Sentencia Penal 876/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 3832/2023 de 23 de octubre del 2025

PRIMERO.- Se formula el primer motivo de recurso, al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del art. 24.1 CE, por indefensión, vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva, a la motivación.

1. Lo que reprocha el recurrente en el motivo es que la STSJ no haya dado respuesta a las controversias que suscitó en su recurso de apelación, en que se quejaba por ausencia de razonabilidad y coherencia en la motivación ofrecida para dar por acreditado el presupuesto fáctico del dolo eventual, que es sobre el que asienta la sentencia de instancia la calificación de los hechos como homicidio

El discurso que desarrolla gira en torno al análisis sobre determinadas proposiciones que le fueron presentadas al Jurado, las razones que dio para aprobarlas, más alguna que añade el Magistrado Presidente, hasta mantener que en el acta de votación del Jurado no se contiene una explicación suficiente dentro de los estándares de motivación exigible a sus miembros respecto de los motivos por los que consideraron la inexistencia del ánimo de matar, que descartan en la proposición 32, y sin embargo aprueban la proposición 32 bis, relativa al dolo eventual.

2. Tal como se va desarrollando el motivo plantea la cuestión relativa a si, en una misma pregunta que se formule al Jurado en el Objeto del Veredicto, se ha de recoger el presupuesto fáctico relativo al dolo directo y al dolo eventual, como así lo aconseja su propia estructura, habida cuenta de que ambos son variables de una misma forma de culpabilidad, con iguales efectos, y la jurisprudencia de la Sala no se ha mostrado a favor de un trato más favorable si se trata de uno u otro, de manera que, al ser esto así, si luego al hecho justiciable ha de asociar una calificación jurídica el Magistrado Presidente, se le estaría proponiendo un mismo hecho y no habría necesidad de presentar proposiciones distintas según la modalidad, porque el dolo, en todo caso, no dejaría de ser dolo, no habría diferenciación en cuanto a su gravedad, y sería irrelevante incluir en la misma proposición el presupuesto fáctico de una y otra modalidad de dolo.

En este sentido en STS 71/2003, de 20 de enero de 2003, en relación con la queja por indefensión por haber incluido en un mismo apartado hechos relativos al dolo directo y al dolo eventual, se respondía que "sin embargo, no existe tal indefensión si tenemos en cuenta que los hechos no contienen una calificación jurídica (en este caso se habría denunciado la predeterminación del fallo) sino la descripción histórica de lo sucedido sujeta posteriormente a la operación de subsunción en el tipo penal aplicado. Lo que describe el "factum", alternativamente, es que el sujeto activo del delito "disparó intencionadamente o, al menos, asumiendo la posibilidad de ocasionar su muerte ......". El Tribunal del Jurado sienta el sustrato fáctico del tipo subjetivo, y debemos recordar a este respecto que también el dolo eventual antes que eventual es dolo, fijando un margen de hecho que ulteriormente en el proceso de subsunción de la culpabilidad permitirá dosificar el conocimiento y la voluntad que caracteriza genéricamente el dolo y establecer la clase del mismo. Lo relevante es que el sustrato fáctico contiene la descripción de una conducta dolosa. Tampoco es cierto que el Jurado haya dado por probado que el acusado actuó al mismo tiempo con dolo directo y con dolo eventual, sino que la cuestión como hecho se relata alternativamente. Prueba de que no existe el menor atisbo de indefensión es que correctamente la cuestión nuclear se plantea en el segundo de los motivos por infracción de ley, donde se denuncia el error de subsunción sosteniendo la parte recurrente que el dolo eventual es incompatible con el asesinato que exige dolo directo, denunciando por ello la indebida aplicación del artículo 139 C.P."

3. Decir también que, en ocasiones, a los efectos de valorar la suficiencia de la motivación por parte del Jurado, caso de considerarse escuetas las respuestas dadas a alguna de preguntas que se le formularon, se ha atendido al contenido del acta del veredicto contemplada en su conjunto, en la medida que unas respuestas pueden complementar a otras, debido a la redacción secuencial con que se redacta el Objeto del Veredicto.

3.1. Antes de entrar en ello, conviene decir que, sin negar la gravedad de los hechos que se sometieron a enjuiciamiento, sin embargo su complejidad no era excesiva y a ello se debería haber acomodado la elaboración del Objeto del Veredicto, del que podrían haberse evitado aquéllas preguntas que no aportasen información de cara a los efectos penales que luego deberían servir al Magistrado-Presidente para realizar el juicio de subsunción que a él corresponde, y así lo decíamos en la STS 71/2021 de 28 de enero de 2021, en la que se puede leer:

"A tal efecto, conviene comenzar recordando que el Derecho Penal es un derecho de hechos, que el legislador ha seleccionado y definido en un determinado sentido para dotarlo de relevancia jurídico-penal, y es así como ha de presentarse la Jurado, si nos atenemos a lo que se puede leer en el apdo. V de la Exposición de Motivos de LOTJ, cuando dice que "el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jurídicamente relevante. Un hecho, en una concreta selección de su proteica accidentalidad, se declara probado sólo en tanto en cuanto jurídicamente constituye un delito"", siendo fundamental en esta labor de confección fáctica con relevancia jurídica, una correcta elaboración del objeto del veredicto, cuyas pautas se encuentran en el art. 52 LOTJ, y que deben ser seguidas con criterios de sencillez y máxima simplificación, en cuanto que, como regla general, será bastante con que queden reflejados los datos esenciales con que se defina el hecho nuclear del tipo ("el hecho principal de la acusación" dice el art. 52.1 a) II), que, en la medida que se ha de someter a deliberación del Jurado, deberá ser redactado de manera asequible para sus miembros.

Hay que tener presente que este art. 52.1 a) LOTJ está indicando que lo que se ha de narrar son hechos contrarios o desfavorables y hechos favorables, en coherencia con el art. 37.1, referente al auto de hechos justiciables, antecedente penal inmediato del objeto del veredicto, que está diciendo que en él se ha de excluir "toda mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación", de manera que lo que no sea desfavorable o favorable, al no ser imprescindible para la calificación, huelga su mención; de ahí que no se deba incluir en el objeto del veredicto proposiciones que sean neutras, o excluyentes, por incompatibilidad, con alguna de las que es preciso incluir; porque, además, podemos añadir que si no son hechos relevantes de cara al juicio de subsunción, ¿qué régimen de mayorías para su aprobación necesitarían?; y si bien, no observamos que cumpla con estas pautas la sentencia de instancia por cuanto que hay preguntas indiferentes a los efectos de la definición del delito por el que condena, no tendrá consecuencias, porque del contenido del acta del veredicto contemplada en su conjunto, la técnica secuencial en que está conformado se puede dar respuesta de fondo al recurso"-

3.1. Por otra parte, si sobre los hechos que ha de decidir el Jurado son los que tengan relevancia penal, huelga que se le pregunte por otros, entre ellos los relativos a la responsabilidad civil, porque ésta es cuestión ajena al Jurado y compete al Magistrado-Presidente, quien, por lo tanto, deberá determinar el presupuesto fáctico, con lo que de propia valoración probatoria conlleva, a partir del cual luego haga el pronunciamiento indemnizatorio, y así lo decíamos en STS 714/2022 de 13 de julio de 2022:

"Así resulta de la estructura y contenido del Objeto del Veredicto, según dispone el art. 52 LOTJ, conforme al cual, comenzando por la redacción del hecho principal, se irán exponiendo los hechos relativos a una causa de exención de la responsabilidad, y los que determinen el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad, esto es, cuestiones relacionadas con el objeto penal del proceso, pero omitiendo la inclusión de las que guarden relación con el objeto civil, y puesto que respecto a ésta habrá de haber respuesta en sentencia, queda en manos del Magistrado-Presidente cuanto concierne a su determinación, de ahí que, si, para fijar el presupuesto fáctico, se ha de hacer alguna valoración probatoria, le corresponda hacerla a él".

4.1. Avanzábamos que, a efectos de valorar la suficiencia de la motivación por parte del Jurado, caso de escasez en determinadas respuestas dadas a concretas preguntas que se le formulen, en esa relación secuencial con que se presenten, siempre cabrá que unas complementen a otras, y con ello la posibilidad de atender al contenido del acta del veredicto contemplada en su conjunto.

Decimos esto, porque, a diferencia del planteamiento del recurrente, que fija su atención para cuestionar la motivación del Jurado al descartar el presupuesto fáctico sobre el que definir el dolo directo y la aprobación del que sirvió de base al dolo eventual, si se hace un repaso por distintas preguntas que se le formularon y las respuestas que da, ningún reproche se puede poner a su motivación.

4.2. Una consideración previa antes, para decir que, a los hechos probados de la sentencia, no se traslada con exactitud los que declara probados el Jurado, sino que alguno de ellos es el resultado de una composición que hace el Magistrado Presidente a la luz de lo que da por probado el Jurado, con introducción de algún dato de propia cosecha, o no recogiendo con exactitud el hecho tal como fue aprobado por el Jurado, lo que no debió hacer, pues, además de que tal alteración puede suponer alguna variación fáctica con trascendencia en la calificación jurídica, no cumple con las previsiones de la propia LOTJ, que establece cuál es la función de los jurados, como jueces de los hechos, y del Magistrado Presidente, como juez del derecho; en este sentido, por razón de la función que a cada cual corresponde, en el apdo. VI de la Exposición de Motivos, se dice que "la vinculación del Magistrado por el veredicto se refleja en la recepción que de ésta ha de hacerse en la sentencia...", o en el art. 4 se establece que ha de dictar sentencia "en la que recogerá el veredicto del Jurado", o en el 70.1, que dictará sentencia "incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspondiente del veredicto", entiéndase "delito", como "hecho delictivo", porque es de hechos de lo que corresponde pronunciarse al Jurado, y habrá que concluir que el veredicto del Jurado ha de pasar a integrar el contenido fáctico de la sentencia, tal como esos hechos quedaron aprobados.

No quiere decirse con ello que la reconstrucción que de los misma haga el Magistrado en la sentencia impida añadir datos, siempre que sean accidentales admitidos por las partes y no relevantes de cara al juicio de subsunción, pero lo que no resulta admisible es introducir elementos que puedan ser sustanciales no presentados a las partes, de ahí la conveniencia de no incluir ninguno, ante el riesgo de su afectación al juicio de subsunción; por ello, no debe extrañar el reproche que se hace en el motivo sobre la introducción de ciertos pasajes en los hechos probados, que no aparecen en las preguntas que aprueba el Jurado, por más que en el caso resulten irrelevantes de cara al juicio de subsunción; ahora bien, para ser lo más fiel posible con el control sobre el presupuesto fáctico soporte del juicio de subsunción, lo haremos desde las preguntas tal como fueron aprobabas por el Jurado.

4.3. Volviendo al cuestionamiento que hace el recurrente sobre la motivación para descartar la pregunta sobre la que se definiría el dolo directo y la aprobación del que sirvió de base al dolo eventual, avanzábamos que, si se realiza un repaso por distintas preguntas que se formulan al Jurado y las respuestas que da, ningún reproche se puede poner a su motivación.

Nos dice que la pregunta base del dolo directo estaba en la 32, redactada en los siguientes términos: "El acusado Mario realizó el acometimiento sobre Rafaela con intención de acabar con su vida", proposición que no fue aprobada por el Jurado, con lo que se pasó a la siguiente, la 32 bis, formulada de la siguiente manera: "El acusado Mario realizó el acometimiento sobre Rafaela representándose como muy probable su fallecimiento a través de la acción perpetrada", y fue aprobada con el siguiente razonamiento: "según declaración en sala de Luis Pablo se constatan los actos de Mario al golpear a Rafaela con fuerza, lo que evidencian la representación de un probable fallecimiento. Igualmente según los testimonios de Filomena, Sonsoles y Luis Pablo, el acusado abandona el lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima, ni interesarse por su estado".

Con independencia de las contradicciones que el recurrente encuentra con el complemento valorativo de la prueba realizado por parte del Magistrado Presidente, la anterior respuesta, puesta en relación con otras respuestas dadas a otras preguntas, no dejan duda de que el Jurado aporta la suficiente base fáctica para definir el dolo eventual.

Es cierto que la respuesta a esa pregunta 32 bis se desdobla en dos apartados, el segundo de los cuales relativo a la circunstancia de que el acusado abandonara el lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima e interesarse por su estado, pero ésta nada aporta al hecho de la agresión que padeció, que fue la causante de unas lesiones, reveladoras de una acción homicida, origen de la muerte, en una relación de causalidad natural. [De momento nos quedamos aquí, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá sobre el grado de ejecución].

Lo determinante para definir el dolo eventual se encuentra en la primera parte del razonamiento, en que los jurados dan por probado el acometimiento de Mario por un testimonio muy concreto, como es el de Luis Pablo, que ve que golpea a Rafaela con fuerza, lo que hace razonable que se representen como muy probable su fallecimiento, porque antes habían aprobado otras preguntas. Así:

La 16: "Como quiera que Rafaela y Sonsoles persistían en golpear la puerta del zaguán y en dar gritos, el acusado Mario y su pareja María Cristina salieron del zaguán y se enzarzaron a golpes con Rafaela y Sonsoles en la vía pública", hecho que da por probado el Jurado por unanimidad, y así lo explica el Magistrado Presidente en la sentencia, que añade que no fue cuestionado por el propio acusado, así como otros detalles más de ese enfrentamiento, entre ellos, que admitió que pudo pisarla.

La 18: " Rafaela cayó al suelo al ser derribada por el acusado Mario".

La 20 bis: "Estando Rafaela en el suelo, el acusado Mario le pisó con fuerza la cabeza", que también dan por probado por el testimonio de Luis Pablo, a lo que añade el Magistrado Presidente, que Luis Pablo vio que el acusado salió en primer lugar del zaguán, tiró al suelo a una de las chicas y tras agarrarse a un árbol le dio un pisotón en la cabeza en uno de los laterales.

La 21: "A consecuencia de las patadas en la cabeza y del posterior pisotón, o solo a consecuencia del pisotón llevado a cabo por el acusado Mario, Rafaela sufrió un traumatismo craneoencefálico", lo que dan por probado "según declaración de los forenses en la sala y en documentación técnica preliminar, informe del forense (pág. 50-51), las heridas, traumatismo craneoencefálico, son compatibles con un pisotón en la cabeza".

La 29: "El traumatismo craneoencefálico sufrido por Rafaela a consecuencia de la acción desarrollada por el acusado, Mario, dio lugar a un hematoma epidural y subdural, que ocasionó un efecto depresor sobre centro neurológico de control de funciones vitales del organismo", pregunta que dan por aprobada según la declaración de los técnicos forenses.

Como es evidente, la secuencia de preguntas que se van formulado, y las respuestas que se van dando, no dejan lugar a dudas de la agresión del condenado a su víctima y las consecuencias lesivas de las mismas, que, por su gravedad y los centros vitales que se ven afectados, es razonable que, ante semejante bestial acometimiento, el Jurado respondiese a la pregunta 32 bis, que los actos de Mario al golpear con fuerza a Rafaela evidencian la representación de un probable fallecimiento, y con ello aprobado el presupuesto fáctico del dolo eventual, suficiente para hablar de una acción homicida, y que, ante tan brutal agresión, lleva implícito que, por exclusión, quede descartada una acción imprudente.

En consecuencia, esa relación secuencial con que se van formulando sucesivas preguntas y se van obteniendo respuestas que se complementan entre sí, nos dan como resultado un acta del veredicto que, contemplada en su conjunto, pone de relieve la coherencia del juicio de racionalidad del Jurado en la motivación del soporte fáctico sobre el que se asienta el dolo eventual que define la acción homicida del condenado, y, en consecuencia, no apreciamos la ausencia de razonabilidad en la motivación ofrecida para dar por acreditado el dolo eventual, como se queja el recurrente en el motivo.

Procede, pues, su desestimación.

SEGUNDO.- Se formula un segundo motivo por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim. , por infracción del art. 138.1 CP.

1. La hipótesis que se mantiene en el motivo es que, sin salirse de los hechos declarados probados y su más absoluto respeto, no cabe descartar su subsunción en otro tipo penal distinto al de homicidio consumado del art. 138.1 CP, por el que viene condenado, como sería un delito de lesiones, o en una modalidad de comisión menos gravosa, como sería un homicidio en grado de tentativa, y hace girar su discurso, en defensa de su posición, en torno al nexo de causalidad- imputación objetiva y autorresponsabilidad de la víctima.

Se alega en el motivo que esos hechos describen un actuar precedente de puesta en peligro por parte de la víctima que incrementa el riesgo, con la subsiguiente interrupción del nexo causal entre la agresión y el resultado de muerte, y se mantiene que no cabe imputar al condenado un delito de homicidio consumado conforme a los hechos probados, porque, si bien es causante de la agresión, no debe responder por la muerte de la víctima, ante la quiebra del nexo causal entre aquélla y ésta.

Considera el recurrente que solo desde la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado se puede atribuir este resultado a aquélla acción, y no le falta razón, porque solo desde la conocida, pero superada, teoría de la equivalencia de las condiciones se puede mantener que quien realiza una agresión sobre otro es responsable de sus resultados lesivos, pues en ella se parte, sin más, de que, de no haber haberse producido la primera, no hubieran tenido lugar los segundos, aunque en el curso entre la una y los otros hubieran concurrido otras condiciones, y esto, según la doctrina actual, es insuficiente, pues, como se apunta en el motivo, comprobada la causalidad natural, la imputación objetiva del resultado requiere verificar, además, si ese resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro jurídicamente desaprobado creado por la acción, y lo explica, con un argumento que convence, de la siguiente manera:

"La afirmación, pues, de que una acción ha causado un resultado, no es más que un presupuesto, a partir del cual hay que precisar si esa causación del resultado es objetivamente imputable a la acción causal del sujeto, ya que, a juicio de esta representación y según relación de hechos probados, la realización del resultado podría ser concreción de la peligrosa conducta de la víctima en el incremento del riesgo, lo cual permite afirmar que LA IMPUTACIÓN OBJETIVA del resultado NO COINCIDE (o por lo menos necesariamente) CON LA CAUSALIDAD NATURAL de la acción del Sr. Mario, siéndole imposible la atribución de un delito de homicidio ( art. 138.1 CP) en su modalidad consumada".

En STS 109/2025, de 12 de febrero, recordando la STS 1028/2004, de 21 de septiembre decíamos que "tiene declarado también esta Sala, como es exponente la Sentencia 1611/2000, de 19 de octubre, que la teoría de la imputación objetiva es la que se sigue en la jurisprudencia para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado, y vino a reemplazar una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales introduciendo consideraciones jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. En este marco, la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado".

Y en STS 135/2018, de 21 de marzo se puede leer: "Tiene declarado esta Sala -cfr. SSTS 3/2016, 19 de enero; 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre -, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril: a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado.

El segundo requisito al que antes hacíamos referencia exige que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado. Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la "autopuesta en peligro" o "principio de la propia responsabilidad". Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva".

2. De las consideraciones anteriores y admitiendo que existe una causalidad natural entre la agresión y el resultado de muerte, lo que nos corresponde es determinar si, analizada la sentencia de instancia, no solo en los hechos, sino en pasajes fácticos que se deslicen en los fundamentos jurídicos y sean favorables al condenado, se puede constar como hipótesis, también favorable al condenado, que pudo haber una interferencia relevante en ella que impida imputarle ese resultado de muerte a su acción.

Se ha puesto énfasis en el motivo en lo que considera imprudente actuación de la víctima, cuando se negó voluntariamente a ser trasladada a un centro hospitalario en la ambulancia que se presentó en el lugar de los hechos inmediatamente después de ser agredida por el condenado, donde, con un tratamiento adecuado, se podría haber neutralizado los riesgos de ese fatal desenlace.

Se da por probado que, a consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y que, debido a la evolución del hematoma epidural y subdural que presentó a consecuencia de ese traumatismo craneoencefálico provocado por la agresión, tuvo lugar su fallecimiento tres días después.

En la fundamentación de la sentencia, en relación con este particular, se dice por el Magistrado Presidente que "pese a que los forenses plantean la posibilidad de que el inmediato traslado de la víctima a centro hospitalario para valoración pudiera quizá haber evitado el fallecimiento de Rafaela, el Tribunal del jurado ha venido a descartar la duda de interrupción de causalidad...".

Además, este Tribunal, por medio de su Magistrado Ponente, ha podido escuchar el testimonio prestado por los médicos forenses en juicio, quienes, a preguntas del M.F., aunque, en principio, ponen en relación la agresión con el resultado de muerte, esto hay que entenderlo desde un punto de vista de una causalidad natural, porque, efectivamente, si no hubiera mediado agresión no hubiera habido resultado de muerte, respondiendo, así, al principio de que quien es causa de la causa es causante del mal causado; sin embargo, entre las explicaciones que van dando, por referencia al hecho de que la propia víctima se negase a ser trasladada al hospital, introducen un elemento que no cabe ignorar que interfiriera en el nexo causal, cuando explican que, si el tratamiento hubiera sido antes, podría haber evitado que llegara a fallecer, aunque no lo puedan asegurar al cien por cien, lo que genera una duda que ha de ser interpretada a favor de reo, porque dejan abierta una puerta para romper la relación causal directa e inmediata que asegure, con la certeza que requiere un pronunciamiento penal de condena, que el resultado de la muerte se debió a la agresión del acusado, de modo que, si no se puede mantener de una manera concluyente, como precisa todo aquello que perjudique al reo, la relación causal directa entre la acción y el resultado, éste no se podrá imputar a aquélla.

Los anteriores datos ponen sobre la mesa una serie de circunstancias que, al menos, enturbian la relación de causalidad entre la agresión y el fallecimiento, en la medida que la muerte no es inmediata, que se relaciona con la evolución de los hematomas producidos por esa agresión, con el retardo en una atención médica que no quiso recibir la propia víctima, y que no se descarta que, de haberla recibido, pudiera haber evitado el fallecimiento, hipótesis ésta que resulta de la prueba pericial médica, que, en cuanto favorece al reo, no cabe ignorar que pudo haber interferido en el natural curso causal entre agresión y resultado, y en modo alguno debería haber descartado el Magistrado Presidente, por más que considerase que el Jurado vino a rechazar que interrumpiese la relación de causalidad, porque, el que así lo hiciera éste, es hasta razonable para un profano, desde un planteamiento de una causalidad natural próximo a la teoría de la equivalencia de condiciones; sin embargo, tal planteamiento no es suficiente a efectos de imputación objetiva penal, sino que la determinación de ésta precisa de consideraciones técnico jurídicas que no posee el Jurado, y debió exponer el Magistrado las razones por las que no consideró que se quebraba ese nexo causal natural, habiendo, como había, una circunstancia interferente, como fue haberse negado la víctima a ser atendida médicamente inmediatamente a que ocurrieran los hechos, que dio lugar a un retraso diagnóstico, solo atribuible a ella, con no descartables consecuencias de relevancia en orden a ese resultado de muerte.

No debió limitarse, pues, el Magistrado Presidente a asumir el criterio del Jurado descartando la duda sobre la interrupción de la relación de causalidad, por cuanto fue producto de una valoración hecha por quienes, como legos, no correspondía, sino que, al ser una cuestión de técnica jurídica la relativa a la causalidad, con repercusión en el principio de culpabilidad, esto lo debió abordar el propio Magistrado Presidente. Valga en este sentido, lo que decía esta Sala en STS 712/2016, de 21 de septiembre de 2016, citada por el recurrente, en la que se aborda un caso que guarda un evidente paralelismo con el que aquí nos ocupa y en la que sobre este particular se puede leer lo siguiente:

"La necesidad de que los cursos causales anómalos obtengan una respuesta adecuada al principio de culpabilidad es incuestionable. Las soluciones para lograrlo, sin embargo, no siempre son coincidentes en el plano dogmático, sin que falte en esta materia una profunda evolución jurisprudencial. Tiene declarado esta Sala -cfr. SSTS 3/2016, 19 de enero; 37/2006, 25 de enero, 1611/2000, 19 de octubre, 1671/2002, 16 de octubre y 1494/2003, 10 de noviembre, que en la determinación de la relación de causalidad es la teoría de la imputación objetiva a través de la cual debe explicarse la relación que ha de existir entre la acción y el resultado típico. Esta construcción parte de la constatación de una causalidad natural entre la acción y el resultado, constatación que se realiza a partir de la teoría de la relevancia, comprobando la existencia de una relación natural entre la acción y el resultado. Esta constatación es el límite mínimo, pero insuficiente para la determinación de la atribución del resultado a la acción, por lo que conforme a estos postulados, comprobada la misma causalidad material, la imputación del resultado requiere, además, verificar -como decimos en la STS 470/2005, 14 de abril : a) si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; b) si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho penal.

Supuestos como el que ahora es objeto de análisis encierran una especial complejidad, en la medida en que una acción inequívoca y tendencialmente homicida, que causa lesiones que generan un grave riesgo para la vida, incrementa su ya de por sí potencial lesividad como consecuencia de una actuación imprudente por parte de la víctima. Eso es lo que aconteció en el presente caso".

Y sigue más adelante, para ratificar el acierto de la sentencia recurrida, que condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, con cita de la STS 301/2011, de 31 de marzo, en que se estimó un supuesto de gran similitud y se dijo: "... el análisis del nexo de imputación objetiva entre el riesgo ilícitamente generado por el acusado y el resultado de muerte impide en este caso concreto atribuirle al acusado el fallecimiento del agredido. El tipo del homicidio consumado ha de ser restringido aquí operando con el criterio normativo de la conducta de la víctima, ya que el comportamiento omisivo de esta fue determinante para que no se neutralizara el riesgo en un centro hospitalario, actuando así indebidamente cuando estaba ya dentro de su ámbito competencial la posibilidad de evitar la muerte. (...) El principio de autorresponsabilidad de la víctima impide que la norma penal del art. 138 tutele el bien jurídico hasta el punto de aplicarse la modalidad del homicidio consumado. (...) En consecuencia, el análisis del nexo de imputación objetiva entre el riesgo ilícitamente generado por el acusado y el resultado de muerte impide en este caso concreto atribuirle al acusado el fallecimiento del agredido. A este respecto, resulta indiferente que el comportamiento de la víctima en orden a la neutralización del riesgo sea doloso o sea imprudente. Y ello porque en el caso de incurrir, a pesar de lo que le dicen los médicos que comparecen en el domicilio, en la temeridad de confiar en que no le va a ocurrir nada grave, ese grave error y el temerario comportamiento que conllevó no puede atribuírsele al acusado imputándole un resultado de muerte cuya neutralización había pasado al ámbito competencial de la víctima. Pues, dadas las circunstancias, ha de operar el principio normativo de la autorresponsabilidad en el fatal resultado, principio que restringe la aplicación del tipo penal consumado del homicidio hasta el punto de transformarlo en tentativa ".

TERCERO.- Las consideraciones realizadas en el fundamento anterior, visto como se describen los hechos probados, en particular ese paréntesis de tiempo que hay entre la agresión y el fallecimiento, el retraso diagnóstico debido a la actuación de la propia víctima, no descartan una interferencia con la suficiente relevancia como para romper el nexo de causalidad entre una y otro, razón por la que el resultado de muerte no cabe imputarlo al condenado.

El que así sea, no conlleva ignorar la brutal agresión y los centros vitales que se vieron afectados por la acción del condenado, tanto que, como venimos diciendo, hay que catalogarla como una acción homicida, por lo que, aunque no se le llegue a imputar el resultado de muerte, sus características no pierden valor como para considerarla idónea y adecuada para causarla, por ello que, sin dejar de hablar de homicidio, el consumado que viene dado de la instancia, lo degrademos a intentado, a nivel de tentativa acabada, con la consiguiente rebaja penológica, que lo será en un grado, a imponer en su mínima extensión, siguiendo el criterio de la instancia, que tuvo en cuenta, para ello, la apreciación de una atenuante analógica de alteración psíquica, con lo que la pena de prisión la fijamos en cinco años, con su accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena,

Asimismo, reducimos a 10 años la pena accesoria de prohibición de aproximación al hijo de la víctima a distancia inferior a 500 metros, que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 57.1 CP se impuso en la instancia.

No se hará modificación alguna en relación con los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil, al no haber mediado petición sobre este particular en el recurso

CUARTO.- Habida cuenta de la estimación del recurso, procede declarar de oficio las costas devengadas con motivo del mismo.