Sentencia Penal 139/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5076/2022 de 19 de febrero del 2025

RECURSO DE Segundo

1. Primer motivo por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa: Reformatio in peius

Se ha recurrido en casación la sentencia número 7/2022, de 28 de junio de 2022, de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en la que se ha condenado al recurrente por la comisión de un delito de estafa a la pena de 5 años de prisión y multa de 11 meses, con una cuota diaria de 6 euros.

Disconforme con ese pronunciamiento se ha recurrido ante esta Sala y en el primer motivo de este recurso, que ha recibido el apoyo del Ministerio Fiscal, se invoca la lesión del principio acusatorio. Se alega que en la sentencia de primera instancia se le condenó por un delito de falsificación de tarjetas de crédito a la pena de 6 años y 1 mes de prisión y por un delito de estafa continuada a la pena de 1 año y 9 meses de prisión. Los dos delitos fueron sancionados separadamente en concurso real. En la sentencia de apelación se consideró que no se cumplían las exigencias típicas del delito de falsificación y se declaró la absolución de ese delito porque no se probó que se llevara a cabo una falsificación física de tarjetas sino el uso de las claves de tarjetas de crédito para obtener con cargo a ellas determinadas disposiciones de dinero.

Sin embargo, la sentencia de apelación no se limitó a excluir la condena por el delito de falsificación. Procedió a una nueva calificación del delito de estafa. Así, en su fundamento jurídico sexto declaró que el ilícito penal subsistente no era constitutivo de un delito continuado de estafa, como se había establecido en la sentencia de instancia, sino que era constitutivo de un delito de estafa, agravado por razón de cuantía superior a 50.000 euros (estafa) e impuso la pena de 5 años de prisión y multa de 11 meses, con una cuota diaria de 6 euros, atendiendo para ello a los mismos criterios de individualización utilizados por el tribunal de instancia, la pluralidad de datos utilizados por los autores así como la multiplicidad de operaciones fraudulentas.

Por tanto, el tribunal de apelación, sin atender a los términos en que había quedado planteado el objeto de enjuiciamiento en la apelación ya que nadie recurrió la calificación ni la condena por el delito de estafa y su penalidad, ha agravado de oficio la pena del delito de estafa.

El Tribunal Constitucional, como recuerda la STC 126/2010, de 15 de febrero, con cita de la STC 84/1985, de 8 de julio, el principio "reformatio in peius" aunque no esté expresamente enunciada en el art. 24 CE, tiene una dimensión constitucional, ya que, por un lado, representa un principio procesal que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos, que deriva, en todo caso, de la prohibición constitucional de indefensión, y, por otro, es una proyección de la congruencia en el segundo o posterior grado jurisdiccional, que impide al órgano judicial ad quem exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga origen exclusivo en la propia interposición de éste", pues, "de admitirse que los órganos judiciales pueden modificar de oficio en perjuicio del recurrente la resolución por él impugnada, se introduciría un elemento disuasorio para el ejercicio del derecho a los recursos legalmente establecidos en la ley, incompatible con la tutela judicial efectiva que vienen obligados a prestar los órganos judiciales". A este respecto, hemos destacado que la reforma peyorativa "sólo adquiere relevancia constitucional en tanto que se manifiesta como forma de incongruencia determinante de una situación de indefensión", y en tal sentido, hemos advertido que "no cualquier empeoramiento de la situación inicial del recurrente es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. , sino sólo aquél que resulte del propio recurso del recurrente, sin mediación de pretensión impugnatoria de la otra parte".

En este caso el tribunal de apelación, una vez que entendió procedente absolver por el delito de falsificación de tarjetas de crédito, procedió a modificar la calificación del delito de estafa agravando la pena que se había impuesto por ese delito en la primera instancia, sin que ninguna de las acusaciones recurriera esa calificación. Se ha producido, por tanto, una lesión de los derechos constitucionales antes mencionados que conduce la estimación del recurso, dejando sin efecto en este particular la resolución impugnada con restauración de la pena impuesta en la instancia. La estimación del motivo ha de extenderse a las condenas impuestas a los penados Primitivo y Lorenza, que se encuentran en la misma situación, conforme a las previsiones del artículo 903 de la LECrim.

2. Segundo motivo por infracción del derecho a la presunción de inocencia

2.1 En este segundo apartado del recurso se censura la valoración de la prueba realizada tanto por el tribunal de instancia, como por el tribunal de apelación, que refrendó el criterio del anterior.

El recurrente fue condenado, además de por la falsedad de tarjetas de crédito. por un delito de estafa como consecuencia de los fraudes realizados con tarjetas de crédito y por otro delito de falsedad documental. porque en su domicilio se encontraron un permiso de conducción y una carta de identidad a nombre de Juan Ignacio y la fotografía que consta en ambos documentos se correspondía con la imagen del recurrente, acreditándose que con esos documentos abrió cuentas bancarias, solicitó alta de teléfono y actuó en el tráfico como representante legal de la entidad EUROTOUR.

Se destaca, en primer término, que se ha dado validez probatoria al atestado policial que carece de la condición de prueba de cargo. También que la condena tiene como basamento exclusivamente la declaración del instructor del atestado quien sostuvo que el recurrente adquirió una TPV del Banco de Sabadell con la falsa identidad de Juan Ignacio realizando operaciones fraudulentas por importe total de 57.487 euros, y se considera insuficiente este testimonio porque no puede sustituir a los elementos probatorios que con seguridad podrían acreditar los hechos, tales como el contrato de apertura de cuenta, el documento de asignación de TPV y la documentación personal a tal fin, con el añadido de que la entidad bancaria perjudicada no fue citada a juicio y nunca se ha reconocido como víctima.

Se expone que no es la policía quien comprueba el fraude sino las entidades financieras por lo que debería haber acudido al juicio algún empleado o representante para explicar los hechos. Se hace alusión al documento obrante al folio 2280, valorado singularmente en la sentencia, y se afirma que en las dos páginas del documento no se acredita el fraude, ya que hace referencia a unos movimientos bancarios relativos presuntamente a cuentas relacionadas con el Bar Monaliza y con Eurotur, sin que los movimientos en cuestión vayan acompañados de documentación que acredite su origen y autoría, careciendo de firma digital, sin ratificación en el plenario por los representantes legales del banco y sin que conste, por tanto, que sean cargos fraudulentos.

También se añade que, en contradicción con el criterio seguido en este caso, en los fraudes relativos a las empresas COFFESHOP y Segundo, el tribunal contando con la misma prueba que en este caso, consideró que no había prueba suficiente y absolvió a los acusados. En esa misma dirección se destaca que la prueba empleada para acreditar los fraudes a través de la empresa AGROGOU SL fue mucho más extensa y detallada por cuanto se aportaron los siguientes documentos: Anexo al contrato marco de afiliación a los sistemas de tarjeta; anexo al contrato marco de afiliación a los sistemas de tarjetas TPV, contrato de cuenta corriente, declaración del apoderado de BBVA y desglose de todas las operaciones fraudulentas.

2.2 Antes de entrar en el análisis concreto de los hechos objeto de controversia resulta necesario delimitar nuestro ámbito de revisión.

Pues bien, cuando el recurso de casación se formula contra sentencias dictadas en apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales o de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el objeto de impugnación es la sentencia de segunda instancia, esto es, la que resuelve el recurso de apelación, que es frente a la que deberá mostrar su discrepancia quien recurra.

Por esta razón, el recurso de casación no debe consistir en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supondría convertir la casación en una nueva apelación, ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trataría de cuestiones ya consentidas.

El recurso de casación ha de entablar, pues, un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos por más que indirectamente suponga cuestionar una vez más la sentencia de primera instancia.

La delimitación del alcance de la impugnación casacional y del control realizado a través de la misma cuando se alega la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no puede obviar que ha mediado un recurso de apelación por el que ya se ha dado cumplimiento a las exigencias de revisión del fallo condenatorio contenidas en los Tratados Internacionales, que reconocen el derecho del condenado a la doble instancia. De esta manera, la comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la licitud, la regularidad y la suficiencia de las pruebas. En definitiva, la revisión se centra en comprobar si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma motivada y racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

La casación actúa, por tanto, en un ámbito de revisión muy limitada que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial constitucionalmente garantizado de la presunción de inocencia, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior -vid STC 184/2013-.

El control casacional en esta "tercera instancia debilitada" es, por ello, más normativo que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a estándares epistémicos basados en la racionalidad. Pero no somos los llamados a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

Lógicamente, la presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional, como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contrahipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Pero debe añadirse que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria.

Por tanto, sobre estas bases dogmáticas se sitúa nuestro ámbito de análisis.

2.3 Para abordar la queja que se plantea en el motivo resulta imprescindible precisar el contenido de la sentencia de primera instancia porque en algún extremo es contradictorio.

Conforme a lo que consta en el apartado 6 de los hechos probados al Sr. Segundo se le ha condenado por el uso de la terminal TPV del BANCO DE SABADELL, con la que se autorizaron 12 operaciones fraudulentas por importe de 57.487 € y se intentaron otras 16, por importe de 87.296,6 €. La terminal utilizada estaba a nombre de la empresa EUROTOUR, en la que aparecía como representante legal otro de los acusados, Juan Ignacio. Para abrir la cuenta en la citada entidad financiera se utilizaron documentos de identidad alterados que fueron presentados por el recurrente, SR. Segundo. También se utilizaron para dar de alta el número de teléfono NUM025 de la compañía MAS MÓVIL. Estos son los hechos y a partir de ellos el recurrente fue condenado por falsedad en tarjetas de crédito (delito excluido por la sentencia de apelación), estafa continuada y falsedad en documento oficial.

Se declara probado también que " Segundo, en connivencia con los restantes acusados, participaba en la configuración de terminales de venta a través de los cuales realizó las transacciones fraudulentas descritas"

La valoración de la prueba se hizo de forma separada en tres fundamentos jurídicos: En el 9º (operaciones ligadas a EUROTOUR), 10º (estafa y falsedad de tarjetas de crédito) y 23º (falsedad documental).

En el fundamento jurídico 9º se hizo alusión exclusivamente a la regularidad de la aprehensión de la TPV en el domicilio de Primitivo y Lorenza. En el fundamento 10ª se consideró que la prueba de la participación del recurrente en la falsificación de tarjetas y en la estafa se derivaba fundamentalmente de la aprehensión en el domicilio del acusado Primitivo de la TPV del Bando de Sabadell, asignado a la empresa EUROTOUR, que había sido obtenido con una carta de identidad y un certificado de registro ciudadano a nombre del anterior pero con las fotografías del recurrente. Sin embargo, en relación con las operaciones fraudulentas y en contradicción con lo que luego se estableció en el fallo de la sentencia, se declaró lo siguiente:

"Al folio 2214 de las actuaciones, el atestado de la Guardia Civil se refiere a que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) del Cuerpo Nacional de Policía informe que, a través del comercio Coffeshop, Segundo realizó operaciones con tarjeta por importe de 94,40 euros; y a través del comercio Segundo- NUM034, el mismo realizó operaciones no autorizadas por importe de 178.544 € (folio 2214). Sin embargo, las acusaciones no han aportado prueba suficiente de estos hechos".

Es decir, la propia sentencia declaró la falta de prueba sobre la intervención en algunos fraudes, haciendo alusión a fraudes diferentes en su cuantía y procedencia de los referidos en los hechos probados, ya que en relación con los que se les atribuyeron (los realizados a través de EUROTOUR), el juicio probatorio del tribunal de instancia guardó silencio. A este respecto no se hizo referencia alguna a pruebas que acreditaran que fuera el recurrente quien abrió personalmente la cuenta corriente en el Banco de Sabadell o que fue también el que retiró la TPV de la citada entidad. Sobre estos extremos, de capital importancia para establecer la vinculación concreta del Sr. Segundo con los fraudes realizados con esta TPV nada se dice en la sentencia de instancia y tampoco en la de apelación.

Segundo pese a ello, en esta última sentencia (FJ 1º) se ha estimado acreditada la participación del recurrente en el delito de estafa por la ocupación de la TPV y de los documentos falsificados, refiriendo como elemento de prueba adicional la documental aportada por REDSYS y BANCO DE SABADELL (folios 2258 y CD al folio 2280), en la que se reflejaron los cargos fraudulentos.

Ni la sentencia impugnada ni la de apelación especifican si la participación del recurrente se limitó a la falsificación documental o si tuvo también una participación activa en la ejecución de los distintos fraudes abriendo la cuenta o recibiendo la TPV o realizando personalmente alguno de los cargos. No cabe atribuir esa participación sin una justificación probatoria específica, de la que están huérfanas ambas sentencias.

En consecuencia, procede la libre absolución del SR. Segundo por el delito de estafa ya que no se ha probado con suficiencia que el recurrente tuviera participación activa en la utilización fraudulenta de la TPV que se adquirió en el BANCO DE SABADELL.

Por último y en cuanto al delito de falsedad en documento oficial en el recurso no se hace alusión alguna a la insuficiencia de prueba de este ilícito. ya que no se cuestiona la suficiencia del informe pericial de la Guardia Civil que constituye la prueba fundamental. Según se deduce del FJ 23º de la sentencia de instancia obra en autos un informe pericial del Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (folios 3649 y siguientes), que no consta fuera impugnado, en el que se acredita que los documentos de identidad falsos incorporaron la fotografía del recurrente, lo que evidencia su participación en la falsificación de los aludidos documentos de identidad.

Procede la estimación del motivo.

RECURSO DE Primitivo

3. Motivo único, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garantías

3.1 Después de un extenso recordatorio de la doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la presunción de inocencia, el recurrente procede a realizar una valoración crítica de la prueba tomada en consideración en la sentencia impugnada, concluyendo que no hay prueba de cargo suficiente para el pronunciamiento de condena de la sentencia de instancia. Hace, en primer lugar, una valoración individualizada de algunos elementos probatorios y así, se señala lo siguiente:

(i) En relación con las conversaciones mantenidas entre Abelardo y el legal representante de Centro Asesor Terra Ferna S.L., se afirma que entre ambos existía una confabulación para delinquir, lo que permite sostener que cobra fuerza la versión del recurrente de que únicamente aceptó ingresar dinero en sus cuentas a cambio de una comisión, sin ser el autor intelectual de la trama;

(ii) Respeto de las operaciones en la entidad CARREFOUR SERVICIOS FINANCIEROS y que se atribuyen al recurrente porque hizo una compra de un producto de joyería, se señala que no hay prueba suficiente de que la realización de dichas operaciones;

(iii) En cuanto a la aparición de una memoria USB, con varios archivos aptos para crear lo que parece una pasarela WEB, se alega que esos archivos podrían haber sido utilizados para hacer el fraude denominado Phising, pero no que el recurrente los haya utilizado;

(iv) En relación con las operaciones ligadas al TPV de Eurotour S.L. se afirma que se obtuvieron con violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del recurrente y, además, no se completó el hallazgo con una pericial dactiloscópica, pese a la solicitud que se hizo al respecto y que no fue atendida;

(v) Y en cuanto a las operaciones fraudulentas vinculadas con el TPV del BAR MORALIZA, ninguna alusión se hizo del recurrente, a salvo de la declaración de una coacusada.

Además de todo lo anterior, en el motivo se hace un análisis particularizado de varias cuestiones:

(vi) En primer lugar, se dirige la atención a las declaraciones de los coacusados que declararon sobre la participación del recurrente en los hechos, señalando, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, que carecen de consistencia plena como prueba de cargo si no son corroboradas, cuando sean las únicas pruebas y, a continuación, se hace alusión a la doctrina sobre los testigos de referencia, cuyo testimonio sólo debe utilizarse cuando exista una imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo por lo que, aplicando esos criterios al caso que centra nuestra atención, considera esta defensa que las declaraciones prestadas por el representante legal de los SERVCIOS FINANCIEROS DE CARREFOUR, por el instructor del atestado, por el conserje y por los funcionarios de EDITE, todos ellos testigos de referencia, no deberían haber sido valorados como prueba, ya que los testigos directos, que en este caso, serían las víctimas de los fraudes podían haber comparecido a juicio:

(vii) En esa misma línea se cuestiona la valoración de la prueba documental, señalando que si la prueba documental propuesta simplemente ha sido introducida dándola por reproducida y no mediante lectura, esa prueba no cumple con la exigencia de contradicción y su valoración lesiona el derecho a un proceso con todas las garantías.

3.2 Para dar respuesta a esta queja damos por reproducido lo expuesto en el fundamento jurídico 2.2 de esta resolución en el que hemos precisado nuestro ámbito de revisión casacional.

Para una mejor comprensión de nuestra argumentación conviene transcribir la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, en la parte que dio contestación al reproche que ahora se reitera en casación y que refleja los argumentos por los que se refrendó el criterio valorativo del tribunal de enjuiciamiento. Dice la sentencia impugnada lo siguiente:

"La representación del apelante, Primitivo, ostentada por la Procuradora de los Tribunales Dª VIRGINIA CAMACHO VILLAR, recurre por infracción del derecho de presunción de inocencia, al entender haber sido condenado sin prueba de cargo, pues considera arbitrario, ilógico e irracional el racionamiento probatorio que pretende romper su presunción de inocencia.

Así, mantiene que su implicación con los hechos consistió en aceptar que le ingresaran dinero en sus cuentas a cambio de una comisión, sin mayor participación en la trama, negando haber realizado las defraudaciones vinculadas con cuentas bancarias y dispositivos telefónicos de su titularidad, que derivan en réditos ilícitos económicos en las anteriores. Considera apreciaciones policiales las testificales que le sitúan -como dirigente de esa trama defraudatoria que no es condenada como tal- cuando acompaña a Abelardo; discrepa de la testifical de este coacusado, que le sitúa como urdidor de la actividad defraudatoria porque estima espurio su interés al pretender obtener la rebaja penológica que obtuvo por su conformidad; afirma que el TPV hallado en la calle Segriá, 30, 9º, 2 de Lleida bien lo pudo dejar alguien ligado a la esposa de Segundo, que también tenía las llaves y pudo dejarlo allí después de haberse ido precipitadamente de él el recurrente, con la idea de incriminarle; duda del motivo por el que su hallador, el testigo Cecilio., declara que entró consecuencia de una fuga de agua, manifiesta que estaba aleccionado y que es raro contárselo a la Guardia Civil que le contactó con anterioridad, en vez de a la que acabó haciéndose cargo de la operación; discrepa del testimonio de la coacusada Valentina -madre del recurrente- que confiesa haber recibido de este datos bancarios que usaron para defraudar, negando sin mayor explicación que tengan relación corroborativa con los que se le hallaron borrados en HTLM, recuperados policialmente al analizar los obrantes en un pen drive ocupado al detenerle y concluye que la Sala al fundar así su convicción, y no creer la versión del recurrente, razonó ilógicamente.

Sin embargo, no se puede compartir que haya en la sentencia impugnada falta de explicación de las fuentes de las que surge la convicción de la Sala en incriminar -rompiendo, en consecuencia, la presunción invocada, de inocencia- al recurrente, sino una pretensión de este de que se sustituya esa convicción neutral e imparcial de los 3 Juzgadores, por la suya de parte interesada, que no se puede aceptar, a salvo lo que fácticamente se ha indicado en el considerando precedente -uso de datos y no confección mendaz de soportes plásticos-, con las consecuencias favorables también respecto de lo acordado respecto de este recurrente, en el sentido que se indica más abajo.

En efecto, la múltiple implicación del recurrente en varias tramas en operaciones fraudulentas de comercio electrónico y en compras con TPV, -la hecha a Carrefour E. F. C., SA; las compras fraudulentas a las empresas PC Componentes e Ion Tech; las vinculadas a la sociedad instrumental delictiva ( Art. 66 bis CP ) Agrogrosu S. L. algunas de las cuales acabaron en cuentas bancarias de su titularidad o de familiares suyos; y las hechas en los establecimientos Vipdiscoclubbing y Vipdiscoclub- se fundamentan (FJ 4 y 5):

- la primera, en la declaración prestada en juicio por la testigo Erica. en lo que hace a las operaciones mediante comercio electrónico vinculadas a Servicios Financieros Carrefour EFC, SA que importaron un fraude de 10.448,13 euros y el análisis derivado de la documental (f. 24 a 62), testimoniadas igualmente por el instructor del atestado Guardia Civil NUM035 (que derivó en DP 413/16 de JI 2 Castellón de la Plana), a quienes se creyó por encima de lo alegado por el recurrente,

- la segunda, compras fraudulentas a las empresas PC Componentes e Ion Tech, -obrantes al f. 5 y 8 Tomo I de pieza de intervenciones- (FJ 4), acreditadas por el testimonio del meritado Guardia Civil NUM035 que explicó la vinculación con la tarjeta de teléfono n O NUM006 -f. 146 y ss Tomo I intervenciones-, utilizada en el terminal con número IMEI NUM007 -f. 181 del mismo Tomo-, que, según las operadoras telefónicas con las que contactó -f. 199 y ss Tomo I pieza separada y 5 y ss, del Tomo II-, se usó en operaciones fraudulentas -descritas al f. 2188 y ss- confirmadas por SMS asociado al mismo, y que tras interceptación telefónica autorizada judicialmente, conllevó al IMEI NUM036 -f. 24 y ss Tomo II intervenciones-, ligado a los números comerciales NUM008 y NUM009 que, detectaron SMS de operaciones de tarjetas y cargos de tarjetas por importe de 55.785,65 euros -f. 104 y ss Tomo II intervenciones y 2188 y ss-, siendo que el segundo terminal era de titularidad de Lorenza - pareja sentimental del recurrente, según propia declaración en el plenario del mismo-, pero que usaba este -como también reconoció haber hecho durante el juicio-, como acredita el hecho de que estaba vinculado a él en la Tesorería General de la Seguridad Social -f. 127 Tomo II intervenciones- y en dos cuentas de la entidad bancaria ING tituladas por el recurrente Primitivo, y el segundo teléfono, vinculado a una cuenta de CaixaBank con otro titular, había recibido transferencia de otra, del BBVA -f. 122 Tomo II intervenciones-, a nombre de la sociedad instrumental Agrogrosu SL -f. 108 y 109 Tomo II intervenciones-, y otra del propio recurrente por 2.590 euros.

-la tercera, las hechas en los establecimientos Vipdiscoclubbing y Vipdiscoclub por 3.540 euros, por la información en ese sentido facilitada por Servirred a la Guardia Civil -f. 886- ratificada por el instructor policial de las actuaciones.

Y (FJ 6), por lo descubierto por el Informe técnico policial -f. 4346 y ss- de los funcionarios de EDITE -especialistas en delitos informáticos y tecnológicos- de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, ratificado en el plenario por el agente Guardia Civil NUM037, sobre el pen drive ocupado en el equipaje de Lorenza cuando fue detenida proveniente de Francia yendo en compañía del recurrente -f. 751, 458 y declaración plenaria del testigo GC NUM037¬, donde apareció borrado un archivo -f. 4373- programado en HTLM, en el que se simulaba la web de Carrefour, y en el que se contenía el texto: "Estimado cliente, recientemente ha habido alguna actividad inusual en su cuenta y como medida de protección: su cuenta está suspendida temporalmente. Por favor, haz clic en "verificar mi identidad" para confirmar su identidad y reactivar su cuenta" y a cuyo pie existía un botón azul con la leyenda "activar servicios" que, según el informe, es un link que se dirige a una URL () que no se encuentra disponible actualmente en Internet, pero que no es del dominio de Carrefour, así como (f. 4374) varios archivos (que enumera) que complementan el anterior para crear lo que parece una pasarela web para posibilitar un phishing -"pescado" de datos bancarios- en el que poner los necesarios para defraudar mediante futuras operaciones simuladas buscados por su controlador, y que resultó ser idéntico al aportado al iniciar esta causa penal al momento de su denuncia, concluyéndose que el recurrente y su pareja sentimental lo habían usado para "cazar" los datos bancarios de algunas de las defraudaciones descritas contra Carrefour.

Y a mayor abundamiento, porque algunas de cuyas cantidades, para ocultar su origen en esas operaciones fraudulentas se enviaron - hecho admitido por el recurrente y reiterado en su reconocimiento por él mismo en el propio recurso que aquí se resuelve- a cuentas bancarias titularidad de su padre, de su madre y del propio impugnante, entre otros.

Luego no es que la Sala haya obviado analizar la veracidad o no de su versión -pretende que le transfirieron cantidades defraudadas a sus cuentas, pero desconociendo su origen y prestándoles alojamiento para recibir a cambio una comisión- sino que le ha visto implicado en todas las defraudaciones acusadas por su vinculación con el rastro económico -"cherchez la monnaie"- que han dejado teléfonos y cuentas bancarias de su personal uso o titularidad, y también en la disposición de parte de su botín, reforzando y corroborando testimonios de coacusados que no dudaron en calificarle como el urdidor de la trama no condenada a efectos de conformidad, pero dirigida por el recurrente con implicación parcial de los otros coacusados, casi todos relacionados familiarmente y desde luego por su origen rumano, y cuya finalidad era defraudar usando datos bancarios ajenos, la mayor cantidad posible de dinero.

Vinculaciones mediante dispositivos tecnológicos y cuentas bancarias de su uso personal o titularidad -"cui prodest scelus, is fecit" en palabras de Séneca en su obra Medea-, sobre operaciones comerciales on line con Carrefour o simulación de operaciones a través de varios TPV con empresas instrumentales -sin actividad real, sin sede social, sin personal...- con las que defraudar a entidades bancarias, que -constituyendo prueba material y objetiva en su contraste con la documental- van por su número y por la mecánica necesaria para prepararlas y ejecutarlas mucho más allá de la - subjetiva- sesgada e interesada versión de parte que expone el recurrente -de que sólo recibía dinero procedente de actuaciones ilícitas de terceros- y que, además, es contradicha en el plenario por los testigos indicados como se he explicado, además de por varios coacusados, todos apuntando el liderazgo a que objetivamente conlleva el hecho de aparecer involucrado directa o indirectamente en todas las diferentes mecánicas comisivas descritas en los hechos definitivamente probados.

Que la compra por el recurrente y su pareja Lorenza por valor de 1.100 euros en la joyería Fermi de Lleida usando la tarjeta n° NUM010, vinculada a la cuenta nº NUM011, reconocida en juicio por el recurrente y que aparece reflejada en SMS confirmatorio del Banco ING Direct al teléfono NUM009 que este usaba (interceptado con autorización judicial), indicando que el 31/10/2017 se realizase en ese establecimiento -f. 345-, tal y como además corrobora la grabación hecha por las cámaras de seguridad de la joyería -f. 2221 y ss, y 110 y 111 del Tomo II de intervenciones-, y se hiciese usando tarjeta física que sacó Lorenza de su monedero y que Primitivo pasó por el TPV introduciendo a continuación el PIN -como refleja el f. 2223- y el ticket de la compra -f. 2221- en el que se refleja el uso de esa tarjeta... NUM010,que responde, según informe de REDSYS a la n° NUM011 -f. 2224-, lo fuera con tarjeta real, no mendaz, no falsificada, en nada empece la plural y muy delictiva actividad descrita precedentemente, como demuestra que esa misma cuenta bancaria titulada por Primitivo se usase para recibir ingresos - ilícitos- procedentes del uso fraudulento del TPV de Agrogrosu S. L. - ver, i. e.: el de 5.200 euros vinculado a su teléfono NUM038, al f. 2246- .

De manera que, hay prueba, incriminatoria, suficiente, plural, de cargo, contradicha en el plenario y valorada con racionalidad, aunque apunte en sentido diverso al querido por el recurrente."

3.3 Como bien puede comprobarse de la mera lectura de la fundamentación de la sentencia impugnada, para llegar al pronunciamiento de condena el tribunal de instancia contó con un rico y plural elenco de medios de prueba que en el recurso se pretenden cuestionar haciendo alusión sólo a algunos de ellos y omitiendo la mención de muchos otros, así como también una valoración de conjunto. Es decir, fragmentando la valoración probatoria y haciendo una lectura sesgada y subjetiva sólo de algunos elementos probatorios.

Así, se hace alusión a la confabulación para delinquir de un testigo o la obtención de un TPV en un registro domiciliario realizado con violación de derechos fundamentales, sin justificar ni probar semejantes afirmaciones. También se descontextualiza la relevancia probatoria del hallazgo en poder del recurrente de un USB con archivos para realizar fraudes mediante la técnica del Phising, como si semejante hallazgo, que debería relacionarse con el resto de pruebas, careciera de valor alguno, y se pretende restar relevancia a la declaración de un coacusado que refirió la vinculación del recurrente con el fraude en el BAR MORALIZA, simplemente la condición procesal de coacusado, como si esa clase de prueba no fuera admisible, todo ello sin justificación alguna.

Pues bien, todas esas alegaciones no desvirtúan la relevancia y suficiencia de la prueba aportada por la acusación y evidencian un modo de análisis que tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala viene considerando desacertado e insuficiente para acreditar un error en el juicio probatorio.

En la STC 80/2003, de 28 de abril, el máximo intérprete constitucional abordó el criterio que se debía seguir cuando se invoca la lesión del principio de presunción de inocencia y el tipo de análisis que nos corresponde como tribunal de casación es similar al que realizada el tribunal constitucional. Se argumentó en la sentencia citada que "nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado, pues como ya hemos afirmado en no pocas ocasiones no puede realizarse una operación de análisis aislado de los hechos acreditados por el Tribunal sentenciador, ni de desagregación de los distintos elementos de prueba, ni de disgregación de la línea argumental llevada a cabo por el Tribunal Supremo [léase por el órgano judicial]. Es doctrina del Tribunal absolutamente asentada que el derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede ser invocado con éxito para cubrir cada episodio, vicisitud, hecho o elemento debatido en el proceso penal, o parcialmente integrante de la resolución final que le ponga término. Los límites de nuestro control no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado, concretamente en la decisión judicial condenatoria, pero tomando en cuenta el conjunto de la actividad probatoria ( SSTC 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 10; 4/1986, de 20 de enero, FJ 3; 44/1989, de 20 de febrero, FJ 2; 41/1998, de 31 de marzo, FJ 4; 124/2001, de 4 de junio, FJ 14; y ATC 247/1993, de 15 de julio, FJ 1)".

Por lo tanto, el entendimiento sesgado de algunas pruebas, sin soporte justificativo o simplemente sin la aportación de datos que sirvan para cuestionar el criterio valorativo del tribunal no son de utilidad alguna para afirmar la lesión del derecho a la presunción de inocencia.

En el recurso se hace alusión también a la falta de relevancia probatoria de las declaraciones de coacusados y de los testigos que comparecieron a juicio, afirmando que todos ellos eran de referencia. Pues bien, frente a semejantes argumentos debe indicarse, en primer lugar, que las declaraciones de los coacusados no fueron las únicas pruebas en que se fundó la condena, sino que fueron valoradas junto con otros medios de prueba (la declaración de un testigo directo que depuso sobre la realidad de uno de los fraudes y que era empleada de una de las empresas afectadas- Erica-; la abundante prueba documental; el informe técnico-policial de los funcionarios de EDITE, especialistas en delitos informáticos y tecnológicos y la acreditación de una compra por el recurrente en una joyería, cuya realización fraudulenta fue convenientemente documentada y acreditada, con la identificación de todos los datos instrumentales y documentales de la operación (tarjeta, cuenta corriente, TPV, SMS confirmatorio, grabación de cámaras de seguridad, etc.)

En cuanto a los testigos conviene señalar que dada la complejidad técnica de los fraudes, los testigos, bien dependientes de las empresas, bien funcionarios policiales, no fueron testigos de referencia, sino testigos directos de los distintos hechos que conformaron los distintos fraudes, no siendo imprescindible la declaración de las distintas víctimas ya que en este caso los fraudes podían acreditarse por vía documental y policial, habida cuenta de la interrelación de todos los hechos investigados.

Mención especial merecen las declaraciones de los agentes policiales que instruyeron el atestado, cuyo testimonio era fundamental no sólo para ratificar y someter a contradicción toda la información fáctica contenida en el atestado sino para dar una explicación coherente de toda la dinámica delictiva ya que en este caso la valoración de conjunto y la multiplicidad de fraudes, según señala la propia sentencia, fue un elemento probatorio determinante para establecer la participación de los distintos acusados y , en especial, del recurrente.

Por último y en relación con la prueba documental debe distinguirse entre el atestado, como documento que incorpora las diligencias de investigación de la policía, que es objeto de prueba y que no puede incorporarse al acerbo probatorio con el rito o fórmula de darlo por reproducido y la prueba genuinamente documental que obre en las actuaciones, que constituye prueba y que puede incluso ser valorada por examen directo del tribunal.

En efecto, según doctrina reiterada de esta Sala, por regla general sólo es prueba la practicada en el juicio con sujeción a los principios de inmediación y contradicción y las diligencias sumariales no tienen ese carácter. Deben ser introducidas en el juicio en legal forma y sometidas a la contradicción de las partes. Así por citar un ejemplo, en la STC 153/1997, de 29 de septiembre, el alto tribunal declaró que "es doctrina reiterada de este Tribunal la de que la lectura de las declaraciones, que no es prueba documental sino -lo que es distinto- documentada o con "reflejo documenta", ( STC 303/1993),"debe hacerse no como una simple fórmula retórica y de estilo, sino en condiciones que permitan a las partes someterlas a contradicción, evitando formalismos de frecuente uso forense" ( SSTC 22/1988, 10/1992, 137/1988); y la de que no basta con que se dé por reproducida en el juicio oral ( SSTC 31/1981, 145/1985, 80/1991, 51/1995). Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta que la lectura puede tener valor probatorio si se garantizan los derechos de la defensa especialmente la contradicción (S 24 noviembre 1986, asunto Unterpertinger, A. 110, pág. 15, pfo. 31), pero reprueba el empleo de la fórmula "por reproducida", por cuanto, aun habiendo sido admitida ésta por la defensa del recurrente, ello no significa la renuncia a contradecir los elementos del sumario, en la medida en que la acusación se apoye sobre tales elementos y en particular sobre la declaración de un testigo (S 6 diciembre 1988, asunto Barberá, Messegué y Jabardo, A. 146, pág. 35, pfo. 82)".

De acuerdo con esta doctrina no cabe valorar como prueba el material incorporado en la fase de investigación y que figura documentado en los autos. Esa práctica, que en ocasiones se realizaba bajo la fórmula de "dar por reproducidas las actuaciones" es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha censurado por lesiva del derecho a la presunción de inocencia y del derecho de defensa.

Sin embargo, distinta consideración merece los documentos unidos al proceso. El artículo 726 de la LECrim dispone que "el tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura investigación de la verdad". La ley atribuye al tribunal la potestad de valorarlos por su examen directo y a ello se refiere el citado precepto. El tribunal puede valorar directamente la prueba genuinamente documental (a la que se asimila en sentido amplio las piezas de convicción) sin necesidad de petición de parte o de lectura en el plenario, todo ello sin perjuicio del derecho de las partes a impugnar dicha prueba con los efectos que en cada caso procedan, de interrogar a acusados, testigos y peritos sobre el contenido de los documentos obrantes en autos y de alegar en relación a ellos todo lo conducente a su derecho.

Ninguna irregularidad advertimos, por tanto, en que el tribunal haya valorado la prueba documental incorporada a autos.

En conclusión, el tribunal de apelación dio cumplida respuesta a las objeciones probatorias planteadas en el recurso de apelación y que, en buena medida, se han reproducido en esta instancia. Una vez excluida la condena por el delito de falsedad, la condena por los delitos de estafa y blanqueo de capitales tienen un sólido fundamento probatorio que en modo alguno puede ser calificado de inexistente o arbitrario, por lo que no hay la lesión de la presunción de inocencia invocada.

El motivo se desestima.

RECURSO DE Teodulfo

4. Primer motivo por infracción del derecho a la presunción de inocencia

El primer reproche de este recurrente es que se le ha condenado sin pruebas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales, aduciendo que se limitó a facilitar una cuenta corriente para el ingreso de las cantidades sin conocer su origen ilícito. A pesar de lo voluminoso de la causa su nombre sólo aparece por haber recibido tres transferencias en su cuenta y por ser pareja de una de las acusadas, Valentina.

En el motivo se omite un dato probatorio fundamental: En el domicilio que compartía con su esposa se encontró una TPV con la que se habían realizado múltiples disposiciones fraudulentas, tres de las cuales se ingresaron en su cuenta corriente.

La sentencia impugnada precisa el soporte probatorio de la condena por delito de blanqueo de capitales en los siguientes términos:

"El FJ 20 remarca que el núcleo fáctico de la acusación por blanqueo se encuentra en las transferencias realizadas desde la cuenta ligada al TPV de "Agrogrosu S.L." -obrantes al f. 232 Tomo II Pieza separada de Intervenciones- hasta cuentas corrientes de personas que no son titulares de dicho TPV, entre ellas el recurrente, de manera que, entrando en la resolución del motivo de recurso por cuestiones fácticas, la condena se basa en la prueba -indirecta- de las inferencias a que la lógica conduce cuando, además de la confesión de que su pareja defraudaba entidades bancarias mediante la entrada manual de datos de esa naturaleza de terceras personas para simular operaciones comerciales inexistentes mediante TPVs como el que la Guardia Civil halló en su domicilio, que compartía con el recurrente, y desde el que se han hecho al menos 18 operaciones fraudulentas exitosas por un valor de 15.798 € y otras 124 rechazadas por un importe de 104.255 €, este -acto propio y sustancial- presta su cuenta bancaria personal, donde al menos el día 30/10/17, recibe nada menos que cinco transferencias, por importes de 1.000; 2.554; 3.550; 5.200; y 6.100 euros.

No hay que olvidar que, referente a situación tan cuestionada como prestar cuentas bancarias propias para recibir transferencias, en delito no especial como el de blanqueo de capitales que puede cometer cualquiera (el Art. 301 CP comienza con la expresión "el que") los ciudadanos medios saben que deben devolver las que no son de su propiedad -ver Art. 253 CP -, cosa que el declarante no hizo, entendiéndose, al descartar esta posibilidad -transferencias erróneas- que conocía, en consecuencia, su procedencia".

Según hemos precisado en el fundamento jurídico 2.2 nuestra función casacional consiste básicamente en determinar si la sentencia de apelación ha cumplido con su función revisora dando una contestación razonada a las alegaciones sobre presunción de inocencia y si el discurso valorativo sobre la prueba es homologable por su razonabilidad y en este caso ambas exigencias se han cumplido.

En este caso la condena del recurrente por delito de blanqueo de capitales no sólo tiene su asiento en la constatación de los ingresos en su cuenta corriente del dinero procedente de una actividad ilícita (5 transferencias por importe global de 18.404 €) , sino del conocimiento de la ilicitud del origen de los fondos, dato este último que suele acreditarse mediante indicios ( STS 2410/2001, de 18 de noviembre, 811/2012, de 30 de octubre y 381/2021, de 5 de mayo, por todas) y que en este caso fueron los siguientes: La relación convivencial con una de las condenadas, que reconoció su participación activa en los fraudes, y la ocupación en su domicilio de un TPV con el que se hicieron 18 operaciones fraudulentas de forma manual y otras 124 que fueron rechazadas, precisando que las transferencias a la cuenta del Sr. Teodulfo se hicieron un mismo día y sin indicar concepto.

La valoración probatoria del tribunal es razonable. Se ha acreditado la transferencia del dinero a una cuenta ajena a los autores del fraude para ocultar su procedencia y se ha acreditado con indicios suficientes el conocimiento del origen ilícito de los fondos, dada la cercanía del recurrente con uno de los actores de la trama y por encontrarse en su domicilio uno de los instrumentos empleados para los fraudes, lo que permite afirmar la suficiencia de la prueba, la racionalidad de su valoración y a la ausencia de lesión del derecho a la presunción de inocencia.

El motivo se desestima.

5. Segundo motivo por infracción de ley en el que se denuncia la indebida aplicación del delito de blanqueo de capitales

Se alega que el citado delito es esencialmente doloso porque precisa, de un lado, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes y, de otro, la voluntad de coadyuvar a su ocultación o transformación. También admite la forma imprudente siendo muy problemática la determinación de las normas de cuidado cuando el autor no es una persona expresamente obligada por la normativa específica. Considera que el nivel de exigibilidad debe ser proporcional a la responsabilidad que cabe reprochar al sujeto activo que muchas veces actúa sin conocimientos normativos específicos y en el marco de relaciones de amistad o familiares que conllevan un nivel inherente de confianza y relajación de los controles. Por esas razones se interesa la absolución.,

Siguiendo la doctrina establecida de forma reiterada por este tribunal y de la que es exponente la STS 799/2017, de 11 de diciembre, entre otras muchas, "el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es plantear una discordancia jurídica con el tribunal sentenciador sobre unos hechos probados, ya inalterables. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado".

En este caso se declara probado que "para ocultar el origen fraudulento del dinero así obtenido, diferentes cantidades fueron transferidas a distintas cuentas corrientes de los titulares que se mencionan entre los que figura el recurrente con cinco transferencias el mismo día 30/10/2017 por importe total de 18.404 €.

El juicio de tipicidad es ajustado a derecho ya que la facilitación de cuentas corrientes para ocultar el origen ilícito del dinero colma las exigencias típicas del artículo 301 CP y en realidad en el motivo no se cuestiona la subsunción normativa realizada. Se alega que como consecuencia de las relaciones familiares es lógica una cierta relajación y falta de control sobre los fondos transferidos, cuestión más de ámbito probatorio que normativo, y que el recurrente ni desarrolla ni justifica su aplicación al caso concreto.

El motivo se desestima.

RECURSO DE Lorenza

6. Único motivo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia

En la sentencia de segunda instancia la recurrente ha sido absuelta del delito de falsedad de tarjeta de crédito y ha sido condenada por la comisión de un delito agravado de estafa a la pena de 5 años de prisión y 11 meses de multa y, según hemos argumentado en el fundamento jurídico primero, la pena finalmente impuesta lesiona el principio reformatio in peius, por lo que debe restaurarse la condena impuesta en primera instancia por delito continuado de estafa de 1 año y 9 meses de prisión.

Frente a este pronunciamiento debe dirigirse el único motivo de impugnación del recurso interpuesto por la Sra. Lorenza en el que se afirma vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por considerar insuficiente la prueba de cargo que ha servido de soporte a su condena. Se alega que no hay prueba alguna que establezca su vinculación con el fraude y que su condena se ha producido exclusivamente porque es la esposa de uno de Primitivo.

En la sentencia de apelación se refrendó la valoración probatoria del tribunal de instancia de la siguiente forma:

"Pero con remisión a lo ya explicado, para no alargarnos innecesariamente, encontramos que la aportación causal de la recurrente a la consecución delictiva del caudal de dinero que fraudulentamente las perjudicadas -Carrefour y las entidades bancarias- le allegaron inconscientemente a las cuentas bancarias de su marido y otros, -de los que la recurrente sólo dice conocer a su suegra-, y que la configuran como coautora, en el sentido ya explicado en el motivo precedente, fueron posibles gracias a sus concretas aportaciones personales e intransferibles, dada su aptitud para generar el error bastante operado en aquellas por su importancia e incidencia directa sobre los cauces de pago confiables utilizados por ella y su marido suplantando la identidad de presuntos compradores o pagadores mediante la utilización de datos bancarios reales pero ajenos, obtenidos mediante "reclamos" como el que la Guardia Civil fue capaz de recuperar, pese haber sido borrado, en el pen drive que le ocuparon en su equipaje personal a la recurrente o el TPV que apareció olvidado precipitadamente en el domicilio en que vivió en las fechas de los fraudes con su marido, a través del cual se realizaron doce operaciones autorizadas por un importe de 57.487 € y se intentaron 16 operaciones más que fueron rechazadas, por un importe de 87.269'6 €, todo sobre la base de entradas realizadas manualmente de datos bancarios "pescados" con "reclamos" como aquel, introducidos en ese y otros terminales, y cuya efectividad y consumación pudo la recurrente ir comprobando mientras los ejecutaban al recibir, por ejemplo en el móvil NUM009 de su titularidad, SMS confirmatorios de algunos fraudes cuyo rédito llegaba a cuentas bancarias de su marido u otros familiares.

En este pasaje de la sentencia se refrenda la valoración probatoria de la sentencia de primera instancia haciendo alusión a los hechos que se reflejaron en la sentencia de instancia como basamento de la condena. Como se deduce del relato fáctico de la sentencia impugnada, no es cierto que la condena de la recurrente tuviera como único fundamento su vinculación conyugal con otro de los acusados. Por el contrario, las pruebas de cargo en su contra son variadas:

(i) Uno de los teléfonos utilizados en los fraudes ( NUM009) aunque era utilizado por Primitivo, era de su titularidad, apareciendo vinculado a dos cuentas de la entidad ING y a la Tesorería de la Seguridad Social;

(ii) En una de las compras fraudulentas, realizada en la joyería FERMI por importe de 1.100 euros, intervino personalmente la recurrente y Primitivo, lo que se acreditó por comunicación SMS al teléfono antes señalado, así como por grabación de cámaras de seguridad, constando que fue como Lorenza quien sacaba la tarjeta de su bolso y Primitivo pasaba la tarjeta por la terminal TPV;

(iii) En el momento de su detención a Lorenza se le ocupó un USB. PENDRIVE en el que se encontraron archivos que han podido ser utilizados para crear una página web falsa de Carrefour destinada a obtener mediante engaño los datos de tarjetas de crédito.

Por tanto, también en este caso la prueba de cargo es suficiente para establecer la vinculación de la recurrente con los hechos enjuiciados y ninguna objeción cabe oponer a la valoración probatoria realizada, que no tiene atisbo alguno de irracionalidad o arbitrariedad.

El motivo se desestima.

7. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe condenarse en costas a los recurrentes cuyas pretensiones han sido desestimadas ( Primitivo, Teodulfo y Lorenza) y deben declararse de oficio las costas causadas por el recurso interpuesto por Segundo, que ha sido estimado parcialmente.