Sentencia Penal 237/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10613/2025 de 23 de marzo del 2026

RECURSOS DE Luis Francisco Y DE Valle

1. Motivo previo I, Nulidad de las Diligencias de Investigación practicadas a lo largo de la Instrucción por tratarse de diligencias prospectivas

Contra la sentencia número 72/2025, de 14 de Octubre de 2025, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cada uno de los condenados ha interpuesto recurso de casación. En la referida sentencia se desestimaron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 11/03/2025 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete en la que se condenó a los ahora recurrentes por la comisión de un delito contra la salud pública.

Procederemos, en primer lugar, a dar contestación conjunta a los recursos del Sr. Luis Francisco y de la Sra. Valle porque sus alegaciones son coincidentes.

En el primer apartado de estos dos recursos el gravamen que se denuncia viene referido a la existencia de una investigación prospectiva que habría tenido su origen en un procedimiento anterior en el que el recurrente fue absuelto. Se alude a la sentencia número 151/2017, de 4 de abril de 2017, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, en la que se declaró probado que el Sr. Luis Francisco tenía en su casa una pequeña cantidad de cocaína (0,3 gramos) y de MDMA (0,15 gramos) pero que, sin embargo, no se acreditó que el acusado se dedicara al tráfico de dichas sustancias. En apoyo de su aseveración se alude a las distintas declaraciones de los agentes que han intervenido en las presentes diligencias, deduciendo de esta deficiencia inicial la nulidad de las diligencias restrictivas de derechos fundamentales acordadas posteriormente en el curso de la investigación, como las intervenciones telefónicas o las entradas y registros.

Planteada la cuestión en esos términos debe hacerse una clara diferenciación entre las exigencias que se precisan para el nacimiento de una investigación policial y las exigencias para la autorización judicial de diligencias restrictivas de derechos fundamentales que parecen confundirse e identificarse en el motivo al que damos respuesta.

Para su nacimiento, la investigación policial no exige sospechas objetivadas a través de indicios de criminalidad. Bastan las sospechas policiales de la existencia o comisión de una actividad delictiva. Es posible que esas sospechas deriven de la información suministrada por un confidente como también que deriven de procedimientos penales sobreseídos o finalizados por sentencia absolutoria, dado que estas decisiones judiciales pueden tener su causa en la falta de prueba y no en la inexistencia del hecho, siendo factible que los sospechosos continúen con su actividad ilícita. En tal caso estaría justificada la apertura de una nueva investigación para comprobar esa nueva actividad y a sus autores, en tanto que la sentencia absolutoria o el sobreseimiento no se constituye en carta blanca para seguir delinquiendo.

Abierta la investigación y realizadas las comprobaciones oportunas para determinar la existencia de delito, es factible que se soliciten a la autoridad judicial, si son necesarias, diligencias restrictivas de derechos a cuyo fin será necesario que la investigación policial haya obtenido indicios de la comisión del delito y de la participación del investigado.

Los presupuestos para adoptar estas últimas medidas son mucho más exigentes. Se requieren sospechas razonables basadas en datos objetivos, además de toda otra serie de presupuestos (jurisdiccionalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, idoneidad, especialidad, etc.) cuyo análisis resulta en este caso innecesario.

Lo que tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional prohíben son las llamadas "inquisitio generalis", es decir, la realización de investigaciones o pesquisas arbitrarias, no sujetas a control alguno, con la finalidad de buscar a toda costa algún tipo de responsabilidad penal de una persona determinada.

Hemos dicho que la inquisición general no tiene legitimidad constitucional aun cuando se realice con metas de prevención delictiva. La reacción de la maquinaria del Estado frente a posibles hechos delictivos no debe ser pretexto para una actuación irreflexiva y desproporcionada, pues solo cabe seguir un proceso penal, incluso desde su fase inicial de investigación, cuando existan indicios de la comisión de una infracción penal, sin que quepa su utilización en ausencia de tales indicios.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado en varias ocasiones (SS 32/1994, de 31 de enero; 63/1996, de 16 de abril; 41/1998, de 24 de febrero y 87/2001, de 2 de abril; 126/2001, de 4 de junio), que un proceso penal instrumentado para la "inquisitio generalis" no es compatible con nuestra Constitución. En la STC 87/2001, de 2 de abril se señala que la "inquisición general" es "incompatible, ciertamente, con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española". Sobre este particular también ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en sentencia núm. 521/2015, de 13 de octubre, en la que con cita y remisión expresa a la sentencia núm. STS 228/2013, de 22 de marzo, señala que "La investigación directa de los hechos con una función que es en parte inquisitiva y en parte acusatoria -dirigida frente a una determinada persona- es la que pueda considerarse integrante de una actividad instructora. Para ello la simple notitia criminis es suficiente para que se ponga en marcha la investigación judicial del delito ( SSTC 169/90, 32/94). La finalidad a que ha de tender toda instrucción criminal es la de averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos ( art. 299 LECrim).

En el presente caso y, según se deduce de la testifical de los agentes que iniciaron la investigación, las diligencias policiales tuvieron su origen en la existencia de informaciones de que se pudiera estar vendiendo cocaína, a lo que se sumaba la existencia de un proceso anterior por el mismo motivo, cuya existencia y resultado muchos de los agentes desconocían. Los agentes han sido claros sobre este extremo señalando que la investigación no tuvo por origen los hechos ya juzgados sino los que se estaban produciendo en el momento de inicio de las pesquisas. No se trataba, por tanto, de una inquisición general sobre personas concretas para tratar de encontrar alguna posible actividad ilícita, sino una investigación sobre un delito concreto del que se tenía noticia que se estaba produciendo. Así lo precisó, entre otros, el agente instructor del atestado, ( NUM025) quien al ser preguntado sobre si investigaban al recurrente por los hechos por los que había sido absuelto, dijo: "no no, nostros ya le he dicho al principio de la intervención de que se tiene informaciones, informaciones y formación de manera policial y vecinal de que eso es un punto de venta de droga".En la misma dirección el agente NUM026 señaló que los antecedentes eran un indicio pero que comprobaron el trasiego de vehículos que acudían a la casa y el agente NUM027 manifestó a la pregunta de si la investigación tenía por objeto los hechos que habían originado la sentencia absolutoria que esos hechos no fueron exactamente el origen de la investigación, precisando que recibieron información de otros compañeros y empezaron a sospechar por la existencia de un movimiento inusual y comprobaron que la información podía ser cierta. En ese mismo sentido, con unas y otras palabras, se pronunciaron otros agentes.

No hubo, en consecuencia, una investigación policial prospectiva, lo que determina la desestimación del motivo.

2. Motivo previo I. I) Nulidad de las intervenciones telefónicas al haber sido acordadas por actos policiales prospectivos o bajo la esfera de presuntos actos delictivos, así como haber sido acordados sin fundamento alguno y como consecuencia de una investigación prospectiva

Descartada la existencia de una investigación policial prospectiva procede entrar en el análisis de la invocada nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas en el presente proceso. En los motivos en que se justifica la petición de nulidad la única razón que se aporta en apoyo de la misma es que la investigación policial fue prospectiva, alegación que ya hemos desestimado.

Al igual que ya se hiciera en el previo recurso de apelación, aparte de hacer una cita innecesaria de distintas sentencias que describen los requisitos de toda intervención telefónica o sobre las consecuencias de la nulidad conforme a la conocida doctrina de los frutos del árbol envenenado, no se analiza ni la motivación del auto autorizante o de sus prórrogas, ni los indicios que se tuvieron en consideración para la concesión de la autorización judicial. Y, sobre todo, en el desarrollo de los motivos no se hace alusión alguna a las razones de desestimación de esta concreta impugnación, expuestas en la resolución impugnada, en la que de forma detallada se hizo una descripción y análisis de la información que se comunicó al juez de instrucción así como de los indicios recabados por los agentes policiales para justificar la injerencia.

Venimos señalando que el recurso de casación no puede limitarse a reproducir los argumentos del previo recurso de apelación, sino que debe entablar un diálogo crítico con la sentencia, cuestionando las razones de ésta a fin de poner en evidencia, en su caso, la improcedencia de su criterio y la justificación de su nulidad.

En la STS 476/2017, de 26 de junio, al precisar el ámbito del recurso de casación una vez generalizada la doble instancia por la Ley 41/2015, declaramos que "la Sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte".

Pues bien, en los motivos no se cumple con estas exigencias. No se analizan las razones ofrecidas por la sentencia de apelación sino que se insiste en que las intervenciones telefónicas incurren en causa de nulidad, sin precisar las razones de tal conclusión, lo que avoca necesariamente a su desestimación. Únicamente se hace alusión a irregularidades en la cadena de custodia, cuestión que será analizada más adelante y que nada tiene que ver con la nulidad interesada.

Las intervenciones telefónicas fueron autorizadas judicialmente mediante un auto motivado y en base a una investigación policial en la que se acumularon indicios suficientes para afirmar que los investigados venían realizando actos de tráfico de drogas, conforme se argumentó en la sentencia impugnada, cuyos razonamientos, en lo más esencial, transcribimos a continuación y hacemos nuestros:

"La Sentencia recurrida aborda la cuestión previa planteada por los acusados desde la perspectiva adecuada, analizando si el auto habilitante de las escuchas, el de 14 de abril de 2023, se encontraba adecuadamente motivado, reproduciendo literalmente el párrafo 2° del FD 3°, donde identifica los indicios en los que se sustenta la solicitud policial: los antecedentes de los investigados, el injustificado y exponencial crecimiento de su patrimonio y nivel económico de vida y las vigilancias policiales en el domicilio y las correspondientes actas de sanciones administrativas por posesión de droga en la vía pública. Y concluye que se trata "de datos objetivos ajenos a la simple opinión de los agentes que de forma racional permiten sostener un juicio indiciario y preliminar de criminalidad y autoría (particularmente las numerosas vigilancias realizadas por los agentes, identificando a posibles consumidores de droga acudiendo sin razón alguna al domicilio de los acusados, e incluso interviniéndose en dos ocasiones cocaína a los supuestos compradores inmediatamente después de abandonar dicho domicilio, vigilancias de 17/2/2023 y 20/3/2023).

Sustento válido y suficiente para la intervención telefónica acordada. Así mismo debe indicarse que este mismo material indiciario (reforzado por los datos recabados por los agentes policiales mediante las primeras intervenciones telefónicas y más vigilancias) avala las ampliaciones de las intervenciones acordadas en los autos de 11/5/2023 y 2/6/2023".

El motivo decae.

3. Motivos previos I.II y III en los que se invoca la nulidad de la entrada y registro a las viviendas del recurrente.

Los dos motivos son complementarios y tienen un fundamento similar lo que justifica su tratamiento simultáneo.

3.1En su desarrollo argumental se aduce, en primer término, que los agentes policiales entraron en los dos trasteros, cuyo registro se había autorizado judicialmente. sin cumplir con los requerimientos establecidos en el auto autorizante dado que se procedió por los agentes a abrir las puertas y entrar en los trasteros sin estar presente la Letrada de la Administración de Justicia ni los investigados o sus abogados. Los propios agentes reconocieron estos hechos y entiende la defensa que este modo de proceder, no tratándose de la investigación de un delito flagrante, determina la nulidad de los registros, conforme a la doctrina de esta Sala de la que se cita como exponente la STS 272/2021, de 24 de marzo, entre otras.

La sentencia mencionada no es de aplicación al caso porque se refiere al aseguramiento de una vivienda, situación no asimilable a la que aquí se enjuicia en que lo registrado fueron unos trasteros, lo que obliga a puntualizar, como precisa la resolución impugnada que:

" el concepto de domicilio no cabe extenderlo a aquellos otros lugares que se utilizan simplemente para depositar o guardar objetos, como son las cocheras, garajes o almacenes, en los que no tienen lugar las actividades domésticas (comer, dormir, descansar, etc.) ...El derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio está muy ligado a la protección de la intimidad y la jurisprudencia ha concebido el domicilio de manera muy amplia, llegándose a definir, con carácter general, como tal cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aún ocupado temporal o accidentalmente, pero en este caso la entrada se realiza en un cuarto trastero al que se accedía a través del parking, y reiteradamente se ha establecido que el registro de estos inmuebles no tiene que someterse a las prevenciones del art.569 LECrim . Ni toda entrada y registro en un lugar cerrado exige la autorización judicial, ni los locales comerciales o almacenes que no constituyen morada de una persona gozan de la tutela constitucional, sin que requieran, en consecuencia, para la entrada y registro en ellas de las mismas formalidades procesales que se imponen a los registros domiciliarios. Que se acordara en el auto judicial que el registro se practicara por la comisión judicial no determina la nulidad del ejecutado porque los agentes anticiparan la entrada, por cuanto que no existe vulneración de derecho fundamental que mereciera ser objeto de esa especial protección. Tal como resulta de la prueba testifical, la solicitud policial de autorización judicial para el registro de los trasteros se hizo ante la posibilidad de que éstos estuvieran conectados de alguna manera con las viviendas de los investigados; que, finalmente, no fue el caso. Y que la actuación policial se limitó, ante la imposibilidad de ejecutar todos los registros de forma simultánea, al cumplimiento de sus funciones de aseguramiento de fuentes probatorias, previstas al art.567 LECrim , con las características de rapidez y agilidad que les son propias (sin que exista indicio alguno de que se extralimitaran en ellas)".

Esta Sala desde la sentencia de 14 de noviembre de 1993 viene declarando que los trasteros no gozan de la protección que la Constitución otorga a los domicilios. Más recientemente, en la STS 616/2005, de 12 de mayo, declaramos que "un trastero o almacén destinado a guardar objetos, sin comunicación directa con la vivienda, no puede considerarse domicilio al no tener relación con el ámbito de privacidad constitucionalmente protegido, y por lo tanto no son aplicables a la entrada y registro en el mismo las reglas derivadas de la protección constitucional del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En este sentido la STS 282/2004, de 1 de marzo y las que en ella se citan". Y la citada doctrina tiene su asiento en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que "el domicilio es un «espacio apto para desarrollar la vida privada» ( STC 94/1999, de 31 de mayo, F. 4), un espacio que «entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y familiar» ( STC 22/1984, STC 60/1991 y 50/1995, STC 69/1999, de 26 de abril y STC núm. 283/2000, de 27 de noviembre)", por lo que tienen la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad alejadas de la intromisión de terceros no autorizados. Y no podrán considerarse como tales aquellos lugares en los que no se desarrollen tales actividades, aunque el titular pueda excluir la presencia de terceros en los mismos, situación en la que se encuentran los trasteros como el que aquí fue objeto de registro".

Por otra parte y según manifestaron los agentes policiales y se recoge en la transcripción incluida en la impugnación, la intervención preventiva de los agentes antes de la llegada de la comisión judicial, al realizarse entradas simultáneas en diferentes domicilios y dependencias, se limitó a los trasteros, que no tienen en sentido estricto la condición de domicilio y no gozan de la garantía de inviolabilidad del artículo 18 CE, y se concretó en asegurar la zona a fin de prevenir la existencia de individuos en el lugar o la comunicabilidad de las dependencias con el domicilio, sin que en momento alguno se procediera al registro de las dependencias, que tuvo lugar una vez personada la comisión judicial y con la asistencia de una de las personas que utilizaba el domicilio en cuestión. Luis Francisco, que según informó la policía, se le vio entrando a uno de los trasteros con sus propias llaves.

3.2Como segunda queja se alega que la autorización judicial se basó en investigaciones policiales prospectivas, cuestión que ya ha sido desestimada con anterioridad, y que la injerencia no cumplió con las exigencias legales preceptivas, señalando como deficiencias las siguientes: No se aportaron las declaraciones de los supuestos compradores de drogas identificados en las actas de aprehensión acompañadas al oficio policial; no se ha tenido en cuenta la escasa cantidad económica de esas aprehensiones, incompatible con la actividad de tráfico de drogas, y no se ha acreditado que lo reflejado en esas actas fueran pases de droga procedente de la vivienda de los acusados ya que las personas identificadas estuvieron con otras personas relacionadas con el consumo de esas sustancias.

El motivo no es viable. Los seguimientos y vigilancias policiales evidenciaron la posible existencia de un punto de venta de droga, junto con otros indicios comprobados policialmente (flujo permanente de personas y vehículos, carencia de trabajo lícito conocido de los investigados constantes cambios de número de teléfono, cautelas adoptadas, colaboración de otras personas). No existió una autorización judicial inmotivada, injustificada o prospectiva y así lo proclamó la sentencia impugnada con razonamientos de todo punto acertados. Dice la sentencia:

"El auto habilitante del registro, de 4 de junio de 2023 , incorporado al expediente digital como acontecimiento 306, se encuentra suficientemente motivado, recogiendo en el FD 3º los indicios que el instructor considera de la comisión del delito de tráfico de drogas previsto -de sustancias que causan grave daño a la salud- y de la participación de los tres investigados afectados por la medida ( Luis Francisco, Valle y Octavio): respecto de los primeros, el flujo constante de personas y vehículos que visitan sus domicilios durante diferentes horas del día, manteniendo un encuentro fugaz con los investigados donde se produce el intercambio de la sustancia ilícita por dinero, según se desprende de la labor de seguimiento y vigilancia policial efectuada desde el inicio de la operación; la existencia de un patrimonio inmobiliario relevante cuando carecen de trabajo lícito conocido; las cautelas adoptadas para el desarrollo de la actividad investigada (constantes cambios de número de teléfono móvil, para lo que se servirían de Claudio); hace notar que el matrimonio se sirve de otros sujetos ( Claudio, Justo y Octavio, que se califica como el principal colaborador) detallando el porqué, resultado de las vigilancias policiales: " Valle y Luis Francisco se encargan de recoger en su vehículo a Octavio, y tras realizar una parada en el garaje de la comunidad de vecinos de las DIRECCION007, DIRECCION011 y DIRECCION008 -lugar donde presuntamente ocultan la sustancia-, se desplazan a la vivienda denominada en las actuaciones como " DIRECCION006" -sita en DIRECCION005 del paraje " DIRECCION001" de Isso-, donde queda Octavio aguardando la llegada de clientes durante el finde semana, marchándose Valle y Luis Francisco a Guardamar del Segura. Durante la ausencia de Valle y Luis Francisco se ha observado a Octavio mantener contactos discretos con los clientes, siguiendo el mismo modo de proceder para la entrega de la sustancia ilícita que la observada por los otros dos investigados durante el resto de la semana. Una vez regresan Valle y Luis Francisco de Guardamar del Segura, mantienen un encuentro en el interior de la vivienda con Octavio, donde este les informa de la actividad desarrollada durante el finde semana, tras lo cual lo vuelven a trasladar a su domicilio".

Además, la información policial fue objeto de análisis por la autoridad judicial sin que para su validación sea necesaria una mini instrucción para comprobar la veracidad de los datos aportados por la policía. Basta que se haga un análisis de la información aportada y determinar si, a partir de esa información, que se presume veraz, existen indicios objetivos y comprobados que permitan afirmar indiciariamente la existencia de una actividad delictiva que por su gravedad justifique la injerencia, y en este caso los indicios aportados fueron de la suficiente entidad como para confirmar de forma objetiva la solidez de las sospechas policiales así como la gravedad del delito investigado.

En otro párrafo de la sentencia impugnada se justifica sobradamente este análisis en los siguientes términos:

"Buenas razones, ampliamente concurrentes en el caso de autos, tal como hemos reproducido más arriba. Baste para su absoluta y plena constatación la lectura del auto; sin que resultara necesario en ese momento procesal que el instructor realizara una mini instrucción en relación con los datos aportados por los policías en el oficio en el que se interesaba la práctica del registro. Las alegaciones del recurrente, en este punto, también carecen de recorrido. Existen buenas razones para la injerencia, fuertes fundamentos de la dedicación y comisión de tráfico de drogas de las personas cuyos domicilio se decidió registrar, exhaustivamente explicados: vigilancias policiales sobre la frecuentación de clientes, en encuentros que se desarrollaban en el domicilio de los investigados de forma fugaz, llegando a interceptar a dos de los compradores inmediatamente después de los encuentros, con cocaína; la existencia de un importante patrimonio inmobiliario y de vehículos de alta gama careciendo de fuente lícita de ingresos; las maniobras de contravigilancia que adoptaban en sus desplazamientos; y la utilización de tercero en el ilícito tráfico, cuando se ausentaban, a quien recogían y tras realizar una parada en el garaje de la comunidad de vecinos de las DIRECCION007, Toledo y Vereda -lugar donde presuntamente ocultan la sustancia, los trasteros correspondientes a los num. NUM015 y NUM013, donde habían visto acceder a los acusados-, se desplazan al inmueble denominado en las actuaciones como " DIRECCION006" -sita en DIRECCION012 del paraje " DIRECCION001" de Isso-, donde quedaba Octavio para atender a la clientela del matrimonio, a quienes rinde cuentas a su vuelta, lo que también se comprueban por la fuerza actuante. El auto está suficientemente motivado; valora la proporcionalidad, racionalidad y necesidad de la medida en relación con los investigados y, al FD 5º, la conexión de cada uno de los inmuebles que se autoriza registrar con el concreto delito que se investiga, porque son supuestamente utilizada por Luis Francisco, Valle y Octavio "para ALMACENAR, TRAFICAR Y DISTRIBUIR cantidades indeterminadas de "COCAINA", sin descartar otros tipos de sustancias estupefacientes".

En consecuencia, se desestima tanto la pretensión de nulidad de los autos judiciales autorizantes de las entradas y registros, como la solicitud de extender los efectos de la nulidad a las diligencias de investigación derivadas.

Los motivos se desestiman.

4. Motivo previo I. IV. Vulneración de pleno derecho de la prueba principal por vulneración de la cadena de custodia

4.1De una forma un tanto deslavazada y con poco rigor técnico se hace alusión a dos datos que pondrían en cuestión la regularidad de la cadena de custodia de las evidencias obtenidas en el presente procedimiento.

De un lado, relación con las intervenciones telefónicas y con apoyo en la declaración testifical del agente NUM028 se sostiene que uno de los teléfonos móviles intervenidos fue desprecintado sin autorización judicial y, de otro, en relación con los objetos intervenidos en los registros, se alega que en ninguna de las actas de incautación se identifica quien incauta la droga, dónde se almacena, quien extrae las muestras y, en su caso, quien, cómo y cuándo las destruye.

4.2La existencia de posibles irregularidades en la cadena de custodia de los móviles intervenidos se plantea por primera vez ante esta Sala y es, por tanto, una cuestión nueva, lo que obliga a su desestimación en cuanto que es doctrina constante que en casación lo que se recurre es la sentencia de apelación y no pueden plantearse cuestiones nuevas que no hayan sido suscitadas en el recurso previo.

Venimos declarando que por flexible que quieran interpretarse los motivos de casación, es obvio, que en cuanto último control de la legalidad ordinaria penal, aquellos motivos deben versar sobre cuestiones objeto de debate en el Plenario y decisión por el Tribunal sentenciador, de suerte que la técnica de injertar al socaire de la formalización del recurso de casación denuncias ex novo, no puede prosperar porque en primer lugar esta Sala Casacional, no puede verificar el control de legalidad de lo acordado en la instancia si éste va a versar sobre un tema no debatido, y en segundo lugar, con esta estrategia queda vulnerado el derecho de igualdad de armas, pues las otras partes --en este caso el Ministerio Fiscal-- se vería impedido de efectuar alegaciones contra argumentaciones y probanzas. Por ello existe un sólido corpus doctrinal de esta Sala que en relación a la proposición de cuestiones nuevas en la casación ( SSTS 162/96 de 23 de febrero y 67/2020, de 24 de febrero, por todas). En esta última sentencia, con cita de otras anteriores se señalan las excepciones a esta regla general: a) Que la infracción denunciada se atribuya al tribunal de apelación; b) Que lo planteado en casación, superando formalismos exacerbados, haya sido planteado en apelación pero desde una consideración o enfoque diferente; c) Que la infracción que se denuncie esté vinculada con la noción de orden público, lo que permitirá plantear como cuestiones nuevas violaciones flagrantes de derechos fundamentales y d) Que se trate de cuestiones apreciables de oficio en cualquier fase procesal, como la prescripción.

Ninguna de estas excepciones se cumple en este caso. La cuestión que ahora se plantea no fue invocada en el previo recurso de apelación y no es procedente que esta Sala, cuya función es revisar el análisis jurídico realizado por la sentencia impugnada, entre a analizar un problema que no fue planteado en la segunda instancia y que, además, es de naturaleza esencialmente probatoria.

4.3En relación con la eventual existencia de irregularidades en la cadena de custodia de los objetos intervenidos en los registros, frente a la concisión de la impugnación, destacan las explicaciones extensas y prolijas tanto de la sentencia de instancia, como de la sentencia de apelación, de forma que a partir de ellas no apreciamos la existencia de irregularidades en la gestión del material probatorio que permita sospechar siquiera que los objetos analizados sean diferentes de los intervenidos.

En la sentencia de instancia se dio cuenta del proceso de gestión seguido, que fue el siguiente:

"A tal efecto debemos arrancar del acta judicial de entrada y registro del trastero 134 en el que se hace constar la recogida por parte de los agentes de la Guardia Civil con TIP n° NUM029,, NUM025, NUM030; NUM031 y NUM032 (todos los cuales declararon como testigos en el plenario), entre otros efectos, de cinco paquetes con diferentes tamaños y envoltorios que fueron in situ pesados, punzados y analizados positivamente con el sistema "drogotest", y fotografiados según se refleja en el atestado policial. Es decir, a partir de la indubitada acta judicial y de las fotografías del atestado policial está objetivamente acreditado que en el registro del trastero. 134 se aprehendieron cinco paquetes que contenían cocaína con unos determinados pesajes provisionales (ya que incluían el envoltorio), desconociéndose por tanto en ese momento. la pureza de la sustancia intervenida. Estos pesajes provisionales, no obstante, soh compatibles con los que, una vez retirados los embalajes, se contemplan en el informe de la Subdelegación del Gobierno.

Los mismos agentes antes citados firman el atestado n° NUM033 indicándose en su folio n° 34 que las sustancias aprehendidas (incluidas las recogidas en otras dos ubicaciones) serán remitidas a la Subdelegación del Gobierno de Albacete. Adicionalmente a lo anterior consta en los folios 90 a 97 del atestado una diligencia firmada por el instructor, el secretario y dos agentes más en la que se procede a la apertura de los paquetes, fotografiando el proceso, pudiendo observarse a simple vista la coincidencia entre los paquetes que se abren y los fotografiados en la diligencia de entrada y registro. Partiendo del principio de que no cabe sospechar de forma apriorística y sin base alguna de la labor de los agentes policiales, seguimos sin albergar duda alguna de que los paquetes que se fotografían en la diligencia dé los folios 90 a 97 del atestado el atestado son los incautados en la entrada y registro del trastero NUM013, y que fueron debidamente custodiados por los agentes citados en dependencias oficiales.

Tras ello, disponemos del acta de recepción del -alijo en la Dependencia de Área de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Subdelegación del Gobierno en Albacete de fecha 29/6/2023 (n° NUM034), en el que consta que el agente con TIP n° NUM030 (uno de los que' registró el trastero e incautó la droga) hace entrega de una serie de paquetes compatible en número, tipo de sustancia, peso y supuesto, propietario con lo descrito en el atestado policial. Y después dé esto consta el justificante de remisión de las muestras preparadas en el laboratorio de Albacete respecto del 'expediente n° NUM035 al laboratorio principal de Toledo (coincidente de nuevo en el número y tipo de muestras con el alijo original), que es el que en definitiva analiza las muestras. También está acreditado documentalmente 'el envío postal del paquete conteniendo las muestras, su recepción en el laboratorio de Toledo (ratificado por la responsable del laboratorio) y el análisis definitivo. Siendo el informe emitido por la Farmacéutica Responsable Técnica de la Dependencia de Área de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Subdelegación del Gobierno en Albacete una mera transcripción del informe elaborado en el laboratorio de Toledo".

Y en la sentencia de apelación, refrendando el criterio de la sentencia de instancia, se desechó la posibilidad de que vulneración de las reglas sobre cadena de custodia, con los siguientes argumentos:

"Sobre la cadena de custodia de la sustancia estupefaciente aprehendida en el registro sólo cabe ratificar la consideración de la sentencia recurrida. A partir de la testifical depuesta en autos por los agentes que la encontraron, en relación con la abundante documental que, al respecto, obra en la causa, no cabe dudar de la mismidad de aquélla con la que finalmente resultó analizada; decayendo las alegaciones del recurrente que cuestiona que en las actuaciones no consta quién incauta la droga, dónde se almacena, quien la recibe y pesa y quién la destruye.

Consta en el acta levantada el 5 de junio de 2023 por la Letrada de la Administración de Justicia del juzgado num.1 de Hellín, del registro del trastero y dependencias anexas y comunicadas o no correspondiente a la DIRECCION013, en la que se identifica a los agentes de la Guardia Civil que la acompañan (TIP NUM026, NUM036, NUM030, NUM031 y NUM032) y finalmente firman con ella, la aprehensión, además de una importante cantidad de dinero en billetes de los más diversos valores, de dos paquetes precintados con cinta marrón dentro de una caja de zapatos, que reaccionan positivo al test de cocaína, de 360 gr. y 69 gr.; y otros tres, en una bolsa de plástico, que también reaccionan positivo en cocaína al test, de 735 gr., 115. Gr y 121 gr. respectivamente. Los agentes de la Guardia Civil registran en Diligencias 67/EDOA/2023 (Acto.164 del expediente digital; firmado por los mismos agentes que intervinieron la sustancia) que incorpora un reportaje fotográfico (Numero 1) del referido registro del trastero, consistente en 10 fotografías en las que se ven las imágenes de los paquetes de droga intervenidos y el peso de los mismos. A los folios 90 a 97 de las Diligencias 67/EDOA/2023 obra "Diligencia haciendo constar la apertura de los paquetes hallados en el trastero perteneciente a la vivienda número DIRECCION002 (AB)", firmada por el instructor, el secretario y dos agentes, que se ejecutó a las 12:00 h del día 7 de junio, en el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en un proceso fotografiado (21 fotografías) "con el propósito de reflejar la constancia de la forma en la cual están envueltos y si en alguno de los paquetes se presentan medidas de seguridad", que permite apreciar la identidad de dichos paquetes con los que fueron intervenidos en el registro y oportunamente fotografiados, si bien alguno de ellos se subdividía en otros varios; y, previamente, al f.34 ya se hace constar que las sustancias intervenidas se remitirán al área de sanidad de la Subdelegación para su pesaje y análisis. Por último, en el informe de transcripción NUM034 de la Dependencia de sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, Acto.572 del expediente, firmado digitalmente por la farmacéutica responsable consta la unidad aprehensora y, como referencia, el atestado policial ( NUM033), el Juzgado remitente y los encartados. Al acontecimiento 352 del expediente digital del PA 56/2024 de la Ilma. A.P. de Albacete, Secc.2ª, documento en formato Pdf, remitido a la Fiscalía Provincial, aportando la Subdelegación la prueba documental acreditativa de la cadena de custodia en expediente NUM034, consta el oficio policial de remisión y el acta de recepción de dicha sustancia por el área de sanidad y la entrega de la misma por el agente TIP NUM030, que lo firma; el envío 13/23 al laboratorio de Toledo, el recibí y los informes. Los pesos netos de los envoltorios de plástico con sustancia blanca presentados, identificados como cocaína, ascienden a 284'56, 62'04, 647'26, 100'02 y 99'91 gramos respectivamente. Los pesos medidos resultan absolutamente compatibles con los alcanzados en las basculas de la Guardia Civil, teniendo en cuenta que son pesos netos y que algunos de los paquetes se subdividían a su vez en otros, lo que justifica las diferencias. No apreciamos irregularidad alguna invalidante que permita considerar que la sustancia analizada no coincide exactamente con la intervenida".

En atención al contenido de las actuaciones consta el recorrido seguido por la droga intervenida así como la identificación de los agentes que en cada momento estuvieron encargados de su conservación y análisis. También constan las garantías realizadas en su conservación, sellado y etiquetado sin que quepa albergar duda alguna sobre la identidad entre la droga intervenida y la posteriormente analizada.

Debemos insistir, como venimos haciendo de forma constante, en primer lugar, que la irregularidad en la cadena de custodia de un medio de prueba no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que tan solo vendría dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se hubiera producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y especialmente, el derecho de defensa, y en segundo lugar, que las "formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de la sustancia objeto de examen, que es el proceso denominamos genéricamente "cadena de custodia", no tiene sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan sólo sirve para garantizar que el objeto analizado es el mismo que la materia ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones. De modo que, a pesar de la comisión de algún posible error, ello no supone, por sí solo, sustento racional y suficiente para sospechar siquiera que la analizada no fuera aquella sustancia originaria, ni para negar el valor probatorio de los análisis y sus posteriores resultados, debidamente documentados ( SSTS 347/2012, de 25 de abril; 773/2013, de 22 de octubre; 1/2014, de 21 de enero; 714/2016, de 26 de septiembre; 682/2017, de 18 de octubre; 120/2018, de 16 de marzo, 313/2024, de 11 de abril y 169/2025, de 27 de febrero).

La STS 795/2104, de 20 de noviembre, con cita de otros precedentes, proclama en la misma dirección que "la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis, pero no a su validez. Y también la STS 541/2018, de 8 de noviembre afirma que "la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental. Lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez ( SSTS 129/2011 de 10 de marzo; 607/2012 de 9 de julio).

Ciertamente la ruptura de la cadena de custodia puede tener indudable influencia en las garantías inherentes a la presunción de inocencia ya que es necesario descartar que el control administrativo o jurisdiccional sobre las piezas de convicción pueda generar un equívoco sobre la autenticidad de esas piezas pero eso no significa que la apreciación de ese control deba ser exclusivamente formal, sino material, de forma que no basta con la simple invocación de la posibilidad de falta de control sino que debe existir alguna evidencia que permita sospechar siquiera que esa falta de control ha podido generar una manipulación y en este caso no hay evidencia alguna. Se plantea la queja en términos estrictamente formales sin que se aporte evidencia alguna de posible manipulación de los objetos intervenidos.

El motivo se desestima.

5. Motivo primero, por infracción del artículo 120.3 CE : Falta de motivación

En el denominado primer motivo de los dos recursos a los que venimos dando contestación conjunta (que, en realidad, es el quinto) se censura la sentencia de instancia por considerar que en relación con el fundamento jurídico cuarto de la sentencia de instancia, en el que se procede a la valoración de la prueba, la argumentación de la sentencia, además de desacertada, es insuficiente y manifiestamente arbitraria, si bien no se precisa por qué razón la extensa fundamentación probatoria incurre en arbitrariedad.

Parece deducirse que la arbitrariedad estaría en el hecho de que la droga intervenida lo fue en un trastero que era propiedad, no del recurrente, sino de don Blas, quien manifestó que lo tenía alquilado al recurrente, cuestionándose en ese trascendental punto el valor probatorio de la declaración del coacusado.

Al margen de esa controversia que es estrictamente probatoria y que será analizada posteriormente, lo que no tiene fundamento alguno es la censura sobre falta de motivación de la sentencia. En primer lugar, porque el objeto de impugnación no es la sentencia de instancia, sino la de apelación, a la que ni siquiera se menciona, y, en segundo lugar, porque tanto la sentencia de instancia como la de apelación son buenos ejemplos de lo que debe ser una sentencia motivada. Lejos de advertir en las citadas sentencias el incumplimiento del estándar de motivación constitucionalmente exigible, las dos sentencias han dado cumplida contestación a todas las cuestiones planteadas, por lo que la queja ha de ser rechazada.

El deber de motivación de las sentencias penales deriva tanto del artículo 120.3 como del artículo 24.2 de la Constitución y la ausencia o irracionalidad de la motivación de una sentencia puede lesionar tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho a la presunción de inocencia, pero al tratarse de distintos derechos con funcionalidades diferentes, la lesión tiene distinto alcance o intensidad.

El derecho a la presunción de inocencia exige que la culpabilidad del acusado quede acreditada más allá de toda duda mediante una valoración racional de la prueba, por lo que la falta o irracionalidad de esa valoración podrá traducirse en la absolución del acusado. En cambio, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que los autos y sentencias, sea cual sea su decisión, contengan una motivación, entendiendo por tal la inclusión de una argumentación ajustada al objeto de litigio que permita evaluar y comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional de la misma y no fruto de la arbitrariedad. La ausencia de motivación, que desde esta perspectiva, analiza el contenido formal de la sentencia, conllevará por regla general la nulidad de la resolución.

La tutela judicial efectiva la motivación exige que la resolución judicial exteriorice la justificación de la concreta decisión que adopte, de ahí que no debe medirse en parámetros de excelencia o extensión y que no precise siquiera que sea exhaustiva, dando respuesta a cualesquiera alegaciones que previamente hayan podido formular las partes. Lo que se exige es que ofrezca una explicación clara, precisa, adecuada y congruente con el objeto procesal y en este caso basta leer la sentencia para comprobar que esa explicación se ha dado y con suficiencia. Lo que se deduce del planteamiento de la queja no es tanto la ausencia de una explicación como la discrepancia con el juicio probatorio, cuestión que se aleja de los contornos propios de esta impugnación y que será analizada más adelante al determinar si ha existido o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

El motivo se desestima.

6. Motivo segundo por error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo,así como por vulneración del principio de intervención mínima.

6.1En una amalgama de impugnaciones se argumenta que la sentencia, además de lesionar el derecho a la presunción de inocencia, lesiona también los principios in dubio pro reoy el de intervención mínima. Estos dos últimos argumentos deben ser rechazados.

La lesión del principio in dubio pro reosólo puede invocarse en su faceta normativa, de forma que con arreglo a este principio sólo procede la absolución por vía de recurso cuando el tribunal, una vez practicada la prueba, manifieste la existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad y, aun así, condene.

Según se recuerda en la STS 666/ 2010, de 14 de julio, "es reiterada la doctrina de esta Sala que señala que dicho principio únicamente puede estimarse infringido, en su aspecto normativo, cuando reconociendo el tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la concurrencia de alguno de los elementos integradores del tipo o la participación del acusado, opta por la solución más perjudicial para éste, pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador no alberga duda alguna. El principio "in dubio pro reo"nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( SSTS. 709/97 de 21.5, 1667/2002 de 16.10, 1060/2003 de 21.7). En este sentido la STS 999/2007 de 26.11con cita de la STS. 939/98 de 13.7, ya recordaba que el principio "in dubio pro reo"no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes.

En este caso el tribunal no exterioriza duda alguna lo que conduce a la desestimación de la impugnación.

Y en relación con el principio de intervención mínima, se suele entender que este principio es un mandato al Legislador para que sancione sólo aquellas conductas en los que la pena sea necesaria en cuanto que el viejo constitucionalismo sobreentendía que el derecho penal sólo debía ser la última respuesta y así en la Declaración de Derechos Humanos de 1789 se proclamaba que "la ley no debe establecer más que penas estricta y evidentemente necesarias". Y también se viene utilizando el principio de intervención mínima como parámetro interpretativo o como criterio de justificación para deslindar en supuestos dudosos las conductas punibles y aquellas que no lo son.

Sin embargo, el criterio de distinción fundamental viene determinado por la tipicidad, que es lo que permite cumplir con la exigencia del principio de intervención mínima. La tipicidad es el criterio que delimita la respuesta penal de forma que extramuros de ella quedan las restantes ilicitudes, cumpliéndose así el principio de intervención mínima. ( SSTS 386/2014, de 14 de octubre, con cita expresa de la sentencia núm. 802/2007, de 16 de octubre) y en este caso la conducta enjuiciada es típica razón por la que carece de justificación la apelación al citado principio.

6.2Centrándonos en la eventual lesión del derecho a la presunción de inocencia, cuyo cauce impugnativo se encuentra en el artículo 852 de la LECrim y que habilita para una revisión del juicio probatorio de la sentencia impugnada, resulta obligado hacer una precisión previa.

Al impugnarse una sentencia de apelación, que ya ha realizado una revisión del juicio probatorio, nuestra función casacional no puede ser la misma que la del tribunal de apelación. Funcionalmente no tendría sentido. La instauración de la segunda instancia previa al recurso de casación ha originado una reformulación del contenido revisor que esta Sala debe realizar cuando se invoca el derecho fundamental a la presunción de inocencia. El recurso se estructura sobre una causa enjuiciada por un tribunal, que con inmediación ha percibido la prueba practicada. En una segunda instancia ha sido revisado, en los términos que las partes han querido invocar, sobre el contenido del derecho fundamental alegado u otros aspectos del enjuiciamiento o de la subsunción. De esta manera el contenido esencial del derecho queda satisfecho a partir de la valoración de la prueba por el tribunal de primera instancia y del tribunal de apelación con las posibilidades de reiteración de prueba que la ley dispone. En casación, ya no es posible la práctica de prueba, no concurre la precisa inmediación en la percepción de la prueba y, por lo tanto, el ámbito de revisión sólo puede realizarse sobre lo que hemos denominado estructura racional de la prueba, que permite a la Sala constatar la existencia de la prueba y la correcta valoración de la prueba en los términos de racionalidad que establece el artículo 741 de la LECrim.

Este límite tiene sentido porque la sentencia de apelación ya da cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior ( SSTS 251/2019, de 4 de julio y 349/2019, de 4 de julio, entre las más recientes) por lo que lo que procede es revisar a través de la casación si el órgano de apelación ha dado una respuesta razonable y acorde con las exigencias legales y jurisprudenciales, tanto en lo que se refiere a la valoración, como a la suficiencia de la prueba.

Desde ese planteamiento la casación actúa como un tercer escalón de revisión que, sin descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia, no puede subrogarse en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Corresponde realizar esta función, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de una apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. El control casacional queda confinado más a lo normativo que a la conformación del hecho y fiscalización de las valoraciones que han llevado a la proclamación de tal hecho como probado. Nos corresponde verificar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia.

No es función de un Tribunal de casación, por tanto, revaluar íntegramente las pruebas, incluidas las personales que no hemos presenciado, para preguntarnos si participamos de la convicción reflejada en la sentencia, o, por el contrario, si subsiste alguna duda en nuestro ánimo. El Tribunal de casación ha de autocontenerse para no invadir las competencias de los Tribunales de instancia y apelación subvirtiendo el reparto de espacios funcionales trazado por el legislador y atribuyéndose funciones de íntegra valoración probatoria que legalmente no le corresponden. En principio, sentada la suficiencia en abstracto de la prueba y el ajuste a parámetros de lógica de la forma de deducir y razonar del Tribunal de instancia, el debate sobre la credibilidad mayor o menor de unos medios de prueba frente a otros, la interrelación entre todos ellos, el contraste entre la auto proclamada inocencia del acusado y los elementos de prueba testificales o de otro signo que apuntan en dirección contraria, queda agotado tras la revisión en apelación de lo decidido en la instancia. No puede reproducirse en casación sin traicionar los ámbitos funcionales que nuestro legislador procesal delimita entre los Tribunales de instancia y apelación y el de casación.

6.3En el presente caso la sentencia de apelación ha dado respuesta razonada a las alegaciones que sobre la vulneración de la presunción de inocencia se hicieron en la segunda instancia y que, en buena medida, se reproducen en el recurso de casación.

En el desarrollo argumental de los motivos de ambos recursos se hace un análisis fragmentado de la valoración probatoria, aludiendo solo a algunas de las pruebas valoradas por el tribunal de apelación para tratar infructuosamente de desacreditarlas. Así, se alega que la declaración del coacusado y la de los agentes policiales que depusieron en el juicio son pruebas de cargo insuficientes, haciendo alusión errónea a una doctrina que no se refiere a ese tipo de prueba, como la referida a los requisitos de la declaración de la víctima cuando es prueba única, y sin justificar la razón de la insuficiencia de tales pruebas. En el motivo de forma innecesariamente extensa y prolija, se transcriben las declaraciones de los agentes policiales durante el juicio, para concluir que sus testimonios no han permitido identificar a compradores o vendedores de sustancias ilícitas, omitiendo toda la información que estos agentes dieron sobre las vigilancias realizadas así como las cautelas y procedimientos que utilizaron para evitar que los investigados conocieran las actuaciones que realizaba la Guardia Civil para la comprobación del delito. También se realiza una valoración sesgada de los datos económicos del Sr. Luis Francisco para concluir que la información patrimonial no permite sustentar una condena sin vincular esa información con los incrementos patrimoniales de los acusados, que es lo que se hace en la sentencia para establecer la falta de correspondencia entre ingresos y patrimonio. Se alega que no hubo clonado de la información contenida en los teléfonos intervenidos, que los registros fueron nulos y que no hay prueba de la propiedad de la droga intervenida, deduciendo de todo ello la insuficiencia de la prueba de cargo para un pronunciamiento de condena.

Como hemos afirmado al inicio de este apartado de la sentencia, la defensa hace alusión fragmentaria a las pruebas valoradas por el tribunal y realiza una interpretación subjetiva e interesada de las mismas, excluyendo la totalidad de la información probatoria, razón por la que las alegaciones realizadas no desvirtúan la solidez del juicio probatorio del tribunal de apelación, que refrendó íntegramente el criterio del tribunal de instancia.

En el fundamento jurídico séptimo de la sentencia impugnada se dio contestación a las alegaciones sobre vulneración de la presunción de inocencia en relación con los dos recurrentes y su lectura permite apreciar que el pronunciamiento de condena tiene soporte en prueba de cargo suficiente, de cuya racional valoración nada cabe objetar.

La prueba fundamental que sirvió de base a la declaración de hechos probados fue la incautación de una cantidad importante de cocaína en el registro del trastero número NUM013, sobre cuya legalidad ya nos hemos pronunciado.

El uso del trastero por los dos recurrentes como arrendatarios fue confirmado por su propietario, también coacusado, y se corresponde con la información aportada por los agentes policiales que en sus distintas vigilancias apreciaron que el Sr. Luis Francisco entraba en el trastero y lo abría con sus propias llaves, confirmándose también su uso por la aparición en el trastero de documentos personales de los acusados (un documento de préstamo concedido por el recurrente y un recibo de pago de deudas alimenticias). La sentencia de apelación descarta razonadamente la posibilidad, apuntada por la defensa, de que fueran los agentes quienes desplazaran la documentación de otro trastero al trastero en el que se intervino fundamentalmente porque ninguna protesta se hizo en el momento del registro a la Letrada de la Administración de Justicia y porque no tendría sentido alguno hacerlo cuando ya estaba la comisión judicial. También descartó como dato relevante exculpatorio la no aparición de huellas en la medida en que son fácilmente evitables.

En cuanto a la autoría de la Sra. Valle la sentencia la proclama porque en el trastero aparecieron documentos personales suyos y porque en las vigilancias policiales se apreciaron numerosos movimientos injustificados de la misma a los trasteros. La actividad ilícita de la acusada se refuerza por la utilización indistinta de los vehículos identificados en la sentencia, por el alto nivel de vida que llevaban y porque, según se infiere de las vigilancias policiales, ratificadas en el plenario, la acusada atendía a numerosos clientes.

Además, en el registro domiciliario de la vivienda de los acusados aparecieron útiles vinculados racionalmente con la actividad ilícita (entre otros, una báscula de precisión, cinco televisores, varios ordenadores y pendrives, una llave que entraba la cerradura del trastero NUM013 y tres teléfonos).

También destacó la sentencia como prueba de cargo las vigilancias policiales acreditativas de un trasiego importante de visitas a la vivienda (entre 30 o 40 diarias) con el complemento de un abundante reportaje fotográfico, visitas que eran atendidas indistintamente por ambos acusados.

Argumenta la sentencia que no se obtuvieron conversaciones en las intervenciones telefónicas porque los acusados se comunicaban en clave mediante toques de llamada, lo que sugiere una intencionada actividad de ocultación y señala como otro elemento probatorio relevante la incongruencia entre el patrimonio de los acusados (con propiedad de varios inmuebles y vehículos) que no se correspondía con los exiguos ingresos de los acusados.

En fin, no apreciamos la lesión del derecho a la presunción de inocencia de los acusados. La condena tiene su fundamento en prueba de cargo suficiente y rectamente valorada, que no queda desvirtuada por los argumentos defensivos del recurso.

El motivo se desestima.

7. Motivo tercero. Indebida aplicación de los artículos 368 y 369.1. 5ª CP

En este apartado de los dos recursos no se identifica la vía casacional utilizada para cuestionar la calificación jurídica realizada en la sentencia aunque del contenido de la impugnación se deduce que la censura se refiere a la valoración probatoria realizada en cuanto que se argumenta que no han quedado probados ninguno de los elementos típicos que configuran el delito contra la salud pública de los artículos 368 y 369.1.5 CP. Planteada la queja en estos términos el motivo es improsperable. En el fundamento jurídico anterior ya hemos precisado que la prueba de cargo acredita con suficiencia la dedicación de los acusados a la actividad ilícita de tráfico de drogas, actividad perfectamente descrita en el relato fáctico de la sentencia impugnada y cuya calificación jurídica se ajusta a las previsiones de los preceptos antes citados.

El motivo se desestima.

8. Motivo cuarto, subsidiario al anterior, por indebida inaplicación de las atenuantes de drogadicción ( art. 21.2 CP ) y dilaciones indebidas ( art. 21.6 CP )

Se interesa la apreciación como muy cualificadas de las dos atenuantes referidas anteriormente, con imposición de la pena inferior en dos grados a la correspondiente al tipo penal aplicado.

8.1En lo que atañe a la atenuante de drogadicción, que solo solicita la defensa del Sr. Luis Francisco, se aduce que ha quedado acreditada mediante el informe médico forense realizado sobre el recurrente, añadiendo que fue una atenuante ya reconocida en el anterior proceso que se siguió contra él.

El que en una sentencia se haya reconocido la drogadicción del recurrente no determina que esa declaración vincule a otro tribunal por hechos cometidos años después. La situación puede haber cambiado y lo determinante es valorar la afectación del sujeto por consecuencia del consumo de drogas en el momento de los hechos, lo que obliga a un análisis singularizado al tiempo de la ejecución del delito.

En el caso sometido a nuestro examen casacional se declara probado que el Sr. Luis Francisco "era consumidor de cocaína, sufriendo por ello un trastorno por consumo de sustancias de severidad baja que en ningún caso afectaba a sus facultades intelectivas y volitivas"y semejante inferencia la establece la sentencia de instancia precisamente en consideración a las conclusiones del médico forense.

Esta misma cuestión fue abordada en la sentencia de apelación, frente a cuyos argumentos nada se añade. En la citada sentencia se excluyó la apreciación de la atenuante por no haberse acreditado una adición relevante y por falta de afectación de las capacidades intelectivas y volitivas, añadiendo que la improcedencia de la atenuación derivaba, además, de la cantidad de droga intervenida que rompía todo nexo entre la acción enjuiciada y la adicción.

En la sentencia impugnada se desestimó la apreciación de la atenuante con la siguiente argumentación:

"El médico forense (acto NUM037) informa que el acusado es consumidor, con un patrón de consumo bajo y asociado frecuentemente al consumo de alcohol; sin que exista otra prueba sobre una adicción de mayor intensidad y que, en relación con los hechos imputados, sus facultades cognitivas y volitivas se encontrarían conservadas, era capaz de comprender la ilicitud de aquéllos y actuar conforme con dicha comprensión. Además, y en cualquier otro caso, el alto nivel de vida del acusado y la cantidad de droga intervenida rompe todo posible nexo entre la acción perpetrada y la adicción. No existe contradicción con lo resuelto en anterior procedimiento, donde ya se refería la condición de consumidor del acusado; pero, en cualquier caso, su estado hace años no sienta precedente necesario al valorar ahora su imputabilidad".

Nada cabe objetar a lo expuesto en la sentencia impugnada. Hemos declarado que el mero consumo o la mera adicción al consumo de drogas no implican por sí atenuación alguna. Para ello sería necesario que la adicción pudiera considerarse grave y que se acreditara algún efecto causal en relación con el delito cometido o bien que quedara probada la existencia de alguna perturbación mental relevante a consecuencia de la adicción ( SSTS 877/2005, de 4 de julio; 1101/2005, de 30 de septiembre; 1321/2005, de 9 de noviembre; 912/2006, de 29 de septiembre; 1071/2006, de 8 de noviembre; 444/2008, de 2 de julio). Y también hemos precisado que no basta con ser drogadicto, cuando no alcanza una gravedad que le compele a la conducta delictiva, para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos toxicómanos ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la incidencia de la ingestión de la droga en sus facultades intelectivas y volitivas del sujeto y esa afectación de la capacidad de culpabilidad del acusado ha de constar suficientemente probada ( SSTS 1167/2004, de 22 de octubre; 842/2005, de 28 de junio; 223/2007, de 20 de marzo; 524/2008, de 23 de julio y 16/2009, de 27 de enero).

Por otra parte, la atenuación prevista en el artículo 21.2 CP es funcional, es decir, aplicable solo cuando el acusado ha actuado "a causa" de su grave adicción, condicionado o acuciado por ella para obtener la sustancia que necesita imperativamente. Para que se pueda apreciar la atenuante, la drogadicción debe incidir como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión, como sucede en delitos menores contra el patrimonio, o bien trafique con drogas a pequeña escala con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión es la que merece la atención del legislador, lo que obliga a una valoración minuciosa de las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible y esa es la razón por la que en este caso la sentencia impugnada ha destacado la cantidad de droga intervenida (más de un kilo de cocaína), como elemento contrario a considerar que la adicción al consumo de drogas fuera elemento causal respecto de los hechos punibles.

La queja se desestima.

8.2En lo referente a la atenuante de dilaciones indebidas se sostiene que los hechos datan de 2023 y que el juicio se celebró en febrero de 2025, señalando como dilaciones indebidas el periodo de diez meses desde la incoación del proceso hasta el auto de conclusión de la fase de instrucción y el periodo de seis meses desde el auto de apertura de juicio oral hasta el señalamiento de juicio.

La pretensión es insostenible.

El artículo 24.2 de la Constitución, en sintonía con los Convenios Internacionales sobre derechos humanos ratificados por España ( artículo 6.1 del Convenio de Roma, entre otros), reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Este derecho, según jurisprudencia reiterada, no es identificable con el cumplimiento de los plazos procesales, y lo que proscribe es que la respuesta judicial no se produzca en un tiempo razonable, que es un concepto diferente.

La "dilación indebida" es un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). Y los parámetros fundamentales para apreciar o no la atenuante son: La existencia de paralizaciones no imputables al investigado durante la tramitación del proceso, su duración total y su complejidad.

En el caso que analizamos ninguno de los presupuestos de aplicación de la atenuante se cumplen. Estamos apreciando la atenuación ordinaria en causas con una duración aproximada de cinco años siempre que existan dilaciones indebidas y en este caso la duración del proceso ha sido notablemente inferior (menos de dos años) y, además, no se identifican paralizaciones imputables al órgano judicial toda vez que los periodos que se identifican en el motivo no son dilaciones sino tiempos de tramitación, en modo alguno excesivos.

El motivo se desestima.

RECURSO DE Claudio

9. Motivos primero y segundo, al amparo del artículo 852 de la LECrim , por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías: Derecho a la defensa, a la asistencia letrada y a la tutela judicial efectiva.

9.1Los dos motivos serán objeto de una respuesta conjunta porque se refieren a la misma cuestión. En el primero de los motivos de denuncia que el recurrente, Sr. Claudio, careció de defensa técnica durante la fase intermedia, desde la renuncia del Letrado que designó, sin que se gozara de ese derecho en el trámite fundamental de presentación del escrito de defensa, que fue presentado por un procurador que carecía de poder para ello. En el segundo motivo se aduce que, aunque la sentencia impugnada reconoce que se produjo una situación cuando menos irregular y sorprendente, no accedió a la nulidad de actuaciones interesada aludiendo a la ausencia de indefensión material, criterio que no se comparte en tanto que se produce indefensión cuando se menoscaba gravemente la capacidad de la defensa para diseñar y ejecutar una estrategia procesal desde el inicio de la fase de enjuiciamiento, considerando que esa indefensión no se subsana por la admisión en la fase de juicio de toda la prueba propuesta, tal y como aconteció en este caso.

9.2Para dar respuesta a esta queja conviene hacer una descripción de los hitos procesales de relevancia y que se encuentran detallados en la sentencia de primera instancia. Son los siguientes:

"Dictado el auto de procedimiento abreviado el día 4/4/2024 (Ac. 573) se dictó providencia de 16/7/2024 en la que se disponía expresamente lo siguiente: "Respecto de los procesados Claudio (...) 'no habiendo atendido, el llamamiento judicial a fin de comparecer ante este Juzgado, que fue realizado a través de sus respectivas representaciones procesales- (recordemos, letrados de libré designación en todos los casos), se acuerda citar. nuevamente a los procesados para el día 19 de julio a. las 12:00 horas de su mañana. Habida' cuenta que se trata de Letrados dé libre designación, se tiene por citados a los procesados a través de sus respectivas representaciones procesales.".

Tras dicha providencia, el Letrado D. José. Miguel Vela Ríos. presentó escrito de fecha 18/7/2024 (Ac. 710) renunciando a la defensa de D. Claudio.

No obstante lo anterior, el día 22/7/2024 (Ac. 718) se notificó al acusado el auto de apertura de juicio oral y se le requirió para qué confirmara la designación de su defensa y representación; manifestando qué ratificaba la actual. Tras lo que se dictó providencia de fecha 22/7/2024 (Ac. 719) con el siguiente tenor: "visto el 'estado de' tramitación de las presentes actuaciones, en este acto se da traslado por plazo de diez días a la representación procesal de Claudio a fin qué aporte el correspondiente escrito de 'defensa respecto de su representado".

En fecha 21/7/2024 (AC. 720) se presenta escrito por el procurador Julián Olivas Roldán personándose en nombre 'de D. Claudio. Y el día 21/8/2024 (Ac. 811) se presentó escrito de defensa en nombre de este acusado ('sin firma de letrado).

Remitida la causa a la Audiencia Provincial, el indicado procurador presentó escrito de fecha 9/9/202.4 (Ac. 30 del rollo de Sala) suscrito por la letrada Dª Noelia López Guerrero en el que se manifestaba que ambos profesionales renunciaban a la representación y defensa del acusado D. Claudio. Lo que dio lugar a que la Sala librara exhorto para efectuar un nuevo requerimiento al acusado para la designación de profesionales (trámite evacuado el día 27/9/2024 (Ac. 92). Y ante el silencio del acusado, se procedió por la Sala a interesar nombramiento de profesionales del turno de oficio, dando' lugar al nombramiento del procurador que actualmente le asiste, D. Javier Legorburo Martínez-Moratalla (Ac. 174), y del letrado que le asistió en la primera sesión del juicio oral, D. Darío Martínez Jiménez (Ac. 195)."

9.3La clave para estimar producida una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva por la existencia de irregularidades acaecidas durante la tramitación del procedimiento está en la existencia de "indefensión material". Ciertamente ese derecho constitucional exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derechos fundamentales contenidos en el párrafo 2 del art. 24 CE, se concibe como la negación de la expresada garantía ( SSTC 26/93, de 25 de enero, y 316/94, de 28 de noviembre). Por tanto, la noción de indefensión, junto con la de finalidad de los actos procesales que se mencionan en el art. 240.1, se convierte en elemento decisivo y trascendental, que cobra singular relieve por su naturaleza y alcance constitucional. Es indudable que el concepto de indefensión comprendido en los arts. 238.3 y 240 LOPJ ha de integrarse con el mandato del art. 24.1 CE sobre la obligación de proporcionar la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, aunque ello no signifique en la doctrina constitucional que sean conceptos idénticos o coincidentes.

El primero de los rasgos defensivos de la indefensión es que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa y no existirá indefensión con relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llegue a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses de la parte afectada, bien porque no exista relación sobre los hechos que se quieran probar y las pruebas rechazadas, o bien, porque resulte acreditado que el interesado, pese al rechazo, pudo proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Desde otra perspectiva la indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción SSTC 106/83, 48/84, 48/86, 149/87, 35/89, 163/90, 8/91, 33/92, 63/93, 270/94, 15/95, 91/2000, 109/2002). Y la exigencia de ese impedimento, como elemento determinante de la indefensión, implica una carga para la parte que la alega, consistente en la necesidad de proporcionar un razonamiento adecuado sobre tal extremo, argumentando como se habría alterado el resultado del proceso de haberse practicado la prueba solicitada o evitado la infracción denunciada.

En segundo lugar, la privación o limitación del derecho de defensa ha de ser directamente atribuible al órgano judicial. Ni la Ley ni la doctrina del Tribunal Constitucional amparan la omisión voluntaria, la pasividad, ni tampoco, de existir la negligencia, impericia o el error. La ausencia de contradicción y defensa de alguna de las partes en el proceso que resulta de su actuación negligente no puede encontrar protección en el art. 24.1 CE; así ocurre cuando la parte que pudo defender sus derechos e intereses legítimos a través de los medios que el ordenamiento jurídico le ofrece no usó de ellos con la pericia técnica suficiente, o cuando la parte que invoca la indefensión coopere con la conducta a su producción , ya que la indefensión derivada de la inactividad o falta de diligencia exigible al lesionado, o causada por la voluntaria actuación desacertada, equivoca o errónea de dicha parte, resulta absolutamente irrelevante a los efectos constitucionales, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no impone a los órganos judiciales la obligación de subsanar la deficiencia en que haya podido incurrir el planteamiento defensivo de la parte ( STC 167/88, 101/89, 50/91, 64/92, 91/94, 280/94, 11/95). Es también unánime la jurisprudencia que se refiere al comportamiento procesal de la parte a lo largo del procedimiento y en sus diversas fases a fin de valorar la buena o mala fe procesal y, sobre todo, para valorar en toda su intensidad la real presencia de una situación de indefensión que anule de manera efectiva las posibilidades de defensa o haya impedido la rectificación de comportamientos procedimentales irregulares en momentos especialmente previstos para su denuncia y corrección con merma mínima de otros derechos de igual rango como pudiera ser, entre otros, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ( STS 566/2008, de 2 de octubre).

9.4Partiendo de estas precisiones jurisprudenciales no puede desconocerse que en el caso sometido a nuestra consideración se llevó a cabo una tramitación del proceso irregular en la fase intermedia, en buena medida como consecuencia de la deficiente actuación de la defensa del recurrente. Así, una vez renunciado el letrado designado por la parte, Sr. Vela Ríos, se requirió a la Procuradora para que presentara escrito de defensa, personándose un nuevo Procurador, Sr. Olivas Roldán, presentado el escrito de defensa. Una vez el proceso en la Audiencia Provincial este Procurador y la Letrada Sra. López Guerrero renunciaron a la representación y defensa, procediéndose al nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, una vez que el acusado fue requerido para el nombramiento de nuevos profesionales con resultado negativo. Finalmente en la primera sesión del juicio intervino el Letrado de oficio y posteriormente un Letrado designado por el acusado, admitiéndose todas las pruebas que se propusieron tanto en el escrito de defensa como las propuestas en el acto del juicio.

Por tanto, el escrito de defensa fue presentado por un Procurador sin poder de representación y dicho escrito fue admitido a trámite a pesar de que previamente se había declarado precluido el trámite para presentación del escrito de defensa. Sin embargo, el tribunal de instancia actuó con diligencia para evitar cualquier tipo de indefensión, admitiendo, primero, las pruebas solicitadas en el escrito de defensa y, después, las propuestas por la nueva defensa durante la celebración del juicio de modo que no se produjo indefensión material en la medida en que la nueva defensa intervino con plenitud en el acto del juicio y se le admitieron todas las pruebas que propuso.

Frente a este planteamiento se alega que la defensa no pudo articular una estrategia procesal de defensa en el momento procesal oportuno, pero no se especifica en el motivo qué tipo de estrategia, al margen de la que se llevó efectivamente, podría haber sido planteada y que por consecuencia de las deficiencias de tramitación no pudo llevarse a efecto. La indefensión que se denuncia se plantea en términos exclusivamente formales e hipotéticos, sin que se cumpla con la carga de justificar en qué medida el resultado del proceso habría sido diferente o en qué medida se impidió a la defensa el planteamiento de una estrategia defensiva diferente.

Consecuentemente, el motivo se desestima.

10. Motivo tercero, al amparo del artículo 852 de la LECrim : Vulneración de la presunción de inocencia

10.1Sobre la base de la doctrina jurisprudencial mencionada en el fundamento jurídico 6.2 de esta sentencia, relativa al ámbito de revisión de la casación cuando se invoca la lesión del derecho a la presunción de inocencia en sentencias que han pasado por el filtro previo del recurso de casación, habremos de dar respuesta a la queja que se contiene en el presente motivo, en el que se alega que la condena del recurrente tiene como fundamento probatorio una serie de indicios de los que no cabe deducir su participación en la actividad por la que ha sido condenado.

Se alega que los indicios valorados por el tribunal son: La realización de labores de contravigilancia, la adquisición de tarjetas SIM para los otros acusados y una presunta entrega de sustancia con contraprestación económica tras acudir al domicilio de los coacusados. Ninguno de tales indicios, se dice, ni valorados aisladamente ni en conjunto, permite alcanzar, más allá de toda duda razonable, la certeza de su participación en un delito contra la salud pública Estos hechos, aun dándose por probados, son equívocos y no conducen de manera unívoca e inequívoca a la conclusión de su participación en un delito de tráfico de drogas. Se añade que no se han aportado los contratos de telefonía ni se ha acreditado que existieron líneas de teléfono a su nombre o de su titularidad ni que las mencionadas tarjetas hayan sido utilizadas para el tráfico de drogas ni que supiera que las tarjetas estuvieran destinadas a esa actividad. En cuanto a las contravigilancias no son sino una mera apreciación subjetiva de los agentes, carentes de cualquier tipo de corroboración y tampoco hay corroboración objetiva de la supuesta entrega de drogas hasta el punto de que el propio agente de la Guardia Civil que presenció el acto precisó que había percibido una "supuesta entrega de droga".

10.2El motivo es improsperable. También en relación con este acusado la condena tiene como apoyatura en prueba de cargo suficiente valorada con criterios de razonabilidad que compartimos.

En primer lugar se ha valorado la prueba testifical de un agente policial, avalada por el correspondiente informe gráfico, en el que el recurrente el día 10/04/2023 realizó una entrega de cocaína por la ventanilla del vehículo con matrícula NUM038 a cambio de 50 euros poco después de haber salido de la vivienda del Sr. Luis Francisco. No hubo una versión alternativa creíble y la entrega, como señala la sentencia, se hizo en la forma en que se suelen producir las ventas al menudeo de la droga. También se tuvo en consideración la continua relación con los otros dos acusados (Sr. Luis Francisco y esposa) a quienes facilitaba teléfonos móviles a su nombre, según se acreditó por prueba documental, teniendo contratadas hasta cinco líneas activas. Este dato se ha confirmado con otros dos muy relevantes: Era usuario de uno de los móviles en cuyo perfil de WhatsApp tenía la foto de los hijos del Sr. Luis Francisco y en la mesilla de noche del dormitorio de éste tenía un teléfono que tenía instalada una tarjeta SIM adquirida por el recurrente el día 29 de mayo. Se refiere que los agentes comprobaron la entrega de móviles y tarjetas y que los acusados se llamaban entre sí en clave y utilizaban tarjetas prepago, todo ello con la finalidad de dificultar la posible actuación policial. Destaca también las continuadas maniobras de vigilancia y contravigilancia que realizaba mientras los otros dos acusados acudían al trastero de la localidad de Hellín, detallando la sentencia una de estas actuaciones.

A partir de estos datos puede concluirse la colaboración y coparticipación del recurrente en la actividad ilícita. No se trata de actos neutros o carentes de significación incriminatoria. Por el contrario, evidencian la contribución relevante del recurrente a la comisión del delito, razón por la que el motivo debe ser desestimado.

11. Motivo cuarto por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim . Indebida aplicación del artículo 368 CP

11.1Se alega que los actos de colaboración descritos en el factum son a lo sumo, actos de colaboración o auxilio periféricos a la actividad principal de tráfico de drogas desarrollada por otros coacusados. La compra de tarjetas SIM o la realización de labores de vigilancia son actos que, por su naturaleza, no constituyen el núcleo de la conducta típica del artículo 368 del Código Penal que sanciona los actos de cultivo, elaboración, tráfico o la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal.

La participación del recurrente, tal y como se describe, carece del dominio funcional del hecho y no puede ser calificada como coautoría. Tampoco alcanza la categoría de cooperación necesaria, pues la actividad de tráfico de los principales acusados no dependía de forma esencial de las acciones atribuidas al Sr. Claudio, acciones que serían, en el peor de los casos, actos de complicidad o encubrimiento, pero en ningún caso admiten su subsunción en el tipo básico del artículo 368 CP a título de autor.

11.2En el ámbito concreto del contra la salud pública de tráfico de drogas esta Sala viene insistiendo en la dificultad de apreciar esa forma de participación dada la amplitud con la que se describe el tipo penal en el artículo 368, en el que prácticamente se viene a utilizar un concepto extensivo de autor, de forma que la complicidad queda reducida a supuestos de contribución de segundo orden no comprendida en ninguna de las modalidades de conducta descritas en el citado precepto, y generalmente incluidas dentro de los supuestos encuadrados en la llamada doctrina del "favorecimiento del favorecedor", con la que se hace referencia a conductas que sin promover, favorecer o facilitar directamente el consumo ilegal, auxilian a quien ejecuta los verdaderos actos típicos conforme al citado artículo 368 ( SSTS núm. 93/2005, de 31-1; 115/010, de 18-2 ; 473/2010, de 27-4 ; y 1115/2011, de 17-11 ). No puede excluirse que determinadas contribuciones lo sean en concepto de cómplice pero para que ello sea así, de un lado, la acción realizada no tiene que tener encaje en las conductas típicas que describe el artículo 368 CP, que son ciertamente muy amplias, y de otro lado, se precisa que la contribución sea accesoria o periférica, es decir episódica o de escasa relevancia.

Esas notas no concurren en el caso de autos. El recurrente, según el relato fáctico, participó en la actividad ilícita de forma continua y su contribución no fue periférica. Facilitó medios de comunicación para llevar a cabo la actividad, intervino directamente, al menos en una entrega de droga y realizó con frecuencia labores de vigilancia o contravigilancia. En relación con esto último, en la reciente STS 484/2025, de 28 de mayo, hemos dicho que la realización de labores de contravigilancia entra de lleno en los amplios términos que definen el delito contra la salud pública en el art. 368 del Código Penal, que se refiere no solo a los actos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sino también a cualquiera otros que supongan una promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de tales sustancias, o su posesión con aquellos fines, siendo indudable que colaborar para que la policía no descubra la actividad ilícita, en este caso el lugar en el que se escondía la droga, integra claramente un acto de favorecimiento del tráfico ilegal de dicha sustancia.

El motivo se desestima.

12. Motivo quinto por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim . Indebida inaplicación de la atenuante de drogadicción del artículo 21.2 CP

12.1En este último motivo se interesa la apreciación de la atenuante de drogadicción. Alega que la sentencia ha descartado su aplicación con tres argumentos:

a) La levedad del trastorno. Se alega que la sentencia considera que un trastorno leve no alcanza el umbral de adicción grave que exige la atenuante, pero se estima que esta interpretación es incorrecta. La nomenclatura del DSM-5 ha modificado las antiguas categorías de "abuso" y "dependencia". Un diagnóstico de "trastorno por consumo", incluso calificado como "leve" según los criterios cuantitativos del manual, no excluye una afectación relevante de las capacidades volitivas y cognitivas del sujeto. Lo determinante no es la etiqueta diagnóstica, sino la influencia real de la dependencia en la conducta delictiva.

b) La falta de vinculación funcional con el delito: La sentencia niega la relación entre la adicción y el delito porque el recurrente tenía trabajo y vehículo, descartando una motivación puramente económica para delinquir. Se sostiene que este razonamiento es simplista y obvia que la influencia de una toxicomanía en las facultades de una persona va más allá de la necesidad de obtener fondos para su consumo. Afecta a la capacidad de tomar decisiones, de valorar las consecuencias de los actos y de resistir a impulsos o influencias externas, aspectos que el tribunal ha omitido por completo analizar.

c) La exigencia de una adicción "grave" como supuesto límite, al estimar la ausencia de afectación de las facultades intelectivas y volitivas. En la sentencia impugnada se sostiene que "la adicción grave es el supuesto límite para la atenuación". Esta interpretación es excesivamente restrictiva en tanto que la jurisprudencia ha establecido que lo crucial es que la adicción sea el motor del delito ("actuar a causa de"), y que haya mermado, sin anularlas, las facultades del sujeto. Entiende la defensa que el tribunal de apelación ha establecido esa conclusión de forma automática, sin un análisis pormenorizado de cómo la dependencia severa a la cocaína, constatada por el forense, pudo mermar la capacidad de mi representado para actuar conforme a la norma.

12.2Cuando se impugna en casación una sentencia por la vía de la infracción de ley del artículo 849.1 de la LECrim, el análisis de la subsunción jurídica de los hechos debe realizarse a partir de los hechos probados de la sentencia, sin que éstos puedan ser objeto de censura o modificación. Los hechos probados declaran lo siguiente:

"En el periodo temporal en que se cometieron los hechos descritos eh los apartados anteriores, los acusados D. Luis Francisco, D. Claudio y D. Octavio eran consumidores de cocaína, sufriendo por ello un trastorno por consumo de sustancias con un nivel de severidad bajo (en el caso de D. Octavio de grado, moderado), que en ningún caso afectaba a sus respectivas facultades intelectivas ni volitivas".

Resulta evidente que a partir de estos hechos no pueden apreciarse la atenuante interesada. La no apreciación de la atenuante se ajusta así a la jurisprudencia de esta Sala, que ha destacado que el requisito biopatológico no basta para la estimación de esta atenuante ( SSTS 180/10, de 10 de marzo o 696/2015, de 17 de noviembre, entre muchas otras), reclamándose para la apreciación de la circunstancia atenuante que contemplamos, que la grave adicción a la droga provoque en el comportamiento del sujeto un efecto compulsivo que le lleve a la comisión de delitos, con el fin de obtener dinero y procurarse las sustancias a las que es adicto. La compulsión debe así evaluarse desde la influencia que la dependencia pueda alcanzar en los resortes mentales del adicto, así como por su influencia en el momento de la comisión delictiva, lo que en el caso enjuiciado no consta.

Venimos declarando que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación. No se puede solicitar la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas, ni basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos toxicómanos, ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la evidencia de la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto, siendo imprescindible, para poder apreciarse la drogadicción sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adición a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes como al periodo de dependencia y singularizada alteración en el momento de los hechos( STS 645/2018, de 13 de diciembre, por todas).

En este caso, además de que el juicio histórico no permite el reconocimiento de la atenuante, su exclusión ha sido convenientemente motivada. En la sentencia de apelación se destaca que el sujeto no padecía una adición grave, que el consumo de drogas no tuvo incidencia en la conducta ilícita y que no se apreció una vinculación funcional entre el hecho y la adicción toda vez que el recurrente no tenía una situación económica precaria que le indujese al tráfico de sustancias para procurarse la droga.

El motivo se desestima.

RECURSO DE Justo

13. Motivo primero y segundo por infracción de derecho constitucional: Vulneración de derecho a la presunción de inocencia.

13.1Daremos contestación conjunta a ambos recursos dados que tienen idéntico fundamento, la insuficiencia de la prueba de cargo y la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Antes de dar respuesta a las impugnaciones resulta obligado precisar que el segundo motivo está incorrectamente formulado al utilizarse la vía casacional del artículo 849.2 de la LECrim. Se hace alusión a todas las pruebas para afirmar la existencia de un error fáctico pese a que la vía casacional elegida no permite una revaluación global de la prueba y sólo admite la modificación del relato fáctico por la existencia de un error que debe acreditarse necesariamente por el contenido literal de una prueba genuinamente documental. En la medida en que no se respeta ese presupuesto el motivo estaría abocado al fracaso pero, como se cuestiona la valoración probatoria, su análisis se realizará conjuntamente con el motivo primero en el que se ha acertado con el motivo de casación elegido.

13.2Precisado lo anterior, sostiene el recurrente que su condena deriva de las vigilancias policiales ratificadas en el plenario, del hallazgo de cocaína en el trastero NUM013 y de la aparición de una bolsa con recortes circulares, típicos de la preparación de monodosis de cocaína, en la casilla de la parte trasera. Y la sentencia refuerza las pruebas anteriores haciendo especial mención de la inverosimilitud de la coartada ofrecida (que pasaba solo los fines de semana en la casilla) ante la ausencia de ropa y enseres suyos, sin tener en consideración que donde residía durante la semana era en Madrid, lugar donde tenía su trabajo. Declara la sentencia que fue observado el día 29 de abril haciendo una transacción desde su coche y que otro día los agentes pararon su vehículo y encontraron los restos típicos de haber consumido cocaína" envoltorio circular de plástico y tramo de alambre. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que en relación con la supuesta venta de droga, el agente que depuso en el juicio manifestó que no vio lo que se entregaba, ni lo que se recibía y tampoco que en el registro de su domicilio no fue encontrado ninguna droga o utensilio más allá de unos recortes de periódicos que los agentes identificaron como los que se suelen utilizar para la preparación de monodosis de cocaína. La sentencia también declara que el recurrente hacía labores de guarda y custodia en ese lugar, sin considerar que el lugar en el que se afirma que se vigilaba era su domicilio.

13.3Reiteramos lo dicho en el fundamento jurídico 6.2 de esta sentencia acerca de nuestro ámbito de control casacional una vez revisado el juicio probatorio en la sentencia de apelación. También en este caso la condena tiene fundamento en prueba de cargo suficiente cuya valoración se ajusta a parámetros de razonabilidad y sentido común. Ciertamente la condena tiene apoyo fundamental en las vigilancias policiales, ratificadas en el plenario que han permitido acreditar una constante labor de colaboración con el matrimonio condenado, mediante entregas de droga al menudeo y labores de vigilancia, lo que en unión con las restantes evidencias acumuladas (fundamentalmente la ocupación de una importante cantidad de droga en el lugar desde el que se trasladaba la droga al punto de venta) constituyen evidencias probatorias suficientes para sustentar el pronunciamiento de condena.

La sentencia de apelación justificó la suficiencia probatoria en el siguiente fragmento de su texto:

"La sentencia recurrida fundamenta la condena del recurrente, de nuevo y al igual que con Octavio, tratando conjuntamente su autoría, en la prueba de los indicios que resultan de las vigilancias policiales ratificadas en el plenario (en concreto y en lo que a él afecta los ff.12-15. del oficio en el que se interesa el registro de 4 de junio de 2023), el hallazgo de la cocaína en el trastero 134 y la aparición de una bolsa con recortes circulares, típicos de la preparación de monodosis de cocaína en la casilla de la parte trasera. Y hace especial mención de la inverosimilitud de su cortada (que pasaba los fines de semana en la casilla) ante la ausencia de ropa y enseres suyos.

Efectivamente, Justo, que durante la semana trabajaba en Madrid, volvía los fines de semana a Isso, permaneciendo en "la casilla de atrás", día y noche, para colaborar con Octavio en la venta de drogas y ejecutar labores de vigilancia y seguridad de la cocaína ("guarda y custodia") que el matrimonio deposita y les encomienda mientras se encuentran en Guardamar, evitando un posible "vuelco", dejando a la vista la furgoneta que conduce (Opel Vivaro, propiedad de Cuesta Esparcia SL) para hacerse visible. Ha sido observado el 29 de abril haciendo una transacción desde su coche a una pequeña furgoneta (un pequeño objeto, se nos dice), en la acción típica de menudeo ("juego de manos típico de las transacciones de droga"); también el día 8, a las 00:12, cuando se encontraba en "la casilla", los agentes detectaron la llegada de un vehículo que, cuando reanudó su marcha, fue controlado por una pareja uniformada encontrando "los restos típicos de haber consumido cocaína" (envoltorio circular de plástico y tramo de alambre), según es de ver al f.57 del atestado NUM039.

La relación con Octavio, su especial cercanía, en los momentos en que queda probado que éste se dedica al tráfico de drogas auxiliando a Luis Francisco y Valle, conectado con las acciones típicas del menudeo que informa la Guardia Civil y con sus constantes entradas y salidas y su permanencia en la "casilla de atrás" por las noches, enmarcado por un constante trasiego de vehículos cuyos conductores entran por poco espacio de tiempo y salen, en la dinámica habitual del menudeo (obrando en los atestados abundante material fotográfico obtenido de la cámara fija) y siendo visto cómo, en algunas ocasiones, gesticula, desde el interior del vallado, a los clientes que se acercan al domicilio del matrimonio para que se dirigiesen hasta la caseta trasera del recinto. En esa caseta carece de ropa y utensilios necesarios para desarrollar la actividad recreativa que él pretende hacer, y allí aparece la bolsa con recortes circulares en el registro, necesariamente para la venta de la droga que les proporcionaba Luis Francisco y Valle, de aquella que aparece en el registro del trastero NUM013. No encontramos otra justificación razonable que su participación en el delito contra la salud pública por el que viene condenado".

El motivo decae.

RECURSO DE Octavio

14. Motivo primero por infracción de derechos constitucionales

En el primer motivo de este recurso el gravamen que se denuncia viene referido a la eventual nulidad de las intervenciones telefónicas, de las entradas y registros y a la supuesta vulneración de la cadena de custodia de los objetos incautados en los registros. Se alega que las diligencias de investigación referidas fueron prospectivas y no cumplieron con las exigencias en cada caso impuestas por la ley y, en cuanto a la cadena de custodia, se insiste en que no se observaron las formalidades preceptivas en la remisión, etiquetado, conservación y custodia de la droga intervenida.

Todas estas cuestiones ya han sido extensamente analizadas en los fundamentos jurídicos 1 a 4 de esta resolución, que damos por reproducidos.

El motivo se desestima.

15. Motivo segundo por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim . Indebida aplicación del artículo 368 CP e indebida inaplicación del párrafo segundo del mismo precepto así como del articulo 29 CP

15.1En este segundo apartado del recurso se impugna la sentencia por dos motivos. En el primero de ellos se alega que el recurrente ha sido condenado por la comisión del delito del artículo 368 CP, pese a que la cantidad que se le intervino fue de escasa entidad, por lo que debería haberse aplicado el párrafo segundo del artículo 368 CP.

Siguiendo la doctrina establecida de forma reiterada por este tribunal y de la que es exponente la STS 799/2017, de 11 de diciembre, entre otras muchas, "el recurso de casación cuando se articula por la vía del art. 849.1 LECrim ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de la prueba. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es plantear una discordancia jurídica con el tribunal sentenciador sobre unos hechos probados, ya inalterables. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de la juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado".

En el caso examinado la sentencia de instancia declara como probado lo siguiente:

"Algunos fines de semana el matrimonio se desplazaba a un apartamento vacacional de su propiedad sito en el n° DIRECCION004 de la localidad de Guardamar del Segura (adquirida en el año 2010). A fin de mantener en esos periodos la continuidad del negocio, recaba con el auxilio de los acusados D. Octavio y D. Justo, quienes, también bajo la supervisión de D. Claudio, vendían droga a terceras personas en esos periodos estableciendo principalmente como punto de venta una caseta ubicada en el interior del terreno rústico DIRECCION005 del Paraje " DIRECCION001"-de Isso a nombre de D.ª Valle y sus hijos (llamada por los acusados " DIRECCION006", y que, aun estando registrada al 50% a nombre de los hijos del matrimonio, era materialmente propiedad de ambos cónyuges)...

En el mismo sentido, el viernes día 21/4/2023 D. Luis Francisco trasladó a D. Octavio a " DIRECCION006", y tras recoger cierta cantidad de droga del trastero n° NUM013, y en compañía de D. Valle, se la llevaron a D. Octavio para que la vendiera a lo largo del fin de semana (desplazándose a continuación el matrimonio Luis Francisco- Valle a Guardamar del Segura hasta el día 23/4/2023). Colaborando también D. Justo con D. Octavio ese fin de semana. en el control del negocio, realizando ambos múltiples transacciones.

La misma operación se repitió el fin de semana-puente de los días 29 de abril a 2 de mayo, en que el matrimonio Luis Francisco- Valle, también se desplazó a Guardamar del Segura. Quedándose D. Octavio y D. Justo en " DIRECCION006" y realizando numerosas transacciones".

Se colige de este relato que la participación del recurrente en los hechos no se limitó a una transacción de escasa cuantía sino que participó activamente en el conjunto de la actividad ilícita que se describe en el juicio histórico, consistente en la venta continuada de cocaína, siendo que fruto de la investigación se ocupó una cantidad importante de droga. Por lo tanto, no existe error alguno en la calificación jurídico-penal de los hechos siendo del todo improcedente la pretensión de que su acción sea beneficiada con la aplicación del subtipo atenuado del artículo 368.2 del Código Penal.

El submotivo se desestima.

15.2En segundo lugar se queja el recurrente de que su grado de participación no haya sido contemplado como complicidad, conforme a las previsiones del artículo 29 CP. A tal fin se alega que la participación del recurrente no era necesaria y que la incautación de la droga no puede atribuírsele, reprochando a la sentencia que se condene al recurrente únicamente por la declaración de los agentes policiales.

En este segundo submotivo se entremezclan argumentos probatorios y normativos y ya hemos precisado que cuando se acciona por la vía del artículo 849.1 de la LECrim el respeto a los hechos probados es un presupuesto inexcusable. En otros apartados de la sentencia y en relación con otros de los acusados ya hemos precisado que los testimonios policiales, que deben ser enmarcados en el conjunto de toda la investigación y de los hallazgos que se produjeron en la misma, constituyen prueba suficiente para acreditar la participación del recurrente. Pero al margen de esta cuestión, que queda extramuros del ámbito de este motivo casacional, la participación del recurrente no puede ser calificada de complicidad.

Como recuerda la doctrina de esta Sala (STS 396019, de 24 de julio) la jurisprudencia configura la complicidad como la aportación a la ejecución de actos anteriores o simultáneos, que deben caracterizarse por no ser necesarios, ya que ello nos introduciría en la autoría o en la cooperación necesaria, pero que, sin embargo, deben constituir una aportación de alguna relevancia para su éxito. De un lado, por lo tanto, han de ser actos no necesarios, y así se habla en algunas sentencias de actos periféricos y de mera accesoriedad (STS 1216/2002, de 28 de junio); de contribución de carácter secundario o auxiliar ( STS 1216/2002 y STS 2084/2001, de 13 de diciembre); de una participación accidental y no condicionante ( STS 1456/2001, de 10 de julio); o de carácter accesorio ( STS 867/2002, de 29 de julio). De otro lado, ha de tratarse de una aportación o participación eficaz ( STS 1430/2002, de 24 de julio); de un auxilio eficaz ( STS 1216/2002, de 28 de junio), o de una contribución (más o menos) relevante ( STS 867/2002, de 29 de julio).

En el caso del delito de tráfico de drogas la apreciación de la complicidad viene condicionada por la amplitud de la acción típica descrita en el artículo 368 CP que castiga a los que de cualquier modo "promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal" de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancia psicotrópicas, de ahí que como hemos precisado en el páginas anteriores la complicidad queda reducida a supuestos de contribución de segundo orden no comprendida en ninguna de las modalidades de conducta descritas en el citado precepto, y generalmente incluidas dentro de los supuestos encuadrados en la llamada doctrina del "favorecimiento del favorecedor", con la que se hace referencia a conductas que sin promover, favorecer o facilitar directamente el consumo ilegal, auxilian a quien ejecuta los verdaderos actos típicos.

Volviendo al caso, la conducta realizada por el recurrente y que acabamos de describir no puede entenderse como una función de auxilio a quienes directamente ejecutaban los actos de tráfico dado que se le atribuye la comisión de actos directos realizando múltiples transacciones, generalmente cuando los principales acusados estaban ausentes y con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad ilícita. En consecuencia, su participación no cumple con los presupuestos propios de la complicidad.

El submotivo se desestima.

16. Motivo tercero por infracción de ley, conforme al artículo 849.1 de la LECrim . Indebida inaplicación de la atenuante de drogadicción del artículo 21.2 CP y de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP

Este motivo reproduce los mismos argumentos y pretensiones que los realizados en el motivo cuarto del recurso interpuesto por el Sr. Luis Francisco y al que hemos dado cumplida contestación en el fundamento jurídico octavo de esta sentencia. La única diferencia con el Sr. Luis Francisco es que en el caso del Sr. Octavio el trastorno asociado al consumo de drogas era de severidad moderado si bien, al igual que en el otro caso, el médico forense informó que no había afectación de las facultades intelectivas y volitivas, lo que conduce a desestimar la apreciación de la atenuación de drogadicción, concurriendo también en este caso la ausencia de toda vinculación causal entre el citado trastorno y los hechos punibles. De igual manera y por los razonamientos ya expuestos no es admisible la pretensión de apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas.

El motivo se desestima.

17. Costas procesales

Desestimándose los recursos, procede condenar a los recurrentes al pago de las costas procesales causadas por sus respectivos recursos, a tenor de lo previsto en el artículo 901 de la LECrim.