Sentencia Penal 615/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 8271/2022 de 02 de julio del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, en su Rollo de Sala 1103/2021, dictó Sentencia el 1 de julio de 2021 en la que, entre otros, condenó a Cipriano como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y concurriendo las agravantes específicas de notoria importancia y de simulación de operaciones de comercio internacional, imponiéndole las penas de tres años y un día de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 256.000 euros.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue desestimado en su Sentencia 254/2022, de 26 de octubre, la cual es objeto del presente recurso de casación estructurado alrededor de dos motivos.

1.3. El primer motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución Española.

Aduce que el primer Auto por el que se acordó la intervención de las comunicaciones telefónicas, dictado el 3 de junio de 2019, fue dictado más allá del plazo de 24 horas que recoge el artículo 588 bis.c.1 de la LECRIM. Añade que la resolución no detalló por qué los investigadores conocían que los teléfonos cuya intervención solicitaban pertenecían o eran usados por los investigados, ni cuál de esos teléfonos correspondía a cada uno de ellos. Por último, reprocha que el Auto no recoja los indicios concretos por los que se adoptó la medida injerente. Por todas estas razones reclama la declaración de nulidad del Auto inicial, así como de los posteriores Autos de prórroga o de las resoluciones que acordaron otras intervenciones, además de la nulidad de todas las pruebas recabadas y que sustentaron el pronunciamiento condenatorio que se recurre.

1.4. Las referidas alegaciones ya fueron suscitadas en la instancia, así como en el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial, habiéndose proporcionado oportuna y adecuada respuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con argumentos que son compartidos por el Ministerio Fiscal en su impugnación al recurso de casación y por esta misma Sala.

1.4.1. Dentro de las disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, a la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, a la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, al registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y a los registros remotos sobre equipos informáticos, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone en su artículo 588 bis c), que la resolución que se dicte autorizando o denegando cualquiera de estas medidas de investigación injerentes, debe adoptarse "en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se presente la solicitud".

Sin embargo, no todo quebranto de una disposición legal ordinaria que haga referencia a un derecho fundamental comporta la transgresión del mismo y la nulidad radical que preceptúa el artículo 11.1 de la LOPJ y que el recurrente reclama. La radical consecuencia invalidatoria precisa definir el plano de constitucionalidad y fijar su diferenciación respecto del ámbito propio de la legalidad ordinaria, a fin de apreciar si la transgresión afecta a un espacio u otro de su regulación. Una delimitación de contornos que debe de hacerse desde el concepto de correspondencia, es decir, evaluando si la conculcación de la norma de legalidad ordinaria entraña la desatención o la restricción de alguna protección constitucional específica. No obstante, puesto que en materia penal no es difícil encontrar que cualquier contravención de legalidad ordinaria puede tener una correspondencia más o menos lejana con las previsiones constitucionales, la invalidez constitucional de la actuación necesariamente exige que entre la conculcación normativa y la infracción del derecho constitucional se aprecie una correspondencia específica y no meramente difusa, además de una intensidad en la afectación que resulte constitucionalmente significativa.

Debe observarse que el derecho al secreto de las comunicaciones, consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución Española, garantiza la confidencialidad de las comunicaciones, especialmente las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Constituye un derecho fundamental que protege la privacidad de las conversaciones y mensajes, impidiendo que terceros no autorizados puedan acceder a su contenido, por lo que la doctrina constitucional, además de reflejar que el bien constitucionalmente protegido es la libertad de las comunicaciones, puntualiza que "el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto, que suponga aprehensión física del soporte del mensaje ..., como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado...Y puede también decirse que el concepto de "secreto", que aparece en el artículo 18.3, no cubre solo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales" ( SSTC 114/1984, 123/2002 o 53/2003, entre muchas otras).

También se ha expresado que los presupuestos para que la intervención de las comunicaciones telefónicas resulte constitucionalmente legítima son, además de una previsión legal con suficiente precisión, que esté autorizada por resolución de la autoridad judicial, motivada y adoptada en el curso de un proceso, respondiendo la decisión al principio de proporcionalidad, esto es, que la intervención injerente se dirija a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como acontece cuando se adopta para la prevención y represión de delitos calificables de infracciones punibles graves, siendo al tiempo idónea e imprescindible para la investigación de los mismos ( SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FFJJ 1 y 2; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 126/2000, de 16 de mayo, FJ 2, y 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 2, entre las últimas).

Lo expuesto refleja la irrelevancia constitucional de la objeción desplegada por el recurrente. La exigencia normativa de que la decisión judicial se adopte en el plazo máximo de veinticuatro horas [ art. 588 bis c) LECRIM], ni guarda correspondencia con el contenido constitucional del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, ni afecta a los presupuestos cuya concurrencia debe evaluar el juez para otorgar válidamente cualquier restricción. Como indica la sentencia impugnada, la inobservancia del plazo para decidir constituye una mera irregularidad procesal, que no determina siquiera una restricción de la capacidad de defensa del investigado ( art. 238.3 de la LOPJ) . El término de veinticuatro horas fijado por el legislador no condiciona la posibilidad constitucional de restringir el derecho al secreto de las comunicaciones, como claramente se visualiza en que no exista ninguna restricción a que la policía pueda reiterar una petición desatendida o que no se establezca ningún plazo de oportunidad para los supuestos en los que es el mismo juez quien acuerda de oficio la actuación injerente. El plazo legal viene establecido como un mero elemento impulsor de la eficacia de la investigación, despejando el riesgo de que las pesquisas policiales en curso, cuando estén precisadas de proseguir con una medida de intervención tecnológica, puedan frustrarse por la existencia de normas de reparto que regulen el órgano instructor que haya de conocer de la petición policial o por la simple demora judicial en pronunciarse. Y aunque se pueda objetar que la rapidez de la decisión judicial también opera como una garantía de la vigencia de los indicios aportados por la policía, no puede soslayarse que el estricto cumplimiento del plazo de veinticuatro horas tampoco es garantía de que algunos de los síntomas aportados por la policía no hayan quedado desfasados desde que fueron recabados. En realidad, el valor de los indicios al momento de adoptarse la decisión judicial es una cuestión que se aborda al evaluar y decidir la pertinencia de la medida injerente o cuando la oportunidad de la decisión es revisada por otro órgano jurisdiccional, de modo que el plazo de decisión fijado por el legislador no puede entenderse como un criterio predefinido de evaluación automática de la oportunidad de la medida.

1.4.2. Respecto a la alegación del recurrente de desconocerse cómo la policía judicial obtuvo los números de identificación de los aparatos telefónicos sobre los que se solicitaba la intervención (IMEI) o los números de las líneas telefónicas que utilizaban (IMSI), es adecuada la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de que esa concreta actuación policial de averiguación es ajena al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad personal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal guarda silencio sobre este punto, exigiendo la autorización judicial únicamente para el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, pero no al dato estático y preexistente del número de línea telefónica asignado a determinado abonado o al número del aparato utilizado. Antes, bien al contrario, el artículo 588 ter d) de la LECRIM da por supuesta esa obtención por medios propios y exige que en la solicitud de autorización judicial de la intervención, se indique el número de abonado; del mismo modo que el artículo 588 ter l) habilita a los agentes de policía judicial para el uso, por propia autoridad, de artificios técnicos para identificar el equipo de comunicación utilizado.

Consecuentemente, resulta irrelevante que no conste el modo por el que la policía obtuvo en este caso los números IMSI e IMEI de las diferentes personas, sin que sea posible presumir, por esa falta de constancia, que lo hizo por algún medio ilícito o con incidencia en derechos fundamentales de los afectados.

Como destaca la sentencia de apelación impugnada, son múltiples los procedimientos lícitos por los que las fuerzas de seguridad pueden obtener ese dato, siendo los ejemplos más evidentes: la existencia de estos datos en registros públicos, las contrataciones de telefonía, los expedientes administrativos, las informaciones confidenciales, determinados artificios técnicos de prospección o su constancia en diligencias policiales o judiciales anteriores, sin que pueda presumirse que la obtención del IMEI o del IMSI haya sido por métodos fraudulentos y menos con quebranto de alguno de los derechos fundamentales de los titulares o investigados. Un posicionamiento que es concordante con lo que expresamos en nuestra STS 862/2010, de 4 de octubre. Dijimos en aquella resolución que "en cuanto a la objeción de que los agentes no hayan explicado cómo obtuvieron los números telefónicos de los sospechosos y las suspicacias que muestran los recurrentes sobre ese extremo, esta Sala tiene establecido que no es preciso acreditar la forma de obtención del número de teléfono de un sospechoso cuando no hay indicios de ilegitimidad en el proceso de obtención de la información, pues es exigible a los poderes públicos que justifiquen que la restricción de un derecho fundamental se ha realizado con respeto a las reglas, pero no lo es que demuestren que no lo han hecho ( SSTS 509/2009, de 13 de mayo; y 309/2010, de 31 de marzo)". En los mismos términos se han expresado las SSTS 202/2012, de 12 de marzo; 975/2016, de 23 de diciembre; 256/2017, de 6 de abril o 537/2018, de 8 de noviembre; 1001/2021, de 16 de diciembre; 822/2022, de 18 de octubre o 199/2023, de 21 de marzo, entre otras muchas.

1.4.3. Con respecto a la denuncia de que no se concreta el IMEI/IMSI que corresponde a cada uno de los encausados afectados por la intervención, ya fue satisfactoriamente resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La resolución rechaza que esta objeción pueda conducir a la nulidad de las intervenciones telefónicas, porque únicamente tiene un sustento formal y no material. El Auto, de 3 de junio de 2019, resolvió la solicitud policial de intervención presentada el 24 de mayo de 2019, pero esta petición estuvo precedida por otras dos solicitudes que habían sido rechazadas. La primera se cursó por oficio policial de 9 de abril de 2019 (f. 49 a 58), en la que se concretaron los IMEI/IMSI cuya intervención se pedía y los investigados a quienes correspondían. En concreto decía que se pedía la intervención de los siguientes: "IMEIS NUM021 y NUM022 usados por Aurelio y Cipriano respectivamente...IMSIS NUM023 y NUM024 usados por Aurelio y Cipriano respectivamente". En el mismo sentido, en el oficio de 25 de abril de 2019, la solicitud hizo referencia a los "IMEIS NUM025, NUM026, NUM027 y NUM028 usados por Donato el primero, por Cosme y por Cipriano" e "IMSIS NUM029 y NUM024 usado por Donato y Cipriano"; elementos de identificación que son coincidentes con los reflejados en el oficio final de 24 de mayo de 2019.

1.4.4. Por último, contrariamente a lo que sostiene el recurso, el Auto autorizando la intervención de las comunicaciones telefónicas refleja las razones en las que se asentó y los motivos en los que se sustentó el juicio de proporcionalidad sobre su procedencia.

Este Tribunal ha recordado en múltiples ocasiones (SSTS 499/2014, de 17 de junio; 425/2014, de 28 de mayo; 285/2014, de 8 de abril o 209/2014, de 20 de marzo), que el secreto de las comunicaciones telefónicas es un derecho fundamental que la Constitución garantiza en el artículo 18.3. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se refieren al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y en la correspondencia, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, dispone en el artículo 8.1 que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia", nociones que incluyen el secreto de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada doctrina jurisprudencial del TEDH. Añade el Convenio Europeo en su artículo 8.2, que "no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho [respeto a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia], sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

No se trata, por tanto, de un derecho de carácter absoluto, sino que viene sujeto a limitaciones y restricciones, que deben estar previstas por la ley en función de intereses que puedan considerarse prevalentes según los criterios propios de un Estado democrático de derecho. Es decir, para que puedan hacerse efectivas las restricciones a este derecho, es preciso que -partiendo de la necesaria habilitación legal-, existan datos en el caso concreto que pongan de manifiesto que la medida restrictiva del derecho es proporcional al fin pretendido, que este fin es legítimo y que es necesaria su limitación en función de las circunstancias de la investigación y del hecho investigado. Exigencias que implican una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, y sobre la necesidad de la medida; dejándose la ponderación de los intereses en juego en manos del Juez de instrucción, quien deberá expresarse en una resolución motivada.

Desde esta obligación de motivación del auto inicial acordando la intervención telefónica y contemplando la posible ausencia de los datos necesarios para restringir el derecho al secreto de las comunicaciones, la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 6/2010, de 27 de abril o 197/2009, de 28 de septiembre) y de esta misma Sala (SSTS 116/2013, de 21 de febrero; 821/2012, de 31 de octubre; 629/2011, de 23 de junio; 628/2010, de 1 de julio), viene afirmando que forman parte del contenido esencial del artículo 18.3 de la Constitución Española las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su prórroga y que en el momento de la adopción de la medida, las resoluciones deben explicitar todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, pues por la propia naturaleza del mecanismo de investigación, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción ( SSTC 299/2000, de 11 de diciembre; 167/2002, de 18 de septiembre).

Más concretamente, se exige también que la resolución judicial que acuerda una intervención telefónica ha de justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la intervención, esto es, de los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de aquellos que sugieren la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. Indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. En este sentido, hemos reiterado que "la relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal Constitucional, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la CE lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido" ( SSTC 49/1999, de 5 de abril; 166/1999, de 27 de septiembre; 171/1999, de 27 de septiembre; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 14/2001, de 29 de enero, FJ 5; 138/2001, de 18 de junio; 202/2001, de 15 de octubre; 167/2002, de 18 de septiembre; 184/2003, de 23 de octubre; 261/2005, de 24 de octubre; 220/2006, de 3 de julio; 195/2009, de 28 de septiembre o 5/2010, de 7 de abril).

Se entiende así que el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar sospechas sin base objetiva de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional ( SSTC 184/2003, de 23 de octubre, 261/2005, de 24 de octubre).

En todo caso y aunque es deseable que la resolución judicial contenga en sí misma todos los datos anteriores, nuestra jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión, de modo que la resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad (por todas, SSTC 167/2002, de 18 de septiembre; 184/2003, de 23 de octubre; 259/2005, de 24 de octubre; 136/2006, de 8 de mayo y SSTS de 6 de mayo de 1997, 14 de abril y 27 de noviembre de 1998, 19 de mayo del 2000 y 11 de mayo de 2001, núm. 807/2001; 689/2014 de 21 de octubre), ya que el Órgano Jurisdiccional carece por sí mismo de la información pertinente y no sería lógico que abriese una investigación paralela al objeto de comprobar los datos suministrados por la Policía Judicial.

Exigencias que la sentencia de apelación percibe y proclama cumplidas, considerando para ello que el Auto de intervención telefónica se remitió al oficio policial que solicitó la actuación injerente y cumplía con el canon de motivación exigido, ponderando "los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida resulta por sí sola de esa descripción fáctica y del contenido de la resolución: se adopta la medida para investigar un delito concreto y grave (la exportación al Reino Unido de importantes cantidades de hachís y marihuana utilizando como cobertura de los envíos operaciones internacionales de comercio), se enumeran los indicios de criminalidad contra los investigados -o, más bien, las fuentes de esos indicios- ("incautaciones anteriores de sustancia estupefaciente [...] los seguimientos y vigilancias policiales y la investigación de sociedades y empresas a sus nombres") se acuerda con un ámbito subjetivo y temporal determinados y la investigación policial había llegado a un estadio en que la comprobación de esa actividad delictiva y la averiguación de sus responsables se veía gravemente dificultada sin acudir a esa medida de injerencia en derechos fundamentales".

Y más concretamente, en lo que hace referencia a los indicios que niega el recurso, la sentencia de apelación impugnada subraya que " Los indicios eran objetivos y suficientes para acordar la medida, teniendo en cuenta la fase absolutamente inicial de la investigación. En términos de la tópica jurisprudencial, se trataba de "algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento", o, por decirlo de otro modo, de "sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo" ( sentencias, por ejemplo, 763/2003, de 30 de mayo , 77/2011, de 23 de febrero , o 60/2020, de 20 de febrero, todas del Tribunal Supremo , o 299/2000, de 11 de diciembre , 167/2002, de 18 de septiembre , y 72/2010, de 18 de octubre, estas del Tribunal Constitucional ).

Como definió con precisión el en su día célebre auto del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992 (caso Naseiro ), fundacional en la materia que nos ocupa, lo que se exige a estos efectos son "datos externos que, apreciados judicialmente, conforme a normas de recta razón, permiten descubrir o atisbar, sin la seguridad de la plenitud probatoria pero con la firmeza que proporciona una sospecha fundada, es decir, razonable, lógica, conforme a las reglas de la experiencia, la responsabilidad criminal de la persona en relación con el hecho posible objeto de investigación a través de la interceptación telefónica".

En el caso de autos, el indicio matriz era la incautación de setenta bolsas de marihuana en un transporte de bebidas destinado al Reino Unido y que había sido cargado por el acusado conforme Donato y otra persona en la nave de la calle Archidona n.º 50. Ese hecho no implicaba directamente al hoy apelante, pues la nave en cuestión no está registrada a nombre de ninguna de sus empresas, pero las vigilancias y seguimientos policiales habían detectado al menos en una ocasión al Sr. Cipriano en esa nave y con harta frecuencia en compañía del citado Donato y del también investigado Aurelio, este detenido dos años antes junto al británico por otro envío similar. En concreto, y sin ánimo de exhaustividad, el 5 de marzo Donato y Higinio se desplazan en un mismo vehículo; el 26 de marzo Aurelio y Donato acuden a la nave de la empresa "Royslon", cuyo administrador es Cipriano; el 27 de marzo Aurelio acude al domicilio de Cipriano, conduciendo un BMW cuyo titular es el segundo; el 7 de mayo los tres citados realizan a lo largo de toda la mañana varios desplazamientos entre diferentes naves, y lo mismo ocurre el 14 de mayo. Ninguno de estos desplazamientos tiene una explicación por razones laborales o comerciales. Además, el vínculo de la nave de la calle Archidona n.º 50 con el Sr. Cipriano resulta del hecho de que en dicha nave se utilizara para cargar una furgoneta un "torito" o carretilla elevadora que la empresa vendedora informó a la policía que había sido vendido a "Royslon", es decir, la empresa del apelante". Elementos de investigación que permiten razonablemente concluir al Tribunal Superior de Justicia que "eran suficientes para que fuera necesario profundizar la investigación acerca de la implicación del Sr. Cipriano en la actividad delictiva que fundadamente se sospechaba en curso, y que la única forma de avanzar en esa comprobación era interceptando las conversaciones telefónicas que mantuvieran él y los restantes investigados. El auto que autorizó la intervención estuvo, pues, suficientemente justificado".

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. El segundo motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la presunción de inocencia recogida en el artículo 24.2 de la Constitución Española y, subsidiariamente, al principio de in dubio pro reo.

2.2. Como ya hemos indicado en numerosas sentencias de esta Sala, el principio "in dubio pro reo" solo es invocable en casación en su faz normativa, es decir, si hubiese condena pese a que el Tribunal expresara o mostrara sus dudas respecto a tal pertinencia, pues lo que el principio integra es una regla de valoración probatoria que conduce a adoptar la alternativa más favorable al acusado cuando el Tribunal de enjuiciamiento no ha alcanzado una certeza exenta de dudas razonables. Dicho de otro modo, el principio no obliga a dudar, sino a absolver cuando, valorada toda la prueba, persistan dudas en el Tribunal respecto de la culpabilidad del acusado. Una circunstancia que no concurre en el supuesto enjuiciado, en el que el Tribunal de instancia proclamó la plena certeza de la participación y responsabilidad del recurrente en el delito contra la salud pública por el que se sostuvo la acusación, lo que constata la sentencia de apelación que ahora se impugna y le lleva a rechazar la queja del recurrente asentada en este mismo argumento.

2.3. En lo que hace referencia al eventual quebranto del derecho a la presunción de inocencia, nada nuevo aporta el motivo respecto a las consideraciones que ya se plantearon en el recurso de apelación.

No existe ninguna disidencia sobre los argumentos reflejados en la sentencia que ahora se impugna, sino que el recurrente insiste en destacar los elementos que suscitó en el recurso de apelación y que a su juicio operan como marcadores de que la convicción del Tribunal de instancia estuvo equivocada y de que una ponderación prudente del material probatorio debería haber conducido a dictar un pronunciamiento absolutorio por falta de prueba de cargo.

Sin embargo, la insistencia no modifica las reglas de análisis de la prueba que deben regir en las diferentes instancias, particularmente en aquellas en las que no existe un contacto directo con los elementos de prueba que ilustran sobre lo acontecido.

Hemos destacado de manera reiterada que en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias no sólo comporta realizar un examen de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley que han hecho los tribunales encargados de la apelación, sino también una inspección de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba desplegada por el Tribunal de instancia, esto es, que la apelación haya examinado el proceso racional del Juzgador y confirmado que se ajusta a criterios lógicos que permiten corroborar de forma sólida y concluyente, más allá de toda duda razonable, las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada. No otra cosa pueden hacer los Tribunales cuando están despojados de un contacto inmediato con la totalidad de la prueba y carecen de capacidad para ponderar sus detalles e, incluso, filtrar los matices con los que se desarrolló la prueba personal.

2.4. Desde esta consideración de la función casacional como evaluadora de la supervisión que ha hecho el Tribunal de apelación, debe rechazarse la pretensión que sustenta el motivo.

A la vista de la fundamentación recogida en la sentencia impugnada, debe concluirse que el Tribunal Superior de Justicia respetó las reglas que se han expuesto para la valoración del juicio probatorio hecho por el Tribunal de instancia, considerando el Tribunal Superior de Justicia que el conjunto del material probatorio aportado por el Ministerio Fiscal permitió que se alcanzara racionalmente el convencimiento sobre la responsabilidad del acusado.

De un lado, valora que el coacusado Higinio aseguró que el jefe de las operaciones con droga era el recurrente y que fue aquel quien dirigió las maniobras por las que han sido enjuiciados, considerando que la Jurisprudencia de esta Sala ha establecido con reiteración (SSTS 60/2012, de 8 de febrero; 84/2010, de 18 de febrero; o 1290/2009, de 23 de diciembre entre otras) que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio.

2.5. Es cierto que tanto el Tribunal Constitucional, como esta misma Sala, han llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece en calidad de testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino que lo hace como acusado, por lo que está asistido del derecho a no declarar en su contra y no reconocerse culpable y exento en cuanto tal de cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse de un relato mendaz.

Por ello hemos reflejado que superar las reticencias que se derivan de esta posición procesal exige de unas pautas de valoración de la credibilidad de su testimonio particularmente rigurosas, que se han centrado en la comprobación de inexistencia de motivos espurios que pudieran privar de credibilidad a tales declaraciones y la concurrencia de otros elementos probatorios que permitan corroborar mínimamente la versión que así se sostiene ( STC 115/1998, 118/2004, de 12 de julio o 190/2003, de 27 de octubre). De este modo, la Jurisprudencia ha ido otorgando un valor creciente a las pautas objetivas de valoración de la credibilidad de la declaración del coimputado, lo que expresa claramente la STC 125/2009, de 18 de mayo, cuando recoge: "Como recuerda la reciente STC 57/2009, de 9 de marzo, este Tribunal ha reiterado que las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otros datos externos. Por último, también se ha destacado que la declaración de un coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la declaración de otro coimputado ( SSTC 153/1997, de 29 de septiembre, 72/2001, de 26 de marzo, 147/2004, de 13 de septiembre, 10/2007, de 15 de enero, 91/2008, de 21 de julio)".

Del mismo modo, nuestra STS 763/2013, de 14 de octubre (con cita de las SSTS 679/2013, de 25 de septiembre, 558/2013, de 1 de julio, 248/2012, de 12 de abril y 1168/2010, de 28 de diciembre, entre otras) expresaba que la declaración del coimputado como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción de inocencia -cuando sea prueba única- podía concretarse en las siguientes reglas:

a) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional.

b) La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente, como prueba única, y no constituye por sí sola actividad probatoria de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia.

c) La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.

d) Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

e) La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto ha de realizarse caso por caso.

f) La declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro coimputado.

2.6. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia, en su función revisora, constató que el convencimiento del Tribunal de instancia no descansaba en una persuasión intuitiva de que era veraz lo referido por el coacusado confeso, sino que le había otorgado credibilidad en virtud de un análisis racional y objetivo de su versión. En concreto, su relato era concordante con el contenido de unas conversaciones telefónicas en las que el recurrente ocupaba una posición de jefatura. Higinio no solo identificó al recurrente como la persona a la que conocía por el apelativo de " Corsario" o " Tiburon", sino que sostuvo que esta persona era su jefe. Y su versión se valida con unas conversaciones telefónicas que reflejan que a esta persona dirigían sus reclamaciones económicas el resto de acusados confesos y era esta misma persona quien les indicaba cómo tenían que actuar en la nave desde la que, según los seguimientos policiales, se efectuaron los movimientos de droga; habiéndose identificado, además, que el recurrente era el interlocutor al que se refiere el coacusado con el apelativo de Corsario o Tiburon, pues ese alias estaba vinculado con un número de teléfono incautado en poder del recurrente, además de existir unos seguimientos policiales que desvelaron los frecuentes contactos entre Cipriano y el resto de acusados, o que fue aquel quien les proporcionó la maquinaria con la que pudieron cargar la mercancía en la que se escondió la droga.

El motivo se desestima.

TERCERO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas al recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.