Sentencia Penal 806/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 717/2023 de 02 de octubre del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia condeno a Rebeca como autora de un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 279, segundo párrafo, del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de quince meses, con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago, sentencia confirmada por la Sección nº 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, desestimando el recurso interpuesto por la aquí recurrente.

El recurso se formula mediante dos quejas, según consta en el enunciado de estas, por infracción de ley, art. 849.1 de la LECrim, en concreto, por aplicación indebida del art. 279.2 del Código Penal, la primera denuncia. En la misma se afirma que se asumen los hechos, pero considera que existe error iuris en el encaje legal de tal factum, y en el desarrollo se indica que quedó en el aire, porque el Juzgado de instancia no entró a valorar la cuestión, la legitimidad de los correos electrónicos, no existe, entre otras cosas, un documento firmado de aviso de posible acceso al ordenador por parte de la empresa, los cuales constituyen el "grueso" de la documental del juicio; y en relación a pericial informática en la misma no se menciona que el ordenador sólo pudiera ser usado por la condenada; y más allá de la existencia de duda razonable de que la acusada mandara esos e-mails su contenido es intrascendente, listado y logos de clientes, tarifas y datos de facturación de la empresa, afirmando que ello no es secreto de empresa.

En el segundo motivo se denuncia indebida aplicación del art. 115.1 del CP, ya que la sentencia remite a la fase de ejecución de la sentencia el cálculo de la cuantía de la responsabilidad civil, no obstante, fija el objeto y las bases del cálculo, pero teniendo en cuenta que no hay delito, conforme al motivo anterior, tampoco hay responsabilidad civil ex delicto, además se apunta que el Juez de instancia y el tribunal a quo se exceden de lo que debería ser una interpretación del objeto y bases de unos daños y perjuicios que nunca han sido valorados por las acusaciones, que fijaban la misma en el lucro cesante.

SEGUNDO.- Como señalan, por todas, nuestras sentencias 46/2021, de 21-1; 627/2021, de 14-7 y 73/2022, de 27-1: "1. Nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el CP con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la "infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. En este caso el interés casacional debe residenciarse en la contradicción del pronunciamiento cuestionado con la jurisprudencia de esta Sala.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la pronunciada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

2. En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 LECRIM) .

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 LECRIM) ".

TERCERO.- En consecuencia, la reforma de la casación puede sintetizarse de la siguiente forma: 1º.- Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849. 2º.- En tal apartado sólo pueden invocarse preceptos penales sustantivos. 3º.- Los hechos probados son de obligado respeto. 4º.- El interés casacional deriva de: a) oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; b) existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales; c) precepto penal de menos de 5 años en vigor.

Los requisitos de acceso a la casación, que ha efectuado esta Sala, no implican vulneración de la tutela judicial efectiva invocada, ni de ningún otro derecho fundamental, en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el Auto 40/2018, de 13 de abril de 2018.

La queja basada en el art. 849.1 de la LECrim autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, e impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto de que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CUARTO.- En el primer motivo del recurso, aunque se dice que se respeta el relato fáctico, lo cierto es que se discute el mismo, ya que se indica que quedó en el aire, porque el Juzgado de instancia no entró a valorar la cuestión, la legitimidad de los correos electrónicos, ya que no existe, entre otras cosas, un documento firmado de aviso de posible acceso al ordenador por parte de la empresa, los cuales constituyen el "grueso" de la documental del juicio; y en relación a pericial informática en la misma no se menciona que el ordenador sólo pudiera ser usado por la condenada; y más allá de la existencia de duda razonable de que la acusada mandara esos e-mails su contenido es intrascendente, listado y logos de clientes, tarifas y datos de facturación de la empresa, afirmando que ello no es secreto de empresa.

En el f actum consta lo siguiente: "Dña. Rebeca trabajaba como comercial para la empresa Kauri Sportwear S.L., sita en el camino Anouers número 91 de Valencia y cuyo gerente era D. Saturnino. La mencionada empresa es titular de la marca Dressco, dedicada a la venta y comercialización de uniformes laborales, estando asignada la acusada a la atención, gestión y captación de clientes para la indicada marca. Para el desarrollo de su trabajo Kauri Sportwear S.L. le había facilitado a Dña. Rebeca el correspondiente ordenador personal y una cuenta de correo electrónico corporativo (" DIRECCION000"), con los que la acusada desarrollaba sus tareas laborales.

El 21 de marzo de 2019 Dña. Rebeca comunicó por escrito a D. Saturnino que iba a cesar su prestación de servicios laborales en la empresa, y ese mismo día envió, entre las 9:29 horas y las 10:04 horas, veinte correos electrónicos a la cuenta " DIRECCION001", desde la que aquella tenía en la empresa Kauri Sportwear S.L., adjuntando en ellos logotipos y diseños de las marcas de determinados clientes.

Asimismo, la acusada recabó información de artículos y tarifas de precios de la empresa, llevándosela consigo para usarla posteriormente en su beneficio o en el de otra empresa del sector.

La acusada, tras el cese en la entidad Kauri Sportwear S.L., fue contratada como comercial en Vetraval, mercantil con idéntico objeto social que aquella y destinataria de los mencionados correos electrónicos.

Como consecuencia de los hechos descritos la marca Dressco, perteneciente a Kauri Sportwear S.L., sufrió unos perjuicios económicos que no han sido valorados, derivados de la inversión y gastos para el tratamiento gráfico y adecuación de los logotipos, diseños de ropa y accesorios de los clientes que Dña. Rebeca envió en los correos electrónicos mencionados, así como por la información de la facturación de clientes y de artículos y tarifas de precios de la marca Dressco, perteneciente a la empresa Kauri Sportwear S.L., que la acusada se llevó el 21 de marzo de 2019.

Asimismo y antes de marcharse de Kauri Sportwear S.L., Dña. Rebeca procedió a borrar todos los correos electrónicos que había remitido a la cuenta " DIRECCION001", pudiendo no obstante ser recuperados posteriormente por el servicio informático contratado por la empresa y sin que ni el sistema, ni los equipos informáticos ni los archivos sufrieran desperfecto o menoscabo alguno .".

Del mismo, se desprende, con total claridad y sin ningún género de dudas, que la Sra. Rebeca fue la que envió, el mismo día que comunicó que cesaba en la empresa Kauri Sportwear S.L, 20 correos electrónicos a la cuenta " DIRECCION001", siendo después contratada por la empresa Vetraval, mercantil con idéntico objeto social que aquella, y destinataria de los mencionados correos electrónicos, por lo que la recurrente con su razonamiento -existen dudas de que la acusada mandara los correos, no se sabe ni se analiza si el ordenador era usado solo por ella- expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal, por lo que la queja debe ser desestimada, pues como hemos dicho, el motivo objeto de esta especialidad de recurso de casación no puede ser construido apartándose el recurrente del juicio histórico, y en este caso, lo hace, poniendo en duda las afirmaciones contenidas en el mismo.

Por otro lado, se afirma por la recurrente que el listado y logos de clientes, tarifas y datos de facturación de la empresa, no son secretos de empresa. Hemos dicho, entre otras en la STS 735/2024, de 12 de julio: " (...) el concepto de "secreto de empresa", elemento nuclear del delito. Se califica como "concepto lábil, dinámico, no constreñible en un " numerus clausus". La Sala considera que son secretos de empresa "los propios de una actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Así, serán notas características: la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva); la exclusividad (en cuanto propio de una empresa); el valor económico (ventaja o rentabilidad económica); licitud (la actividad ha de ser legal para su protección). Siendo el fundamento "la lealtad que deben guardar quienes conozcan el secreto, por su relación legal o contractual con la empresa, ya que el bien específicamente tutelado consistirá en la competencia leal entre las empresas". En cuanto al contenido del secreto la resolución señala "los secretos de naturaleza técnico industrial (objeto o giro de empresas); los de orden comercial (como clientela o marketing), y los organizativos (como las cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de empresa). ".

El bien jurídico protegido es "la capacidad competitiva de la empresa". Para algunos monografistas, además de este bien jurídico de carácter individual, el tipo protegería "la preservación del sistema de competencia de mercado, colectiva o de signo socioeconómico"."

Por otro lado, esta Sala ha afirmado, que las listas de clientes son un elemento importante para conservar y afianzar un mercado frente a otros competidores que, sobrepasando lo lícito, pudieran valerse de esas listas para ofrecer su actividad negocial a quienes, precisamente por esas listas, pueden llegar a saber la identidad y datos personales de futuros clientes. ( SSTS 285/2008 de 12 de mayo, y 864/2008 de 16 de diciembre).

En definitiva, la clientela o listado de proveedores y clientes tienen naturaleza secreta, en realidad secretos de empresa son todos aquellos datos propios de la actividad empresarial que, de ser conocidos contra la voluntad de la entidad, pueden afectar a su capacidad competitiva, como son los listados de clientes, las tarifas y datos de facturación de la empresa, que afectan a la competitividad de esta.

Por tanto, no existe interés casacional, no hay jurisprudencia contradictoria, y no se trata de un precepto de menos de cinco años en vigor.

El motivo se desestima.

QUINTO.- El segundo motivo, basado en infracción del art. 115.1 de la LECrim, como hemos indicado, se encuentra, en primer término, supeditado a la estimación del motivo anterior, pues si no hay delito, no hay responsabilidad civil ex delicto, obviamente, habiendo desestimado la primera queja formulada, la alegación no puede prosperar.

Por otro lado, se indica que la sentencia fija el objeto y las bases del cálculo de la responsabilidad civil para determinarla en ejecución de sentencia -logotipos, facturación de clientes y tarifas-, excediéndose en lo que debería ser una interpretación del objeto y bases de unos daños y perjuicios que nunca han sido valorados por las acusaciones, que fijaban la misma en el lucro cesante.

Hemos establecido en numerosas resoluciones que no es misión de la casación corregir la cuantía indemnizatoria señalada por los Tribunales de Instancia, sino revisar, en su caso, las bases establecidas para la fijación de las cantidades totales señaladas en cada supuesto. ( STS 799/2013, de 5 de noviembre).

En el supuesto, no se determina cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil, sino que se fijan unas bases para determinar la misma en ejecución de sentencia, las cuales no han sido fijadas de forma defectuosa, porque, precisamente, lo que hizo la acusada fue enviar a la nueva empresa para la que comenzaría a trabajar, logotipos y diseños de marcas de determinados clientes, así como recabó información de artículos y tarifas de precios de la empresa, llevándosela consigo para usarla posteriormente en su beneficio o en el de otra empresa del sector.

Por otro lado, se declara probado, cuya modificación no puede ser objeto del presente recurso de casación que "la marca Dressco, perteneciente a Kauri Sportwear S.L., sufrió unos perjuicios económicos que no han sido valorados, derivados de la inversión y gastos para el tratamiento gráfico y adecuación de los logotipos, diseños de ropa y accesorios de los clientes que Dña. Rebeca envió en los correos electrónicos mencionados, así como por la información de la facturación de clientes y de artículos y tarifas de precios de la marca Dressco, perteneciente a la empresa Kauri Sportwear S.L., que la acusada se llevó el 21 de marzo de 2019.". Por lo que resulta correcto el acotamiento que hace el tribunal al respecto en la fijación de los parámetros de la responsabilidad civil.

El único límite que rige en materia de responsabilidad civil es que lo que se conceda no exceda del montante de lo pedido por las acusaciones, ya que no podemos olvidar que se trata de una acción civil entablada en un proceso penal, la fundamentación de la sentencia condenatoria y generadora de la responsabilidad penal y civil, y el contenido del futuro auto de ejecución debe existir la debida congruencia que se enmarca en el principio de rogación.

Pero este examen ha de realizarse desde una interpretación de conjunto lo que permite declarar, como dijimos en la Sentencia 1012/2007, de 4 diciembre, que tan constitucional es una ejecución de sentencia que cumple el principio de identidad total entre las bases de la ejecutoria con lo establecido en el fallo, como una ejecución en la cual, por razones atendibles la pretensión de condena sea sustituida por un equivalente pecuniario o por otro tipo de prestación. Debe existir congruencia, evidentemente, pero es admisible cierta distonía para atender situaciones que respondan a las bases de la ejecutoria señaladas en la resolución que deriva su fijación a una resolución posterior que, recogiendo esas bases, acuerda la responsabilidad civil derivada del delito. ( STS 668/2018, de 19 de diciembre).

El motivo no puede prosperar.

SEXTO.- Procede imponer las costas a la recurrente ( art. 901 LECrim. ).