Sentencia Penal 460/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6504/2022 de 21 de mayo del 2025

1. Segundo motivo por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, al amparo del artículo 852 de la LECrim , en su vertiente de alegar y obtener la valoración de la prueba propuesta

El recurso de casación que nos corresponde examinar impugna la sentencia número 189/2022, de 21 de junio de 2022, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia de Murcia (Sección de Cartagena) que absolvió a los acusados de los delitos de estafa procesal, presentación de testigo falso, falsificación de documento y falso testimonio. La sentencia ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal y en el escrito impugnatorio se articulan tres motivos de discrepancia, para cuya contestación y por razones de orden sistemático seguiremos un orden distinto al propuesto en el recurso dando contestación en función de la amplitud de la nulidad que se predica en cada uno de los motivos.

En el segundo motivo del recurso, se reprocha que el tribunal de instancia haya declarado la nulidad del auto de intervención telefónica y también que esa nulidad se haya extendido a las demás pruebas.

Se dice en la resolución impugnada que la nulidad ha sido declarada porque para acordar la intervención telefónica se tomó en especial consideración el resultado de las grabaciones ambientales, pero en contradicción con esa afirmación, también se afirma que se tuvieron en cuenta el resultado de otras grabaciones anteriores intervenidas judicialmente y los seguimientos practicados por la fuerza solicitante, sin que se precise en qué medida las grabaciones ambientales fueron relevantes a tal fin.

Expone el Ministerio Público que la intervención telefónica no sólo tuvo en consideración conversaciones grabadas dentro de un vehículo sino muchos otros indicios derivados de las intervenciones telefónicas y también de seguimientos policiales, por lo que la declaración de nulidad es improcedente. Se añade que el auto anulado amplió la investigación a los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, etc. y contenía una motivación suficiente y extensa por lo que la exclusión de la grabación ambiental consecuencia de la falta de habilitación legal y que se reconoce como procedente, no debería implicar en modo alguno la nulidad del auto de intervención telefónica, ni del auto de ampliación de la misma, ni de las consiguientes grabaciones propuestas como prueba en el presente proceso.

Considera, en fin, el Ministerio Fiscal, que no existe conexión de antijuridicidad entre la ilegitimidad de la grabación ambiental antecedente y el auto de intervención, añadiendo que el auto que autorizó la grabación ambiental fue motivado por lo que la única consecuencia de su ilicitud debiera ser su nulidad sin extenderla a otras pruebas, citando en apoyo de su tesis la STS 297/2017, de 26 de abril, que resolvió un caso similar al que ahora nos ocupa.

En la resolución impugnada se acuerda la nulidad del auto de 07/02/2013 del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena por el que se acordó la intervención del teléfono de Gabriel porque la nulidad ya había sido declarada previamente por otros tribunales en causas diferentes y porque tuvo como soporte indiciario unas grabaciones ambientales acordadas sin cobertura legal alguna. Cierto es que el auto en cuestión fue declarado nulo en otro procedimiento, lo que no resulta vinculante para el tribunal que enjuiciaba este proceso y también es cierto que la intervención de las conversaciones que se pudieran producir dentro de un vehículo mediante la colocación de un aparato de escucha carecía de cobertura legal y fueron tomadas en consideración para acordar la intervención del teléfono del investigado en el auto de 07/02/2013 antes referenciado.

Sin embargo, la intervención telefónica tuvo apoyo también en otros indicios tanto o más relevantes que las escuchas ambientales sobre los que el auto declaratorio de la nulidad guardó silencio. Nos referimos, como ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal en su informe, a los siguientes indicios: (i) Por información de la Guardia Civil se tuvo noticia de las frecuentes visitas del Jesús Carlos y su pareja Laura al domicilio del investigado (ii) Esa información fue confirmada por la comprobación de dos visitas a ese domicilio el día 25/09/12; Esas visitas también se confirmaron por el contenido de una llamada telefónica intervenida del día 29/11/12; (iii) Conviene precisar que el Sr. Jesús Carlos tenía diversos antecedentes policiales y era investigado por distribuir droga en clubs de alternes de la zona, según consta de forma detallada en el informe policial NUM000 del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil fechado el 09/10/12 y que sirvió de soporte a las intervenciones telefónicas acordadas por anterior auto de 10/10/2012 del mismo Juzgado, obrante en esta diligencias; (iv) Una conversación telefónica ocurrida el día 6/12/12 entre Jesús Carlos y Gabriel en la que Gabriel pregunta a su interlocutor "cómo va la cosa" contestando éste que "fatal" "que está teniendo muchos problemas" y terminando la misma cuando Jesús Carlos dice que no puede hablar por teléfono y Gabriel le contesta que se pase luego y hablan; (v) Se comprobó que el investigado, que era funcionario de la Administración de Justicia y su pareja, que no consta trabajara, disponían de un importante patrimonio no acorde con sus ingresos, señalándose en el auto de intervención los siguientes bienes: un vehículo, dos motocicletas (una de ellas Harley Davidson) y dos viviendas, una de 142 metros cuadrados y otra de 260 metros cuadrados.

A la vista de las circunstancias expuestas coincidimos con el Fiscal que el auto declaratorio de nulidad, en cuanto no parece haber valorado todo este conjunto de indicios, carece de la necesaria motivación que exige el artículo 120 CE, como también consideramos que esa falta de motivación se extiende a la decisión oral adoptada al inicio del juicio de extender la nulidad de la intervención telefónica a todas las pruebas posteriores, incluidas la prueba documental y testifical que se pretendía practicar en el juicio a instancias de la acusación. Hemos comprobado la grabación del juicio y la extensión de la antijuridicidad a todas las pruebas carece de motivación alguna. Se ha adoptado considerando implícitamente que todas las pruebas traen causa de la intervención telefónica anulada pese a que, como acabamos de referir, la investigación que dio lugar al inicio de las actuaciones y a las diferentes diligencias de investigación, incluidas las intervenciones telefónicas y ambientales, era muy amplia y tenía como basamento una compleja investigación policial incluso anterior a las intervenciones.

Entendemos que la ausencia de motivación determina la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación, derecho que tiene su reconocimiento en el artículo 24. 2 de la CE. La ausencia de una motivación mínimamente suficiente justifica la pretensión de nulidad, lo que obliga a nulidad de actuaciones desde el inicio del juicio para que por un tribunal diferente se resuelva lo que proceda en derecho.

La estimación del motivo hace innecesario entrar en el análisis de los otros dos motivos del recurso.

2. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.