Sentencia Penal 233/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5133/2023 de 19 de marzo del 2026

PRIMERO. La Sentencia dictada por la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 11 de enero de 2023, condenó a Sergio como autor criminalmente responsable de los siguientes delitos y a las siguientes penas:

1.- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de dos años de prisión y una multa de diez meses de duración con cuota diaria de 8 euros.

2.- Un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 CP vigente al momento de los hechos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, y una multa del duplo de la cuota defraudada, ascendiendo a la cantidad de 1.029.582,56 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por cuatro años.

3.- Tres delitos contra la Hacienda Pública del art. 305.bis.a) CP en su redacción actualmente vigente, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, por cada uno de los delitos, de dos años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa del triple de la cuota defraudada en cada ejercicio (2.192.933,34 euros, 2.118.789,93 euros y 1.838.841,39 euros respectivamente), con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por cinco años.

Asimismo, la Sentencia condena a indemnizar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la cantidad de 2.564.979,50 euros, incrementándose con los intereses de demora tributarios de la Disposición Adicional 10ª de la Ley General Tributaria, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de FABRIPLAST, S.A. e imponiéndoles las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el referido acusado, recurso que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- El primer motivo se formaliza por infracción de precepto constitucional, por el cauce del art. 852 LECrim, por quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del art. 24.1 CE y derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2, por incurrir la Sentencia impugnada en irracional valoración probatoria en relación con la condena por los delitos contra la Hacienda Pública de los arts. 305 CP (vigente a la fecha de los hechos) y 305.bis.a) (vigente en la actualidad) y falsedad en documento mercantil del art. 392 CP y, en concreto, con el extremo relativo a la presunta mendacidad de las cuotas de IVA soportado declarado por FABRIPLAST a través de su administrador, el acusado Sergio.

El recurrente reprocha la valoración probatoria que nace como consecuencia de la apreciación de la prueba indiciaria, que resultan contrarios a los datos objetivos derivados de la prueba directa practicada. Sostiene, a su vez, que los contraindicios son de una gran solidez.

También alega que se ha orillado sin razón alguna el informe pericial, y su adenda, elaborados por Marcos que contienen numerosa documentación oficial y/o que no ha sido impugnada, y con ello, está repleta de datos objetivos que se dirigen en sentido contrario a la argumentación acusatoria contenida en la Sentencia.

En suma, la esencia de su reproche casacional reside en el insignificante "muestreo de proveedores" que, en su día, realizó la Agencia Tributaria en punto a acreditar la falsedad de los miles de facturas emitidas por FABRIPLAST y que dieron lugar al aumento de la cifra de IVA soportado.

Entiende el recurrente que es una cifra (el muestreo) a todas luces insuficiente (desde una doble perspectiva de calidad y cantidad) y que, de su resultado no es posible colegir la concurrencia de conducta penalmente relevante.

En efecto, mantiene el recurrente que si comparamos el número de proveedores que fueron requeridos por la inspección y de éstos los que llegaron a contestar a los actuarios y, con ello, se calcula la suma de IVA soportado controvertido derivado de las facturas emitidas por dichos proveedores que fueron requeridos y que contestaron a los actuarios, veremos que es absolutamente ínfimo (tanto el número de proveedores como la cifra de IVA soportado) con las cifras globales de proveedores y de IVA soportado.

Así, constan facturas de 580 proveedores de operaciones de más de 3.000 € (modelo 347), con un total de base imponible de 18.901.790,65 €. De estos 580 proveedores, en la inspección, no se toman en consideración 331 proveedores, con un total de base imponible de 14.472.751,99 euros.

Se expone en el desarrollo del motivo que los actuarios únicamente requirieron a 101 proveedores, de los cuales contestaron, únicamente 49, esto es, un 7,2% del total, y de estos 49 proveedores, solamente contestaron de forma detallada 42.

El total de las facturas de estos 42 proveedores es 381 facturas, cuando el total de facturas controvertidas por la inspección cuyo IVA soportado se toma para calcular las supuestas cuotas defraudadas, son 2.866 facturas.

Admite el recurrente que, desde el cálculo de la AEAT, las conclusiones sobre la supuesta falsedad de las facturas y el supuesto fraude de IVA soportado, se llega por parte de los actuarios, a través de la comprobación de una base imponible de 2.592.228,54 €, cuando el total de base imponible de los proveedores de más de 3.000 €, es de 18.901.790,65€, o en el mejor de los casos, de 14.472.751,99 € (que son los que se toman en consideración por parte de la AEAT).

Aunque es muy sugestiva la argumentación de la parte recurrente cuando alega que resulta muy cuestionable que, a partir de la respuesta a un requerimiento del 7,2 % de los proveedores, cuyas facturas reúnen una base imponible muy baja (a la vista del total del IVA soportado cuestionado) se pueda rechazar la totalidad de los 580 proveedores y de la totalidad del IVA soportado, los datos que ofrece la sentencia recurrida son incontestable. Ninguno de los preguntados afirmó haber tenido relaciones comerciales con el recurrente y eso es también muy elocuente. La sentencia recurrida cifra las respuestas de todos ellos, contestes, ninguna relación comercial, a pesar de que se presentan las facturas falsas afectantes a todos ellos. Eso no puede ser una casualidad. Cuando se pregunta a cien y contestan cincuenta no sabiendo nada de la relación comercial, y los otros cincuenta, ni siquiera dicen nada, es porque es tan aplastante la evidencia, que no puede ser discutida. Y, obsérvese que no lo pueda ser tampoco en esta extraordinaria instancia casacional, en donde no reevaluamos pruebas, sino constatamos argumentaciones acreditativas bajo el prisma de la racionalidad de su apreciación probatoria. Y aquí la sentencia recurrida es razonable, y por tanto, no hay vicio de vulneración de la presunción de inocencia.

Es por ello que no puede llegarse a la conclusión que sostiene la defensa de que no hubo aportación de facturas falsas, pues ha quedado acreditado a través de la prueba practicada que las presentadas a Hacienda no respondían a operaciones reales, y ello en una gran cantidad de base imponible, como se ha dicho antes, concretamente en la suma de 2.592.228,54 €, por lo que el acusado aumentó artificiosamente la cifra de IVA soportado por la mercantil FABRIPLAST y para ello confeccionó y aportó a la Inspección tributaria facturas mendaces a fin de dar cobertura formal a las compras que se estiman inexistentes.

En suma, no es cierto que las facturas objeto de cuestionamiento obedezcan a operaciones mercantiles reales, sino todo lo contrario, como han ido contestando los proveedores requeridos. La prueba concluye tal falsedad.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

TERCERO.- Los hechos probados nos relatan que, en abril de 2013, el departamento de Inspección de Tributos de la AEAT inició un procedimiento inspector acerca de FABRIPLAST. En el curso del mismo se le requirió justificación de las supuestas operaciones que motivaban aquellas cuotas de IVA soportado. Ante ello, desde FABRIPLAST se confeccionaron y aportaron facturas absolutamente mendaces, que pretendían amparar formalmente aquellas compras, las cuales eran inexistentes en la realidad. Estas mendaces facturas reflejaban cuotas de IVA soportado de 452.603,50 euros en el año 2009, 684.576,08 euros en el 2010, 668.049,09 euros en el 2011 y 570.933,62 euro en el 2012.

Y para ello, la Audiencia toma en consideración los siguientes elementos indiciarios:

Primeramente, que ni FABRIPLAST S.A. ni los proveedores que habrían girado estas facturas habrían hecho constar estas operaciones en el modelo 347. Se explica en el informe pericial del Sr. Marcos que el modelo 347 es una declaración informativa de obligado cumplimiento según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, donde el declarante ha de poner en conocimiento de la Agencia Tributaria todas las operaciones realizadas con terceros que superen los 3005,60 euros que tengan actividad empresarial y estén obligados según la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A tal efecto, pone de manifiesto el informe del Equipo de Delito Fiscal que la discrepancia en las compras no se da en las ventas, en las cuales existe coherencia entre los importes de las ventas reflejados en el modelo 347 con el IVA repercutido declarado en IVA.

Salimos al paso de la denuncia del recurrente acerca de que no se ha tomado en cuenta lo informado por el perito de la defensa, el Sr. Marcos, en tanto se razona por la Audiencia que el modelo 347 "no se realizaba con el rigor correspondiente y que falta información", lo que se debía a problemas informáticos relativos a la introducción o no del CIF.

Tal como señala el perito de la defensa, en un momento dado puede existir falta de rigor en una empresa, pero difícilmente esta falta de rigor puede encontrarse en todas las empresas que no reflejan estas operaciones que aparecen en las facturas aportadas a la Agencia Tributaria por FABRIPLAST S.A. Y sorprende que esta falta de rigor alcance únicamente a las compras, puesto que tal y como se ha expuesto, las ventas del 347 y las reflejadas en las declaraciones de IVA son coherentes, según ha declarado la perito Sra. Gloria, siempre según lo argumentado por la Audiencia.

Por ello, se ha llegado al siguiente cuadro, suscrito íntegramente y explicado en el plenario por la Sra. Gloria:

El segundo indicio que toma en consideración la Audiencia es una repetición del primero, por lo que no nos detenemos en su análisis.

En el tercer indicio, la Sala sentenciadora de instancia se refiere a la falta de pago de las facturas que se incorporaron al expediente de inspección de Hacienda, lo que se deduce que falta de transferencias, razón por lo cual la defensa lo achacó a pagos en efectivo o mediante cheques al portador, lo cual es un indicio sospechoso que es utilizado por la Audiencia Provincial «a quo» para obtener su convicción, máxime cuando, como dicen los jueces «a quo», se carece de recibos al respecto por parte de los proveedores que vieron pagadas sus facturas, sin un sello o una declaración en tal sentido.

Ciertamente, resulta llamativo que, según ha puesto de manifiesto el informe de los actuarios, las facturas reflejadas en el modelo 347 de los cuatro años fiscales, sí constaban pagadas a través del banco; sus pagos son constatables y claramente susceptibles de comprobación en las cuentas bancarias, mientras que los que no constan en el 347, todos se habrían pagado en efectivo.

Convenimos con la Audiencia en que eso no tiene ningún sentido. Solamente resultan pagados los proveedores que figuran en el modelo 347, pero el resto de las facturas que sirvieron para acreditar el IVA soportado, no constan en ninguna base ni documento firmado, ni acreditado.

El hecho de que se hayan utilizado precisamente empresas en concurso de acreedores para dificultar la recepción del pago por parte de la empresa controlada por el acusado supone un indicio más de que tales facturas no estaban pagadas, como ha sugerido el perito Sr. Marcos en la página 26 de su informe pericial, tal y como afirma la Audiencia.

De modo que todas estas facturas aportadas se corresponden a sociedades que habían sido declaradas en concurso de acreedores entre el año 2009 y el año 2014, excepto cuatro de ellas, según ha declarado en el acto del juicio oral el Inspector de Hacienda Sr. Urbano.

Las irregularidades contables no terminan ahí, las declaraciones de IVA no se corresponden las declaraciones del Impuesto de Sociedades de FABRIPLAST. En este sentido ha declarado el testigo Sr. Urbano que, si realmente las declaraciones de IVA fueran correctas, el Impuesto de Sociedades habría reflejado unas pérdidas de 3 millones al año, cuando conforme al Impuesto de Sociedades presentaban beneficios, aunque escasos.

Es decir, si soportaban tanto IVA correspondiente a las compras a proveedores, como quiso acreditar el recurrente ante la Agencia Tributaria, y vendía lo correspondiente al IVA devengado, no podrían existir beneficios, sino cuantiosas pérdidas.

CUARTO.- Llegamos ahora a la comprobación que hace la Audiencia respecto a los requerimientos que hizo la Agencia Tributaria a las empresas con las que el acusado decía haber mantenido relaciones comerciales, en virtud de las facturas aportadas.

Aquí se encuentra lo denunciado por el recurrente.

La Audiencia dice que, de los 101 operadores requeridos, 49 contestaron negando haber tenido operaciones comerciales con FABRIPLAST. La sentencia recurrida analiza las respuestas a los requerimientos de las 49 empresas, contestando todas ellas que no han mantenido relaciones comerciales con FABRIPLAST y que, por tanto, no pueden haber emitido facturas ni recibido dinero alguno.

Es más, una vez analizado todo ello, la Audiencia razona que, por si se hubiera producido algún error, algún desajuste en la inspección y para dar oportunidad a FABRIPLAST de rebatir las conclusiones de la Agencia, en la comparecencia de fecha 3 de abril de 2014 se le dio oportunidad de convocar en su domicilio social a cuantas personas de contacto aparecían descritas a fin de que la Inspección pudiera proceder a confirmar la realidad de las operaciones, la veracidad de las facturas aportadas y la certeza del sistema de pago, sin que se llevara a cabo por el acusado ninguna actuación en este sentido.

QUINTO.- Es verdad que, en este punto la defensa del acusado y el perito Sr. Marcos han argumentado que las respuestas de las compañías son en unos casos para evitarse problemas con Hacienda, para que no les imputen la emisión de facturas falsas (lo que acreditaría aun más que lo son) y en otros casos, por desidia o por imposibilidad de los administradores concursales de recabar toda la información. Así en la conclusiones del informe pericial de la defensa (adenda) se señala que "no se dispone de suficiente información como para considerar este punto como un indicio de supuesta falsedad documental (...) además el hecho de no informar por parte de terceros (en la mayoría delos casos empresas cerradas o administradores concursales desconocedores de los hechos...) no implica que no se hayan realizado las transacciones comerciales que se describen en las facturas por la operativa de compraventa entre partes independientes". En el informe pericial de 29 de mayo de 2017 el perito valora que la información contenida en las respuestas a los requerimientos de la Agencia Tributaria no tenga el grado de fiabilidad que pudiera otorgársele en una situación de normalidad y no tienen la consistencia para poder obtener conclusiones definitivas de las mismas". Pero, analizadas las respuestas de los supuestos emisores de las facturas comprobamos que ello no es así, que se indica por el compareciente la condición en virtud de la cual informa, si es administrador concursal los datos que conoce, los libros analizados, las fuentes de información con que se ha contado, para concluir si se han mantenido o no relaciones comerciales con FABRIPLAST S.A. Dado el tono de las respuestas y que la mayoría de ellas, salvo cuatro, aparecen firmadas por administradores concursales, de los que debe suponerse un mayor compromiso con el rigor contable y por otra parte que no les afectarían las posibles irregularidades producidas con anterioridad, no cabe pensar que respondieran al, requerimiento de la Agencia sin haber comprobado la veracidad de lo que afirmaban o que se limitaran a responder de cualquier manera a la AEAT "para salir del paso".

SEXTO.- Sobre la falta de aportación de la contabilidad de la empresa, que es otro indicio más de los utilizados por la Audiencia, conviene dejar constancia de que, en fecha 6 de mayo de 2013, se requirió por primera vez a FABRIPLAST para que aportara sus libros registros de IVA así como la contabilidad y movimientos de las cuentas bancarias. El 14 de mayo de 2013 se puso de manifiesto la existencia de dificultades para aportar tanto los Libros de Registro de facturas emitidas y recibidas, así como la contabilidad, por un fallo en el sistema informático. Según informó FABRIPLAST este hecho ya habría sido comunicado a los Órganos de Gestión Tributaria de la Administración de Granollers. Según dicha comunicación un apagón provocó daños en la placa base, la fuente de alimentación y el disco duro y no fue posible la recuperación de la información que este último contenía. Ello se habría producido durante el traslado a otra nave industrial. Y presuntamente ocurrió en el verano de 2012.

En la comparecencia de 18 de junio de 2013, se requirió a FABRIPLAST a través de la Sra. Jacinta, para que aportara cuanto menos, el libro de facturas recibidas durante el segundo semestre de 2012, que no se vería afectado por este siniestro informático. En la comparecencia de 25 y 26 de junio se puso de manifiesto que tampoco disponían de este libro referido al segundo semestre de 2012.

En las diferentes comparecencias realizadas entre los meses de mayo, junio y julio de 2013 se fueron aportando diversas facturas, de manera desordenada y escalonada, que tampoco alcanzaban la totalidad del IVA deducido. Finalmente, en fecha 23 de julio, FABRIPLAST admitía que no podía justificar la totalidad del IVA. En esta fecha se abrió la segunda fase de la inspección tendente a acreditar que las operaciones que reflejaban las facturas fueran fidedignas.

Esta destrucción de los datos contenidos en el disco duro a raíz de los problemas con la conexión eléctrica, sin embargo, no es relevante a los efectos de exonerar al acusado de la falta de conservación de la contabilidad, por cuanto los libros Registros y la Contabilidad no solamente deben llevarse también en formato papel, sino que además tienen que estar legalizados en el Registro Mercantil. Pero además los problemas informáticos no afectaron a la declaración de 2012, en la que se dedujeron unas sumas de cuotas soportadas del tercer y cuarto trimestre, lo que implica que necesariamente se contaba con esa información. E incluso se han aportado durante el procedimiento inspector durante los meses de mayo a julio de 2013 numerosas facturas, lo que hace dudar todavía más del alcance a los efectos de justificación de las operaciones del problema con el disco duro.

SÉPTIMO.- Sobre la falta de transparencia en los nombres de quienes pagaban las facturas con IVA soportado, tal falta de información por parte de FABRIPLAST de la persona de contacto en la empresa que supuestamente habría emitido las facturas, pudo comprobarse por parte de la AEAT al constatar la realidad de las operaciones comerciales mantenidas y para confirmar la exactitud de los importes. En la comparecencia de fecha 8 de octubre de 2013, se puso de manifiesto por FABRIPLAST que únicamente ponían un nombre de pila porque no tenían, por el momento, más datos, ni correos electrónicos, lo que imposibilitaba a la Agencia Tributaria contactar con esa persona que podría haber interactuado con FABRIPLAST, al no estar individualizado. Y ello pese a que durante la actividad instructora se indicó que las facturas se recibían por correo electrónico.

Esta forma de actuar es igualmente sumamente sospechosa y acarrea un indicio más de la ocurrencia de los hechos, tal y como han sido sostenidos por las acusaciones, y que se suma a los anteriores.

OCTAVO.- Desde el plano económico, tampoco puede explicarse cómo si durante cuatro ejercicios ha habido muchas más compras que ventas, la consecuencia sería que el balance de la empresa quedaría seriamente comprometido, pues no se ha invocado tampoco que conste ninguna fuente de financiación o ningún inversor que permita suponer que se invertía en una empresa sabiendo que inicialmente tendría pérdidas para después recuperar la inversión.

En definitiva, los indicios son plurales y están interrelacionados, convergiendo en la misma dirección.

Y frente a la alegación de que se requirió a una mínima parte de proveedores, es lo cierto que la Inspección requirió a los más significativos, con una base imponible de 7.280.208,25 (el 53,54%) y contestaron proveedores por una base imponible de 3.756.910,45 € (27,63% del total), ninguno de los cuales confirmó las operaciones.

Pero, a mayor abundamiento, la mayor parte de los proveedores no han contestado que no tienen conocimiento de las operaciones, sino que niegan las mismas operaciones se hayan producido, en muchos casos, señalando expresamente que se ha consultado la contabilidad, los libros registro o se ha hablado con los administradores de la sociedad anteriores al concurso. A título de ejemplo, las contestaciones de tres proveedores, PLASTIVIT, TRANSPORTES ESPECIALES TORIJA e industrias REISEM (elementos 635 a 637, 674 a 677, y 486 a 488 del expediente administrativo) se han aportado facturas posteriores a la fecha en que el administrador concursal se hiciera cargo de la administración de la empresa o de la fecha en la que la sociedad ya no tenía actividad al haber vendido todos sus activos.

En suma, podemos resumir los indicios en la forma siguiente: a) FABRIPLAST no contabiliza las operaciones de las facturas controvertidas en su modelo 347, que es de obligado cumplimiento; b) no consta acreditado el pago de las facturas presentadas a la AEAT. La sentencia recurrida señala que resulta extraño que todos los pagos se hayan hecho en efectivo, dado que los proveedores se encuentran en diferentes puntos del territorio nacional; y que, en todo caso, tampoco se ha aportado ningún recibo acreditativo de dicho pago en efectivo, ni a la Inspección que los requirió, ni en sede judicial; c) la sentencia impugnada pone de manifiesto la particularidad de que las operaciones que sí están reflejadas en el modelo 347 de cada uno de los ejercicios discutidos sí fueron abonadas por transferencia bancaria, dejando, por tanto, la debida constancia; d) el hecho de que todos los supuestos proveedores, salvo cuatro, estén declarados en concurso; e) la incoherencia existente entre las declaraciones de IVA con las del Impuesto de Sociedades; f) la Inspección requirió a las sociedades, supuestas proveedoras, afectadas por las facturas controvertidas y 49 contestaron no haber mantenido nunca relaciones comerciales con FABRIPLAST. Por el contrario, la realidad de las operaciones debidamente registradas en el modelo 347 de FABRIPLAST sí fue constatada; g) la no aportación de la contabilidad por parte de FABRIPLAST, a pesar de haber sido requerida para ello, supuestamente por un problema informático; h) FABRIPLAST no ha identificado a la persona que supuestamente emitía las facturas a la sociedad, dificultando así a la Inspección y al tribunal el esclarecimiento de los hechos concernientes a las mismas.

La sentencia recurrida valora la explicación dada por el perito de la defensa, consistente en que las respuestas de estas sociedades respondían a la voluntad de no tener problemas con Hacienda, para que no se les imputasen facturas falsas, por desidia o por imposibilidad de recabar la información. La sentencia impugnada concluye que estas explicaciones carecen de lógica alguna.

Por último, de los datos obrantes en autos resulta que durante los ejercicios enjuiciados las compras fueron muy superiores a las ventas. Tampoco consta ninguna fuente de financiación externa. Las explicaciones de descargo ofrecidas por el perito de la defensa han sido valoradas y rechazadas por la sentencia impugnada. En concreto, respecto de la queja de la defensa de que la Inspección no había admitido diversas facturas, la sentencia recurrida argumenta que la admisión de facturas concretas no lleva aparejada la admisión en bloque de cualquiera otra que pueda estar relacionada con la prestación del mismo servicio, dado que la realidad detrás de cada factura puede diferir, como efectivamente sucede. Así, dos facturas relativas al mismo servicio pueden proceder de empresas distintas y una puede constar pagada y la otra no. Es decir, las circunstancias que rodean a cada factura han de ser consideradas de manera individual y no extrapolarse a otras.

Las pruebas de descargo se han valorado, tanto los argumentos exculpatorios ofrecidos por la defensa y su perito, pero no han sido considerados, que es cuestión distinta.

De manera que los indicios cumplen los requisitos constitucionales de licitud, lógica y razonabilidad.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

NOVENO.- El segundo motivo formalizado por vulneración constitucional, denuncia una manifiesta ausencia de motivación ex art. 120.3 CE y en una irracional valoración de la prueba en relación con la determinación de la cuota tributaria presuntamente defraudada.

El tercer motivo es idéntico, pero desde la perspectiva del derecho de obtener una resolución motivada ex art. 120 CE, y al derecho a la presunción de inocencia, y por concurrir error en la valoración de la prueba en relación con la subsunción en los delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado Sergio y, concretamente, en relación con la apreciación del elemento subjetivo del injusto.

Nada de ello puede predicarse. La sentencia recurrida es un ejercicio modélico de motivación, estudiando la prueba y ofreciendo una respuesta razonada y razonable.

Más allá no se extiende nuestro control cuando de la presunción de inocencia se trata, por lo que no puede tacharse de irracional su desenvolvimiento argumentativo.

No puede mantenerse falta de motivación de manera alguna.

DÉCIMO.- En el cuarto motivo se denuncia por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la indebida inaplicación del art. 21.6 CP en relación con el art. 66.1.2 CP, con vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ex art. 24.2 CE.

Destaca el recurrente las importantes paralizaciones que ha sufrido la presente causa (dilaciones intra procesum),en la que se han invertido más de siete años en lapsos temporales en los que no se llevó a cabo ningún tipo de actividad judicial y, asimismo, a la vista del tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, hace más de 11 años (14 años, si tenemos en cuenta la fecha de los primeros hechos), hasta que se dictó Sentencia en enero de 2023 (hace ahora más de tres años), (con dilaciones extra procesum),imponen la pertinencia de que sea aplicada la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada ex art. 21.6 CP en relación con el art. 66.1.2 CP, con el consiguiente impacto en la pena, sustancialmente en la pena privativa de libertad y no tanto en la pena pecuniaria que, por el contrario, se amortigua y reduce con el paso del tiempo, al contrario de la primera, que se hace más aflictiva al despegarse en el tiempo de los hechos delictivos cometidos.

Esta cuestión fue introducida en el trámite de conclusiones definitivas.

Los lapsos temporales que se advierten en la tramitación de la presente causa (intra procesum) son los siguientes:

Desde que declaran los investigados y hasta que se dicta Auto de Procedimiento Abreviado, el 2 de noviembre de 2015 (folio 289), transcurren 6 meses sin ninguna actividad procesal. Desde que se interpone Recurso de Reforma contra el Auto de PA (folio 297), y se da traslado del mismo a las partes, por Providencia de 1 de diciembre (folio 311), y hasta que se resuelve por Auto de 6 de abril de 2016 (folio 336) pasan cuatro meses sin ninguna actividad procesal. Desde que se dicta la Providencia de 18 de junio de 2017 no se lleva a cabo ninguna actividad procesal hasta que el 24 de septiembre de 2018, esto es, un año y tres meses más tarde, se dicta Auto de acomodación a los trámites del Procedimiento Abreviado (folio 670). Desde que se interpone Recurso de Reforma contra el auto de PA (el 10 de octubre 2018, folio 696) hasta que se resuelve, en fecha 23 de septiembre de 2019, transcurren 11 meses, sin actividad procesal judicial. Desde que la parte recurrente presentó escrito de defensa, en fecha 16 de octubre de 2019, hasta que las actuaciones llegaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, el 14 de julio de 2021, transcurrieron un año y nueve meses. Desde que llegaron las actuaciones a la AP, y hasta que se ha celebrado juicio oral, han transcurrido un año y seis meses, siendo que la suspensión de la vista señalada no fue imputable a ninguna de las defensas.

En consecuencia, se produce una paralización efectiva de la causa durante un plazo de más de cinco años, cuando en la instrucción se había invertido un tiempo razonable, en función de los datos disponibles durante la fase de investigación.

Desde el prisma del plazo razonable, la duración del presente procedimiento no ha respetado el tiempo normal que debería de haber ocupado la instrucción, iniciándose el procedimiento en fecha 20 de diciembre de 2013 (por Auto de incoación de diligencias previas obrante al folio 26), y concluyendo por Sentencia de fecha 11 de enero de 2023, sumando así un total de unos 10 años de duración de la tramitación de la causa. Por otro lado, según la propia Sentencia los hechos se sitúan temporalmente entre los años 2009 y 2012, mientras que la Sentencia se dicta en enero de 2023, siendo el intervalo temporal entre ambos sucesos de más de once años.

En consecuencia, estimaremos este motivo, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, bajando en un grado la pena, como tendremos ocasión de expresar en la segunda sentencia que dictaremos al efecto, a continuación de ésta.

UNDÉCIMO.- En el quinto motivo, y por el cauce del art. 852 LECrim. , por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia sin que se produzca indefensión, y a la tutela judicial efectiva de los Tribunales, en relación con la necesaria razonabilidad de las sentencias, contemplados ambos en el artículo 24 de la Constitución y, asimismo, por infracción de Ley, ex. art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del art. 72 CP y 24 CE, en relación con la falta de fundamentación de la pena impuesta a Sergio.

Este motivo queda sin contenido, en tanto se ha estimado la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, de manera que el ejercicio de individualización penológica nos corresponde a nosotros, y lo verificaremos en la segunda Sentencia que dictaremos al efecto.

Costas procesales

DUODÉCIMO.- Procediendo la estimación parcial del recurso, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .