Sentencia Penal 302/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 22254/2024 de 23 de abril del 2026

PRIMERO.-Con fecha 12 de diciembre de 2024 se recibió en esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, escrito del Ministerio Fiscal interponiendo recurso de revisión contra la sentencias firmes núm. 212/2024 de 16 de mayo, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona en el procedimiento Diligencias urgentes 124/2024, contra la núm. 227/2024 de 19 de mayo, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona en el procedimiento Diligencias urgentes 136/2024, y contra la núm. 233/2024 de 8 de julio, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Girona en el procedimiento Diligencias urgentes 185/2024, en las que se condenó a Juan como autor responsable de delitos de quebrantamiento de condena previsto en el artículo 468.1 CP a las penas, respectivamente, de 8 meses de multa y costas, 12 meses de multa y costas y 16 meses de multa y costas.

La revisión solicitada se funda en el artículo 954.1.d) de la LECrim, solicitando el Ministerio Público la nulidad de las sentencias núm. 212/2024 de 16 de mayo, y la nº 227/2024 de 19 de mayo, ambas dictadas por el juzgado de Instrucción nº 2 de Girona, y la nulidad parcial de la núm. 233/2024 de 8 de julio dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Girona, únicamente en lo referido a la agravante de reincidencia, manteniendo el resto de pronunciamientos.

Las vicisitudes procesales sobre las que se funda la solicitud de autorización son las siguientes:

«Primero:

1.- La sentencia que se dice quebrantada fue la dictada por el Juzgado de Instrucción n.° 3 de Girona en el Juicio sobre Delitos Leves n.° 487/2024, de fecha 29 de abril de 2024 (por error consta en la misma el 29 de julio), n.° 171/2024. En ella se condenó a Juan como autor de dos delitos leves de amenazas del art. 171.7 CP, imponiéndole por cada uno la pena de treinta días de multa, con una cuota diaria de seis euros, así como la prohibición de aproximarse a 50 metros de distancia de D. Cristobal, de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por el mismo por plazo de 6 meses; la prohibición de comunicarse con D. Cristobal por cualquier medio, esto es, por vía telefónica, carta o telegrama, o a través de cualquier red social o por medio de terceras personas, ni de ninguna otra forma bajo ningún pretexto, por plazo de 6 meses; la prohibición de aproximarse a 50 metros de distancia de D. Alfonso, de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo por plazo de 6 meses; la prohibición de comunicarse con D. Alfonso por cualquier medio, esto es, por vía telefónica, carta o telegrama, o a través de cualquier red social o por medio de terceras personas, ni de ninguna otra forma bajo ningún pretexto, por plazo de 6 meses.

En la propia resolución se recogía que la misma no era firme y que podía interponerse recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El mismo día en que se dictó la sentencia, se le notificó de forma personal a Juan, asistido de intérprete y del letrado del turno de oficio en la que se informaba de que contra la misma cabía recurso de apelación en el término de cinco días hábiles.

No obstante, también se recogía en dicha diligencia de notificación, que si transcurrido el plazo no se había presentado el oportuno recurso de apelación se entenderá que consiente la Sentencia y se declarará su firmeza, para, seguidamente y en el propio acto de la notificación de la sentencia, requerirle para que en un plazo máximo de 10 días abonase las multas; así como, en la propia diligencia también se le requería a fin de que se abstuviera de aproximarse a una distancia de 50 metros respecto de Cristobal, de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo durante el plazo de 6 meses, con la advertencia que caso contrario podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP; asimismo, se le requería a fin de que se abstuviera de aproximarse a una distancia de 50 metros respecto de Alfonso, de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo durante el plazo de 6 meses, con la advertencia de que en caso contrario podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP; además, se le requería también para que se abstuviera de comunicarse con dichas personas durante el plazo de seis meses.

Con fecha 8 de mayo de 2024, se dictó en el mismo procedimiento Auto de aclaración de la sentencia en el sentido de rectificar la fecha de la misma, pues se había hecho constar como fecha el 29 de julio de 2024, cuando en realidad se había dictado el 29 de abril de 2024, habiéndosele notificado a Juan el referido Auto por correo el día 20 de mayo de 2024, según consta en el acuse de recibo.

El día 14 de mayo de 2024, el Letrado del turno de oficio de Juan, presentó escrito, firmado únicamente por dicho Abogado, en el que interponía recurso de apelación contra la sentencia, si bien, mediante Diligencia de 16 de mayo de 2024 se acordó requerirle para que en el plazo de cinco días presentara el recurso firmado por su cliente, constando la notificación por correo electrónico al día siguiente.

Al no haberse atendido tal requerimiento, el día 8 de julio de 2024 se dictó Diligencia de ordenación en la que hacía constar que en dicha fecha no constaba subsanado el defecto procesal de falta de firma del denunciado Juan en el escrito de interposición del recurso de apelación presentado por el Letrado Jordi Poch Tarres conforme al requerimiento efectuado en fecha 17 de mayo de 2024.»

SEGUNDO.-No siendo necesaria autorización previa, por resolución de fecha 18 de diciembre de 2024 se acordó dar traslado al penado Juan para personarse en este recurso y si lo peticionara proceder al nombramiento de abogado y procurador de oficio.

TERCERO.-Tras diversos intentos de localización, todos ellos infructuosos y con resultado negativo, se solicita de los Colegios Profesionales correspondientes la designación de abogado y procurador de oficio a Juan.

Por el Colegio de abogados de Madrid, se comunica a este Tribunal el archivo de la solicitud por no haber sido atendido el requerimiento a Juan, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y en el artículo 10 del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

CUARTO.-Por providencia de 2 de febrero de 2026, se fijó la composición de la Sala y se acordó señalar para deliberación y fallo la audiencia del día 16 de abril de 2026, lo que se llevó a efecto.