Sentencia Penal 38/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2495/2023 de 23 de enero del 2026

PRIMERO.- La sentencia objeto del presente recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya y que condenó al recurrente y otros como autores de un delito de daños y como autores de un delito desórdenes públicos. Han sido dos instancias jurisdiccionales las que han valorado la prueba y han observado el derecho fundamental a la presunción de inocencia que invoca en el primer motivo como causa de impugnación. El recurrente manifiesta su desacuerdo con la sentencia en un aspecto relacionado con la valoración probatoria y, ahora en casación, reproduce el contenido impugnativo que formalizó en el recurso de apelación del que conoció el Tribunal Superior de Justicia.

Recordamos en la STS 414/2022, de 28 de abril, que el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia -en línea con la que veníamos declarando de forma reiterada a raíz de la LO 5/1995, 22 de mayo, que instauró el procedimiento por Jurado-, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se materializa en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de la Audiencia Provincial, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (cfr. SSTS 294/2022, 24 de marzo; 483/2021, 3 de junio; 196/2019, 9 de abril; 45/2014, 7 de febrero y 154/2012, 29 de febrero, con cita de la STS 390/2009; 21 de abril 599/2020, 12 de noviembre; 490/2020, 1 de octubre; 396/2020,18 de junio y 302/2020, 12 de junio).

En términos de la STS 112/2020, de 11 de marzo, "Para la resolución de la impugnación se hace preciso recordar el ámbito del contenido esencial del derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando es invocada ante el tribunal de casación y previamente el juicio se ha vertebrado en dos instancias, la de enjuiciamiento y la de revisión. La ausencia de una previa apelación que cumplimentara el derecho a la doble instancia, antes de la reforma de la casación operada por la Ley 41/2015, llevaron a esta Sala a ampliar el estricto marco del recurso de casación tal y como había sido diseñado en la ley y tratado en la doctrina, para acometer una revisión que satisficiera las exigencias el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigían, respectivamente, que el pronunciamiento condenatorio fuera objeto de revisión ante una instancia superior. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, operada por la ley 41/2015, el legislador español ha introducido la revisión a través del recurso de apelación, lo que obliga a una reformulación de las posibilidades de revisión que a esta Sala compete. El recurso de casación no es un tribunal de instancia, pues no percibe con inmediación la actividad probatoria desarrollada por acusación y defensa sobre el objeto del proceso, y tampoco es un tribunal de apelación, ante el que pueda practicarse nueva actividad probatoria y pueda realizarse una revaloración de la practicada, con las limitaciones derivadas de la necesaria presencia del acusado y la observancia de las exigencias derivadas del principio de defensa. Tampoco se configura como una reiteración de la doble instancia.

Si al tribunal de instancia le corresponde la valoración de la prueba en los términos que se derivan de la percepción inmediata de la prueba propuesta por las partes, al tribunal de la apelación le compete un análisis completo de la actividad probatoria, cuando se trata de sentencias condenatorias, con posibilidad de anular la sentencia, cuando se trata de valoraciones irrazonables de la prueba, pudiendo dictar sentencia absolutoria, cuando en su función jurisdiccional, comprueba la insuficiencia de la actividad probatoria. Ante esta Sala, tras la doble evaluación, la capacidad de revisión queda limitada a la comprobación de la racionalidad de los criterios de motivación expuestos en la sentencia. Es una valoración de la prueba desde la exteriorización expresada la motivación de la sentencia, lo que supone la comprobación de los asertos en los que se basa la valoración de la prueba, y la racionalidad de lo expuesto por los tribunales en sus pronunciamientos.

El recurso se plantea sobre una causa enjuiciada por un tribunal, que con inmediación ha percibido la prueba practicada y que, en una segunda instancia ha sido revisado, en los términos que las partes han querido invocar, sobre el contenido del derecho fundamental alegado u otros aspectos del enjuiciamiento o de la subsunción. De esta manera el contenido esencial del derecho queda satisfecho a partir de la valoración de la prueba por el tribunal de primera instancia y del tribunal de apelación con las posibilidades de reiteración de prueba que la ley dispone. En casación, ya no es posible la práctica de prueba, no concurre la precisa inmediación en la percepción de la prueba y, por lo tanto, el ámbito de revisión sólo puede realizarse sobre lo que hemos denominado estructura racional de la prueba que permite a la Sala constatar la existencia de la prueba y la correcta valoración de la prueba en los términos de racionalidad que establece el artículo 717, respecto de la prueba personal, y la derivada del examen de la prueba documental y pericial. En definitiva, es preciso recolocar el ámbito y la capacidad de fiscalización de la revisión probatoria y se hace preciso una contención sobre la actividad que nos corresponde, pues no somos una triple instancia, sino que nuestra función es la de proceder a una valoración de la actividad probatoria desde la estructura racional de la prueba. Se establece una atribución competencial de la función valoradora de las pruebas, que corresponden al tribunal de instancia por la inmediación, al tribunal de apelación a través de una valoración profunda e ilimitada de la apreciación de la prueba, en tanto que al tribunal encargado de la casación, le corresponde comprobar la racionalidad y acomodación constitucional de la convicción que se declara en la resultancia fáctica".

Desde la perspectiva expuesta, recordamos que la sentencia objeto de la presente impugnación ha constatado la existencia de una actividad probatoria realizada en el enjuiciamiento, actividad que se apoya en las declaraciones de los funcionarios policiales y en las propias declaraciones de los acusados sobre los que ha realizado una motivación, valorando sus respectivas declaraciones y las exculpaciones de los condenados, en términos que no reflejan arbitrariedad alguna. También rechaza la concurrencia de una atenuación por insanidad mental, ante la falta de contradicción de los informes presentados que, en todo caso, darían lugar a una atenuación simple que resultaría irrelevante en la imposición de la pena. El razonamiento del Tribunal Superior de Justicia al confirmar la sentencia es lógico y razonable y aparece apoyado en las diligencias probatorias practicadas en enjuiciamiento, sin que esta Sala que carece de la precisa inmediación y de las facultades de revisión que propicia el recurso de apelación puede variar el contenido de la declaración fáctica contenida en la sentencia que nace de la valoración de la prueba personal oída en enjuiciamiento.

La argumentación del recurrente cuestionando la credibilidad del agente policial sobre el reconocimiento respecto del acusado, hoy recurrente por lo que considera contradicción es su testimonio, excede del ámbito de este recurso que no permite una valoración de la prueba sino la constatación de la correcta enervación del derecho fundamental que incoa en el recurso. Constatada la existencia y la precisa actividad probatoria y la racionalidad de la expresión de la motivación en la sentencia condenatoria dictada, el motivo se desestima.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error de derecho del número 1º del artículo 849 por la indebida aplicación del artículo 557.1 del Código Penal, argumentando que el recurrente no participó en el grupo con el resto de los acusados condenados, y que no existió acción grupal ni acción individual amparada por el grupo.

Nuevamente el recurrente lo que pretende es una valoración de la prueba. Esta Sala ha declarado con reiteración que era vía impugnativa elegida parte del respeto al hecho declarado probado discutiendo, desde ese respeto, la indebida aplicación del tipo penal objeto de la denuncia por aplicación indebida. El relato fáctico de la sentencia impugnada refiere la presencia de este acusado, junto a otros, que para oponerse a un acto de carácter electoral organizado por un partido político de ideología contraria a la que defendía el hoy recurrente. Se dirigieron al lugar donde se iba a desarrollar un mitin electoral con la finalidad de reventarlo, lo que motivó la intervención policial y los desórdenes públicos y daños en las cosas que se declaran probados. Este recurrente que sí planteó en la apelación la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia, no ha cuestionado la indebida aplicación del tipo penal pero, ciertamente en la fundamentación de la sentencia el tribunal desarrolla esa impugnación respecto de otros condenados afirmando que se produjo una actuación en uno o más grupos en los que los acusados lanzaron piedras del tamaño considerable contra los agentes de policía con la alteración de la paz pública y con riesgo no solo para los agentes sino también para las personas que pudieran estar en la trayectoria de los objetos lanzados. La tipicidad en el delito de desórdenes públicos respecto de una manifestación que no había sido autorizada y en la que se emplean medios violentos aparece correctamente definida. El otro apartado de la impugnación también se refiere al empleo de piedras como objetos contundentes que da lugar la tipicidad del delito objeto de la condena

Desde el respeto al hecho declarado probado ningún error cabe declarar por lo que el motivo se desestima, al declararse probado la realización de actos típicos del delito objeto de la condena. Respecto del recurrente el hecho probado declara que tras la dispersión de varios grupos de los concentrados para protestar por un mitin de un partido político, el acusado, que parecía dirigir un pequeño grupo, con el propósito de mantener la tensión y la intranquilidad ciudadana, instigó al grupo para gritar a los ertzainas expresiones como "txakurras" y les lanzó un objeto a la furgoneta de la Ertaintza, siendo perseguido y detenido.

Del relato fáctico resulta la actuación del recurrente en el grupo y la finalidad, en el seno del mismo para alterar l paz pública en los términos que requiere la tipicidad de los arts. 557 y 557 bis del Código Penal.