Sentencia Penal Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. de 22 de febrero del 1991

Primero: El Juzgado de Instrucción de Soria instruyó sumario, con el número 3 de 1987, contra el procesado Armando y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Soria que, con fecha 12 de diciembre de 1987, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados: "El procesado Armando, nacido el 17 de octubre de 1953, y ejecutoriamente condenado, con anterioridad a los hechos, en sentencia de 24 de julio de 1972, por un delito de apropiación indebida, a la pena de un mes y un día de arresto mayor; en sentencia de 23 de febrero de 1982, por dos delitos de falsedad, a las penas de seis meses y un día de presidió menor y multa de 20.000 pesetas, por cada delito, y por dos delitos de estafa, a la pena de tres meses de arresto mayor, por cada uno; en sentencia de 23 de marzo de 1981, por un delito de estafa, a la pena de dos meses de arresto mayor, y en sentencia de 15 de junio de 1984, por un delito de cheque en descubierto, a la pena de 100.000 pesetas de multa, el día 6 de mayo de 1986 el procesado Armando se presentó en la empresa de alquiler de coches, propiedad de Luis Francisco, sita en la calle Ángel Terrel número 5 de la ciudad de Soria en donde suscribió un contrato de alquiler del automóvil Seat-Fura 5 V, matrícula SO-1688-C, en cuyo contrato hizo constar que se llamaba Eugenio, con DNI número NUM000, con carnet de conducir expedido en Zaragoza el 11 de mayo de 1968, categoría B, cuyos datos de identidad no se corresponden con los del procesado y sí, en cambio, con los consignados en un permiso de conducir que obraba en su poder, y que presentó en el acto del contrato, y que previamente había amañado el procesado, incorporando a dicho permiso de conducir su legítima fotografía, y cuyo documento exhibió a la agencia de alquiler de vehículos. Para el pago del alquiler del vehículo abonó 15.000 pesetas en metálico y, asimismo, el talón número NUM004, serie BC, por importe de 6.000 pesetas, contra su cuenta corriente número NUM005, de la sucursal del Banco de Crédito Comercial, sita en la Avda. de Valencia, número 53 de Zaragoza, y, al ser presentado al cobro, no pudo hacerse efectivo, por no disponer de fondos en la cuenta corriente. Asimismo, el procesado Armando abrió en la Caja de Ahorros de Soria, Agencia Urbana número 1, la cuenta corriente número NUM006, en fecha 18 de abril de 1986, con la cantidad de 10.000 pesetas y con su verdadero nombre de Armando, obteniendo un talonario de cheques de dicha entidad, unido al folio 12 del sumario, del cual libró dos talones, número NUM007 y NUM008, por importe, respectivamente, de 56.796 pesetas y de 79.900, en fechas 23 de abril y 2 de mayo de 1986, cuyo talones se encuentran en poder la Sociedad "Kripton Internacional, S.L.", sin que conste que dicha Sociedad los haya presentado al cobro, en virtud de acuerdo verbal con el acusado".

Segundo: La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Fallamos: Que debemos de condenar y condenamos a Armando como autor responsable de un delito, ya definido, de falsedad de documento, previsto en el número 2 del artículo 309 del Código Penal, y como autor de un delito de cheque en descubierto, previsto en el artículo 563 bis del mismo Código, por lo que se refiere al talón 2.181.270, por importe de 6.000 pesetas, concurriendo en ambos delitos la circunstancia agravante de reincidencia, a las siguientes penas: Por el primer delito, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de 30.000 pesetas, y, por el segundo delito, a la pena de multa de 40.000 pesetas, y en cuanto a la pena privativa de libertad, con las accesorias de suspensión de empleo público y derecho de sufragio, activo y pasivo, durante el tiempo de la condena, y, en cuanto a las de multa con arresto sustitutorio, caso de impago, de un día por cada 5.000 pesetas que dejare de satisfacer, y a que, en concepto de indemnización civil abone a Luis Francisco de León la suma de 6.000 pesetas y al pago de dos tercios de las costas procesales. Asimismo, absolvemos al referido procesado Armando del delito de cheque en descubierto, de que venía acusado por el Ministerio Fiscal, en cuanto a los talones números 1.103.441 y 1.103.442, con declaración de oficio de un tercio de las costas procesales. Le será de abono la prisión preventiva sufrida. Se aprueba el auto de insolvencia dictado por la Instructor de la pieza de responsabilidad civil. Procédase a la devolución al procesado de los efectos incautados por la Policía y que constan en el atestado inicial, excepto los que fuesen de ilícito comercio.

Tercero: Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley por el Ministerio Fiscal, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Cuarto: El recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal lo basó en el siguiente motivo de casación: Motivo único.-Por la vía del artículo 849.1.° de Ley de Enjuiciamiento Criminal y aplicación indebida del artículo 309.2.° del Código Penal e inaplicación del artículo 303 en relación con los números 4 y 9 del artículo 302 del Código Penal. Breve extracto de su contenido: No obstante reconocerse en el fundamento de Derecho primero que el permiso de conducir, falsificado por el procesado, tiene la consideración de documento oficial, la Sala de instancia aplica el artículo 309 del Código Penal, aunque no lo dice, en relación con el 308, falsificación de documento de identidad, con la consiguiente repercusión en la pena, por lo que incide en un evidente error "iuiris"".

Quinto: Instruida la representación de la parte recurrida, consideró que la sentencia recurrida era ajustada a Derecho, mostrando su disconformidad con las alegaciones formuladas por el Ministerio Fiscal en su recurso, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto: Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación el prevenida el día 13 de febrero de 1991.