Sentencia Penal 147/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5136/2022 de 20 de febrero del 2025

Recurso de Benito

PRIMERO.- 1.1. El primer motivo se formula amparado en el art.5.4 de la LOPJ, ya que la sentencia recurrida ha infringido el derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que consagra nuestra Constitución, en su artículo 24.

Se afirma por el recurrente que todas insinuaciones que se dicen en la Sentencia son falsas, y que se refieren a que "todos los acusados puestos de común acuerdo", no pueden ser aplicadas en modo alguno al Sr. Benito. No existe la menor prueba de ello. El fin propuesto por los querellantes de poner el piso a su nombre se ha conseguido plenamente y, aparte la deducción lógica de que así ha sido, pues nadie lo ha puesto en duda, está la declaración del propio Sr. Armando en el minuto 13.24 de la grabación del juicio aportada a autos, donde dice que el piso ya está a su nombre.

Por otro lado, la suposición escrita que hace suya la Sentencia de que el interés del acusado era el de "hacerse con el inmueble", es totalmente falso, e incurre en el defecto de predeterminar o anticipar el fallo, con violación de su derecho constitucional a un juicio justo, con tutela eficaz y efectiva, y con presunción de su inocencia.

1.2. Sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos recordado en la sentencia 35/2020, de 6 de febrero, con citas de las SSTS 458/2009 de 13 de abril y 131/2010 de 18 de enero; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia.

Consecuentemente, el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS. 1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011).".

1.3. La queja formulada carece de fundamento. En el acto del juicio oral se han practicado pruebas de distinta naturaleza, como la confesión de las coacusadas, testificales y documentales, en las que el Tribunal ha llegado a la certeza de que los hechos se han producido tal y como constan en el relato de hechos probados. Y lo ha explicado motivadamente en el fundamento primero de la sentencia, en el que ha ido desgranando la prueba determinante de la existencia de la conducta típica, del perjuicio patrimonial irrogado, y del ánimo con el que actuaron los condenados.

En primer lugar, las acusadas Sras. Susana y Marí Jose reconocen los hechos, la primera señala que Benito acudió y participó en todas las gestiones llevadas a cabo en la notaría los días 20 y 24 de abril de 2012, y Marí Jose reconoció que todos los acusados estaban concertados para enriquecerse a costa de la Sra. Regina, que podían sacar unos 1.000 euros cada uno, dependiendo de lo que se consiguiese. Que en compañía de Eva y Benito realizaron visitas al piso que la Sra. Regina quería vender, las dos veces que ella estuvo allí. Confirma que Benito acudió a la notaría con un sobre con dinero que no fue entregado a la perjudicada, y que el Notario no leyó, ni explicó nada, que era visible que la señora no estaba bien. Por otro lado, la Sra. Eva se adhirió al relato de hechos llevado a cabo por las acusaciones.

También la Sala valora como verosímiles las declaraciones de los testigos Carlos María, intermediario entre las acusadas y el ahora recurrente, quien negó las afirmaciones del acusado sobre que él trató la cuestión directamente, pues los términos del préstamo se tratan entre prestamista y prestatario; Claudio, indicó que fue el Sr. Benito quién con carácter previo estudió la operación y que desconoce si del dinero que él llevó alguien se llevó algo o no, que desconocía que el préstamo de " Benito" se iba a garantizar con una hipoteca, llamándole la atención el día de la firma que la Sra. Regina no pidió aclaración y que estaba cantando y recitando poesías; también la declaración de Armando, que creía que estaba firmando para la aceptación de una herencia y que su hermana le manifestó que las querelladas querían comprar el piso y que nadie explicó el contenido de las escrituras, no le dieron copias, y que se enteraron de lo que había firmado su hermana cuando fueron a la Notaría con su sobrino.

Por otro lado, valora el tribunal, el testimonio de los policías que llevaron cabo la investigación y que comprobaron las cuentas de la Sra. Regina en la que no había entrado dinero alguno, así como que la operación de préstamo carecía de sentido, por cuanto contaba con dos inmuebles de su propiedad y con soporte familiar, que no tenía formación para las operaciones, informando que las acusadas eran captadoras de propietarios de pisos para quedarse con ellos a través de la constitución de un préstamo, sin que las mismas tuviera actividad alguna en la Seguridad Social, sin que aquel momento pudieran localizar al Sr. Benito, sin que los acusados tuvieran actividad laboral.

De la prueba documental, consistente en escritura de préstamo y constitución de hipoteca de fecha 24 de abril de 2012, se desprende que la Sra. Regina declaró recibir de Benito la cantidad de 27.850€, a devolver en el plazo de un mes, que debía devolverse en moneda, con un interés del 6%, y de un 29% en caso de impago, hipotecando la finca propiedad de la primera, tasándose la misma en 30.000€, conviniendo en caso de impago la ejecución extrajudicial; designándose al Sr. Benito como la persona que otorgaría la escritura de venta de la finca en representación del hipotecante, constituyendo hipoteca voluntaria a favor de él, más cuatro mil euros de costas y gastos; concediéndole poder, entre otras cosas, para inscribir la finca en el Registro de la Propiedad "aunque incida en la figura jurídica de la autocontratación o se detecte oposición de intereses entre las partes"; y escritura de aceptación de herencia donde consta como valor de la finca 100.000€.

De todo lo anterior la Sala llega a la conclusión de que todos los acusados actuaron de común acuerdo, que el acusado Benito intervino en la firma de la escritura de préstamo hipotecario, y en el intento de ejecución posterior, reconociendo el mismo los intentos notariales de ejecución, a sabiendas de las actuaciones previas de las acusadas en un plan preconcebido y ejecutado por todos los acusados, resulta acreditado que estuvo presente en el piso que la Sra. Regina quería vender, sin que ella conociese en ningún momento al acusado, con conocimiento del contenido de aquélla escritura, como declaró el testigo, conocedor de que la casa objeto de hipoteca había sido tasada en 100.000 euros para la escritura de aceptación de herencia -estando presente en la notaría cuando la firma de aquélla tuvo lugar-, y que luego siendo correlativas ambas escrituras, se tasaba en 30.000 euros para el préstamo con garantía hipotecaria de la que él era titular y con facultades de ejecución extrajudicial. De este modo, podría llegar a obtener en subasta la propiedad del piso, tasado en al menos 100.000 euros, por el importe de su préstamo 27.850 euros.

En definitiva, la Sala llega a una conclusión lógica y racional, todos los acusados actuaron de común acuerdo, lo que queda acreditado por el hecho de que -al margen de que hubiesen realizado operaciones anteriores de préstamo de tal modo que todos se conocían- los cuatro se encuentran presentes en el momento de ver la casa para vender, si bien la presencia del recurrente no era necesaria como prestamista, el día 20 estaba en la Notaría cuando el Sr. Armando concede el poder general en favor de su hermana, cuando, nuevamente, la presencia del prestamista no era necesaria, dado que la firma del préstamo se realiza el día 24; y el día 24 cuando acuden por segunda vez a la Notaría para la firma del préstamo con garantía hipotecaria. Es decir, en todos los momentos esenciales de la acción tendente a conseguir la ilícita firma de la escritura de préstamo, están presentes los cuatro acusados a fin de asegurarse el éxito de la misma.

Además, se declara acreditada la vulnerabilidad de la víctima, cuestión que era visible y clara para los acusados, la acusada Susana reconoció que vio que la Sra. Regina era una persona mayor y que la vio desvalida; la acusada Marí Jose, manifestó que la señora no estaba bien, refiriéndose a sus facultades mentales, declarando incluso que la Sra. fue engañada. Por otro lado, el testigo Sr. Claudio manifestó que la perjudicada no pidió ninguna aclaración al notario pero que le llamó la atención que la misma en la Notaría estuviese cantando y recitando poemas. También se valoran las declaraciones del hijo y del hermano de la perjudicada, junto con la documental aportada, de la que se deriva que la misma fue judicialmente incapacitada posteriormente y sometida a curatela, siendo curador, en primer lugar, el hijo, y posteriormente el hermano de la perjudicada.

Por último, se encuentra la prueba pericial consistente en el informe de capacidad efectuado por D. Amador ratificado en el plenario, donde aclaró " que examinó personalmente a la Sra. Regina y que la misma presentaba alteraciones parciales en la ubicación espaciotemporal; que no conseguía recordar a corto plazo presentando lagunas dememoria; presentando problemas para operaciones matemáticas o problemas siendo consciente de la necesidad de que le administrasen sus bienes. Manifestó que, a nivel funcional no entiende lo que lee; poniendo en duda que pudiese entender los términos de una escritura de hipoteca y lo que trae consigo. A preguntas del letrado del SR. Benito, el perito explicó cómo era posible que si tenía problemas de memoria pudiese recordar con tanta exactitud lo sucedido en 2012, manifestando que cuando los recuerdos van acompañados de carga emocional la persistencia de estos es mayor y la capacidad de recuerdo más fácil. El perito explicó, cómo espontáneamente la Sra. le relató los sucesos de abril de 2012 de forma muy vivida e intensa vinculado al sentimiento de engaño que la Sra. exponía vinculado al recuerdo ." .

De este modo, la Sala estima que el engaño empleado por los acusados era bastante a los efectos de colmar las exigencias del tipo penal atendidas las circunstancias personales de la víctima (véanse las STS 95/2012, de 23 de febrero y 1001/2012, de 18 de diciembre, entre otras relativas al doble marco valorativo del engaño bastante y la necesidad de idoneidad desde el punto de vista subjetivo).

Valoraciones que compartimos, siendo racional y lógico el discurso valorativo en todos sus extremos.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- 2.1. En el segundo motivo se alega, conforme al artículo 849.1º de la LECrim. , error de derecho al calificar como delito de estafa agravada, recogido en el art.248 del código penal, la intervención del acusado en los hechos que nos ocupan.

En el desarrollo del motivo se indica que citado artículo define el delito de estafa como el cometido, con ánimo de lucro, utilizando engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Por tanto, son requisitos ineludibles del delito tanto el engaño como el desplazamiento patrimonial de la víctima en beneficio del autor, requisitos que no concurren, ya que, con respecto al engaño por parte del acusado, el trato entre el recurrente y los Regina Armando no ha existido en absoluto, como ha quedado acreditado por las declaraciones de las supuestas víctimas y consta como hechos probados. La breve presencia inevitable del mismo y la Sra. Regina en el despacho del notario para firmar, no puede decirse que constituya ocasión propicia para practicar ese engaño necesario, no tuvo ocasión de tratar con los Armando Regina, fueron ellos a través del gestor Gumersindo y las "tres artistas colaboradoras" quienes se ocuparon de buscar al prestamista, proponer el negocio y mostrar la vivienda, accediendo al negocio el recurrente de buena fe.

Tampoco concurre el requisito de desplazamiento patrimonial en favor del autor en perjuicio de la víctima, ya que la verdadera finalidad del préstamo para pagar la aceptación y adjudicación del piso, el único desplazamiento que hubo en la operación fue en perjuicio del acusado y en favor de las víctimas que carecían del dinero que deseaban, siendo el momento de dejar de llamar "perjudicada" a quien sólo ha resultado "beneficiada".

2.2. Hemos dicho, entre otras, en la SSTS 238/2019, de 9 de mayo, y 186/2013, de 6 de marzo, que tal como hemos expuesto en resoluciones precedentes de este Tribunal, los elementos que estructuran el delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia ( SSTS 220/2010, de 16-2; 752/2011, de 26-7; y 465/2012, de 1-6), son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto. 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero. 4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro. 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).

2.3. En el supuesto, por lo que respecta al engaño bastante, el tribunal no sólo tiene en cuenta la conducta de los acusados en cuanto a su idoneidad para generar dicho error, sino también la capacidad para actuar de la Sra. Regina, situación mental de vulnerabilidad que era una cuestión visible y clara para los acusados, y acreditada documental y pericialmente, como hemos analizado en el fundamento anterior, la Sala estima que el engaño empleado por los acusados era bastante a los efectos de colmar las exigencias del tipo penal atendidas las circunstancias personales de la víctima, argumento que compartimos.

La valoración de la sentencia de instancia es razonable y la subsunción de los hechos en el delito de estafa es correcta. Conviene traer a colación la STS 619/2018, de 4 de diciembre, con cita de la sentencia 837/2007, de 23 de octubre, en la que se afirma que "en el Derecho español vigente no existe un tipo específico que sancione penalmente las conductas consistentes en abuso o aprovechamiento del déficit intelectivo de incapaces con resultado de perjuicio patrimonial. Sin embargo, en casos de incapacidad que no sea total y absoluta, no queda excluida la posibilidad de la estafa, pues precisamente las condiciones mentales del sujeto pasivo son relevantes a los efectos de establecer la idoneidad del engaño en función de la credulidad de la víctima, lo cual no puede dejar de relacionarse con una posible omisión por su parte de las medidas mínimamente exigibles en cuanto a su autoprotección. Es decir, que lo que para un sujeto normal podría no ser un engaño idóneo habida cuenta de la previsible y exigible reacción defensiva basada en una valoración realista de la situación, podría serlo si el sujeto carece de esa capacidad en una medida tal que le impida la reacción esperable de un sujeto normal, de manera que resulta más fácil que acepte la apariencia de realidad que le ofrece el autor. No se trata de los casos en los que la doctrina entiende que no existe posibilidad de engaño al no existir una voluntad susceptible de ser captada para la ejecución del acto de disposición, sino de aquellos otros en los que una disminución de las facultades del sujeto lo hace más accesible a la maniobra engañosa del autor".

El recurrente afirma que el engaño por parte del acusado no ha existido, ya que el trato entre el recurrente y los Regina Armando no ha habido, como ha quedado acreditado por las declaraciones de las supuestas víctimas y consta como hechos probados, pero olvida que se trata de un plan común entre todos los acusados, en el que existe un reparto de papeles y, si bien las acusadas eran las captadoras, y las que trataron directamente con la Sra. Regina, generando su confianza para conseguir que firmara -aunque que como hemos analizado el recurrente también estaba presente en las visitas a la vivienda, y en la Notaría-, la participación del Sr. Benito, resulta imprescindible para la configuración del ardid o plan llevado a cabo, es decir, que la Sra. Regina firmara un préstamo con garantía hipotecaria con un vencimiento de apenas un mes, a ejecutar extrajudicialmente, del que él era titular y tenía facultades de ejecución extrajudicial, todo ello con el propósito de quedarse con la casa de ésta, valorándola en 30.000€ -importe muy cercano a la cantidad supuestamente prestada- cuando la tasación ascendía a 100.000€.

Por último, en cuanto al desplazamiento patrimonial, el recurrente denuncia que es inexistente, pero lo cierto es que el mismo, como afirma el tribunal, estaría constituido por el otorgamiento de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria que la Sra. Regina ignoraba que estaba firmando y que gravaba un bien de su patrimonio en perjuicio propio y de su hermano. Dicho negocio, como se desprende del relato fáctico, colocaba a la perjudicada en la posición de verse privada de la titularidad del inmueble gravado, dado que, ignorando la existencia de dicho préstamo, el mismo saldría a subasta mediante una ejecución extrajudicial y lo haría por el valor de 30.000 euros. Incluso en el supuesto de que llegase a enterarse, sólo podría impedirlo mediante la entrega al acusado de la cantidad de 27.850 euros por un préstamo que nunca recibió.

Hay que tener en cuenta que conforme a lo que ha dicho esta Sala -por todas, la Sentencia 72/2019, de 11 de febrero-: el ánimo de lucro puede consistir en "... cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad que se proponga obtener el reo con su antijurídica conducta, aunque no es preciso que el lucro buscado llegue a alcanzarse", STS núm. 1816/1992, de 20 de julio. En cuanto al perjuicio patrimonial, es cierto que tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la existencia del perjuicio patrimonial. Por otro lado, como ha señalado la jurisprudencia, en los delitos del tipo de la estafa, el elemento del delito es el perjuicio causado por la defraudación y no el enriquecimiento que haya existido para el autor ( STS núm. 1016/2013, de 23 de diciembre)".

En el supuesto, el desplazamiento estaría constituido por la constitución de un gravamen sobre un inmueble de su patrimonio, en claro perjuicio de la Sra. Regina el cual podría traducirse en cualquiera de las consecuencias que describe la Sala, y que hemos apuntado.

El motivo resulta improsperable.

TERCERO.- 3.1. El tercer motivo se formula con fundamento en el art. 849.2 de la LECrim. , por error en la valoración de la prueba.

En el desarrollo se indica que deben tenerse en cuenta documentos de la causa, en general, y el soporte audiovisual del juicio oral, en especial, haciendo alusión a las declaraciones de la Sra. Regina, y de Armando.

3.2. Debemos recordar, por ejemplo, con la STS 442/2021, de 25 de mayo, que por la vía del art. 849.2 LECrim. , se circunscribe el motivo al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.

En relación al motivo planteado, la doctrina de esta Sala, recordada entre otras en nuestra sentencia 138/2019, de 13 de marzo ( SSTS. 936/2006 de 10 de octubre y 778/2007 de 9 de octubre, entre otras muchas) viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales, aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, art. 741 LECrim. 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Por tanto -se dice en las STS 765/2001 de 19 de julio- el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que, en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad.

3.3. Conforme a reitera jurisprudencia de esta Sala, recogida entre otras en la STS 492/2016, de 8 de junio, carecen de naturaleza documental a estos efectos casacionales el soporte auditivo o audiovisual en el que se ha grabado el juicio, al que hace referencia el recurrente (cfr. SSTS 78/2016, de 10 de febrero; 196/2006, de 14 de febrero y 284/2003, de 24 de febrero), y el acta del juicio, pues aunque acredita la realidad procesal que en ella se refleja y por tanto el de las pruebas practicadas y el modo en que se desenvolvieron, ello difiere de la eficacia y alcance demostrativo de esas pruebas respecto de los hechos que constituyen su objeto ( STS 15 de febrero de 2010).

El error de hecho sólo puede prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 LECrim.

Los documentos invocados -testificales y en especial el soporte audiovisual del juicio- no permiten sustentar este motivo, pues no se trata de verdaderas pruebas documentales, y carecen de literosuficiencia, precisan de ulterior explicación o argumentación para acreditar lo que interesa al recurrente, o incluso de prueba complementaria; o resultan contradichos por pruebas personales, ya fueren de quienes los originaron o de terceros, pues como acabamos de reseñar esta norma no otorga preferencia alguna a la prueba documental.

En definitiva, el motivo se desestima pues la finalidad del motivo previsto en el artículo 849.2 LECrim. , consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la designación de verdaderas pruebas documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que acrediten directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que se denuncia, que debe afectar a extremos jurídicamente relevantes, siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contradictorio; en modo alguno autoriza una revisión genérica de la valoración de la prueba , como pretenden el recurrente.

El motivo decae.

Recurso de Armando y Regina

CUARTO.- 4.1. El recurso consta de un único motivo, basado en el art. 849.1 de la LECrim, por indebida inaplicación del art. 250.1. 6º del CP, vigente en el momento de los hechos, anterior a la reforma operada en el año 2015, en relación al condenado Benito.

Denuncian los recurrentes que, del relato de hechos probados de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, así como de los hechos que la propia Sala expresa en sus fundamentos jurídicos, se extrae la conclusión inequívoca de que el condenado Benito debía haber sido condenado por la presunta comisión de un delito de estafa agravada del artículo 250.1. 6º del Código Penal vigente en el momento de comisión de los hechos.

4.2. La jurisprudencia de esta Sala, por todas la STS 173/2023, de 9 de marzo, tiene establecido que el subtipo agravado de abuso de relaciones personales del artículo 250.1.6.º del Código Penal, si bien contempla el grado de especial vinculación entre autor y víctima, debe ser apreciado desde una consideración restrictiva pues, en la mayor parte de las ocasiones, tanto el engaño que define el delito de estafa, como fundamentalmente el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida ( STS 368/2007, de 9 de mayo o 37/2013, de 30 de enero), presentan puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio).

Por ello, la aplicación del subtipo agravado queda reservada a aquellos supuestos en los que, además de quebrantar una confianza genérica que es inherente a todo hecho típico de esta naturaleza, concurra un plus que haga de mayor gravedad su quebrantamiento (STSS 1753/2000, de 8 de noviembre; 2549/2001, de 4 de enero; 626/2002, de 11 de abril; 890/2003; 383/2004, de 24 de marzo o 813/2009, de 7 de julio, entre muchas otras) porque se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19 de junio), al concurrir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30 de noviembre; 785/2005, de 14 de junio; y 9/2008, de 18 de enero).

4.3. El relato de hechos probados sitúa el núcleo de las relaciones personales en el hecho de que la madre de una de las acusadas era amiga de la perjudicada y con base a ello pudo conocer que esta última estaba interesada en vender un piso que tenía en herencia con su hermano, así como que sus facultades intelectuales eran algo limitadas, pues en lo referente a las relaciones personales, se debe poner el acento en una especial vinculación por razones de amistad o familiaridad, en tal sentido STS 343/2014.

Pero, con respecto al acusado Benito, como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, el hecho declarado probado no proporciona base suficiente para hablar de un abuso de confianza o de relaciones personales que vaya más allá del inherente a toda estafa, ya que es doctrina de esta Sala respecto al referido subtipo agravado de abuso de relaciones personales entre víctima y defraudador, que cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación, una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un plus añadido al abuso de confianza en cuyo seno se realiza la estafa que supone siempre una relación previa entre defraudador y víctima, en este supuesto, inexistente, con respecto a los recurrentes y el acusado Sr. Benito.

En efecto, la estafa opera en una situación de "engaño genérico" que puede surgir porque engañado y defraudador se conocen -en este caso son las acusadas las que conocen a la víctima, de lo que se aprovecha el Sr. Benito-, y ese conocimiento previo hace posible y creíble el engaño en el perjudicado, que le lleva a efectuar, él mismo, el propio acto de disposición en su propio perjuicio. Por ello cuando se quiere activar el subtipo de abuso de relaciones personales, esta situación debe ser algo diferente y distinta so pena de valorar dos veces una misma situación, lo que supondría un bis in idem.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Procede imponer las costas a los recurrentes ( art. 901 LECrim) .