Sentencia Penal 148/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5651/2022 de 20 de febrero del 2025

RECURSOS D. Valentín Y D. Jose Manuel

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nº 45/2022, de 14-7, que desestimó los recursos de apelación interpuestos por Valentín y Jose Manuel, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 1-3-2022, en el Rollo de Procedimiento Abreviado 438/2021, que condenó a Valentín como autor responsable de un delito de acusación y denuncia falsa previsto y penado en el art. 456.1-2º del CP, en concurso con un delito de falso testimonio en causa criminal contra el reo del art. 458.2 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de 18 mees de prisión y multa de 6 meses a razón de 6 euros día, con la responsabilidad personal subsidiaria art. 53.1 CP y con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como coautor de un delito consumado de falsedad en documento oficial, art. 390.1.4 CP en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa acabada, arts. 248, 250.1.7º CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 3 meses (90 días multa) a razón de 6 € día, con responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.1 CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago del 40% de las costas producidas con inclusión del 40% de las costas de la acusación particular.

Igualmente condenó al acusado Jose Manuel como coautor responsable de un delito consumado de falsedad en documento oficial tipificado en el art. 390.1-4 CP en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa acabada del art. 250.1-7º, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 12 meses (360 días multa).

Frente a esta sentencia se interponen recursos de casación por ambos acusados. Valentín por cinco motivos:

- El primero al amparo del art. 849.1 LECrim, indebida inaplicación de la norma prevista en el art. 790.2 LECrim (error en la apreciación de las pruebas) que provoca vulneración del derecho de defensa, art. 24.2 CE, en conexión con la vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías, art. 24.2 CE, y al derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.

- El segundo al amparo del art. 849.2 LECrim, error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

- El tercero por la vía del art. 849.1 LECrim por incorrecta aplicación del tipo penal del art. 456.1-2 CP (acusación y denuncia falsa) aplicado en concurso con un delito de falso testimonio en causa criminal conta el reo, art. 458.2 CP.

- El cuarto por la vía del art. 849.1 LECrim, por haberse infringido precepto de carácter sustantivo, incorrecta aplicación del art. 390.1-4 (delito falsedad documental) en concurso medial con el delito de estafa procesal en grado de tentativa acabada, art. 248 y 250.1-7ª.

- El quinto, subsidiario del anterior, por vulneración del principio de especialidad, que nos llevaría a la incorrecta e indebida inaplicación del art. 398 CP en relación con los arts. 250.1-7 y 77.3 CP.

Jose Manuel por tres motivos:

- El primero por infracción de preceptos constitucionales, al amparo de lo dispuesto en el art. 852 LECrim por vulneración de los arts. 24 y 25 CE en relación con el art. 9.3 de la misma.

- El segundo por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 en sus tres incisos: falta de claridad en los hechos probados, contradicción entre los mismos y hechos que por su carácter jurídico impliquen predeterminación del fallo.

- El tercero por infracción de ley prevista en el núm. 1 art. 849 LECrim, por infracción del art. 390.1-4 CP y 250.1-7º de éste y al amparo del art. 849.2 LECrim, basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del juzgador.

SEGUNDO.- Analizando el recurso interpuesto por Valentín: El motivo primero al amparo del art. 849.1 LECrim: Indebida inaplicación de la norma prevista en el art. 790.2 LECrim (error en la apreciación de las pruebas) que provoca, a su vez, una manifiesta vulneración del derecho a la defensa, ex art. 24.2 CE, en conexión con la vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 CE) . La parte estableció, como primer motivo de recurso de apelación, error en la valoración probatoria. A pesar de ello y de que en la sentencia de apelación dictada por el TSJ de Aragón se reconoce la existencia de este manifiesto error en la valoración probatoria, el tribunal de apelación, en lugar de declarar la nulidad de la sentencia y del juicio oral, procede a modificar "ex novo" los hechos probados, sin celebrar vista, ni escuchar a los acusados y testigos que depusieron en primera instancia.

Se señala que el hoy recurrente ya denunció en el recurso de apelación frente a la sentencia de instancia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Sexta, la concurrencia de un manifiesto error en la valoración probatoria basado en el hecho cierto de que, respecto del Decreto 6/2011, nunca se dio cuenta al Pleno Municipal ni, mucho menos, se sometió a votación en Pleno, y de la misma forma, nunca se remitió tampoco el mismo a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, responsable última de autorizar el nombramiento de esta Secretaria Interventora accidental (municipio Alhama de Aragón).

De la misma forma, no había ningún Libro Oficial del Ayuntamiento donde existiera constancia de ese denominado "Decreto 6/2011", ni del "Decreto 7/2011", pues ambas resoluciones fueron dictadas en su momento de forma unilateral por el aquí querellante Carlos Manuel, anterior alcalde.

Tales extremos fueron apreciados de forma manifiestamente errónea por el Tribunal de instancia al señalar de forma equivocada "que esa propuesta de D. Carlos Manuel se elevó inmediatamente por razones de urgencia a la Dirección General de Administración Local ante la inminente jubilación del Secretario titular D. Anibal. Pero en dicho Decreto de Alcaldía 6/2011 de 27-5, D. Carlos Manuel, acordaba en su apartado 3º reponer a la trabajadora Dª. Blanca en su puesto de trabajo de auxiliar administrativo, una vez que se cubriera la plaza de Secretario Interventor por un funcionario titular.

Igualmente D. Carlos Manuel acordó en ese mismo Decreto 6/2011 de 27-5, dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Aragón en su primera sesión ordinaria de ese Decreto 6/2011 y de su contenido para su aprobación, el cual fue aprobado finalmente en sesión plenaria de fecha 30-7-2011 en un acuerdo tomado por unanimidad de todos los concejales incluido el ahora acusado Valentín que entonces era solamente concejal".

Equivocado relato de hechos que resulta ser la base de la condena para el recurrente, según se destaca en varios pasajes de la sentencia de instancia, folio 12 (hecho probado 2º); folio 19 (F.J. 1º):

"(...) Por lo tanto ese Decreto de Alcaldía núm. 6/2011 de fecha 27-5-2011 fue real, existe y fue aprobada de forma unánime e incluso entusiásticamente por el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Aragón en el Pleno del día 30-7-2011.

Esta aprobación fue hecha por unanimidad de todos los concejales encabezados por su entonces Alcalde D. Carlos Manuel. En esa votación unánime iba incluido el voto del entonces concejal y ahora acusado Valentín.

Con esa votación se nombraba nada menos que a la que iba ser Secretaria Interventora de dicho Ayuntamiento durante unos años hasta que se cubriera la plaza por un Secretario titular con habilitación nacional.

Tal votación no es posible que la olvidara el acusado Valentín tratándose como se trataba del nombramiento de la principal funcionaria al servicio del Ayuntamiento de Alhama de Aragón con la que tendría que entenderse y tratar unos cuantos años.

Por lo tanto, la certificación de fecha 25-4-2016 librada por el entonces secretario - interventor y ahora acusado Jose Manuel con el Visto Bueno del ahora acusado y Alcalde Valentín falta ostensiblemente a la verdad en la narración de los hechos."

Es evidente que con esa certificación falsa, de fecha 25-4- 2016 los dos ahora acusados trataban de engañar al Tribunal de la Sección Primera de esta Audiencia Provincial de Zaragoza que iba a celebrar y celebró la vista oral contra D. Carlos Manuel y Dña. Blanca (...)".

Relato de hechos que incurre en manifiestos errores por cuanto se indica que el Decreto de Alcaldía "se somete a votación del Pleno", cuando el art. 42 del RD 2568/86 que aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales no exige tal aprobación ni votación por el Pleno, sino únicamente su dación de cuenta y el denunciante Sr. Carlos Manuel ni siquiera cumplió con esa exigencia legal, pues, tal como reconoció, no dio cuenta nunca al Pleno de ese Decreto.

Como colofón, a diferencia de lo que se indica en la sentencia de instancia, ese Decreto 6/2011, nunca se llegó a mandar a la Dirección General de la Administración Local para proponer el nombramiento de Dª. Blanca como Secretaria Interventora (ver informe folios 204 y 204 vuelto).

Por ello la sentencia de la Audiencia Provincial incurrió en graves errores de valoración probatoria, y pese a ello la sentencia dictada en apelación por el TSJ, a pesar de reconocer y por tanto, estimar la concurrencia de ese manifiesto error probatorio, no procedió a decretar la nulidad de la sentencia, sino que confeccionó un nuevo relato de hechos probados, totalmente distinto al contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial, y sobre tal relato anudó la misma consecuencia jurídica -condenatoria- adoptada por la resolución de instancia, todo ello mediante una revaloración de pruebas personales por la Sala de apelación, para modificar los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada, con cita de la jurisprudencia relativa sobre la irrecurribilidad en casación de las sentencias absolutorias que exigen la valoración personal y directa de las pruebas personales, solicita la nulidad de la sentencia, extensible al juicio oral.

TERCERO.- Tal como se señala en el recurso, no estamos ante una supresión de determinados extremos puntuales y no esenciales del relato fáctico, que posibilitara el pronunciamiento condenatorio con el resto de dicho relato que se deja subsistente, lo que se produce es una nueva narración de hechos -en perjuicio del recurrente- basada en pruebas de carácter personal.

Así, al folio 23 de la sentencia de apelación se dice: "... En todo caso, que el Decreto 6/2011 no fuese conocido por el Sr. Valentín y resto de los concejales del Ayuntamiento resulta igualmente intrascendente, por cuanto "tres días después de dictarse, aprueban por unanimidad una propuesta defendida por el primero (el Sr. Valentín) en los mismos términos que el mencionado Decreto". Es de destacar el error en este extremo de la sentencia de apelación, dado que el Decreto es de fecha 27-5-2011 y el Pleno Municipal al que se refiere el Tribunal Superior de Justicia se celebró el 30-7-2011, es decir, más de dos meses después, no tres días.

Además para la sentencia de la Audiencia el conocimiento y votación por parte del recurrente del contenido del Decreto 6/2011 resultaba esencial para su condena, dado que en su apartado 3º se acordaba reponer a la trabajadora Dª. Blanca en su puesto de trabajo de auxiliar administrativa interina, una vez que se cubriera la plaza de Secretario-Interventor por un funcionario titular.

La sentencia de apelación, por el contrario, considera que aquel hecho resultaba "intrascendente" dado que Valentín fue la persona que llevó a la sesión plenaria del ayuntamiento de 30-7-2011 una propuesta como punto sexto del día, y tras unas manifestaciones en las que señalaba que "la trabajadora en el Ayuntamiento desde el 11-7-2000, Doña Blanca, si bien interinamente desde el 10-6-2011 realiza funciones de Secretario Interventor interino con nombramiento por el Gobierno de Aragón, en tanto se ocupa plaza por Secretario Interventor habilitado nacional, viene realizando funciones y tareas en este Ayuntamiento a lo largo de estos once años de categoría superior a la que tiene reconocida y remunerada. Por ello se propone al Pleno el siguiente acuerdo: "Reconocer los méritos del trabajo realmente desempeñado por Doña Blanca y clasificarla adecuadamente, para cuando deje la interinidad de la Secretaría y regrese a su puesto de trabajo, por tomar posesión del puesto de la Secretaría Intervención el funcionario habilitado nacional titular de la plaza." Votos a favor, nueve, por tanto unanimidad."

Propuesta esta que se considera en la sentencia como de contenido similar al Decreto 6/2011, en lo que se refiere a la reserva del puesto de trabajo, lo que probablemente ha generado la confusión del Tribunal sentenciador.

"Contenido similar" que puede ser cuestionado, dado que el Decreto 6/2011, de 27-5, reconocía "una reserva expresa del puesto de trabajo" a Blanca para cuando cesase en su cargo como Secretaria interina del Ayuntamiento, mientras que lo que se dice en el Pleno de 30-7-2011 es "reconocer los méritos" a Dª. Blanca y "clasificarla adecuadamente" para cuando deje la interinidad de la Secretaría y regrese a su puesto de trabajo."

3.1.- Resulta significativo que la sentencia hoy recurrida no diga expresamente que el pronunciamiento condenatorio podría haberse sustentado solo en los hechos probados de la sentencia de instancia. No olvidemos que el Decreto 6/2011, de 27-5, no se remitió a la Dirección General de la Administración Local de la Diputación General de Aragón, órgano competente para el nombramiento de la Secretaria-Interventora interina, no se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, al que tampoco se dio cuenta -lo que podría avalar la tesis del recurrente de que desconocía su existencia- y que el Decreto 7/2011, de la misma fecha, en el que se acuerda elevar la propuesta de nombramiento como Secretaria Interventora a la Dirección General de Administración Local, a diferencia del anterior, no se hacía referencia alguna a la reposición a la trabajadora a su puesto de trabajo, una vez finalizada la sustitución, tampoco fue aprobado por el Pleno, ni se le dio cuenta, de ahí que se añada a los hechos probados por el TSJ el contenido del Pleno Extraordinario de 30-7-2011, al que ya nos hemos referido, para mantener la condena.

En este sentido la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, en su informe de 20-4-2016 (folios 417 y ss.) dice:

a) Que existe una constancia documental del Decreto 7/2011, de 27-5.

b) Que la resolución de 10-6-2011, de la Dirección General de Administración Local, por la que se nombró a Dª. Blanca como funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Alhama de Aragón, en ningún momento se comunica a dicho Ayuntamiento que debía reponer a la trabajadora en su primitivo puesto de trabajo, en las mismas funciones que ahora desempeña y con las mismas condiciones salariales y laborales, cuando la plaza de Secretario Interventor sea ocupada por funcionario habilitado nacional, titular de la plaza, ya que lo que se solicitó fue un nombramiento interino y no uno accidental, en cuyo caso hubiese sido restituida en su puesto, caso de cubrirse el puesto de Secretario Interventor.

3.2.- Por ello el nuevo relato de hechos -tal como señala el recurrente- se construye sobre una reconsideración de la prueba, entre ella la personal, practicada en la instancia, para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta.

Así se advierte en la sentencia recurrida, folio 23, como la Sala de apelación indica: "Tampoco ese cierto que el Sr. Carlos Manuel y la Sra. Blanca "pretendiesen" confundir a los miembros de la Corporación Municipal con la coincidencia en la enumeración de los Acuerdos 6 y 7 con los dictados el 10-2-2011". Conclusión a la que llega sin haber valorado de forma personal y directa su testimonio por parte de la Sala de apelación, al igual que tampoco se produjo esa valoración personal y directa de las declaraciones de los acusados Valentín y Jose Manuel y de la actual Secretaria del Ayuntamiento Dª. Alejandra, y a pesar de ello se procede a interpretar y valorar estas declaraciones en sede de apelación, cuando no hay referencia alguna a las mismas en la sentencia de instancia dictada por la Audiencia Provincial.

3.3.- El motivo, por lo expuesto, deberá ser estimado.

En efecto, como hemos dicho en STS 903/2023, de 30-11, la función esencial de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que actúa específicamente como el órgano superior, o más propiamente supremo, del orden jurisdiccional penal, conforme a la función que le atribuye el art. 123 CE , es la que realiza a través del cauce de la infracción de ley, corrigiendo errores de subsunción y fijando criterios interpretativos uniformes con la finalidad de garantizar la unidad del ordenamiento penal, y con ello los principios de seguridad jurídica, predictibilidad de las resoluciones judiciales e igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin perjuicio de que, a través de los motivos por quebrantamiento de forma, unifique también el ordenamiento procesal penal.

En la función de tutela de derechos fundamentales, que también le corresponde a este Tribunal con carácter primario, no actúa esta Sala como órgano supremo, pues está determinada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, que en esta materia puede revisar sus resoluciones ( arts. 123 y 161 b CE) .

Es por ello, muy relevante, que el Tribunal Supremo pueda realizar con efectividad esta función nomofiláctica y unificadora, sin restricciones impuestas, o auto restricciones injustificadas, tanto en los supuestos en los que los órganos sentenciadores interpretan erróneamente los tipos penales en perjuicio del reo como si lo hacen en perjuicio de las víctimas o perjudicados.

Precisamente en este segundo ámbito (la corrección de la interpretación errónea de los tipos penales realizada en perjuicio de las víctimas o perjudicados), absolutamente necesario por razones de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica y para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, estriba la diferencia esencial entre la competencia jurisdiccional de esta Sala y la del Tribunal Constitucional. Pues éste, como regla general, solo puede corregir los supuestos de extralimitación típica a través del recurso de amparo por vulneración del principio de legalidad penal, pero en ningún caso los supuestos de indebida inaplicación de la norma sancionadora, que solo vulneran por defecto el referido principio."

"...El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias como las de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) o 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández) aprecia vulneración del Art. 6 1º del CEDH cuando la revisión condenatoria se realiza modificando la apreciación de los hechos, pero considera, "a contrario sensu", que es admisible la revisión de sentencias absolutorias, o que agraven la posición del acusado, aun cuando no se celebre nueva audiencia del acusado, si se trata exclusivamente de decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica, es decir de modificar la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, (Ver SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España , § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández c. España , § 25; 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez c. España, § 39; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España, § 38 ; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España , § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España , § 31; y STEDH de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García C. España).

En definitiva, los márgenes de nuestra facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo, se concretan en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia.

En la corrección de errores de subsunción admisible en casación frente a las sentencias absolutorias se incluyen los errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado, cuando la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica, sin modificar la valoración de sus presupuestos fácticos. Pero no es admisible cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada.

3.4.- En este sentido en STS 781/2022, de 22-9 y 22/2018, de 17-1, hemos dicho que: "si bien la revisión de la razonabilidad de las inferencias a partir de la cual el órgano a quo llega a su conclusión sobre la inexistencia de dolo -u otro elemento subjetivo del tipo- no precisará de la garantía de inmediación si tal enjuiciamiento no se produce a partir de la valoración de declaraciones testificales, sí deberá venir presidido, en todo caso, por la previa audiencia al acusado" (FJ 8 citando la STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4). Este segundo criterio, reiterado en las SSTC 157/2013, de 23 de septiembre, FJ 7; y 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 5; traduce la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que, con carácter general, la revisión de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de calificación jurídica y, por ello, precisa la audiencia del acusado ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España; 20 marzo 2012, caso Serrano Contreras c. España; 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris c. España; 8 de octubre de 2013, caso Nieto Macero c. España; 8 de octubre de 2013, caso Román Zurdo c. España; 12 de noviembre de 2013, caso Sainz Casla c. España; 8 de marzo de 2016, caso Porcel Terribas y otros c España; o 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. España).

Lo cual supone en la práctica, que en estos recursos donde la revisión interesada es de naturaleza peyorativa, la misma consideración intangible del relato de hechos probados debe ser predicada de las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011, § 41) contenidos en la fundamentación de la resolución."

Por ello, en cuanto a la concurrencia de los elementos subjetivos, la STS 110/2022, con cita STS 58/2017, de 7-2, recuerda como en la sentencia del Pleno TC 88/2013, de 11-4, "se aprecia que la razón que justifica finalmente la concesión del amparo consiste, precisamente, en que para la revisión de la corrección de la apreciación del Tribunal sentenciador acerca de la concurrencia de los elementos subjetivos del tipo, el Tribunal de apelación no se basó exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir en un error de subsunción jurídica, o en el mero análisis de los elementos estrictamente fácticos obrantes en los hechos probados, sino que acudió a la revisión de los presupuestos fácticos de dichos elementos subjetivos, volviendo a valorar para ello las pruebas personales practicadas en el juicio, lo que le está manifiestamente vedado a estos efectos.

Así señala la STC 88/2013, de 11 de abril, que "la condena en la segunda instancia, a pesar de que se mantuvo inmodificado el relato de hechos probados de la Sentencia revocada, se fundamenta en una reconsideración de esos hechos probados para derivar de ello tanto el elemento normativo de delito, referido al carácter abusivo de los acuerdos adoptados, como el elemento subjetivo, referido al ánimo de perjudicar al querellante. Esto es, la divergencia se produce no por una controversia jurídica respecto de la amplitud que pudiera darse a la interpretación de determinados elementos del delito, sino en relación con una controversia fáctica respecto de las inferencias recaídas sobre los hechos declarados probados para entender acreditados dichos elementos. Además, esa reconsideración se realiza valorando aspectos concernientes tanto a las declaraciones de los recurrentes, como del querellante, que no fueron practicadas a su presencia, como se pone de manifiesto en la argumentación de la Sentencia de apelación al considerar concurrente el elemento subjetivo, discrepando sobre la credibilidad que se había dado por el órgano judicial de instancia a las declaración de los acusados sobre quién era el responsable de que no hubiera podido llegarse a un acuerdo para la compra de las participaciones del querellante.

Por tanto, no puede afirmarse que la controversia versara sobre una cuestión estrictamente de interpretación jurídica que, por su naturaleza desligada del debate sobre la concurrencia de aspectos fácticos del delito, pudiera resolverse sin la celebración de una vista pública, lo que determina que se deba considerar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) ".

Por ello, lo determinante para la concesión del amparo, es que la Sala de apelación no se limitó a revisar la subsunción jurídica de los hechos descritos en el relato fáctico, sino que reconsideró la prueba personal practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada.

En definitiva, los márgenes de nuestra facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo, se concretan en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia.

En la corrección de errores de subsunción admisible en casación frente a las sentencias absolutorias se incluyen los errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado, cuando la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica, sin modificar la valoración de sus presupuestos fácticos. Pero no es admisible cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada.

El error sobre la concurrencia de los elementos subjetivos podría subsanarse en casación si se basase exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir si se tratase de un error de subsunción. Por ejemplo, si la absolución se fundamentase en la consideración errónea de que el tipo objeto de acusación exige dolo directo, absolviendo el Tribunal de instancia por apreciar la concurrencia de dolo eventual, cuando en realidad el dolo eventual fuese suficiente para la condena. O cuando se calificase por el Tribunal de Instancia de dolo eventual una conducta en la que, a partir exclusivamente de los datos obrantes en el relato fáctico sin reconsideración probatoria adicional alguna, ni modificación de la valoración fáctica sobre la intencionalidad del acusado realizada por el Tribunal, fuese constatable la concurrencia de dolo directo. O, en fin, cuando el Tribunal de Instancia fundase su absolución en la ausencia de un elemento subjetivo específico que considerase necesario para integrar el tipo, cuando esta apreciación fuese jurídicamente errónea por no ser exigible para la subsunción de la conducta en el tipo objeto de acusación la concurrencia del elemento subjetivo específico exigido por el Tribunal.

Por tanto, el Tribunal de casación puede fundamentar su condena modificando la valoración del Tribunal de Instancia sobre la concurrencia de los elementos subjetivos cuando se basa exclusivamente en consideraciones jurídicas sobre la naturaleza del dolo exigido por el tipo, es decir en un error de subsunción jurídica, o se apoya en el mero análisis de los elementos estrictamente fácticos obrantes en los hechos probados, pero no puede acudir a la revisión de los presupuestos fácticos de dichos elementos subjetivos, volviendo a valorar para ello las pruebas personales practicadas en el juicio, lo que le está manifiestamente vedado."

En definitiva, las inferencias utilizadas para la afirmación o negación de los elementos subjetivos del injusto no son fiscalizables a través del motivo del art. 849.1 LECrim, en cuanto que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte de la vertiente fáctica del juicio.

3.5.- Especialmente relevante resulta la STC 80/2024, de 3 de junio, que adopta la doctrina constitucional sobre condena en segunda instancia a la revisión en casación de la sentencia de apelación -en este caso de instancia- dice referida sentencia:

"Es doctrina constitucional consolidada que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) , impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, y que en estos casos se debe igualmente atender a la exigencia de la audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa ( art. 24.2 CE) , quedando fijados los márgenes de la revisión en estos términos: (i) vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en la que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal; (ii) no cabe efectuar este reproche constitucional cuando la condena o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica entre los órganos judiciales de primera y segunda instancia en la que no estén implicadas las garantías de publicidad, inmediación y contradicción y para cuya resolución no resulte necesario oír al acusado. Ninguna incidencia podría tener la audiencia en la decisión que pudiera adoptarse y la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado [ SSTC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3; 35/2020, de 25 de febrero, FJ 2; 18/2021, de 15 de febrero, FJ 3, y 133/2021, de 24 de junio, FJ 8 B)].

Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido, específicamente, que la audiencia del acusado y la directa apreciación de los testimonios personales son exigencias inherentes al juicio justo ( art. 6.1 CEDH) también en el último grado jurisdiccional, cuando el tribunal de casación es llamado a pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de aquel en revisión del juicio verificado en las instancias anteriores [ SSTEDH de 17 de diciembre de 2013, asunto Ion Tudor c. Rumanía, § 25 a 29; de 4 de junio de 2013, asunto Hanu c. Rumanía, y de 10 de abril de 2012, asunto Popa y Tanasescu c. Rumanía].

El asunto Ion Tudor c. Rumanía es especialmente ilustrativo porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de casación (High Court of Cassation and Justice), tras haberse producido la absolución del acusado en apelación (Court of Appeal), como consecuencia de la revisión de la valoración de la prueba que había efectuado el tribunal de primera instancia (County Court) en su sentencia condenatoria, vulneró su derecho a un juicio justo ( art. 6.1 CEDH) porque dirimió aspectos fácticos y jurídicos -se debatía en particular la suficiencia del testimonio incriminatorio prestado por un coacusado en fase de investigación, que se retractó en el plenario, reconocida en la primera instancia y rechazada en la segunda- que por su relativa complejidad no podían ser valorados adecuadamente sin haber oído directamente las declaraciones del acusado y de los testigos (§ 28).

En síntesis, un renovado juicio de culpabilidad efectuado por el tribunal de casación que pretenda fundarse en la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de primera instancia resultará inconciliable con las exigencias del proceso justo y la proscripción de la indefensión, ex art. 24.1 y 2 CE, al ser la apreciación de la prueba, la audiencia del acusado y la ulterior formación del juicio de culpabilidad, momentos del desempeño de la función jurisdiccional subjetivamente indisociables."

CUARTO.- En definitiva, articulado el motivo por vulneración del derecho de defensa, a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales (art. 24.1), conforme a la petición del recurrente y dado que la sentencia de apelación ha alterado el juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales de los arts. 456.1-2; 458.2; 390.1-4; 248 y 250.1-7, por los que fue condenado en la instancia, mediante una reinterpretación de los hechos por parte de su examen de prueba personal -que no había sido realizado por la Audiencia- llevada a cabo por la sentencia de apelación, sin haberlos oído personalmente, procede decretar la nulidad de ambas sentencias y la celebración de un nuevo juicio por distintos Magistrados, al haber incurrido la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en graves errores fácticos, cuya exclusión de los hechos probados, podría impedir el dictado de un fallo condenatorio como el adoptado en la instancia.

Pronunciamiento extensible al acusado Jose Manuel, cuyo motivo primero coincide sustancialmente con el articulado por Valentín.

QUINTO.- Dado el sentido de la presente resolución, procede declarar de oficio las costas del recurso y las de las dos instancias ( art. 901 LECrim) .