ministerio Fiscal, contra la sentencia núm. 151/2023 de 1 de marzo, dictada por la Sección n.º 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 297/2021 de fecha 3 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Alcalá de Henares, en el Procedimiento de Juicio Rápido núm. 365/2021, donde estima el recurso interpuesto por la representación procesal de Felix, revoca la sentencia de instancia y le absuelve del delito de quebrantamiento de medida cautelar por el que fue acusado y condenado.

1. Formula un único motivo, por infracción de Ley al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida inaplicación del art. 468.2 del Código Penal.

Expone el Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial entiende que no concurre el delito de quebrantamiento de medida cautelar teniendo en cuenta que perfilados los contornos de la prohibición de comunicación en el art 48.3 CP, no constituye un medio de comunicación, los contactos que se realizan a través de terceros, sin olvidar que sin la expresa cooperación de las personas que trasladaron el mensaje a la víctima la infracción no se habría producido; criterio del que disiente el Fiscal, pues aun así, considera que los hechos declarados probados constituyen el delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal.

2. Efectivamente, la Audiencia Provincial argumentó para absolver:

"Entendemos que la medida cautelar de prohibición de "comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinas personas" prevista en el art.544.bis LECrim, en su segundo párrafo, debe tener el mismo alcance que la pena de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (art.39.h), no pudiendo ser aquella más extensa o gravosa que esta.

Así si el art.48.3 del Código penal dispone que "la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ella, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual", la medida cautelar impone la misma prohibición referido al contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, no comprendiendo en ellos otras vías no contempladas en este precepto.

No puede comprenderse la comunicación a través de tercero, no son un medio de comunicación; son muchos los supuestos en los delitos relacionados con la violencia de género en los que la víctima y el investigado han mantenido una relación sentimental en la que tienen hijos comunes o intereses económicos o patrimoniales, necesitados de una gestión en la que es precisa una comunicación entre ellos que, por razón de la pena o medida de seguridad impuesta, debe realizarse a través de terceros, ya sean familiares, amigos o profesionales, sin que por ello pueda entenderse que el investigado incumple o quebranta la pena o medida de seguridad impuestas.

Sálvense los casos en los que uno de los progenitores utiliza a los hijos menores de corta edad como instrumento para comunicar con el otro, transmitiéndole mensajes que directamente suponen un quebrantamiento de la prohibición de comunicación con el otro.

Por otra parte tratándose las intermediarias de dos mujeres mayores de edad y con plena capacidad cabe plantearse hasta qué punto su comportamiento no incurriría en responsabilidad criminal, como autoras en el hecho delictivo que se le imputa, en cuanto que conocedoras de la medida cautelar que le impedía establecer comunicación con la víctima no tuvieron ningún obstáculo en hacer llegar, de forma libre y voluntaria, el mensaje que aquél les había transmitido, consumándose en ese momento el pretendido delito de quebrantamiento de medida cautelar; no serían un mero instrumento en la actuación del acusado, como si se tratara de menores de edad o inimputables, incapaces de discernir si su comportamiento se ajusta o no a lo autorizado, sino que contribuyeron a la comisión del delito sin un acto sin el cual no se hubiera verificado, dependiendo de ellas su consumación pues si hubieran decidido no transmitir nada a la perjudicada, ninguna infracción se habría producido. El art.28 del Código penal también considera autores a "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".".

3. Frente a ello, el Ministerio Fiscal, argumenta que la decisión del tribunal provincial parte de una lectura e interpretación errónea del art. 48. 3 CP , pues la prohibición de comunicación impide todo contacto con la víctima por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, dicción literal del precepto que no excluye la comunicación que no sea, exclusivamente, la directa y personal entre transmisor y receptor como parece entender el tribunal; y recuerda que se declara probado que el acusado tenía prohibido comunicar con la mujer "por cualquier medio o procedimiento", sin que haya razón alguna para excluir de esa prohibición la comunicación por medio de terceras personas. Al contrario de lo que señala la sentencia recurrida, es evidente que esa acción ejecutada por medio de terceros es un acto de comunicación; y advierte de las gravísimas consecuencias que se producirían en el ámbito de la protección de las víctimas de los delitos de violencia de género si se admitiera la tesis defendida por la Sección 27 en su sentencia, pues legitimaría al sujeto al que se impone la medida a continuar relacionándose con la mujer protegida con total impunidad.

Añade que cuando en aplicación del art. 48.3 CP se prohíbe a un penado o investigado comunicar con otra persona "por cualquier medio o procedimiento" no pueden excluirse de la prohibición las comunicaciones indirectas por medio terceras personas, pues esa exclusión vaciaría de contenido el fin, que se pretende obtener con ese tipo de penas o medidas cautelares (sin perjuicio de que llevaría a situaciones absurdas, por ejemplo en el caso de que el mensaje que trasmitieran esos terceros tuviera un inequívoco contenido intimidatorio, ya que en ese supuesto el varón ¿no cometería un quebrantamiento y tampoco un delito de amenazas?).

4. El recurso debe ser estimado. El criterio defendido por el Ministerio Fiscal, se adecua a la interpretación teleológica de la norma (exposición de motivos de la LO 14/1999 y de la LO 27/2003) y con la pacífica doctrina jurisprudencial de esta Sala Segunda, algunas de cuyas resoluciones igualmente aporta el recurrente:

STS 303/2018, de 20 de junio de 2018: "no se precisa una comunicación directa del acusado con la denunciante para que se infrinja la orden de incomunicación, ya que ésta puede también vulnerarse valiéndose de medios indirectos que operen como instrumentos de la comunicación, como pudiera ser en este caso una amiga de la víctima, que declaró en el juicio que recibió el Whatsapp con las amenazas hacia la denunciante y su nuevo compañero, recogiéndose en el factum de la sentencia que esa conducta se realizó con el fin de que la amenaza llegara a conocimiento de la víctima".

STS 650/2019: "[...] comunicar con otra persona significa poner algo en su conocimiento. Según el diccionario de la RAE, entre otras acepciones, "descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo". En relación con el artículo 48.3 CP , establecer contacto escrito, verbal o visual. En este artículo no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro".

STS 553/2022, de 2 de junio: "La estructura típica, pues, no incluye ningún añadido vinculado al propósito de menoscabar la intimidad de la persona favorecida por la medida de protección dictada con carácter cautelar. Pero tampoco se resiente el juicio de tipicidad por el hecho de que el mensaje que quebranta la prohibición de comunicarse con la expareja se incorpore a una red social que desborda la comunicación bidireccional entre el denunciado y la víctima... Lo verdaderamente determinante no es que los "pensamientos o reflexiones" deban entenderse como simples enunciados que no están dirigidos a una persona concreta, sino que esas palabras, una vez contextualizadas, tengan un destinatario respecto del que existe una prohibición judicial de comunicación y que su contenido llegue a su conocimiento.".

En definitiva, declarado en el hecho probado la vigencia de la medida y su notificación al acusado, el contacto directo con amigas de su pareja para trasladarle unos mensajes, constituye un proceso de comunicación que infringe per se la prohibición fijada en la resolución. De otra parte, las consideraciones hipotéticas, no referidas al caso de autos, sobre el modo de acordar cuestiones comunes como las que deben ser resueltas si hubiera hijos comunes o la potencial responsabilidad de los intermediarios que hacen llegar los mensajes, resultan absolutamente ajenas al caso de autos.

5. En el caso de autos, no conlleva óbice alguno a la estimación acuerde la revocación de una sentencia absolutoria y conlleve la imposición de una condena.

No media alteración alguna del hecho probado; y tampoco en la sentencia recurrida se contiene en su fundamentación elemento factual diverso o complementario al factum; se trata exclusivamente del examen de la adecuada subsunción de ese relato probado en la conducta típica del art. 468.2 CP, en función del alcance del art. 48.3 CP.

Ninguna cuestión de hecho se dirime; exclusivamente revisamos la adecuada subsunción jurídica de los hechos definitiva y previamente establecidos, lo que no conculca manifestación del derecho a un proceso equitativo (Bazo González c. España, nª 30643/04, § 36, 16 de diciembre de 2008; Keskinen et Veljekset Keskinen Oy c. Finlandia, nº 34721/09, § 39, 5 de junio de 2012; Le? c. Rumania (dec.), nº 28841/09, §§ 18-22, 13 de septiembre de 2016; o Dumitrascu c. Rumania, nº 29235/14, 15 de septiembre de 2020).

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se declararán de oficio.