Sentencia Penal 291/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1797/2023 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.-1.1.- Como primer motivo de su impugnación, sostiene el recurrente que se habría producido una vulneración de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas "sobre la base del tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y la fecha en que se ha dictado sentencia".Considera que resultaría de aplicación la circunstancia atenuante, que entiende debe tenerse como muy cualificada, prevista en el artículo 21.6 del Código Penal.

1.2.- Aunque en buena técnica casacional, el planteamiento (y el análisis) de este motivo debería reservarse para un momento posterior --una vez sentada, o no, la procedencia de la condena--, resulta tan evidente su falta de consistencia que no se advierten motivos de peso para demorar su desestimación.

Estos motivos son: en primer lugar, es cierto que los hechos que se atribuyen al ahora recurrente tuvieron lugar entre los días 21 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, sin que hubiera recaído sentencia en la primera instancia hasta el día 14 de marzo de 2022. Sin embargo, es evidente que las dilaciones, extraordinarias e indebidas, que pudieran activar la norma de atenuación, han de haberse producido en el procedimiento y no con carácter previo al mismo. De este modo, por supuesto y frente a lo que la parte persigue, el dies a quo para el cómputo de las eventuales dilaciones nunca podría ser coincidente con la fecha en la que se cometieron los hechos después enjuiciados, sino con aquel en el que el procedimiento hubiera sido dirigido frente a su eventual responsable. Tampoco se entretiene quien ahora recurre en señalar período alguno de paralización en el curso del procedimiento, que pudiera ser valorado como excesivo o indebido.

En cualquier caso, y como certeramente advierte el Ministerio Fiscal al tiempo de impugnar el presente recurso, la aplicación de la circunstancia atenuante que ahora se postula no fue interesada en la primera instancia, ni tampoco se interesó su aplicación en el ámbito del recurso de apelación, no conteniendo, por eso, la sentencia ahora impugnada, pronunciamiento alguno al respecto. Se trata así de una "cuestión nueva",que pretende someterse per saltum,al conocimiento de este Tribunal Supremo. Tiene dicho al respecto, por todas, nuestra sentencia número 925/2025, de 11 de noviembre: <>.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.-2.1.- El segundo de los motivos de casación suscitado en el recurso viene referido a la pretendida vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia de don Luis María. La parte, sin sujetarse en todo a las exigencias propias del recurso de casación, segmenta este motivo de queja en otros varios que califica como "submotivos", en los que, con relación a diferentes aspectos, considera vulnerado el referido derecho fundamental. Todos ellos se abordarán ahora conjuntamente.

En efecto, considera quien aquí recurre que la sentencia impugnada tiene por probado, sin soporte bastante: que el acusado ostentara la condición de órgano de contratación del Servicio Cántabro de Salud; que tuviera competencia en los procedimientos de contratación seguidos por dicho servicio; y que hubiera dictado alguna clase de resolución administrativa susceptible de integrar el tipo penal de prevaricación. Igualmente, considera que no se ha probado que el acusado promoviera y propusiera la adjudicación directa a D. Carlos Jesús y a Dª. Elvira de la prestación de servicios de asesoramiento externo para diversos órganos del Servicio Cántabro de Salud; ni que acordara el inicio de la contratación o efectuara su validación técnica; ni que dictara resolución administrativa alguna en estos expedientes. En el siguiente "submotivo" denuncia también una absoluta ausencia de prueba de cargo relativa a esos mismos extremos, pero ahora con relación a los expedientes de contratación de IRALIA GLOBAL SERVICES SL, GARDENOR SL y SERINCOPSA SL para la reparación y pintado de los centros de salud San Vicente, Dávila, Dobra y Zapatón. Y, por último, se refiere a esos mismos aspectos, pero con relación ahora a la contratación de veintidós aparatos ecógrafos, destinados a otros tantos centros de salud dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Cantabria, siendo que se le atribuye haber autorizado su adquisición.

2.2.- Importa a este respecto tener en cuenta que, conforme, entre muchas otras, recuerda nuestra sentencia número 819/2025, de 8 de octubre: < art. 24.2 CE en relación con el art. 852 LECrim) comporta la prohibición constitucional de condena sin que se hayan realizado pruebas i) de cargo, ii) válidas, iii) revestidas de las necesarias garantías, iv) referidas a todos los elementos esenciales del delito, y v) de las que quepa inferir razonable y concluyentemente los hechos y la participación del acusado, sin quiebras lógicas y sin necesidad de "suposiciones" frágiles en exceso.

No impone la presunción de inocencia la exigencia de que esas pruebas sean aptas para convencer de la culpabilidad a todo observador imparcial externo. Sólo existirá violación de tal derecho cuando no haya pruebas de cargo válidas o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iterdiscursivo -( SSTC 68/2010, de 18 de octubre Fundamento Jurídico Cuarto; 107/2011, de 20 de junio -Fundamento Jurídico Cuarto-, 111/2011, de 4 de julio -Fundamento Jurídico Sexto a)-, o 126/2011, 18 de julio Fundamento Jurídico Vigésimo Primero a-).

Además de prueba concluyente, una condena exige la certeza personal del juez que no es seguridad matemática ni se contrapone a dudas concebibles en abstracto.

El control en vía de recurso del respeto a la presunción de inocencia exige:

i.- depurar el material probatorio para expulsar de él la prueba ilícita o no utilizable por no venir revestida su práctica de las garantías imprescindibles (contradicción, publicidad);

ii.- a continuación, valorar el material restante comprobando si en abstracto era razonablemente suficiente para que el juzgador racionalmente pudiese llegar a una convicción exenta de toda duda sobre la culpabilidad; y,

iii.- finalmente, testar si, en concreto, esa convicción está motivada de forma lógica.

En principio, sentada la suficiencia en abstracto de la prueba y el ajuste a parámetros de lógica de la forma de deducir y razonar del Tribunal de instancia, el debate sobre la credibilidad mayor o menor de unos medios de prueba frente a otros, la interrelación entre todos ellos, el contraste entre la proclamada inocencia del acusado o acusados y los elementos de prueba testificales o de otro signo que apuntan en dirección contraria, queda agotado tras la revisión en apelación de lo decidido en la instancia; no puede reproducirse en casación sin traicionar el reparto de funciones que nuestro legislador procesal ha establecido entre los Tribunales de instancia y apelación y el de casación.

Buena parte de los argumentos del recurso que pretenden reabrir ese debate habrían de rechazarse sin más en tanto no se compadecen con la naturaleza del recurso de casación según se ha explicado. Máxime, si añadimos que se ha contado con una previa apelación. La función de control en casación del respeto a la presunción de inocencia (motivo primero) no puede abordarse en las mismas condiciones que un órgano de segunda instancia. El derecho a un recurso plenamente devolutivo se ha colmado mediante la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Es la sentencia dictada en ese grado contra la que se plantea el recurso de casación. En las cuestiones más íntimamente vinculadas a la valoración probatoria el margen de juego en casación es muy reducido, mucho más que el que rige en apelación ( STS 682/2020, de 11 de diciembre).

El espacio del control casacional se ha redimensionado a raíz de la generalización de una apelación plenamente devolutiva, en especial ante la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Satisfecha la doble instancia, la función revisora de la casación se contrae al examen de la racionalidad de la decisión partiendo de la motivación de la sentencia de apelación, (licitud, regularidad y suficiencia de la prueba). Es ese proceso motivacional el que puede servir de base para un discurso impugnativo.

La casación actúa -explican algunos precedentes-, como un tercer escalón de revisión que, sin descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia, no puede subrogarse en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Corresponde realizar esta función, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de una apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional queda confinado más a lo normativo que a la conformación del hecho y fiscalización de las valoraciones que han llevado a la proclamación de tal hecho como probado. Nos corresponde verificar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia>>.

2.3.- Partiendo de las anteriores consideraciones, conviene también tener en cuenta aquí que el motivo se construye, en algún aspecto y de forma en cierto modo paradójica, frente a asertos que, en realidad, no se tuvieron por probados en el procedimiento ni en la sentencia que ahora se impugna (en particular, quién era el órgano de contratación competente, en cada caso, conforme a la regulación administrativa, en cuyo estudio nos invita a sumergirnos el recurrente). Por otro lado, no puede desconocerse tampoco que, en sustancia, estas mismas objeciones se formularon ya en el recurso previo de apelación (entonces bajo la consideración de que se trataba de errores en la valoración de la prueba), siendo razonablemente desestimadas por el Tribunal Superior, a cuyos razonamientos, en más de un caso, ni siquiera se alude en el recurso, enfrentando directamente sus consideraciones con las contenidas en la sentencia de primera instancia.

Lo cierto es que la sentencia impugnada no es otra que la dictada por el Tribunal Superior de Justicia. En ella, empieza por afirmarse que, a la fecha de los hechos, el ahora recurrente ostentaba la condición de Subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud. Explica que, en la sentencia recaída en la primera instancia, tomando en cuenta que los hechos enjuiciados se prolongaron desde el día 31 de agosto de 2015 hasta el 31 de mayo de 2018, se reputó aplicable la Ley 10/2001, de 28 de diciembre, de creación del Servicio Cántabro de Salud; así como el Decreto 47/2002, de 18 de abril, de Estructura Básica del Servicio Cántabro de Salud, determinando dichas normas las funciones que corresponden a la Subdirección de Gestión Económica e Infraestructura, funciones que, --redefinidas después por Decreto 67/2004, de 8 de julio, de aprobación de la Estructura Orgánica y de la Relación de Puestos de Trabajo de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (modificado por los Decretos 66/2010, de 30 de septiembre, 132/2011, de 21 de julio, y 3/2012, de 19 de enero)-- las sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, dejan explicitadas. Además de las competencias anteriores, por Resolución de 7 de octubre de 2015, del director gerente del Servicio Cántabro de Salud, se delegan en los subdirectores del Servicio Cántabro de Salud, y en el Subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras el ejercicio de determinadas competencias, que igualmente se concretan en una y otra resolución.

Más allá de lo anterior, lo cierto es que, con relación a los contratos concertados con de Don Carlos Jesús y Doña Elvira, considera el Tribunal Superior que, frente a lo que la parte pretendía en su recurso, la intervención en los hechos de don Luis María no se limitó a actos de trámite tendentes a la mera ordenación del procedimiento, siendo únicamente "responsable de la adjudicación el órgano de contratación".Al contrario, la sentencia impugnada afirma que el acusado tuvo una intervención relevante e imprescindible en la contratación de los referidos Don Carlos Jesús y Doña Elvira, realizando al respecto las que califica como "labores de impulso, control y supervisión de los procedimientos de contratación".Así, con respecto a los referidos a don Carlos Jesús, fue el acusado quien promovió la contratación del mismo y quien efectuó la validación técnica respecto de los contratos menores NUM001; NUM002; NUM003. En lo relativo a los concernientes a la hija de aquél, doña Elvira, --contratos menores NUM004 y NUM005--, además de realizar esas mismas funciones, aprobó también la propuesta de gasto haciendo constar la necesidad de contar con la asistencia técnica. Fue también el acusado, en la condición profesional que ostentaba, quien solicitó de doña Elvira la presentación de un presupuesto, quien propuso su contratación, así como también que se acudiera para ello al procedimiento de contrato menor.

Conforme se explica en la resolución impugnada, resulta lo anterior consecuencia de las pruebas practicadas en el acto del juicio, de naturaleza documental, pericial y testifical, todas ellas obtenidas válidamente y desarrolladas de forma regular. Seguidamente, la sentencia recurrida procede a analizar el resultado de estas pruebas (páginas 39 y siguientes) con relación a cada uno de los referidos contratos menores. A sus razonamientos, nos remitimos ahora, sin perjuicio de destacar algunos aspectos que nos parecen particularmente relevantes. Entre ellos, importa tener en cuenta que el propio Sr. Luis María reconoció haber solicitado presupuesto, tras la jubilación de su padre, únicamente a doña Elvira. A todo lo anterior, se añade: "La intervención directa y relevante del Sr. Luis María se corrobora por el Informe emitido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, obrante a los folios 1174 y ss. del tomo VI de las actuaciones, en el que se hace constar que es el Sr. Luis María el que indica la necesidad de proceder a la contratación menor de las asistencias técnicas, y recoge que en las facturas relacionadas en la Subdirección Económica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se hace constar que "se procede al abono por indicación del Subdirector de Gestión Económica del SCS dando por bueno el pedido".

La sentencia impugnada pondera también el resultado de la propia declaración de don Luis María en el acto del juicio, admitiendo que fue él mismo quien realizó las propuestas de contratación, tanto de don Carlos Jesús, a quien conocía por haber trabajado a sus órdenes, como de su hija doña Elvira. Y admitió también, --extremo que nos parece al respecto particularmente elocuente--, que, si propuso a doña Elvira, fue porque así se lo pidió don Carlos Jesús, quien pensaba jubilarse, pero seguir aportando su "capacidad profesional", tal y como declaró también la testigo doña Amelia, y la propia doña Elvira.

Se añade, por si no fuera suficiente con lo anterior, que: "aunque el recurrente niega haber hecho la valoración técnica, la documental acredita lo contrario (como consta al folio 235 de las actuaciones). Asimismo, lo corrobora la prueba testifical. A tal efecto lo declara Higinio en aquel momento Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla al decir que la propuesta la realiza el recurrente; asimismo lo corrobora el Sr. Felix que reconoce que la propuesta la hace el Sr. Luis María".

También se rechaza con fundamento en la sentencia impugnada el alegato del recurrente, que ahora reproduce, relativo a la procedencia de que los mencionados contratos hubieran de efectuarse de manera individual al constituir sendas unidades funcionales diferenciadas, pretendiendo que tenían distinto objeto y respondían a necesidades sucesivas. En efecto, en la resolución impugnada se explica que la descripción del objeto de cada uno de los cinco contratos evidencia que todos ellos se refieren a un mismo servicio: la asistencia externa en materia de contratación, e incluso cuatro de ellos (contratos menores NUM001, NUM003, NUM004 y NUM011), concretan esa asistencia externa en idénticos términos. De lo anterior se infiere, en términos que resultan plenamente razonables, que la sucesiva celebración de hasta cinco contratos para atender a una misma y permanente necesidad, únicamente obedecía al propósito de eludir las garantías en la contratación por el procedimiento ordinario, acudiendo a la de los contratos menores, para lo cual resultaba indispensable, por su importe, fraccionarlos. Todo ello permitió al acusado que los mencionados contratos fueran, además, adjudicados a una persona por él elegida, que después resultó, con pleno conocimiento de aquel, sustituida por su hija (que, conocidamente también, carecía de las aptitudes necesarias para desempeñar la función convenida), al efecto de que, jubilado don Carlos Jesús siguiera éste desempeñando la actividad a través de la, solo formal, incorporación de su hija. La propia Elvira, afirma la sentencia impugnada de forma elocuente, "reconoce que nada hizo"(además de que el gerente del Hospital de Valdecilla ni siquiera la conocía). "Para colmo,--se añade en la sentencia impugnada--, carece de la formación necesaria para realizar la asistencia técnica objeto de los contratos".

2.4.- Por lo que respecta a los cuatro contratos menores de obra concertados con sendos centros de salud, debidamente fragmentados y pese a que ya existiera el contrato de mantenimiento con Elecnor, vuelve la parte recurrente a proponer en su impugnación una valoración de la prueba distinta, y para él preferible, a la que se efectúa en la resolución impugnada. Poco tiene ello que ver, como ya se explicado, con la pretendida vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que reivindica. Pretende, como ya se descarta también en la sentencia recurrida, que la única responsabilidad que pudiera derivarse de la celebración de dichos convenios correspondería al coacusado, en tanto Director Gerente de Atención Primaria. Y sostiene también que los que él pudiera haber realizado en este contexto resultarían, en todo caso, posteriores a la perfección del acto que se tilda de prevaricador. Sin embargo, la resolución impugnada destaca que la intervención del ahora recurrente resultó decisiva, tanto para los injustificados fraccionamientos como para su innecesario y arbitrario objeto (al tener el Servicio Cántabro de Salud ya contratado un servicio de mantenimiento). Dichas afirmaciones se fundamentan en la consideración de que: "El Sr. Luis María, con carácter previo a la adjudicación, formuló las propuestas de gasto, propuso la necesidad de realizar las obras, propuso la elaboración de un contrato menor para cada una de las obras, y propuso la adjudicación a las empresas elegidas por considerar las ofertas más ventajosas". Cierto que efectuó también otros actos posteriores (firmó la recepción de las obras y las propuestas de pago). Todo ello se acredita, conforme explica la sentencia impugnada: "con la documentación obrante en las actuaciones y en concreto la tramitación de estos contratos se encuentra en los tomos II y VIII de las actuaciones y que es coherente con lo que declara probado la sentencia respecto de los contratos menores 210 , 214 , 215 y 216 de 2017 . El recurrente respecto de los cuatro contratos menores realizó las cuatro propuestas de gasto, acordó la necesidad de las cuatro obras, propuso la realización de los cuatro contratos menores y propuso la adjudicación a tres empresas vinculadas entre sí",procediéndose después a analizar de manera individualizada la documentación que soporta las anteriores afirmaciones con respecto a cada uno de los cuatro contratos menores (correspondientes a los centros de salud de Dávila, San Vicente, Dobra y Zapatón).

2.5.- Finalmente, y por lo que respecta a los contratos de adquisición de hasta veintidós aparatos ecógrafos, que dio lugar a la celebración de otros tantos contratos menores, nuevamente la sentencia impugnada sale al paso de las objeciones del recurrente, ya expresadas en su recurso de apelación, relativas a que el mismo se habría limitado a certificar la existencia del crédito, pretendiendo nuevamente que toda la responsabilidad recayese en el Sr. Felix. Señala también el recurrente que, en cualquier caso, carecía de competencia para la contratación de los mencionados aparatos. Y observa que su intervención fue nuevamente posterior al acto prevaricador, habiéndose limitado por lo que a estos convenios respecta a incorporar una estampilla a los efectos de certificar la existencia del crédito.

Una vez más, este modo de valorar la prueba practicada en el juicio no resultó compartida, en términos suficientemente razonados y razonables, por el Tribunal Superior. En la sentencia impugnada se indica que fue, precisamente, el recurrente quien dio la orden para la compra de los ecógrafos, lo que resultaría acreditado por la documentación obrante en las actuaciones. "En concreto,--explica la sentencia impugnada-- en el Tomo IV de las actuaciones consta que en fecha 22 de diciembre de 2017 realizó el recurrente los 22 pedidos".Para seguidamente añadir: "A la realización de dichos pedidos por el recurrente se dedica el Informe que emite la Intervención General del Gobierno de Cantabria, obrante a los folios 914 y ss., y ratificado en el juicio. Ante el previo informe provisional emitido por la Intervención General, el Servicio Cántabro de Salud alegó la existencia de la orden de adquisición de los 22 ecógrafos emitida por el Sr. Luis María y la competencia del Sr. Luis María para emitirlas". Lo cierto, en consecuencia, es que las veintidós órdenes de adquisición resultaron firmadas por el Sr. Luis María y aunque, como también explica la sentencia impugnada, se haya determinado en el informe definitivo emitido por la Intervención General que el acusado carecía de la competencia para emitir dichas órdenes, esa circunstancia no puede oscurecer que fueron extendidas en el desempeño y al amparo de la posición que ocupaba al frente de la Subdirección de gestión, perfeccionándose los contratos y siendo ejecutados conforme a aquéllas.

Pero es que, además, los mencionados contratos se fraccionaron también indebidamente con el propósito de eludir los más exigentes controles que se hubieran asociado a su contratación conjunta, acudiéndose una vez más al procedimiento de contratos menores que no hubiera podido emplearse de haberse realizado el pedido, como se debía, de forma conjunta. Lo explica, también cumplidamente, la sentencia ahora impugnada: "[F]raccionando ilegalmente la contratación al responder los 22 aparatos a una misma necesidad. Así lo declaró el que fue Interventor General Sr. Ignacio (folio 1072); consta en el informe de la Intervención General (folios 914 y ss.) y consta en el informe de la Consejería de Sanidad (folios 1175 y ss.). La adquisición de los 22 ecógrafos debió haberse llevado a cabo mediante un sólo contrato ordinario, porque los 22 ecógrafos son suministros que compra la misma Gerencia de Atención Primaria, con la misma finalidad y responde a la misma necesidad".

El motivo se desestima.

TERCERO.-3.1.- Invocando la existencia de una infracción de normas constitucionales ( artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), al considerar vulnerado su derecho a un juez imparcial, sostiene quien ahora recurre que una de las magistradas que integraron la Sala del Tribunal Superior de Justicia, designada, además, como ponente de la causa, debió apartarse o ser apartada del conocimiento del asunto. Explica quien ahora recurre que, aunque le resultó en su momento notificada la composición del Tribunal, "no le pareció oportuno"proceder tempestivamente a su recusación. Observa, sin embargo, que formuló recurso de reposición frente a la diligencia de ordenación de 3 de junio de 2022, por la que se acordaba la composición del Tribunal y asignaba la correspondiente ponencia. Y todo ello, explica, se realizaba al efecto de que la referida magistrada se abstuviese del conocimiento del asunto "dada su relación con el Partido Popular, partido político que ejercita la acusación popular en la propia causa".

3.2.- Brevemente: comprenderá con facilidad quien ahora recurre que si, pudiendo hacerlo, optó, consideró más oportuno, no proceder a la recusación de la magistrada, limitándose a interponer un recurso contra la diligencia de ordenación que le asignaba la ponencia (dictada por el/la Sr./a Letrado/a de la Administración de Justicia, que mal podría haberlo estimado por esa causa), no es dable que ahora, conociendo ya el resultado del procedimiento, distinto desde luego del por él apetecido, pretenda rescatar aquella facultad, ya definitivamente precluida, para hacerla valer de forma intempestiva, con el efecto adicional de que se decretase la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, con reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior. Y todo ello, además, sobre la base de un razonamiento que, como poco, resulta en extremo apodíctico (enigmático casi): "dadas las relaciones de la magistrada con el Partido Popular"(en el acto de la vista, el Sr. Letrado recurrente se refirió a que la magistrada estaba "adscrita"al Partido Popular). No será necesario entretenerse en explicar que este Tribunal desconoce si esas "relaciones"a las que el recurrente alude existen y, si así fuera, en qué podrían consistir.

El motivo se desestima.

CUARTO.-4.1.- Seguidamente e invocando de manera conjunta el cauce que ofrece el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque dividiendo después la queja en diversos "submotivos",considera la parte indebidamente aplicados, por este orden: los artículos 28 del Código Penal; 404, en relación con el 74 del mismo texto legal; 2.2 del Código Penal (retroactividad de la ley más favorable lo que habría demandado la aplicación de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 posteriormente traspuestas por la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación con respecto a los contratos menores, y a su fraccionamiento); artículo 72 también del Código Penal (por insuficiencia de la motivación en lo relativo al modo en que se procedió a la individualización de la pena); y artículo 123 del Código Penal (por lo que respecta a la imposición de las costas derivadas por consecuencia de su recurso desestimado de apelación).

4.2.- Ya se ha dejado expresado que, cuando se opta por el cauce que ofrece el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resultan de obligada observancia los hechos que como probados se declaran en la resolución que se impugna. Si el error se identifica en la calificación jurídica de los hechos, es obvio que, alterados éstos, no resultaría fiscalizable la calificación jurídica que los mismos merecieron. Si se introducen, más o menos subrepticiamente, "hechos probados" distintos para sostener el error en la calificación jurídica de otros diferentes (los tenidos por tales en la sentencia impugnada), lo que realidad se persigue es modificar aquéllos y no ésta.

4.3.- Así, como certeramente observa el Ministerio Público al tiempo de oponerse al presente recurso, partiendo, como se debe, del factum que se contiene en la sentencia impugnada, mal puede ser cuestionado con éxito el juicio de autoría. Nos remitimos a lo que ya se ha expresado con mayor detalle en los ordinales anteriores respecto a la intervención del recurrente en los diferentes hechos que, de forma justificada, se le atribuyen.

4.4.- En cuanto a la procedente aplicación del artículo 404 del Código Penal, siempre tomando como inesquivable referencia el relato de los hechos que la sentencia impugnada proclama probados, lo cierto es que, sin ninguna duda, don Luis María ostentaba, al tiempo de los hechos y en relación con los mismos, la condición de funcionario público, en los términos definidos en el artículo 24 del Código Penal. El acusado, al tiempo de cometer los hechos que aquí se le atribuyen, ostentaba el cargo de Subdirector de gestión económica e infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud y, precisamente, protagonizó los referidos hechos en el desempeño de la mencionada función.

Sentado lo anterior, recuerda, por ejemplo, nuestra sentencia número 695/2019, de 19 de mayo, que, a los efectos del delito de prevaricación cometida por autoridad o funcionario público: <

Asimismo, es factible la resolución por omisión, si es imperativo para el funcionario dictar una resolución, el no hacerlo tiene efectos equivalentes a la denegación ( SSTS 190/99 de 12 de febrero; 65/2002 de 11 de marzo; 647/2002 de 16 de abril; 1093/2006 de 18 de octubre o 225/2015 de 22 de abril).

Del mismo modo, la más reciente sentencia número 757/2025, de 24 de septiembre, determina también que: <

En el ámbito de las infracciones procedimentales, solo adquieren relevancia aquellas que afectan a trámites esenciales. Esto ocurre tanto cuando se omiten por completo como cuando, aunque formalmente parezcan cumplidos, en realidad se elude su verdadera finalidad. El procedimiento administrativo no solo cumple una función formal de control de la legalidad, permitiendo la verificación externa de las actuaciones administrativas, sino también una función sustantiva, asegurando que la decisión adoptada se ajusta al contenido material que exige la norma. De ahí que no cualquier irregularidad pueda considerarse determinante, sino únicamente aquellas que implican la supresión de los controles sustanciales previstos por el procedimiento. En esos supuestos, la irregularidad no afecta solo a la forma, sino que incide directamente en la garantía de que la actuación administrativa responde a los fines legalmente establecidos, lo que convierte tales trámites en elementos esenciales del procedimiento>>.

A partir de las consideraciones anteriores, es claro que los hechos que se declaran probados con relación al acusado don Luis María, en los que se ha profundizado en los anteriores ordinales, colman sobradamente las exigencias típicas del delito de prevaricación administrativa, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, siendo notorio, además, que su actuación, sostenida en el tiempo, obedecía al propósito, deliberado y consciente, de eludir los controles administrativos y los principios de transparencia y concurrencia, que conocía existentes para, sirviéndose de la indebida fragmentación de contratos, aliviar dichos controles, haciendo uso de un procedimiento que sabía inadecuado, al efecto de contratar, en cada caso, con quien, por diferentes razones, tuviera por más conveniente.

Por lo que respecta a la pretendida falta de continuidad delictiva ( artículo 74 del Código Penal) , nuevamente el relato, aquí inconmovible, de los hechos que se declaran probados evidencia que el acusado, en el ejercicio del cargo público que ostentaba, de manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades, resolvió promover la celebración de múltiples convenios, fraccionándolos indebidamente para refugiarse en el procedimiento más liviano que pudiera permitirle llevarlos a efecto, a cuyo fin dictó las oportunas resoluciones administrativas, todas ellas enderezadas al fin perseguido, y con plena conciencia de su carácter arbitrario.

4.5.- En lo relativo a la denunciada falta de aplicación de una normativa posterior, pretendidamente más favorable, conformada por diferentes disposiciones comunitarias, incorporadas después a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y del Consejo, lo cierto es que, tal y como ya se señalara en la resolución ahora impugnada, la misma no solo no permite con mayor flexibilidad, como el recurrente parece pretender, acudir al expediente de los conocidos como contratos menores, sino que somete a éstos a más exigentes requisitos y limitaciones, precisamente con el propósito de evitar los no infrecuentes abusos detectados al respecto, tanto por lo que se refiere a sus cuantías máximas, duración y posibles excepciones, mereciendo destacarse que respecto a éstas exige indispensablemente que aparezcan motivadas en su necesidad, a la justificación del eventual fraccionamiento y a la no adjudicación a un mismo contratista. Frente a dichas consideraciones se limita el recurrente a señalar determinados preceptos de las referidas normas, no siempre debidamente contextualizados y que, además, no termina de referir en concreto a los diferentes supuestos que aquí se enjuician.

4.6.- Por lo que respecta a la pretendida falta de motivación en la individualización de la pena, tampoco las quejas del recurrente pueden ahora progresar. Muchas veces hemos señalado ya que la función final de individualización de la pena no corresponde a este Tribunal de casación sino al sentenciador, por lo que en esta sede únicamente procederá controlar si el órgano de instancia ha realizado esta función dentro de los parámetros legales y sobre la base de una motivación razonable. Cuando al recurso de casación ha precedido, como en este caso, otro de apelación, el control casacional opera sobre la sentencia recurrida, que es la que resuelve éste y no sobre la de la primera instancia, y se proyectará sobre la legalidad de la pena y razonabilidad de la motivación suministrada por el Tribunal de apelación (en este sentido, entre muchas otras, SSTS 658/2021, de 3 de septiembre; o 954/2024, de 6 de noviembre).

En el caso, el recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de prevaricación. Siendo la pena abstracta establecida en el artículo 404 del Código Penal la de inhabilitación especial de nueve a quince años, y debiendo ser aplicada la misma en su mitad superior, como consecuencia de la naturaleza continuada del delito, ex artículo 74.1 del mismo texto legal, hubo de situarse el órgano sentenciador en el segmento, relativamente estrecho, comprendido entre los doce y los quince años de inhabilitación para empleo o cargo público, habiéndose decantado por imponerla en la concreta extensión de catorce años, en atención a la gravedad de los hechos, su relevancia económica y su extensión en el tiempo. Naturalmente, la referencia a la gravedad de los hechos enjuiciados debe ser comprendida en términos relativos, es decir, no a la que, ya por definición, corresponde al delito cometido (lo que comportaría una prohibida doble valoración peyorativa), sino a la especial significación o lesión del bien jurídico concernido en la concreta conducta del acusado, que en buena parte se identifica con las numerosas conductas descritas en el factum y con su carácter sostenido en el tiempo a lo largo de varios años. No vulnera de ese modo la decisión adoptada las exigencias contenidas en los artículos 66 y 72 del Código Penal.

4.7.- Finalmente, considera la parte ahora recurrente, también por el cauce previsto en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la sentencia recurrida aplicó indebidamente las prevenciones contenidas en el artículo 123 del Código Penal, por lo que respecta a la imposición de las costas procesales devengadas como consecuencia de su desestimado recurso de apelación.

Ciertamente, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia se limita a señalar al respecto, en el decimotercero de sus fundamentos jurídicos, que: "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con el artículo 123 del Código Penal , las costas procesales devengadas en el recurso de apelación interpuesto por los acusados deben ser impuestas a estos".

Lo cierto es que el artículo 123 del Código Penal, invocado como fundamento en la imposición de las costas causadas en la apelación, resulta aplicado en la resolución impugnada de forma incorrecta. Dicho precepto determina, en efecto, que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito. Sin embargo, dicha disposición se refiere de forma inequívoca a las costas causadas en la primera instancia y no a las generadas como consecuencia de los posibles recursos.

A mayor abundamiento, no se atiene en este aspecto la resolución impugnada a nuestra doctrina, establecida, particularmente, en la sentencia número 306/2024, de 10 de abril, cuando observa: <<[E]xisten dos sistemas que rigen la condena en costas en fase de recurso devolutivo: el objetivo y el subjetivo, y dentro del primero, en algunos sistemas, se admiten modulaciones. Por el sistema objetivo, las costas se imponen al que pierde la alzada, y por el subjetivo, se toma en consideración la consistencia argumental del recurso, y en el caso de que no sea temerario, se declaran de oficio las costas procesales, y en el supuesto contrario, se imponen al recurrente.

En el recurso de casación, rige el sistema objetivo puro. El art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone al efecto:

"Cuando la Sala estime cualquiera de los motivos de casación alegados, declarará haber lugar al recurso y casará y anulará la resolución sobre que verse, mandando devolver el depósito al que lo hubiere constituido, y declarando de oficio las costas.

Si lo desestimare, declarará no haber lugar al recurso y condenará al recurrente en costas y a la pérdida del depósito con destino a las atenciones determinadas en el artículo 890, o satisfacer la cantidad equivalente, si tuviese reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, para cuando mejore su fortuna.

Se exceptúa el Ministerio fiscal de la imposición de costas".

Este sistema que rige en el recurso de casación, de puro vencimiento objetivo, tiene el inconveniente de no poder ser modulado tal pronunciamiento cuando el tema propuesto por el recurrente pueda tener fundamento, bien porque la cuestión sea discutible, bien porque no exista jurisprudencia homogénea, sino dispar, sobre la materia objeto del recurso, que obligue incluso a tomar una decisión mediante un pleno jurisdiccional para alcanzar posición sobre la cuestión debatida. En ese caso, la ley debiera contener un resorte que evitara la pura objetividad en la condena en costas, y ofrecer un mecanismo corrector, declarando tales costas procesales de oficio...

...En el recurso de apelación no existen preceptos específicos sobre costas procesales, aparte de las reglas contenidas en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que rige el sistema de vencimiento subjetivo o de la temeridad procesal, y es habitual que los tribunales de apelación no impongan las costas procesales al recurrente, cualquiera que sea el desenlace de la alzada, particularmente en los casos de desestimación. Pero pueden hacerlo si consideran temerario el recurso...

...De cualquier manera, toda determinación sobre costas procesales de la apelación habrá de venir suficientemente motivada, pues no rige en dicha alzada el puro sistema de vencimiento en costas, como ocurre en el recurso de casación.

En el supuesto que enjuiciamos, no se ha ofrecido razonamiento alguno mediante el cual al recurrente se le imponen las costas procesales, y ello es lo que justifica la estimación de este recurso de casación.

También lo hemos expresado en STS 286/2019, de 30 de mayo, proclamando que esta Sala ha señalado que la solución en materia de costas respecto del recurso de apelación, no siendo de aplicación la norma específica del vencimiento objetivo prevista para el recurso de casación en el artículo 901 LECRIM, y a falta de pronunciamiento específico por la ley procesal, será la prevista en los artículos 239 y 240 LECRIM, esto es, el criterio de la imposición desde la regla de "temeridad o mala fe" ( SSTS 44/2004, de 21 de enero o 1068/2010, de 2 de diciembre), o lo que es lo mismo, de absoluta inconsistencia, o insostenibilidad, así declarada en la resolución judicial que resuelva el recurso de apelación.

Desde este planteamiento, el motivo tiene que ser estimado, pues como ya hemos señalado, el Tribunal Superior de Justicia "a quo" no ofreció razonamiento alguno para imponer las costas al recurrente, limitándose a expresar que "respecto de las costas procesales de esta alzada, al haberse desestimado el recurso de apelación, se imponen a la parte recurrente", actuando como si de un puro criterio de vencimiento se tratase, lo que contradice abiertamente nuestra doctrina legal, adquiriendo interés casacional, razón por la cual debe corregirse tal criterio en esta instancia casacional>>.

4.8.- En consecuencia, este último motivo de casación debe ser estimado, resultando así improcedente la imposición de las costas devengadas en la segunda instancia a los recurrentes. Pronunciamiento que, en aplicación de las prevenciones contenidas en el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprovechará también al condenado Don Felix.

QUINTO.-De conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimado parcialmente el recurso de casación, procede declarar de oficio las costas devengadas como consecuencia del mismo.