Sentencia Penal 948/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1731/2023 de 19 de noviembre del 2025

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que confirma en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó al acusado como autor responsable de un delito contra la salud pública a la pena de 3 años de prisión y multa.

Formaliza una impugnación que desarrolla en tres motivos. En los dos primeros, cuestiona la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en los que reitera lo que fue objeto del recurso de apelación y al que ha dado respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En el primer motivo denuncia el que la sentencia de la instancia y de la apelación hayan dado valor de prueba de cargo a las conjeturas y apreciaciones subjetivas de los funcionarios del cuerpo nacional de policía, en tanto que en el segundo de los motivos, vuelve a reiterar la misma causa de impugnación, afirmando que los agentes actuantes no vieron que el acusado manipulara la sustancia tóxica que fue intervenida y que constituye el elemento objetivo del que deducir el destino al tráfico.

Los motivos deben ser desestimados. En reiterados precedentes jurisprudenciales hemos declarado que la nueva casación que surge de la ley 41/2015 cuando se trata de sentencias dictadas en primera instancia en la Audiencia Provincial y en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, no puede consistir en reiterar lo que ya ha sido objeto de valoración por dos instancias y judiciales, no puede pretenderse una revaloración de la actividad probatoria desplegada en el Tribunal de instancia y revisada en el Tribunal de apelación, porque a través de estas dos sentencias se ha dado satisfacción a las exigencias de la doble instancia contenidas en los tratados internacionales firmados por nuestro país. El ámbito propio de la casación debe consistir en destacar aquellos aspectos que recurrente considere irracionales o practicados de forma irregular o sean ilícitos, y carentes de la precisa consideración de prueba de cargo para afirmar el hecho probado. Ambas instancias jurisdiccionales han tenido en cuenta la declaración de los funcionarios policía que advertidos por un trabajador, que había señalado un punto de venta de sustancias tóxicas, se acercaron al identificado, a quien habían visto cómo manipulaba la parte inferior de una valla próxima introduciendo los dedos en un orificio. Los agentes actuantes se dirigieron al punto de la valla para comprobar lo que efectivamente se hallaba en el mismo, localizando sustancia tóxica, identificada como hachís y cocaína, en cantidades cercanas a los 10 gramos de cada sustancia.

Consecuentemente, no se ajusta a la verdad la argumentación del recurso que ya expuso ante el Tribunal de apelación, referida a que las funciones policiales no vieron manipular la sustancia tóxica, pues ambas instancias jurisdiccionales declaran precisamente lo contrario. Tampoco es discutible, que ambas sentencias, la del enjuiciamiento y la de la revisión, han constatado la existencia de la precisa actividad probatoria sobre la localización de la droga. Respecto al destino del tráfico de la sustancia tóxica, la inferencia es razonable a partir de la cantidad y variedad de sustancias intervenidas, y las manipulaciones para su tráfico sin que, por otra parte, resulte alegada una situación de consumo por parte de su tenedor. Las demás conjeturas referidas a la imposibilidad de acercarse por parte de los funcionarios de policía sin ser visto por el acusado, se desvanecen ante las manifestaciones de los funcionarios policiales afirmando que se acercaron cuando se encontraba de espaldas.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, que ha sido valorada y analizada por el tribunal del enjuiciamiento y revisada en su contenido acreditativo del hecho objeto de acusación por el Tribunal de apelación, los dos primeros motivos en el que vuelve a cuestionar la valoración probatoria se desestiman porqué hemos examinado las dos resoluciones jurisdiccionales y ningún error cabe declarar al constatar la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia puede afirmarse.

SEGUNDO.- En el tercero de los motivos de la casación denuncia el error de derecho al considerar errónea la inaplicación del párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, la previsión de una situación fáctica que permita una reducción de la penalidad, por la menor entidad del hecho y las circunstancias personales del imputado que permita reducir en un grado la penalidad procedente al hecho declarado probado.

Esta situación fáctica a la que hemos aludido ha sido considerada por esta Sala, bien como un tipo atenuado, bien como una cláusula específica de individualización de la pena, para proporcionar la pena a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor que evidencien una menor antijuridicidad o una menor culpabilidad en la realización del hecho. Es por ello que la jurisprudencia de esta Sala, cuando ha tratado el contenido del segundo párrafo del artículo 368, hemos destacado su carácter reglado, referido a las circunstancias personales del imputado y a la escasa entidad del hecho, a partir de los cuales puede aplicadas este tipo reducido con el fin de proporcionar la pena al hecho declarado probado. En la aplicación hemos aludido a la menor entidad de hecho cuando se trata de operaciones de venta puntuales en las que con una reducida cantidad de sustancia tóxica sobre la que se realizan actos de tráfico, y con el que hemos querido referirnos a los actos que se desarrollan en el último escalón del tráfico de sustancias tóxicas. También, en ocasiones, hemos señalado que pueden consistir en formas de participación que supongan un aporte al hecho delictivo de escasa entidad, dado que la formulación típica del delito contra la salud pública con los verbos nucleares tan amplios, con los que explicar la acción típica, permite la consideración de actos de menor entidad las aportaciones que aún subsumibles en la autoría, reflejen una menor entidad de la aportación. Cuando nos referimos a las circunstancias personales del autor se hace referencia aquellas situaciones en las cuales puede encontrarse quien ha sido acusado por delito contra la salud pública en el que por sus especiales circunstancias concurrentes, de adicción, de consumo de sustancias, de desestructuración personal, su escasa formación, su inmadurez psicológica, circunstancias laborales, etc., configuren un entorno en el que la agresión el bien jurídico, aunque realizada, se presente con una menor culpabilidad en atención a las circunstancias y el relato fáctico debe expresar. Se trata, en todo caso, de supuestos de transmisión de sustancias tóxicas de pequeña cantidad que es de aplicación aún en el supuesto de que el autor hubiera sido previamente condenado por hechos del mismo título.

En el hecho probado del que debe partirse la impugnación formalizada por error de derecho no consta ningún elemento que refiera unas circunstancias personales que tengan relevancia para afirmar una menor culpabilidad de la ejecución del hecho, ni la sustancia tóxica intervenida puede con ser considerada como de escasa entidad, razones que justifican la desestimación del motivo.

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que confirma en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó al acusado como autor responsable de un delito contra la salud pública a la pena de 3 años de prisión y multa.

Formaliza una impugnación que desarrolla en tres motivos. En los dos primeros, cuestiona la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en los que reitera lo que fue objeto del recurso de apelación y al que ha dado respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En el primer motivo denuncia el que la sentencia de la instancia y de la apelación hayan dado valor de prueba de cargo a las conjeturas y apreciaciones subjetivas de los funcionarios del cuerpo nacional de policía, en tanto que en el segundo de los motivos, vuelve a reiterar la misma causa de impugnación, afirmando que los agentes actuantes no vieron que el acusado manipulara la sustancia tóxica que fue intervenida y que constituye el elemento objetivo del que deducir el destino al tráfico.

Los motivos deben ser desestimados. En reiterados precedentes jurisprudenciales hemos declarado que la nueva casación que surge de la ley 41/2015 cuando se trata de sentencias dictadas en primera instancia en la Audiencia Provincial y en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, no puede consistir en reiterar lo que ya ha sido objeto de valoración por dos instancias y judiciales, no puede pretenderse una revaloración de la actividad probatoria desplegada en el Tribunal de instancia y revisada en el Tribunal de apelación, porque a través de estas dos sentencias se ha dado satisfacción a las exigencias de la doble instancia contenidas en los tratados internacionales firmados por nuestro país. El ámbito propio de la casación debe consistir en destacar aquellos aspectos que recurrente considere irracionales o practicados de forma irregular o sean ilícitos, y carentes de la precisa consideración de prueba de cargo para afirmar el hecho probado. Ambas instancias jurisdiccionales han tenido en cuenta la declaración de los funcionarios policía que advertidos por un trabajador, que había señalado un punto de venta de sustancias tóxicas, se acercaron al identificado, a quien habían visto cómo manipulaba la parte inferior de una valla próxima introduciendo los dedos en un orificio. Los agentes actuantes se dirigieron al punto de la valla para comprobar lo que efectivamente se hallaba en el mismo, localizando sustancia tóxica, identificada como hachís y cocaína, en cantidades cercanas a los 10 gramos de cada sustancia.

Consecuentemente, no se ajusta a la verdad la argumentación del recurso que ya expuso ante el Tribunal de apelación, referida a que las funciones policiales no vieron manipular la sustancia tóxica, pues ambas instancias jurisdiccionales declaran precisamente lo contrario. Tampoco es discutible, que ambas sentencias, la del enjuiciamiento y la de la revisión, han constatado la existencia de la precisa actividad probatoria sobre la localización de la droga. Respecto al destino del tráfico de la sustancia tóxica, la inferencia es razonable a partir de la cantidad y variedad de sustancias intervenidas, y las manipulaciones para su tráfico sin que, por otra parte, resulte alegada una situación de consumo por parte de su tenedor. Las demás conjeturas referidas a la imposibilidad de acercarse por parte de los funcionarios de policía sin ser visto por el acusado, se desvanecen ante las manifestaciones de los funcionarios policiales afirmando que se acercaron cuando se encontraba de espaldas.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, que ha sido valorada y analizada por el tribunal del enjuiciamiento y revisada en su contenido acreditativo del hecho objeto de acusación por el Tribunal de apelación, los dos primeros motivos en el que vuelve a cuestionar la valoración probatoria se desestiman porqué hemos examinado las dos resoluciones jurisdiccionales y ningún error cabe declarar al constatar la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia puede afirmarse.

SEGUNDO.- En el tercero de los motivos de la casación denuncia el error de derecho al considerar errónea la inaplicación del párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, la previsión de una situación fáctica que permita una reducción de la penalidad, por la menor entidad del hecho y las circunstancias personales del imputado que permita reducir en un grado la penalidad procedente al hecho declarado probado.

Esta situación fáctica a la que hemos aludido ha sido considerada por esta Sala, bien como un tipo atenuado, bien como una cláusula específica de individualización de la pena, para proporcionar la pena a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor que evidencien una menor antijuridicidad o una menor culpabilidad en la realización del hecho. Es por ello que la jurisprudencia de esta Sala, cuando ha tratado el contenido del segundo párrafo del artículo 368, hemos destacado su carácter reglado, referido a las circunstancias personales del imputado y a la escasa entidad del hecho, a partir de los cuales puede aplicadas este tipo reducido con el fin de proporcionar la pena al hecho declarado probado. En la aplicación hemos aludido a la menor entidad de hecho cuando se trata de operaciones de venta puntuales en las que con una reducida cantidad de sustancia tóxica sobre la que se realizan actos de tráfico, y con el que hemos querido referirnos a los actos que se desarrollan en el último escalón del tráfico de sustancias tóxicas. También, en ocasiones, hemos señalado que pueden consistir en formas de participación que supongan un aporte al hecho delictivo de escasa entidad, dado que la formulación típica del delito contra la salud pública con los verbos nucleares tan amplios, con los que explicar la acción típica, permite la consideración de actos de menor entidad las aportaciones que aún subsumibles en la autoría, reflejen una menor entidad de la aportación. Cuando nos referimos a las circunstancias personales del autor se hace referencia aquellas situaciones en las cuales puede encontrarse quien ha sido acusado por delito contra la salud pública en el que por sus especiales circunstancias concurrentes, de adicción, de consumo de sustancias, de desestructuración personal, su escasa formación, su inmadurez psicológica, circunstancias laborales, etc., configuren un entorno en el que la agresión el bien jurídico, aunque realizada, se presente con una menor culpabilidad en atención a las circunstancias y el relato fáctico debe expresar. Se trata, en todo caso, de supuestos de transmisión de sustancias tóxicas de pequeña cantidad que es de aplicación aún en el supuesto de que el autor hubiera sido previamente condenado por hechos del mismo título.

En el hecho probado del que debe partirse la impugnación formalizada por error de derecho no consta ningún elemento que refiera unas circunstancias personales que tengan relevancia para afirmar una menor culpabilidad de la ejecución del hecho, ni la sustancia tóxica intervenida puede con ser considerada como de escasa entidad, razones que justifican la desestimación del motivo.

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que confirma en el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó al acusado como autor responsable de un delito contra la salud pública a la pena de 3 años de prisión y multa.

Formaliza una impugnación que desarrolla en tres motivos. En los dos primeros, cuestiona la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en los que reitera lo que fue objeto del recurso de apelación y al que ha dado respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En el primer motivo denuncia el que la sentencia de la instancia y de la apelación hayan dado valor de prueba de cargo a las conjeturas y apreciaciones subjetivas de los funcionarios del cuerpo nacional de policía, en tanto que en el segundo de los motivos, vuelve a reiterar la misma causa de impugnación, afirmando que los agentes actuantes no vieron que el acusado manipulara la sustancia tóxica que fue intervenida y que constituye el elemento objetivo del que deducir el destino al tráfico.

Los motivos deben ser desestimados. En reiterados precedentes jurisprudenciales hemos declarado que la nueva casación que surge de la ley 41/2015 cuando se trata de sentencias dictadas en primera instancia en la Audiencia Provincial y en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, no puede consistir en reiterar lo que ya ha sido objeto de valoración por dos instancias y judiciales, no puede pretenderse una revaloración de la actividad probatoria desplegada en el Tribunal de instancia y revisada en el Tribunal de apelación, porque a través de estas dos sentencias se ha dado satisfacción a las exigencias de la doble instancia contenidas en los tratados internacionales firmados por nuestro país. El ámbito propio de la casación debe consistir en destacar aquellos aspectos que recurrente considere irracionales o practicados de forma irregular o sean ilícitos, y carentes de la precisa consideración de prueba de cargo para afirmar el hecho probado. Ambas instancias jurisdiccionales han tenido en cuenta la declaración de los funcionarios policía que advertidos por un trabajador, que había señalado un punto de venta de sustancias tóxicas, se acercaron al identificado, a quien habían visto cómo manipulaba la parte inferior de una valla próxima introduciendo los dedos en un orificio. Los agentes actuantes se dirigieron al punto de la valla para comprobar lo que efectivamente se hallaba en el mismo, localizando sustancia tóxica, identificada como hachís y cocaína, en cantidades cercanas a los 10 gramos de cada sustancia.

Consecuentemente, no se ajusta a la verdad la argumentación del recurso que ya expuso ante el Tribunal de apelación, referida a que las funciones policiales no vieron manipular la sustancia tóxica, pues ambas instancias jurisdiccionales declaran precisamente lo contrario. Tampoco es discutible, que ambas sentencias, la del enjuiciamiento y la de la revisión, han constatado la existencia de la precisa actividad probatoria sobre la localización de la droga. Respecto al destino del tráfico de la sustancia tóxica, la inferencia es razonable a partir de la cantidad y variedad de sustancias intervenidas, y las manipulaciones para su tráfico sin que, por otra parte, resulte alegada una situación de consumo por parte de su tenedor. Las demás conjeturas referidas a la imposibilidad de acercarse por parte de los funcionarios de policía sin ser visto por el acusado, se desvanecen ante las manifestaciones de los funcionarios policiales afirmando que se acercaron cuando se encontraba de espaldas.

Constatada la existencia de la precisa actividad probatoria, que ha sido valorada y analizada por el tribunal del enjuiciamiento y revisada en su contenido acreditativo del hecho objeto de acusación por el Tribunal de apelación, los dos primeros motivos en el que vuelve a cuestionar la valoración probatoria se desestiman porqué hemos examinado las dos resoluciones jurisdiccionales y ningún error cabe declarar al constatar la correcta enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia puede afirmarse.

SEGUNDO.- En el tercero de los motivos de la casación denuncia el error de derecho al considerar errónea la inaplicación del párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, la previsión de una situación fáctica que permita una reducción de la penalidad, por la menor entidad del hecho y las circunstancias personales del imputado que permita reducir en un grado la penalidad procedente al hecho declarado probado.

Esta situación fáctica a la que hemos aludido ha sido considerada por esta Sala, bien como un tipo atenuado, bien como una cláusula específica de individualización de la pena, para proporcionar la pena a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del autor que evidencien una menor antijuridicidad o una menor culpabilidad en la realización del hecho. Es por ello que la jurisprudencia de esta Sala, cuando ha tratado el contenido del segundo párrafo del artículo 368, hemos destacado su carácter reglado, referido a las circunstancias personales del imputado y a la escasa entidad del hecho, a partir de los cuales puede aplicadas este tipo reducido con el fin de proporcionar la pena al hecho declarado probado. En la aplicación hemos aludido a la menor entidad de hecho cuando se trata de operaciones de venta puntuales en las que con una reducida cantidad de sustancia tóxica sobre la que se realizan actos de tráfico, y con el que hemos querido referirnos a los actos que se desarrollan en el último escalón del tráfico de sustancias tóxicas. También, en ocasiones, hemos señalado que pueden consistir en formas de participación que supongan un aporte al hecho delictivo de escasa entidad, dado que la formulación típica del delito contra la salud pública con los verbos nucleares tan amplios, con los que explicar la acción típica, permite la consideración de actos de menor entidad las aportaciones que aún subsumibles en la autoría, reflejen una menor entidad de la aportación. Cuando nos referimos a las circunstancias personales del autor se hace referencia aquellas situaciones en las cuales puede encontrarse quien ha sido acusado por delito contra la salud pública en el que por sus especiales circunstancias concurrentes, de adicción, de consumo de sustancias, de desestructuración personal, su escasa formación, su inmadurez psicológica, circunstancias laborales, etc., configuren un entorno en el que la agresión el bien jurídico, aunque realizada, se presente con una menor culpabilidad en atención a las circunstancias y el relato fáctico debe expresar. Se trata, en todo caso, de supuestos de transmisión de sustancias tóxicas de pequeña cantidad que es de aplicación aún en el supuesto de que el autor hubiera sido previamente condenado por hechos del mismo título.

En el hecho probado del que debe partirse la impugnación formalizada por error de derecho no consta ningún elemento que refiera unas circunstancias personales que tengan relevancia para afirmar una menor culpabilidad de la ejecución del hecho, ni la sustancia tóxica intervenida puede con ser considerada como de escasa entidad, razones que justifican la desestimación del motivo.