Sentencia Penal 239/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6068/2023 de 24 de marzo del 2026

1. Planteamiento de la controversia

El Ministerio Fiscal ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia número 177/2023, de 15 de junio de 2023, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, a través de un único motivo de impugnación, formulado por la vía establecida en el artículo 852 de la LECrim, en el que se invoca la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1, en relación con los artículos 9.3 y 120.3 CE, en su vertiente del derecho a disponer de las pruebas pertinentes. La censura del Ministerio Fiscal gira en torno a la declaración de nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas en la presente causa y de las demás diligencias de investigación posteriores, que ha conducido a la libre absolución de los acusados.

El tribunal sentenciador, después de hacer unas muy doctas apreciaciones sobre la calidad de los indicios que deben servir de soporte a una autorización de una intervención telefónica, señala que los indicios valorados por el Juez tenían como apoyo el oficio policial en el que se relataban simples sospechas, de forma que la intervención de las comunicaciones fue absolutamente prospectiva y desproporcionada, añadiendo que para obtener la constatación de la información inicial de que disponía la policía podría haberse acudido a la práctica de diligencias menos invasivas como solicitar una información patrimonial del investigado para comprobar si había o no incrementos patrimoniales no justificados o realizar seguimientos policiales para comprobar sus movimientos.

En el recurso formulado por el Ministerio Público las alegaciones que sustentan su discrepancia con la sentencia son, resumidamente, las siguientes: a) En la sentencia impugnada no se ha tenido en cuenta la totalidad de los indicios valorados por el Juez cuanto autorizó la injerencia; b) La sentencia no dedica una sola línea a valorar el auto judicial que autorizó las intervenciones, fechado el día 18 de noviembre de 2018 y c) En el citado auto se explicita una amplia y justificada motivación sin que para su análisis haya de tenerse como única referencia el oficio policial y en el que se describen un total de nueve elementos fácticos, dos referentes a que los atracadores disponían de información sobre la forma de trabajar en la nave, que sólo podía conocer alguien que trabajara en ella y siete elementos fácticos sobre participación de Onesimo en la comisión del robo con violencia.

Sostiene el Fiscal que cuando se pide una intervención telefónica se está en los umbrales de una investigación policial, cuya finalidad es verificar la realidad de hechos de apariencia delictiva y la identidad de las personas concernidas. Por ello los datos objetivos (no meras sospechas ni intuiciones o impresiones) no tienen ni deben tener tal consistencia objetiva próxima a la certeza que haría innecesaria la intervención. Y en el caso los indicios del oficio policial, que recoge y argumenta el Auto de 18 de noviembre de 2008, anulado por la Audiencia Provincial de Tarragona, constituyen desde la máxima de la experiencia datos objetivos, suficientes y verificables, no meras valoraciones o intuiciones, que permiten la autorización de la intervención telefónica.

En consecuencia, se interesa la declaración de nulidad de la sentencia impugnada con devolución de la causa al tribunal remitente para que dicte nueva sentencia valorando el resultado de las intervenciones telefónicas acordadas en el presente procedimiento, así como el resto de pruebas practicadas en el juicio.

2. Marco legal

La cuestión a analizar se limita a determinar si los indicios valorados por el Juez de Instrucción cumplían con las exigencias establecidas en la ley y precisados en una línea jurisprudencial constante del Tribunal Constitucional de la que son exponentes, entre otras, las SSTC 49/1999, de 4 de abril, FJ 8; 166/1999, FJ 8; 171/1999, FJ 8; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 138/2001, de 17 de julio, FJ 3; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2), 184/2003, de 23 de octubre. FJ 10, o la más reciente 99/2021, de 10 de mayo, FJ 4.

El vigente artículo 588 bis a) de la LECrim, al margen de otros principios requisitos cuyo análisis no es necesario en este caso, señala como uno de los principios rectores de toda interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas la sujeción al principio de especialidad, según el cual la injerencia debe estar relacionada con la investigación de un delito concreto. Precisa la ley, a continuación, que "no podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva".

Este principio había sido ya proclamado por el Tribunal Constitucional en una doctrina antigua y constante, de la que es exponente la STC 167/2002, en la que se proclama que un presupuesto inexcusable para acordar una intervención telefónica es la existencia y exteriorización en la resolución judicial autorizante de los indicios que justifiquen la injerencia, indicios que han de tener una base objetiva. Extractamos, a continuación, los párrafos más significativos de la sentencia mencionada que es un buen exponente de la constante doctrina tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala. Dice la sentencia:

"la resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica o su prórroga debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de la intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como determinar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas que, en principio, deberán serlo las personas sobre las que recaigan los indicios referidos, el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez para controlar su ejecución...

Así pues, también se deben exteriorizar en la resolución judicial, entre otras circunstancias, los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo, indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo...

Tales precisiones son indispensables, habida cuenta que el juicio sobre la legitimidad constitucional de la medida exige verificar si la decisión judicial apreció razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado (existencia del presupuesto habilitante), para analizar después si el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad o imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público, pues la conexión entre la causa justificativa de la limitación pretendida --la averiguación del delito-- y el sujeto afectado por ésta --aquel de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o pueda haberse relacionado con él -es un prius lógico del juicio de proporcionalidad...

La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido; en primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control; y en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la Constitución lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido. Estas sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse ( sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 Sep. 1978 --caso Klass -- y de 5 Jun. 1992 --caso Ludí --) o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim ., en «indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa» ( art. 579.1 LECrim .) o «indicios de responsabilidad criminal"

La formulación doctrinal es clara pero no así su aplicación a cada caso dado que las intervenciones telefónicas suelen acordarse en una fase embrionaria de la investigación, precisamente para propiciar su desarrollo, por lo que no siempre resulta sencillo distinguir si lo que se presenta ante el Juez de Instrucción son meras sospechas policiales, generalmente fundadas desde la perspectiva de los investigadores, o indicios apoyados en datos objetivos.

Como hemos precisado anteriormente, no puede limitarse el derecho al secreto de las comunicaciones de todo ciudadano sobre la base de simples sospechas o conjeturas, con la finalidad de comprobar si el investigado ha cometido o está cometiendo un delito. De admitir esta hipótesis, la injerencia sería prospectiva y el derecho fundamental quedaría en manos del Estado, sin garantía alguna para el ciudadano. El sacrificio del derecho fundamental exige algo más que la sospecha, precisa una inicial certeza de que las sospechas policiales tienen fundamento, son sólidas y justifican la injerencia, a cuyo fin es necesario que exista una base objetiva que las apoye y que pueda ser sopesada y valorada en su consistencia por un observador imparcial, el Juez de Instrucción. Precisamente por el momento inicial en que se solicita la injerencia venimos señalando que normalmente los indicios que se exigen para acordar la intervención se sitúan en un punto intermedio entre la simple sospecha y los indicios racionales de criminal que se exigen, por ejemplo, para acordar el procesamiento o las medidas cautelares personales.

3. Resolución de la controversia

En la resolución impugnada se estima que la intervención policial tuvo como base simples sospechas policiales. La sentencia se centra esencialmente en los datos contenidos en el oficio policial y concluye considerando insuficientes los indicios aportados, en los siguientes términos:

"Tal y como hemos expuesto, en el presente caso la decisión de intervención telefónica se adopta sobre la base de una interpretación hipotética de presunta participación en los hechos por parte del Sr. Onesimo, de dos paradas realizadas por el mismo con la furgoneta que conducía, una de ellas de tal solo 46 segundos, y de la reacción del mismo ante el robo que se estaba cometiendo, que se realiza a través de las imágenes, sin sonido, de las cámaras de Seguridad, instaladas en la nave donde sucedieron los hechos, considerándose sospechosa dicha actuación, sospechas que se basan en la interpretación de los movimientos del mismo o en si tuvo o no opción de huir o si se resistió lo suficiente en el momento en que inmovilizaron al mismo. Tales sospechas carecen de entidad e intensidad suficiente para ser consideradas como indicios, que permitan sostener la decisión tan injerente adoptada por la jugadora de instancia".

Sin embargo, los datos fácticos tomados en consideración por el Juez de Instrucción son algo más amplios, conforme a lo expresado en el auto habilitante. Dice la resolución:

"A la vista del devenir de los hechos se puede presumir que los autores de los hechos contaban con un cómplice en el interior de; la empresa Nácex. Y ello se deriva de lo siguiente:

Los autores del hecho preguntaron directamente al encargado por la llave de apertura de la plataforma, llave que sólo poseía éste. El hecho de que conocieran el modo de acceso indica que debían de estar informados por algún trabajador de la propia empresa. Este extremo aparece asimismo constatado por el hecho de que los autores se llevaran de todos los envíos que se encontraban en la empresa, unas concretas cubetas conteniendo sobres fundamentalmente con documentación, material protésico y otros objetos de poco o nulo interés y entre las que se encontraba una llave maestra de apertura de todas las oficinas de sucursales bancarias de La Caixa de Lérida y Tarragona.

En cuanto a los indicios de participación criminal de la persona respecto de la que se interesa la medida, numerosos indicios apuntan al Sr. Onesimo como autor de dicha colaboración imprescindible para la comisión del delito de robo con violencia:

El día de los hechos, 26 de septiembre, Onesimo, conductor de la furgoneta Mercedes Sprinter matrícula NUM000 realizó según datos aportados por el GPS dos paradas no autorizadas ni previstas, innecesarias en cuanto no tenían por objeto repostar, en su trayecto desde Madrid a Tarragona, una de ellas a las 5:33 en las inmediaciones de la estación de .Servicio El Pla de Santa María, y una segunda, instantes antes de llegar a la empresa Nacex y de que se produjeran los hechos a las 5:47 horas en la calle Basters cruce con la carretera C-37, en las inmediaciones de la empresa Monix, por tiempo de 46 segundos, siendo una calle cortada al tráfico y distando poco de la empresa de su destino. Así se deriva del histórico de posiciones que obra en autos. Paradas en las que presumiblemente se puso en contacto y esperó a los autores de los hechos.

Los dos atracadores entran aprovechando la maniobra de marcha atrás que está realizando el Sr. Onesimo para acceder a la plataforma, pasando por su lado y sin embargo, dirigiéndose hacia el encargado, dejando por tanto vía libre para que el Sr. Onesimo pudiera haberse ido del lugar, quien en todo momento se encontraba detrás de los atracadores hasta que se acercó a ellos tal y como se deriva del visionado del CD de grabación de la empresa, que contiene grabación de cuatro cámaras distintas colocadas en el lugar.

Es el propio Onesimo quien accede al interior de la plataforma y se dirige al lugar donde se encuentran los autores de los hechos y el encargado Sr. Jose Pedro en lugar de huir y pedir ayuda cosa que podía hacer ya qué tenía vía de huida libre y expedita habiéndose los atracadores dirigidos al encargado obviándole totalmente. (así se deriva del visionado del CD).

Carlos Manuel manifestó que el Sr. Onesimo sabía que iba a ser despedido por la empresa en fechas próximas Onesimo es reducido por uno de los atracadores sin apenas forcejeo, como se deriva del visionado del CD, dejando a Onesimo en el lado izquierdo del cuarto donde se encontraba Carlos Manuel saliendo uno de los sujetos para buscar cinta para maniatarlos e ignorando al volver a Onesimo preocupándose inicialmente por el sr. Jose Pedro, apreciándose posteriormente que Luis Angel es atado por los pies, pero no pudiéndose apreciarse si lo fue también de las manos.

Onesimo cuenta con diferentes antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.

En el trayecto Madrid-Tarragona que realizaba diariamente el Sr. Onesimo se venían apreciando diversas desapariciones sin explicación de paquetes".

Como bien puede apreciarse de la lectura del auto judicial, los indicios valorados no se limitaron a ponderar las dos paradas realizadas por el investigado antes del robo y su reacción durante los hechos, que ya de por sí sumamente relevante. La resolución judicial destaca otros elementos fácticos:

a) Los autores debían conocer el modo de acceso al inmueble, lo que sugiere que estaban previamente informados, sin que pudiera excluirse que tal información procediera de alguien de la propia empresa;

b) Los asaltantes accedieron a la nave pasando por un lado de la furgoneta, desentendiéndose por completo del conductor, siendo éste quien se acercó a la dependencia en que estaba el responsable de la empresa por detrás de los asaltantes;

c) El investigado Sr. Onesimo pudiendo hacerlo, no huyó para pedir ayuda una vez que los asaltantes se desentendieron de él, sino que se acercó por detrás al lugar en que éstos estaban con el responsable de la empresa;

d) Fue maniatado sin apenas resistencia o dificultad;

e) El Sr. Onesimo tenía un conflicto con la empresa ya que sabía que iba a ser despedido, como así ocurrió poco después;

f) El Sr. Onesimo tenía cinco antecedentes por delito de robo y

g) Se produjeron con anterioridad desapariciones de paquetes sin explicación alguna.

En este caso, se contó con unas grabaciones de los hechos que son prueba documental, susceptible de análisis no sólo por los investigadores sino por el Juez de Instrucción, y que acredita el contenido de lo grabado.

Las grabaciones videográficas fueron visionadas por los agentes policiales y de su contenido se dedujo la posible intervención del Sr. Onesimo en la comisión del delito, tanto por la ausencia de toda reacción defensiva o de auto protección, como por la forma en que los asaltantes le trataron, acumulándose a estas evidencias otros indicios, también de relevancia y en la misma dirección. Las dos extrañas paradas antes de la comisión del delito, según manifestó el responsable de la empresa y que le resultaron sospechosas, una vez analizado el localizador GPS del vehículo, y la sospecha fundada de que los asaltantes tenían un informador dentro de la empresa, inferencia racional que deriva de la forma en que los asaltantes accedieron al inmueble como de la posterior selección de los objetos sustraídos, lo que sugiere que conocían el contenido de los paquetes que iban buscando. A todo lo anterior se suma que el Sr. Onesimo tenía cinco antecedentes policiales por delito de robo con fuerza y tenía conocimiento de que iba a ser despedido, lo que bien pudo ser el móvil de su participación.

A partir de estos datos no podemos compartir la afirmación de que la autorización judicial se acordó con apoyo en simples sospechas sin base objetiva alguna. El Juez de Instrucción contó con unos indicios apoyados en datos objetivos como el análisis de las grabaciones, el testimonio del responsable de la empresa sobre el trayecto seguido por el conductor, la inferencia de la existencia de un informador dentro de la empresa, los antecedentes del investigado y el posible móvil de la participación.

En particular y por lo que a este caso se refiere resulta importante destacar que la forma en que se comportan las personas presentes en una acción delictiva puede sugerir con un grado importante de certeza la posible participación de alguna de ellas en la acción. No siempre se puede conocer con detalle el grado de desarrollo de la acción, pero en este caso se tuvo conocimiento preciso por su grabación videográfica, y no puede minimizarse la relevancia indiciaria de esa evidencia ni sostener, como parece deducirse de la sentencia impugnada, que su análisis sea una mera apreciación subjetiva no susceptible de valoración objetiva. La grabación aporta el conocimiento de elementos objetivos susceptibles de comprobación externa.

La sentencia también objeta que, dada la escasa calidad indiciaria aportada en este momento de la investigación, los agentes policiales debieron continuar con su investigación, antes de solicitar la intervención telefónica, practicando diligencias para reforzar sus sospechas sobre el Sr. Onesimo, llevando a cabo, por ejemplo, una investigación patrimonial previa o seguimientos, para establecer la vinculación del citado con los demás partícipes.

Podría haberse hecho y es probable que los indicios ya existentes podrían haberse reforzado con el resultado de esas pesquisas o cualesquiera otras que se estimaran procedentes y necesarias. Sin embargo, la información fáctica aportada era ya suficiente para proceder a la injerencia por su consistencia y base objetiva. La forma en que se produjo el asalto sugería la participación de alguien de la empresa y los datos que se conocieron sobre el conductor de la empresa así como su propia conducta durante el robo permitieron centrar la investigación desde el primer momento en el Sr. Onesimo con un grado de certeza y solidez suficiente, razón por la que no era preciso practicar otras diligencias adicionales para acudir a la intervención telefónica como medio de investigación.

Consecuentemente, el recurso del Ministerio Público debe ser estimado, con anulación de la sentencia impugnada a fin de que el mismo tribunal dicte nueva sentencia valorando el resultado de las intervenciones telefónicas, así como las demás pruebas declaradas nulas y las que en derecho procedan.

4. Costas procesales

De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben declararse de oficio las costas procesales derivadas del recurso de casación.