Sentencia Penal 26/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4712/2022 de 20 de enero del 2025

PRIMERO.- Nos encontramos ante un recurso de casación por interés casacional, recurso del que se trató en Pleno No Jurisdiccional de esta Sala Segunda, de 9 de junio de 2016, para unificación de criterios, sobre el alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, y como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017, de 26 de marzo, que resolvió de la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, de la que han sido reflejo otras SSTS como la Sentencia 88/22, de 3 de febrero, o 510/22, de 25 de marzo, entre muchas otras, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

Y en orden a interpretar el alcance de esta posibilidad de acceso a la casación y concretar qué debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, en dicho Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1.º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECRIM) .

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (art. 889.2.º), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( art. 892 LECRIM) ".

Asimismo, en STS 518/2023, de 28 de junio de 2023, decíamos "[...] con relación al régimen de recursos introducido por la Ley 41/2015, que previene el de casación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales que resuelven el de apelación interpuesto contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, debe recordarse que su admisión está sometida a estrictas condiciones materiales y temporales que lo convierten en una vía reparatoria de marcada naturaleza excepcional, sin que pueda, en modo alguno, ser calificado de tercera instancia".

El resumen que podemos hacer de los anteriores antecedentes es que, establecido un régimen específico para el recurso que nos ocupa, habrá que estar a él, pues sabido es que las leyes procesales son normas de orden público, por lo tanto de observancia necesaria por respeto al principio de legalidad procesal, de manera que las vías de impugnación por el cauce de los recursos queda sujeta al régimen preestablecido para cada caso, ya que, aunque reconocido el derecho al recurso como fundamental, lo es de configuración legal, por lo que no cabe crear a su amparo recursos inexistentes o alterar la regulación procesal tal como viene configurada en la ley, debiéndose pasar, en consecuencia, por las limitaciones que, en cada caso, el legislador ha contemplado.

Por las razones expuestas, no entraremos al debate sobre el segundo de los motivos de recurso, que lo plantea la parte por error facti, al amparo del art. 849.2º LECrim. , como tampoco sobre el tercero, que se hace por quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim. , pues desbordan el objeto de este tipo de recurso, que solo resulta procedente por error iuris del art. 849.1 LECrim.

SEGUNDO.-1. Por error iuris, del art. 849.1º LECrim. , cuestiona el recurrente en el segundo apartado del primer motivo de recurso, el juicio de tipicidad que realiza la sentencia apelada, que, estimando el recurso de apelación interpuesto contra la de instancia por el M.F. y las acusaciones particulares, la revoca en el sentido de condenar a Leandro, como autor de un delito de intrusismo del art. 403.1 y 2 a) CP, en concurso medial con uno de estafa de los arts. 248.1 y 249 CP, a la pena de DOS años y SEIS meses de prisión, con su accesoria, y a que indemnice a Nicanor en las cantidades de 3.806,16 y 12.000 euros por daños y perjuicios ocasionados; sentencia de instancia que no apreció tal concurso medial y condenaba tan solo por el delito de intrusismo, con la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de UN año de prisión y su accesoria, y absolvía del delito de estafa, y no contenía condena en materia indemnizatoria.

Resumido el debate, se ha centrado en si el delito de estafa quedaba absorbido por el de intrusismo como entendió la sentencia de instancia, o si cabe condena por cada uno, en régimen de concurso medial, como hizo la de apelación. Estimamos que concurre interés casacional, en la medida que ha habido dispares criterios en la materia, aunque sea porque no todos los casos son iguales.

Y puesto que estamos ante un puro motivo por error iuris, que obliga necesariamente atenerse al más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados, reproduciremos el pasaje de los mismos sobre el que ha de pivotar nuestra decisión, que se encuentra en su último párrafo, en el que se declara:

"En concreto, el perjudicado D. Nicanor, pensando que el acusado era fisioterapeuta, tras haber sufrido un accidente de cuello quirúrgico con subluxación de hombro grado II, acromio clavicular y rotura parcial de subescapular", recibió en la mencionada clínica desde el 6 de septiembre de 2011 hasta el 15 de enero de 2013, 225 sesiones de rehabilitación realizadas por el acusado y por la que se emitió la correspondiente factura el 1 de febrero de 2013 por importe de 6.750 €, no habiendo quedado bien tras el tratamiento".

2. Decíamos en la STS 167/2020, de 19 de mayo de 2020, que el delito de intrusismo del art. 403 CP, que tipifica una conducta de naturaleza falsaria, "tutela la exigencia de que el ejercicio de ciertas profesiones sólo pueda ser desarrollada por personas idóneas para ello. Y esa idoneidad es asegurada por el Estado, que es el único que puede otorgar los títulos necesarios para el ejercicio de las mismas, con lo que la idoneidad conformada por el título académico y oficial constituye y contribuye a la presunción de la idoneidad, aunque, como es lógico, no al aseguramiento de la misma. La impericia, o falta de formación, en función del resultado lesivo, da lugar a otras tipicidades.

En consecuencia, la presunción de aptitud e idoneidad lo da la titulación, que se erige como requisito administrativo, sin el cual, si se ejerce una actividad profesional sin el título resulta un ilícito penal con independencia del resultado, o de la aptitud y actitud para la actividad, ya que ello entra en otro terreno distinto, al no tratarse de una buena o mala praxis profesional, sino del ejercicio profesional "sin habilitación" como presupuesto administrativo cuyo incumplimiento es un ilícito penal. Y ello, porque recordemos que estamos ante un delito de mera actividad y que requiere del ejercicio de esa actividad profesional, aunque se hubiera tratado de un solo acto, ya que no se exige la habitualidad para delinquir en el apartado 1º, al menos, del art. 403 CP, con independencia de que esta presunción se desprenda del apartado 2º".

Es, pues, la realización de los actos propios de la profesión, por quien no está facultado para ello, lo que determina la comisión del delito de intrusismo del art. 403 CP, que es de mera actividad. En la atribución de la cualidad profesional concurre un engaño, característico de la actividad falsaria que informa todos los delitos del Título XVIII ("de las falsedades") del Libro II del Código Penal, entre los cuales se encuentra el de intrusismo del art. 403 CP, sin lo cual no habrían acudido a los servicios que ofrece el intruso sus clientes, que lo hacen en la creencia de obtener una adecuada atención por la titulación que presenta, para recibir un determinado tratamiento, y es cuando éste resulta ineficaz, cuando habrá que empezar a plantearse si ha lugar a otras tipicidades, por ser en función de ese resultado lesivo, como dice que ha de ser la sentencia citada, pues pude suceder que, aun sin la preceptiva titulación, el tratamiento no sea inidóneo o ineficaz.

A partir de aquí, podemos compartir las consideraciones que se hacen en la sentencia recurrida cuando, para dotar de sustantividad propia al delito de estafa, a través del perjuicio patrimonial que lo define, incide en que el tratamiento realizado "a lo largo de más de un año fue ineficaz habida cuenta de la falta de preparación en el recurrente para ofrecer sesiones de rehabilitación", o habla más delante de "un tratamiento sin eficacia".

En la misma STS 167/2020 sobre la viabilidad del delito de intrusismo con el delito de estafa se dice que "en principio el intrusismo no exige engaño, ni tampoco que sea remunerado, de ahí que no exista incompatibilidad previa al concurso de los delitos de intrusismo y de estafa. El ATS núm. 170/2014, de 20 de febrero, con cita de la STS de 18 de mayo de1991 indica que el delito de intrusismo no protege el patrimonio, y, por lo tanto, no puede incluir en sí mismo la lesión de este bien jurídico de la estafa", y con ejemplos jurisprudenciales sobre variables en que pueden concurrir y no concurrir ambos delitos, termina con una consideración que es idónea para el caso que nos ocupa, cuando dice que "en todo caso, en cualesquiera líneas jurisprudenciales, se contemplan como estafa, aquellos supuestos donde como sucede en autos, en el ejercicio de la profesión médica sin titulación reconocida, para lucrarse, no solo engañan en qué condición actúan, sino también y especialmente, en la inadecuación de su actividad a esa condición profesional que sin la titulación reconocida ejerce, en este caso los singulares diagnósticos que conducían a peculiares y en gran parte ineficaces tratamientos, con el coste correspondiente; este engaño determina un desplazamiento patrimonial por una prestación inhábil para cumplir la finalidad por la que se satisfacía".

Si, como venimos diciendo, es en la inadecuación, ineficacia o deficiencia del tratamiento donde ha de ponerse el acento para dotar de sustantividad al delito de estafa respecto del de intrusismo, en el caso de autos no nos proporciona tal elemento el hecho probado, que, como hemos visto, se limita a decir que el perjudicado no había quedado bien tras el tratamiento, y es solo en la fundamentación donde se dice que el tratamiento fue ineficaz, requisito fundamental para integrar el delito, cuando debería haber sido mencionado en el hecho probado, y ello porque, como viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala, no cabe adicionar en la fundamentación de la sentencia, elementos o explicaciones fácticas que vengan a complementar lo que ha de venir asentado en el hecho probado. En este sentido, en STS 240/2023, de 30 de marzo de 2023, decíamos:

"Las SSTS 470/2005, de 14 de abril, y 945/2004, de 23 de julio, ha declarado que la posibilidad de que se contengan en la fundamentación de la sentencia afirmaciones de carácter fáctico siempre ha sido de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado ( SSTS. 945/2004 de 23, 7, 302/2003 de 25.2 y 209/2002 de 12.2), pues se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías del acusado que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena ( STS 1369/2003 de 22.10), de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales.

Así el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de Casación de 28 de marzo de 2006 recuerda la necesidad de incorporar a la declaración de hechos probados los aspectos básicos del tipo objetivo, dejando para cada caso concreto la posible heterointegración de los elementos accesorios acudiendo a la motivación o razonamiento jurídico siempre que pueda identificarse con la necesaria precisión y contundencia de tales datos como probados.

La subsunción penal, recuerda la STS núm. 732/2021, de 29 de septiembre, no puede recaer sobre cualquier hecho o afirmación contenida en la sentencia con apariencia de facticidad. Solo puede operarse con el hecho histórico claramente determinado, desprovisto además de fórmulas preconstitutivas del fallo. Este constituye la única fuente de la que el tribunal puede obtener la información para la construcción de su inferencia normativa. Y, en lógica correspondencia, de la que las partes, tanto acusadoras como acusadas, deben servirse para impugnar, tanto por error de valoración probatoria como por error de subsunción, la sentencia generadora de gravamen.

Las exigencias derivadas del derecho a conocer la acusación no se extinguen con la concreción por parte de las acusaciones de los hechos sobre los que fundan sus respectivas pretensiones de condena. En una suerte de progresión cualitativa, alcanzan su máximo auge garantizador con la propia sentencia pues las partes deben conocer con claridad y precisión, como se reclama en las leyes procesales, los hechos sobre los que se basa la declaración de condena -vid. SSTEDH, caso Gea Catalán contra España, de 10 de febrero de 1995 ; caso Pèllisier y Sassi contra Francia, de 25 de marzo de 1999 ; caso Dallos contra Hungría, de 1 de marzo de 2001 ; caso Sipavicius contra Lituania, de 21 de febrero de 2002 ; caso Varela Geis contra España, de 13 de marzo de 2013 -.

La STS 821/2022, de 17 de octubre, precisa igualmente que en los casos en que el tribunal llamado en la instancia a la fijación del hecho probado compromete la unidad lógico-narrativa que debe caracterizarlo e inserta proposiciones factuales en la fundamentación jurídica que amplían el espectro fáctico o entran en colisión con el relato delimitado en el apartado reservado para los hechos probados de la sentencia, solo en beneficio del reo, es dable acudir en casación a una suerte de heterointegración que permita identificar el "hecho global" declarado probado; insistiendo que sólo, en favor de la persona acusada o condenada en la instancia".

En definitiva, la mención de no haber quedado bien el cliente tras el tratamiento, como se declara probado, en atención a la jurisprudencia citada, lo consideramos insuficiente para dotar de autonomía propia al delito de estafa, respecto del de intrusismo, pues tendría que haber sido añadido que se debió a la ineficacia o inadecuación de dicho tratamiento, y ello porque no cabe descartar que pudieran darse otro tipo de circunstancias por las que, aun siendo el adecuado, no quedara bien el paciente, que es lo que se limita a declarar probado la sentencia, de manera que, como esta alternativa no cabe descartarla tal como viene redactado el hecho probado, habremos de optar por ella, al ser la que más favorece al reo.

3. Descartada la concurrencia del delito de estafa, la condena queda reducida a serlo por un delito de intrusismo del art. 403.1 y 2 a) CP, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, tal como se hizo en la instancia, y, respetando el arbitrio judicial del tribunal sentenciador en orden a la individualización de la pena, recuperamos la pena de UN año de prisión que entonces fue impuesta.

Procede, pues, la estimación del recurso en este particular.

TERCERO.- A diferencia de la primera sentencia, que no concede indemnización debido a la absolución por el delito de estafa, consideramos que no es incompatible con la condena por el solo delito de intrusismo, desde el punto de vista del daño moral que entraña una situación como la padecida por el perjudicado, en la creencia de estar siendo atendido por persona en la que tenía depositada su confianza en razón a una titulación que no poseía por el prolongado tiempo de más de 15 meses y 225 sesiones.

Sobre este particular, la sentencia de apelación se pronuncia a favor de la concesión de la cantidad de 12.000 euros en concepto de daños morales, con argumentos que compartimos, y que arrancan del acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 20 de diciembre de 2006, que se pronunció a favor de la indemnización del daño moral con independencia de la que pudiera corresponder por daños y perjuicios económicamente cuantificables, que consideramos que cabe apreciar en el caso, en la medida que no deja de ser una burla intolerable, con lo que de vejatorio ello supone, que quien no sea titular de una profesión se presente como profesional de la misma, defraudando así a quien acude a él por razones de salud y además por un tiempo tan dilatado como por el que se hizo pasar el condenado.

Procede, pues, la desestimación de este particular del recurso

CUARTO.- Dada la estimación parcial del recurso, procede declarar de oficio las costas ocasionadas con motivo del mismo.