Sentencia Penal 152/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5201/2023 de 23 de febrero del 2026

1.-Por el Ministerio Fiscal se interpone recurso de casación contra la sentencia 444/2023, 21 de junio, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó el recurso de apelación promovido por la defensa de Aurelio contra la sentencia 51/2023, 13 de enero, que le había condenado como autor de un delito de conducción de vehículo de motor careciendo de puntos del permiso de conducir del art. 384.1 y 2 del CP y de un delito de uso como propio de un permiso de conducir ajeno de los arts. 499 bis y 393 del CP.

Se formaliza un único motivo al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación del art. 400 del CP en relación con el art. 393 del mismo texto legal.

Razona el Fiscal que la sentencia recurrida, aunque modifica el relato de hechos realizado en la primera instancia para negar el conocimiento que pudiera tener el acusado de la retirada de los puntos de su permiso de conducir -fundamento de la absolución por el delito de conducción sin permiso- mantiene el resto de los hechos declarados probados y, en concreto, los relativos a que «...cuando los agentes le dieron el 'alto' y le dijeron que mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano Laureano...", pese a lo cual, acuerda la absolución también por el delito del art. 400 bis en relación con el 393 del CP, considerando que no concurre el elemento finalístico indispensable de haberse realizado la acción «para perjudicar a otro»que exige el citado art. 393 CP.

2.-Limitado el ámbito de impugnación a la absolución por un delito de utilización de un documento de identidad verdadero -permiso de conducir del hermano del acusado- por quien no está facultado para ello, la Sala no puede identificarse con el razonamiento que ha llevado a la Audiencia Provincial a la absolución de Aurelio.

Por un parte, la absolución se sostiene en la ausencia de un perjuicio para tercero que exige el tipo objetivo del art. 393 del CP, en el que se castiga al que «...a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes».

Concluida la falta de tipicidad de los hechos imputados, la Audiencia reconoce que el pronunciamiento absolutorio es consecuencia de un error en la tipicidad no subsanable sin grave quiebra del principio acusatorio, en la medida en que el Fiscal centró su acusación en el art. 393 y no en el art. 392.2 del CP: «...No obstante, queremos dejar constancia que los hechos declarados probados tendrían cabida en el mentado artículo 400 bis del Código Penal , pero en relación con el artículo 392.2 del mismo texto legal , reservado este para los documentos de identidad falsos y que carece de la exigencia del perjuicio del tercero. Sin embargo, el hecho de que no se haya formulado acusación por tal ilícito y que la pena aparejada al mismo sea superior al del delito por el que había sido acusado el ahora recurrente, determina la imposibilidad, en virtud del principio acusatorio, de acomodar en este trámite procesal la conducta enjuiciada a dicha modalidad delictiva».

3.-Así definidos los términos del debate, conviene hacer algunas precisiones.

3.1.-La referencia que la sentencia de apelación hace a la correcta calificación de los hechos, que habría exigido enlazar el art. 400 bis del CP no con el art. 393 -como hizo el Juez de lo Penal-, sino con el art. 392.2 no es, desde luego, asumible. La diferencia entre el objeto material de uno y otro precepto impide, en el caso que centra nuestro interés, esa asimilación. En el art. 400 bis del CP, por definición, se castiga no la falsedad de un documento, sino la utilización de un documento verdadero, sin alteraciones, por una persona que no tiene legitimidad para ello.

Para intentar solucionar lo que esta Sala ha denominado un «rompecabezas legal»,sólo explicable por una reforma penal poco motivada, la doctrina ha descrito la relación entre el art. 400 bis y los preceptos que sancionan la alteración falsaria, como una delimitación típica expansiva, una equiparación funcional, a efectos de tipicidad, entre la genuina falsedad y el uso inconsentido de un documento auténtico. De lo que se trataría es de dar respuesta penal a la extendida fenomenología delictiva de los fraudes identitarios, creando así un tipo residual y complementario con el objetivo de cerrar espacios de injusto que eviten la impunidad.

Pese a ello, ha de quedar claro que el art. 400 bis no opera una mutación ontológica que convierte el documento verdadero en falso. De ahí que este precepto no puede interpretarse como un delito autónomo, susceptible de una exégesis desconectada de la referencia que ofrecen los arts. 392, 393, 394, 396 y 399 del CP. Por consiguiente, si el art. 393, en el que se castiga el uso de un documento falso, exige como elemento subjetivo la intención de perjudicar a otro, esta exigencia que enriquece el injusto no se volatiliza cuando se trata de castigar el uso de un documento de identidad verdadero por quien no está legitimado para ello. El art. 400 bis no rebaja los elementos del tipo penal de referencia, en nuestro caso, el art. 393 del CP.

Es también una línea jurisprudencialmente asentada la que atribuye al permiso de conducir una finalidad identificatoria (cfr. SSTS 530/2009, 13 de mayo o 60/2012, 8 de febrero). En el presente caso, sin embargo, el objeto del delito por el que Aurelio fue condenado en la instancia no era un permiso de conducir falso, sino el que correspondía a su hermano que, como venimos insistiendo, reunía todas las características que son propias de un documento legítimo y verdadero. De ahí que los hechos no tengan encaje en el art. 392.2 del CP, en el que la acción típica consiste en «...traficar de cualquier modo con un documento de identidad falso».Y por más flexibilidad que quiera atribuirse al verbo «traficar»,lo cierto es que nunca podrá ser asimilada la exhibición meramente ocasional y esporádica que hizo el acusado ante los agentes que le pidieron la documentación, con el verbo nuclear que emplea el art. 392.2 del CP. Traficar supone, según el diccionario de la RAE, comerciar o negociar. Y son sinónimos de este vocablo vender, comprar, mercar, exportar o importar.

3.2.-Partiendo de la exigencia del propósito de perjudicar a otro como elemento tendencial proclamado en el art. 393 del CP -no escrito en el art. 400 bis, pero indispensable para el juicio de tipicidad-, el recurso del Ministerio Fiscal subraya en su argumentario, con cita de algunos precedentes de esta Sala, que en atención a la naturaleza y características del permiso de conducir, es innegable que los intereses del Estado se ven afectados por la falsificación de los documentos que acreditan que alguno de los Estados de la UE o comprometidos internacionalmente a través del Derecho de los Tratados, ha realizado las actuaciones mínimas de comprobación de la aptitud de un sujeto determinado para la conducción de vehículos de motor. Dicho de otra forma, siendo la conducción de vehículos de motor una actividad de riesgo en cuya regulación intervienen constantemente las autoridades estatales, no puede ser irrelevante para los intereses del Estado la comprobación de las condiciones y capacidades de cualquier sujeto con carácter previo a la emisión de una autorización para la conducción de vehículos a motor.

Son muchos los precedentes de esta Sala que apoyan este criterio (cfr. SSTS 990/2021, 16 de diciembre; 1338/2009, 21 de diciembre o 222/2009, 5 de febrero). Pero todos ellos se refieren a la delimitación del espacio jurisdiccional definido por el art. 23.3.f) de la LOPJ cuando de lo que se trata es de definir la capacidad de los Tribunales españoles para investigar y enjuiciar la falsificación de un documento de identidad o un permiso de conducir

Como ya apuntábamos en la sentencia de Pleno 396/2021, 6 de mayo, «...si se asumiese ese discurso expansivo llegaríamos a castigar todo uso de documento oficial, publico o mercantil falso, en contradicción con la dicción del art. 393, en tanto que siempre podríamos identificar un interés social, colectivo o estatal en que no se utilicen documentos falsos. Cuando se exige perjuicio de otro se está requiriendo algo más concreto; que tampoco puede venir conformado por el interés de todo el colectivo de personas con movilidad reducida en que se respeten fiel y escrupulosamente esas normas».

Esa doctrina es plenamente coherente con el supuesto de hecho que entonces era objeto de análisis. Se trataba de la relevancia penal de las tarjetas de estacionamiento preferente para personas con discapacidad. Afirmar que el derecho de aparcamiento prioritario del colectivo de personas con discapacidad era objeto de un perjuicio tendencialmente perseguido por quien usaba la tarjeta verdadera de un familiar suponía, desde luego, una interpretación extensiva del tipo. Del mismo modo, identificar el perjuicio a un tercero con el dañado interés estatal en que no se utilicen documentos falsos implicaría también una quiebra del principio de taxatividad. Una cosa es que el crédito e interés del Estado en perseguir las falsedades documentales permita proclamar la jurisdicción española y cosa bien distinta es que, una vez afirmada ésta, el crédito o interés Estatal desplacen y se superpongan los elementos objetivos y subjetivos del tipo que cada tipo falsario exige para la subsunción.

El tratamiento penal de la utilización de una pegatina auténtica con la finalidad de eludir la inspección de un vehículo de motor por la ITV, con la consiguiente relación entre los arts. 400 bis y 399 del CP, fue objeto de consideración en la STS 343/2020, 25 de junio.

3.3.-Por consiguiente, si excluimos que la finalidad de perjudicar a otro a la que se refiere el art. 393 del CP, pueda entenderse colmada por el interés del Estado en que no se utilicen documentos falsos, sólo queda por decidir si el relato de hechos probados, como entendió el Juzgado de lo Penal, puede ser subsumido en el art. 400 bis del CP.

En él puede leerse lo siguiente:

«...Sobre las 16:00 horas del día 9 de febrero de 2022, el acusado Aurelio, con NIE núm. NUM000 mayor de edad y sin antecedentes penales computables, conducía el turismo matrícula de Luxemburgo, matrícula NUM001 por la calle Llull de esta ciudad, a pesar de ser conocedor de que su permiso de conducir había perdido su vigencia en virtud de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2018 del Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona, dictada en el expediente NUM002, y notificada por vía postal, en fecha 12 de enero de 2018, no habiendo obtenido el acusado un nuevo permiso,

El acusado era conocedor de la citada resolución y, cuando, los agentes que le dieron el "alto", le dijeron que les mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano, Laureano, el cual quedó intervenido en la presente causa, lo que reconoció posteriormente, ante los agentes, tras encontrarse, en el registro del vehículo, un documento NIE, a su nombre, con número NUM000.».

Es palmario que la utilización de un permiso de conducir a nombre de otra persona supone la aceptación del riesgo que representa involucrar a un tercero -en este caso, el hermano del acusado- en las consecuencias jurídicas que se derivan de unas diligencias penales que se ponen en marcha a partir de esa identificación. De hecho, en este caso ni siquiera se trató de un peligro potencial, sino que, según describe el hecho probado, ese permiso de conducir «...quedó intervenido en la presente causa».

En definitiva, la Sala entiende que se cumplieron los elementos del tipo objetivo y subjetivo que define el art. 393 del CP, en su conexión con el tipo marginal que añade el art. 400 bis del CP.

De ahí que proceda la estimación del recurso con las consecuencias que se fijan en nuestra segunda sentencia.

4.-Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

1.-Por el Ministerio Fiscal se interpone recurso de casación contra la sentencia 444/2023, 21 de junio, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó el recurso de apelación promovido por la defensa de Aurelio contra la sentencia 51/2023, 13 de enero, que le había condenado como autor de un delito de conducción de vehículo de motor careciendo de puntos del permiso de conducir del art. 384.1 y 2 del CP y de un delito de uso como propio de un permiso de conducir ajeno de los arts. 499 bis y 393 del CP.

Se formaliza un único motivo al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación del art. 400 del CP en relación con el art. 393 del mismo texto legal.

Razona el Fiscal que la sentencia recurrida, aunque modifica el relato de hechos realizado en la primera instancia para negar el conocimiento que pudiera tener el acusado de la retirada de los puntos de su permiso de conducir -fundamento de la absolución por el delito de conducción sin permiso- mantiene el resto de los hechos declarados probados y, en concreto, los relativos a que «...cuando los agentes le dieron el 'alto' y le dijeron que mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano Laureano...", pese a lo cual, acuerda la absolución también por el delito del art. 400 bis en relación con el 393 del CP, considerando que no concurre el elemento finalístico indispensable de haberse realizado la acción «para perjudicar a otro»que exige el citado art. 393 CP.

2.-Limitado el ámbito de impugnación a la absolución por un delito de utilización de un documento de identidad verdadero -permiso de conducir del hermano del acusado- por quien no está facultado para ello, la Sala no puede identificarse con el razonamiento que ha llevado a la Audiencia Provincial a la absolución de Aurelio.

Por un parte, la absolución se sostiene en la ausencia de un perjuicio para tercero que exige el tipo objetivo del art. 393 del CP, en el que se castiga al que «...a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes».

Concluida la falta de tipicidad de los hechos imputados, la Audiencia reconoce que el pronunciamiento absolutorio es consecuencia de un error en la tipicidad no subsanable sin grave quiebra del principio acusatorio, en la medida en que el Fiscal centró su acusación en el art. 393 y no en el art. 392.2 del CP: «...No obstante, queremos dejar constancia que los hechos declarados probados tendrían cabida en el mentado artículo 400 bis del Código Penal , pero en relación con el artículo 392.2 del mismo texto legal , reservado este para los documentos de identidad falsos y que carece de la exigencia del perjuicio del tercero. Sin embargo, el hecho de que no se haya formulado acusación por tal ilícito y que la pena aparejada al mismo sea superior al del delito por el que había sido acusado el ahora recurrente, determina la imposibilidad, en virtud del principio acusatorio, de acomodar en este trámite procesal la conducta enjuiciada a dicha modalidad delictiva».

3.-Así definidos los términos del debate, conviene hacer algunas precisiones.

3.1.-La referencia que la sentencia de apelación hace a la correcta calificación de los hechos, que habría exigido enlazar el art. 400 bis del CP no con el art. 393 -como hizo el Juez de lo Penal-, sino con el art. 392.2 no es, desde luego, asumible. La diferencia entre el objeto material de uno y otro precepto impide, en el caso que centra nuestro interés, esa asimilación. En el art. 400 bis del CP, por definición, se castiga no la falsedad de un documento, sino la utilización de un documento verdadero, sin alteraciones, por una persona que no tiene legitimidad para ello.

Para intentar solucionar lo que esta Sala ha denominado un «rompecabezas legal»,sólo explicable por una reforma penal poco motivada, la doctrina ha descrito la relación entre el art. 400 bis y los preceptos que sancionan la alteración falsaria, como una delimitación típica expansiva, una equiparación funcional, a efectos de tipicidad, entre la genuina falsedad y el uso inconsentido de un documento auténtico. De lo que se trataría es de dar respuesta penal a la extendida fenomenología delictiva de los fraudes identitarios, creando así un tipo residual y complementario con el objetivo de cerrar espacios de injusto que eviten la impunidad.

Pese a ello, ha de quedar claro que el art. 400 bis no opera una mutación ontológica que convierte el documento verdadero en falso. De ahí que este precepto no puede interpretarse como un delito autónomo, susceptible de una exégesis desconectada de la referencia que ofrecen los arts. 392, 393, 394, 396 y 399 del CP. Por consiguiente, si el art. 393, en el que se castiga el uso de un documento falso, exige como elemento subjetivo la intención de perjudicar a otro, esta exigencia que enriquece el injusto no se volatiliza cuando se trata de castigar el uso de un documento de identidad verdadero por quien no está legitimado para ello. El art. 400 bis no rebaja los elementos del tipo penal de referencia, en nuestro caso, el art. 393 del CP.

Es también una línea jurisprudencialmente asentada la que atribuye al permiso de conducir una finalidad identificatoria (cfr. SSTS 530/2009, 13 de mayo o 60/2012, 8 de febrero). En el presente caso, sin embargo, el objeto del delito por el que Aurelio fue condenado en la instancia no era un permiso de conducir falso, sino el que correspondía a su hermano que, como venimos insistiendo, reunía todas las características que son propias de un documento legítimo y verdadero. De ahí que los hechos no tengan encaje en el art. 392.2 del CP, en el que la acción típica consiste en «...traficar de cualquier modo con un documento de identidad falso».Y por más flexibilidad que quiera atribuirse al verbo «traficar»,lo cierto es que nunca podrá ser asimilada la exhibición meramente ocasional y esporádica que hizo el acusado ante los agentes que le pidieron la documentación, con el verbo nuclear que emplea el art. 392.2 del CP. Traficar supone, según el diccionario de la RAE, comerciar o negociar. Y son sinónimos de este vocablo vender, comprar, mercar, exportar o importar.

3.2.-Partiendo de la exigencia del propósito de perjudicar a otro como elemento tendencial proclamado en el art. 393 del CP -no escrito en el art. 400 bis, pero indispensable para el juicio de tipicidad-, el recurso del Ministerio Fiscal subraya en su argumentario, con cita de algunos precedentes de esta Sala, que en atención a la naturaleza y características del permiso de conducir, es innegable que los intereses del Estado se ven afectados por la falsificación de los documentos que acreditan que alguno de los Estados de la UE o comprometidos internacionalmente a través del Derecho de los Tratados, ha realizado las actuaciones mínimas de comprobación de la aptitud de un sujeto determinado para la conducción de vehículos de motor. Dicho de otra forma, siendo la conducción de vehículos de motor una actividad de riesgo en cuya regulación intervienen constantemente las autoridades estatales, no puede ser irrelevante para los intereses del Estado la comprobación de las condiciones y capacidades de cualquier sujeto con carácter previo a la emisión de una autorización para la conducción de vehículos a motor.

Son muchos los precedentes de esta Sala que apoyan este criterio (cfr. SSTS 990/2021, 16 de diciembre; 1338/2009, 21 de diciembre o 222/2009, 5 de febrero). Pero todos ellos se refieren a la delimitación del espacio jurisdiccional definido por el art. 23.3.f) de la LOPJ cuando de lo que se trata es de definir la capacidad de los Tribunales españoles para investigar y enjuiciar la falsificación de un documento de identidad o un permiso de conducir

Como ya apuntábamos en la sentencia de Pleno 396/2021, 6 de mayo, «...si se asumiese ese discurso expansivo llegaríamos a castigar todo uso de documento oficial, publico o mercantil falso, en contradicción con la dicción del art. 393, en tanto que siempre podríamos identificar un interés social, colectivo o estatal en que no se utilicen documentos falsos. Cuando se exige perjuicio de otro se está requiriendo algo más concreto; que tampoco puede venir conformado por el interés de todo el colectivo de personas con movilidad reducida en que se respeten fiel y escrupulosamente esas normas».

Esa doctrina es plenamente coherente con el supuesto de hecho que entonces era objeto de análisis. Se trataba de la relevancia penal de las tarjetas de estacionamiento preferente para personas con discapacidad. Afirmar que el derecho de aparcamiento prioritario del colectivo de personas con discapacidad era objeto de un perjuicio tendencialmente perseguido por quien usaba la tarjeta verdadera de un familiar suponía, desde luego, una interpretación extensiva del tipo. Del mismo modo, identificar el perjuicio a un tercero con el dañado interés estatal en que no se utilicen documentos falsos implicaría también una quiebra del principio de taxatividad. Una cosa es que el crédito e interés del Estado en perseguir las falsedades documentales permita proclamar la jurisdicción española y cosa bien distinta es que, una vez afirmada ésta, el crédito o interés Estatal desplacen y se superpongan los elementos objetivos y subjetivos del tipo que cada tipo falsario exige para la subsunción.

El tratamiento penal de la utilización de una pegatina auténtica con la finalidad de eludir la inspección de un vehículo de motor por la ITV, con la consiguiente relación entre los arts. 400 bis y 399 del CP, fue objeto de consideración en la STS 343/2020, 25 de junio.

3.3.-Por consiguiente, si excluimos que la finalidad de perjudicar a otro a la que se refiere el art. 393 del CP, pueda entenderse colmada por el interés del Estado en que no se utilicen documentos falsos, sólo queda por decidir si el relato de hechos probados, como entendió el Juzgado de lo Penal, puede ser subsumido en el art. 400 bis del CP.

En él puede leerse lo siguiente:

«...Sobre las 16:00 horas del día 9 de febrero de 2022, el acusado Aurelio, con NIE núm. NUM000 mayor de edad y sin antecedentes penales computables, conducía el turismo matrícula de Luxemburgo, matrícula NUM001 por la calle Llull de esta ciudad, a pesar de ser conocedor de que su permiso de conducir había perdido su vigencia en virtud de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2018 del Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona, dictada en el expediente NUM002, y notificada por vía postal, en fecha 12 de enero de 2018, no habiendo obtenido el acusado un nuevo permiso,

El acusado era conocedor de la citada resolución y, cuando, los agentes que le dieron el "alto", le dijeron que les mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano, Laureano, el cual quedó intervenido en la presente causa, lo que reconoció posteriormente, ante los agentes, tras encontrarse, en el registro del vehículo, un documento NIE, a su nombre, con número NUM000.».

Es palmario que la utilización de un permiso de conducir a nombre de otra persona supone la aceptación del riesgo que representa involucrar a un tercero -en este caso, el hermano del acusado- en las consecuencias jurídicas que se derivan de unas diligencias penales que se ponen en marcha a partir de esa identificación. De hecho, en este caso ni siquiera se trató de un peligro potencial, sino que, según describe el hecho probado, ese permiso de conducir «...quedó intervenido en la presente causa».

En definitiva, la Sala entiende que se cumplieron los elementos del tipo objetivo y subjetivo que define el art. 393 del CP, en su conexión con el tipo marginal que añade el art. 400 bis del CP.

De ahí que proceda la estimación del recurso con las consecuencias que se fijan en nuestra segunda sentencia.

4.-Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

1.-Por el Ministerio Fiscal se interpone recurso de casación contra la sentencia 444/2023, 21 de junio, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó el recurso de apelación promovido por la defensa de Aurelio contra la sentencia 51/2023, 13 de enero, que le había condenado como autor de un delito de conducción de vehículo de motor careciendo de puntos del permiso de conducir del art. 384.1 y 2 del CP y de un delito de uso como propio de un permiso de conducir ajeno de los arts. 499 bis y 393 del CP.

Se formaliza un único motivo al amparo del art. 849.1 de la LECrim, por indebida aplicación del art. 400 del CP en relación con el art. 393 del mismo texto legal.

Razona el Fiscal que la sentencia recurrida, aunque modifica el relato de hechos realizado en la primera instancia para negar el conocimiento que pudiera tener el acusado de la retirada de los puntos de su permiso de conducir -fundamento de la absolución por el delito de conducción sin permiso- mantiene el resto de los hechos declarados probados y, en concreto, los relativos a que «...cuando los agentes le dieron el 'alto' y le dijeron que mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano Laureano...", pese a lo cual, acuerda la absolución también por el delito del art. 400 bis en relación con el 393 del CP, considerando que no concurre el elemento finalístico indispensable de haberse realizado la acción «para perjudicar a otro»que exige el citado art. 393 CP.

2.-Limitado el ámbito de impugnación a la absolución por un delito de utilización de un documento de identidad verdadero -permiso de conducir del hermano del acusado- por quien no está facultado para ello, la Sala no puede identificarse con el razonamiento que ha llevado a la Audiencia Provincial a la absolución de Aurelio.

Por un parte, la absolución se sostiene en la ausencia de un perjuicio para tercero que exige el tipo objetivo del art. 393 del CP, en el que se castiga al que «...a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes».

Concluida la falta de tipicidad de los hechos imputados, la Audiencia reconoce que el pronunciamiento absolutorio es consecuencia de un error en la tipicidad no subsanable sin grave quiebra del principio acusatorio, en la medida en que el Fiscal centró su acusación en el art. 393 y no en el art. 392.2 del CP: «...No obstante, queremos dejar constancia que los hechos declarados probados tendrían cabida en el mentado artículo 400 bis del Código Penal , pero en relación con el artículo 392.2 del mismo texto legal , reservado este para los documentos de identidad falsos y que carece de la exigencia del perjuicio del tercero. Sin embargo, el hecho de que no se haya formulado acusación por tal ilícito y que la pena aparejada al mismo sea superior al del delito por el que había sido acusado el ahora recurrente, determina la imposibilidad, en virtud del principio acusatorio, de acomodar en este trámite procesal la conducta enjuiciada a dicha modalidad delictiva».

3.-Así definidos los términos del debate, conviene hacer algunas precisiones.

3.1.-La referencia que la sentencia de apelación hace a la correcta calificación de los hechos, que habría exigido enlazar el art. 400 bis del CP no con el art. 393 -como hizo el Juez de lo Penal-, sino con el art. 392.2 no es, desde luego, asumible. La diferencia entre el objeto material de uno y otro precepto impide, en el caso que centra nuestro interés, esa asimilación. En el art. 400 bis del CP, por definición, se castiga no la falsedad de un documento, sino la utilización de un documento verdadero, sin alteraciones, por una persona que no tiene legitimidad para ello.

Para intentar solucionar lo que esta Sala ha denominado un «rompecabezas legal»,sólo explicable por una reforma penal poco motivada, la doctrina ha descrito la relación entre el art. 400 bis y los preceptos que sancionan la alteración falsaria, como una delimitación típica expansiva, una equiparación funcional, a efectos de tipicidad, entre la genuina falsedad y el uso inconsentido de un documento auténtico. De lo que se trataría es de dar respuesta penal a la extendida fenomenología delictiva de los fraudes identitarios, creando así un tipo residual y complementario con el objetivo de cerrar espacios de injusto que eviten la impunidad.

Pese a ello, ha de quedar claro que el art. 400 bis no opera una mutación ontológica que convierte el documento verdadero en falso. De ahí que este precepto no puede interpretarse como un delito autónomo, susceptible de una exégesis desconectada de la referencia que ofrecen los arts. 392, 393, 394, 396 y 399 del CP. Por consiguiente, si el art. 393, en el que se castiga el uso de un documento falso, exige como elemento subjetivo la intención de perjudicar a otro, esta exigencia que enriquece el injusto no se volatiliza cuando se trata de castigar el uso de un documento de identidad verdadero por quien no está legitimado para ello. El art. 400 bis no rebaja los elementos del tipo penal de referencia, en nuestro caso, el art. 393 del CP.

Es también una línea jurisprudencialmente asentada la que atribuye al permiso de conducir una finalidad identificatoria (cfr. SSTS 530/2009, 13 de mayo o 60/2012, 8 de febrero). En el presente caso, sin embargo, el objeto del delito por el que Aurelio fue condenado en la instancia no era un permiso de conducir falso, sino el que correspondía a su hermano que, como venimos insistiendo, reunía todas las características que son propias de un documento legítimo y verdadero. De ahí que los hechos no tengan encaje en el art. 392.2 del CP, en el que la acción típica consiste en «...traficar de cualquier modo con un documento de identidad falso».Y por más flexibilidad que quiera atribuirse al verbo «traficar»,lo cierto es que nunca podrá ser asimilada la exhibición meramente ocasional y esporádica que hizo el acusado ante los agentes que le pidieron la documentación, con el verbo nuclear que emplea el art. 392.2 del CP. Traficar supone, según el diccionario de la RAE, comerciar o negociar. Y son sinónimos de este vocablo vender, comprar, mercar, exportar o importar.

3.2.-Partiendo de la exigencia del propósito de perjudicar a otro como elemento tendencial proclamado en el art. 393 del CP -no escrito en el art. 400 bis, pero indispensable para el juicio de tipicidad-, el recurso del Ministerio Fiscal subraya en su argumentario, con cita de algunos precedentes de esta Sala, que en atención a la naturaleza y características del permiso de conducir, es innegable que los intereses del Estado se ven afectados por la falsificación de los documentos que acreditan que alguno de los Estados de la UE o comprometidos internacionalmente a través del Derecho de los Tratados, ha realizado las actuaciones mínimas de comprobación de la aptitud de un sujeto determinado para la conducción de vehículos de motor. Dicho de otra forma, siendo la conducción de vehículos de motor una actividad de riesgo en cuya regulación intervienen constantemente las autoridades estatales, no puede ser irrelevante para los intereses del Estado la comprobación de las condiciones y capacidades de cualquier sujeto con carácter previo a la emisión de una autorización para la conducción de vehículos a motor.

Son muchos los precedentes de esta Sala que apoyan este criterio (cfr. SSTS 990/2021, 16 de diciembre; 1338/2009, 21 de diciembre o 222/2009, 5 de febrero). Pero todos ellos se refieren a la delimitación del espacio jurisdiccional definido por el art. 23.3.f) de la LOPJ cuando de lo que se trata es de definir la capacidad de los Tribunales españoles para investigar y enjuiciar la falsificación de un documento de identidad o un permiso de conducir

Como ya apuntábamos en la sentencia de Pleno 396/2021, 6 de mayo, «...si se asumiese ese discurso expansivo llegaríamos a castigar todo uso de documento oficial, publico o mercantil falso, en contradicción con la dicción del art. 393, en tanto que siempre podríamos identificar un interés social, colectivo o estatal en que no se utilicen documentos falsos. Cuando se exige perjuicio de otro se está requiriendo algo más concreto; que tampoco puede venir conformado por el interés de todo el colectivo de personas con movilidad reducida en que se respeten fiel y escrupulosamente esas normas».

Esa doctrina es plenamente coherente con el supuesto de hecho que entonces era objeto de análisis. Se trataba de la relevancia penal de las tarjetas de estacionamiento preferente para personas con discapacidad. Afirmar que el derecho de aparcamiento prioritario del colectivo de personas con discapacidad era objeto de un perjuicio tendencialmente perseguido por quien usaba la tarjeta verdadera de un familiar suponía, desde luego, una interpretación extensiva del tipo. Del mismo modo, identificar el perjuicio a un tercero con el dañado interés estatal en que no se utilicen documentos falsos implicaría también una quiebra del principio de taxatividad. Una cosa es que el crédito e interés del Estado en perseguir las falsedades documentales permita proclamar la jurisdicción española y cosa bien distinta es que, una vez afirmada ésta, el crédito o interés Estatal desplacen y se superpongan los elementos objetivos y subjetivos del tipo que cada tipo falsario exige para la subsunción.

El tratamiento penal de la utilización de una pegatina auténtica con la finalidad de eludir la inspección de un vehículo de motor por la ITV, con la consiguiente relación entre los arts. 400 bis y 399 del CP, fue objeto de consideración en la STS 343/2020, 25 de junio.

3.3.-Por consiguiente, si excluimos que la finalidad de perjudicar a otro a la que se refiere el art. 393 del CP, pueda entenderse colmada por el interés del Estado en que no se utilicen documentos falsos, sólo queda por decidir si el relato de hechos probados, como entendió el Juzgado de lo Penal, puede ser subsumido en el art. 400 bis del CP.

En él puede leerse lo siguiente:

«...Sobre las 16:00 horas del día 9 de febrero de 2022, el acusado Aurelio, con NIE núm. NUM000 mayor de edad y sin antecedentes penales computables, conducía el turismo matrícula de Luxemburgo, matrícula NUM001 por la calle Llull de esta ciudad, a pesar de ser conocedor de que su permiso de conducir había perdido su vigencia en virtud de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2018 del Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona, dictada en el expediente NUM002, y notificada por vía postal, en fecha 12 de enero de 2018, no habiendo obtenido el acusado un nuevo permiso,

El acusado era conocedor de la citada resolución y, cuando, los agentes que le dieron el "alto", le dijeron que les mostrara su permiso de conducir, les enseñó, como propio, el de su hermano, Laureano, el cual quedó intervenido en la presente causa, lo que reconoció posteriormente, ante los agentes, tras encontrarse, en el registro del vehículo, un documento NIE, a su nombre, con número NUM000.».

Es palmario que la utilización de un permiso de conducir a nombre de otra persona supone la aceptación del riesgo que representa involucrar a un tercero -en este caso, el hermano del acusado- en las consecuencias jurídicas que se derivan de unas diligencias penales que se ponen en marcha a partir de esa identificación. De hecho, en este caso ni siquiera se trató de un peligro potencial, sino que, según describe el hecho probado, ese permiso de conducir «...quedó intervenido en la presente causa».

En definitiva, la Sala entiende que se cumplieron los elementos del tipo objetivo y subjetivo que define el art. 393 del CP, en su conexión con el tipo marginal que añade el art. 400 bis del CP.

De ahí que proceda la estimación del recurso con las consecuencias que se fijan en nuestra segunda sentencia.

4.-Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.