Sentencia Penal 963/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2789/2023 de 20 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Recurre la representación procesal de D. Miguel, la sentencia núm. 4/2023, de 26 de enero, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 240/2022 dictada el 14 de octubre, por la Sección Primera Audiencia Provincial de Navarra, donde resulta condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en dependencia de casa habitada, en grado de tentativa, concurriendo la atenuante de drogadicción y la agravante de reincidencia cualificada, a la pena de 3 años de prisión.

1. Formula un único motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 74, apartados 1 y 2, del Código Penal.

Argumenta que debe revocarse parcialmente dicha sentencia, procediendo la aplicación del art. 74.2 del Código Penal dado que los hechos en cuestión constituyen un delito de robo con fuerza en las cosas en dependencia de casa habitada, tipificado en el art. 241 del CP castigado con una pena mínima de 2 años de prisión y que dicho delito fue cometido en grado de tentativa. Ello implica, infiere, que conforme el artículo 62 del Código penal, la pena que ha de imponerse es inferior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 241, por el que se le ha condenado, teniendo en cuenta que los propietarios de los objetos cuya sustracción nunca se produjo no han sufrido ningún perjuicio. Además, no existió ningún peligro en la ejecución de los hechos y el grado de ejecución fue mínimo, ya que la sustracción devino imposible. Existe, como es evidente y se reconoce en los hechos probados, una situación de drogadicción en el condenado. De tales circunstancias, entiende esta defensa que la pena que procede imponer es la de que corresponde al robo intentado, pena inferior en dos grados a la señalada en el art. 241 del CP en su límite mínimo (esto es, seis meses de prisión) y no tres años, que es la finalmente impuesta.

Explica que el motivo casacional lo centra, en la indebida aplicación del artículo 74; que el apartado que corresponde es el especial correspondiente al perjuicio total causado, que es nulo en el presente caso, y que se halla comprendido en el apartado 2 del citado artículo, y no el supuesto del apartado 1.

2. En su estricta literalidad el motivo conlleva a su desestimación. El art. 74, establece:

"1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.".

En su interpretación, el Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 2007, estableció el Acuerdo, luego trasvasado a múltiples resoluciones jurisdiccionales, que, cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado; pero a su vez precisa el Acuerdo que el delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena.

Es decir, el ahora ya reiterado criterio jurisprudencial, es el inverso al invocado por el recurrente, en resumen: i) La jurisprudencia ha concedido virtualidad cumulativa y no disyuntiva a los arts. 74.1 y 2 en los delitos patrimoniales; ii) solo cuando la aplicación del art. 74.2 CP haya mutado la calificación de las conductas individuales que integran el delito continuado, entonces -solo entonces- resultaría desplazado y pierde su virtualidad el art. 74.1 CP, lo que no es el caso; como nítidamente ya expuso la sentencia de apelación.

3. Otrora cuestión es que, como en definitiva pretende el recurrente [degradar por razón de su comisión en tentativa, sobre el umbral inferior de la horquilla punitiva prevista para el delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada (aunque de trasteros se trate, al cumplimentar los requisitos establecidos en la sentencia de Pleno 972/2016, de 21 de diciembre), dos años y no sobre el umbral inferior de su mitad superior, tres años y seis meses], no proceda aplicar la continuidad, por encontrarnos ante un único delito de robo, aunque se hayan fracturado tres puertas del mismo pasillo de trastero, a su vez individualizado con una puerta común a todos ellos (que comunica interiormente con las viviendas del inmueble a través de un ascensor).

Efectivamente, recuerda la STS 909/2022, de 22 de noviembre con cita de la 913/2021, de 24 de noviembre y de la 351/2021 de 28 de abril, "para afirmar la unidad de acción al menos, se requiere:

a) desde el punto de vista subjetivo, que concurra un único acto de voluntad encaminado a la realización de toda la dinámica delictiva;

b) como elementos o condicionamientos objetivos de esta actividad, que todos los actos estén vinculados espacial y temporalmente, pues la disgregación de la dinámica delictiva en uno y otro sentido pueden romper la identidad que reclama la voluntad única; y

c) desde la óptica normativa, que se dé la identificación en la tipología delictiva.

En cuya consecuencia, cuando se produce una repetición de acciones separadas por ocasiones temporales diferentes, más o menos distantes en su cronología no cabe hablar de un solo acto; en ese caso no hay unidad natural de la acción, sino diferentes actuaciones que pueden ser consideradas o bien como un concurso real de delitos o como un delito continuado. Tampoco cuando existe escisión espacial o cuando la voluntad dirigida a la dinámica delictiva contemplada, resulta cambiante.".

En idéntico modo se pronuncian las SSTS 368/2023, de 18 de mayo, 695/2019, de 19 de mayo o 671/2011, de 20 de junio:

"(...) tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado concurren una pluralidad de hechos desde una perspectiva ontológica o fenomenológica. Lo que sucede es que en el primer caso los hechos albergan una unidad espacial y una estrechez o inmediatez temporal que, desde una perspectiva normativa, permiten apreciar un único supuesto fáctico subsumible en un solo tipo penal. En cambio, en los casos en que no se da esa estrecha vinculación espacio-temporal propia de las conductas que se ejecutan en un solo momento u ocasión, sino que se aprecia cierto distanciamiento espacial y temporal, no puede hablarse de una unidad natural de acción sino de distintos episodios fácticos insertables en la figura del delito continuado. De modo que cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito continuado.

Tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado se opera con criterios normativos, toda vez que ontológica o naturalísticamente se da en ambos casos una pluralidad de actos en sentido natural. Lo que sucede es que en el primer supuesto la densidad de la normativización es menor al operar los distintos actos con una mayor estrechez y vinculación espacio-temporal, circunstancia que propicia la aplicación de un solo tipo penal más liviano, excluyéndose la modalidad más grave del delito continuado, en la que se incrementa el grado de ilicitud de la conducta y la punición de la norma debido a la menor unicidad naturalística de los actos ejecutados por el autor y a la intensificación del dolo".

La jurisprudencia se ha preocupado en distinguir, la "unidad de acción en sentido natural", la "unidad natural de acción", la "unidad típica de acción" y el "delito continuado", entre otras, en las SSTS 487/2014, de 9 de junio , 905/2014, de 29 de diciembre o la 277/2015, de 3 de junio; perfilando el inicial pronunciamiento de que la solución a la cuestión de la continuidad delictiva no puede venir de la mano de un análisis naturalístico de las acciones, sino de criterios de racionalidad jurídica ( STS 730/2012, de 26 de septiembre ):

" Se habla de unidad de acción en sentido natural cuando el autor del hecho realiza un solo acto entendido en un sentido puramente ontológico o naturalístico (propinar un solo puñetazo). En cambio, se habla de unidad natural de acción cuando, aunque ontológicamente concurren varios actos, desde una perspectiva socio-normativa se consideran como una sola acción (propinar una paliza integrada por varios puñetazos, que integra un solo delito de lesiones).

Así, la jurisprudencia de esta Sala aplica la unidad natural de acción cuando los actos que ejecuta un sujeto presentan una unidad espacial y una estrechez o inmediatez temporal que, desde una dimensión socionormativa, permiten apreciar un único supuesto fáctico subsumible en un solo tipo penal (especialmente en ciertos casos de delitos de falsedad documental y también contra la libertad sexual).

En cambio, concurre una unidad típica de acción cuando la norma penal engarza o ensambla varios actos o varias unidades naturales de acción en un único tipo penal (tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente y de intrusismo, entre otros). Pues la unidad típica de acción se da cuando varios actos son unificados como objeto único de valoración jurídica por el tipo penal. De forma que varios actos que contemplados aisladamente colman las exigencias de un tipo de injusto se valoran por el derecho desde un punto de vista unitario.

Por último, el delito continuado aparece integrado por varias unidades típicas de acción que, al darse ciertos supuestos objetivos y subjetivos previstos en el art. 74 CP , se integran en una unidad jurídica de acción. Aparece constituido por tanto el delito continuado por varias realizaciones típicas individuales que acaban siendo abrazadas en una unidad jurídica a la que, por su intensificación del injusto, se aplica una pena agravada con respecto al delito único propio de la unidad típica de acción. Para ello tiene en cuenta el legislador que las acciones obedezcan a un plan preconcebido o al aprovechamiento de idéntica ocasión, así como a la homogeneidad de la infracción de la misma norma penal o a preceptos de igual o semejante naturaleza. De no darse tales condiciones, las acciones habrían de subsumirse en un concurso real de delitos.".

En definitiva, cuando la lesión del bien jurídico, mediante la repetición sucesiva del tipo en condiciones espaciotemporales muy próximas, experimenta solo un aumento cuantitativo y el hecho global descansa sobre un mismo contexto motivacional en una situación fáctica unitaria cabe apreciar unidad natural de acción; en fórmula doctrinal clásica, en este tipo de actuaciones resulta reconocible una unidad de acción conjunta para un modo natural de ver las cosas ( STS 38/2025, de 23 de enero).

Tal como acontece en autos, donde la inmediación espacio-temporal se revela plásticamente del propio relato de hechos probados; es sustancialmente idéntico al ejemplo arquetípico de la unidad de acción referida a varios golpes en el curso de una pelea con causación de diversas heridas o fracturas, que integran un solo delito de lesiones; o varias imitaciones de firma de tercero, sucesiva e ininterrumpidamente plasmadas sobre diversos talones a fin de hacerlos efectivos, que integran un solo delito de falsedad.

De ahí que el recurso deba ser estimado.

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de estimación del recurso, se declararán de oficio.