Sentencia Penal 767/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 579/2023 de 24 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, que confirmó en apelación la condena de Verónica como autora de un delito continuado de desobediencia grave del artículo 556 CP, presenta recurso de casación aquella.

1. Nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015, de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) la posibilidad de recurso de casación, entre otras, contra las sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Provinciales. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el CP con la única exclusión de los leves, salvo cuando estos se enjuician a través de los procedimientos previstos para delitos menos graves o graves.

Se trata de un recurso limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la infracción de ley prevista en el número 1º del artículo 849 LECRIM, orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal buscando la generalización, cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional.

En estos casos ya se ha satisfecho el derecho a la doble instancia penal y la sentencia del tribunal de instancia ha sido revisada por otro superior en el amplio margen de examen que ofrece el recurso ordinario de apelación. En este contexto, la modalidad de casación que nos ocupa adquiere un carácter excepcional y restrictivo y persigue una función muy específica, cual es establecer patrones uniformes en la interpretación de las normas sustantivas a los que han de sujetarse los órganos de la jurisdicción penal.

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017 de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva), orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización".

El recurso de casación del artículo 847. 1. b LECRIM tiene como finalidad verificar la corrección en la aplicación de la norma penal o de otra naturaleza de carácter sustantivo. Son ajenos a este recurso los aspectos probatorios o las infracciones procesales o constitucionales (estas últimas, salvo que conecten o refuercen la infracción de una norma penal sustantiva). Su función es de unificación de doctrina, sentar criterios comunes de interpretación y aplicación de la ley penal. Se pretende con ello reforzar la función nomofiláctica que ha de desarrollar el Tribunal Supremo permitiendo, de un lado, que esta Sala se pronuncie la totalidad del Código Penal, con anterioridad excluido con carácter general respecto a las infracciones propias del ámbito competencial de Juzgados de lo Penal; de otro, asegurando la vigencia del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, con el fortalecimiento del principio de seguridad jurídica en la vertiente de previsibilidad en la interpretación y aplicación de la norma.

2. Esta Sala, en acuerdo de pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, cuya constitucionalidad quedó validada por ATC 40/2018, de 13 de abril, además de acotar el ámbito de esta modalidad casacional a los motivos de infracción de norma sustantiva planteados por el cauce diseñado en el artículo 849.1 LECRIM, fijó los criterios delimitantes de lo que deba entenderse interés casacional. Concretó este en los supuestos en que la sentencia recurrida se oponga abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; aquellos en los que resuelva cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; en los que se apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

Y desde ese prisma exploraremos el recurso planteado, interés que el recurso centra en la existencia de sentencias contradictorias entre las distintas Audiencias.

SEGUNDO.- Se formaliza un primer motivo de recurso que denuncia la infracción por indebida aplicación del artículo 556 CP.

Señala el recurrente que han efectuado dos requerimientos: Uno en fecha 22 de enero de 2018, bajo apercibiendo de imposición de multas. El otro en fecha 23 de marzo del mismo año, bajo apercibimiento incurrir en un delito de desobediencia. Que lo relevante a los efectos del delito que nos ocupa es la forma y manera en la que incumplió la orden concreta de que procediese a dar cumplimiento de la sentencia civil. Concluye que, habiéndose producido un solo incumplimiento -el de 18 de mayo de 2018- tras el único requerimiento que apercibió de la comisión de delito, los hechos no colman la tipicidad aplicada al no suponer una actitud reiterada en el tiempo y mucho menos supone continuidad delictiva.

Añade, que el día 8 de mayo de 2018 (sábado) los abuelos no se presentaron en el domicilio del menor para llevar a cabo la visita correspondiente y que así lo reconoció expresamente, entre otros, la testigo Coro.

1. No está de más recordar que la discrepancia que habilita el artículo 849 LECRIM, nada tiene que ver con el significado y la suficiencia incriminatoria de la prueba sobre la que se asientan los hechos, sino con la calificación jurídica de éstos. Solo cabe cuestionar el juicio de tipicidad, esto es, la subsunción proclamada por el Tribunal de instancia, a partir de la secuencia histórica que la Sala sentenciadora ha declarado probada.

En atención a ello, la última de las alegaciones formuladas, en cuanto sustentada en discrepancias relativas a la valoración de la prueba, debe rechazarse de plano. De tal manera que cumpliendo que la pauta metodológica que disciplina el motivo de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, único admisible en la modalidad de casación en la que nos encontramos, ceñiremos nuestro análisis al relato de hechos declarados probados, que hemos reproducido en las antecedentes de esta resolución.

2. De acuerdo con el relato fáctico que acota nuestro análisis, Verónica, pese a que la sentencia 23 de marzo 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Lugo estableció un régimen de visitas a favor de Begoña y Cecilio para con su nieto, el menor Bienvenido, solo ha permitido una vez recoger al menor y llevárselo con ellos. Estos han denunciado diez veces entre el 1 de abril de 2017 y el 8 de febrero de 2018 la imposibilidad de mantener la visita mensual con su nieto y otra más han señalado al Juzgado la imposibilidad de contactar al impedir o rechazar la madre todo contacto.

La acusada ha sido notificada de la sentencia, que incluye un mandato claro y preciso, y requerida, ante los diez incumplimientos, por dos veces, el último de ellos de manera personal y con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

3. La STS 99/2024, de 1 de febrero, condensa la doctrina de esta Sala en relación al delito de desobediencia del artículo 556 CP, en concreto cuando esta se proyecta sobre lo acordado en una resolución judicial.

Y así señala la citada resolución "traeremos a colación doctrina de la Sala relativa al delito de desobediencia del art. 556 CP, que tomamos de la STS 801/2022, de 5 de octubre de 2022, dictada en causa especial e instancia única, por este Tribunal, en la que decíamos:

"Este Tribunal ha tenido oportunidad de perfilar los elementos que conforman el delito de desobediencia grave al que se refiere el artículo 556 del Código Penal . Así, puede leerse, por todas, en nuestra reciente sentencia número 560/2020, de 29 de octubre : "Respecto al delito de desobediencia previsto en el art. 556 CP supone una conducta, decidida y terminante, dirigida a impedir el cumplimiento de lo dispuesto de manera clara y tajante por la autoridad competente ( SSTS 1095/2009, de 6-11 ; 138/2010, de 2-2 ). Son, por tanto, sus requisitos:

a) un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanada de la autoridad y sus agentes en el marco de sus competencias legales.

b) que la orden, revestida de todas las formalidades legales haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido, sin que sea preciso que conlleve, en todos los casos, el expreso apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, caso de incumplimiento.

c) la resistencia, negativa u oposición a cumplimentar aquello que se le ordena, que implica que frente al mandato persistente y reiterado, se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo con una negativa franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca ( STS 263/2001, de 24-2 ) si bien aclarando que ello ...también puede existir cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y reiterada negativa a obedecer ( STS 485/2002, de 14-6 ). O lo que es lo mismo, este delito se caracteriza no solo porque la desobediencia adopte en apariencia una forma abierta, terminante y clara, sino también es punible "la que resulta de pasividad reiterada o presentación de dificultades y trabas que en el fondo demuestran su voluntad rebelde" ( STS 459/2019, de 14 de octubre , con cita de la STS 1203/97, de 11-10 ).

Conviene tener presente -así lo precisábamos en la STS 54/2008, de 8-7 "que una negativa no expresa, que sea tácita o mediante actos concluyentes, puede ser tan antijurídica como aquella que el tribunal a quo denomina expresa y directa. El carácter abierto o no de una negativa no se identifica con la proclamación expresa, por parte del acusado, de su contumacia en la negativa a acatar el mandato judicial. Esa voluntad puede deducirse, tanto de comportamientos activos como omisivos expresos o tácitos".

Por lo tanto, según esa doctrina, no solo no exige la concurrencia de ese requerimiento, sino que explica que, aunque no se realice de manera expresa, cabe apreciar el delito, porque lo fundamental es que, por parte del obligado a cumplir la orden, quede patente una actitud palpable y reiterada de negarse a cumplirla, ya sea de manera activa, ya pasiva, mediante una pertinaz una actitud obstruccionista a dicho cumplimiento, mostrada, incluso, de manera tácita o mediante actos concluyentes, que es lo que consideramos que ha ocurrido en el caso que nos ocupa, y doctrina que no hace sino desarrollar el contenido del propio art. 556.1 CP, que castiga a "los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", en el que vemos que no se incluye como elemento del tipo el referido requerimiento".

De acuerdo con tal doctrina, el recurso no puede prosperar. El artículo 556 CP no exige un requerimiento expreso y formal de la autoridad judicial. Tal requerimiento no es más que una forma de asegurar el conocimiento del mandato - así lo dijo la STS 801/2022, de 5 de octubre, -citada por la anteriormente transcrita- con remisión a su vez, a la STS 722/2018, de 23 de enero que incorpora otros precedentes -las SSTS de 29 de abril de 1983; la 1615/2003, de 1 de diciembre; o la STS 1095/2009, de 6 de noviembre. Se trata de un criterio consolidado.

En atención a lo expuesto, la sucesión de acontecimientos que condensa el relato fáctico que nos vincula colma los presupuesto de tipicidad del artículo 556 CP: un mandato expreso, claro y preciso contenido en una resolución judicial emanada de autoridad competente, debidamente notificado y, en consecuencia, conocido por su destinataria; y una oposición contumaz y rebelde a su cumplimiento por parte de quien estaba obligada a acatarlo, quien ya antes incluso de los requerimientos que se le efectuaron, consciente y voluntariamente lo desatendió. Cuestión distinta es la que afecta a la continuidad delictiva, lo que enlaza con el segundo motivo de recurso.

4. Este segundo motivo, también por cauce del artículo 849.1 LECRIM, denuncia la indebida aplicación del artículo 74 CP. Cita en apoyo de su pretensión sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona y Madrid, y muy especialmente la STS 459/2019 (Sentencia del Procés). Entiende que, pese al incumplimiento reiterado, solo cabe hablar de un único delito y no de continuidad.

El motivo debe prosperar. Como expusimos en la sentencia invocada por la recurrente, STS 459/2019, de 14 de octubre en la Causa Especial núm. 3/20907/2017, que, aunque en relación al delito del artículo 410 CP, resulta de plena aplicación también a la desobediencia del 556 CP "La Sala estima que la calificación del delito de desobediencia como delito continuado... no es aceptable (cfr. art. 74 CP) . Lo impide el significado de este delito y la propia naturaleza de la omisión. Carecería de sentido justificar la existencia de un nuevo delito por cada una de las resoluciones que no fueran acatadas. Lo que el art. 410 sanciona, más que más que una u otra omisión, es la conducta rebelde a reconocer la vinculación y consiguiente deber de actuar en cumplimiento de lo ordenado. Ello no será obstáculo para que el número de resoluciones inatendidas y, sobre todo, la contumacia en su incumplimiento pueda influir de forma decisiva en la determinación de la pena"Doctrina que volvió a ser reiterada en la STS 301/2021, de 8 de abril.

Alega el Fiscal al impugnar el motivo que no se incumple una orden concreta y única, sino tantas cuantos fines de semana se impide al menor su convivencia con los abuelos, lo que fue acordado en su interés. Al hilo de ello destaca que no es lo mismo incumplir una vez que once. Sin embargo, como hemos señalado, es precisamente la reiteración del comportamiento la que permite deducir esa voluntad contraria al cumplimiento de la orden emanada de la autoridad, sin perjuicio de que la sucesión de episodios pueda ser valorada en la determinación penológica, si bien sin la preceptiva remisión a la mitad superior de la pena que exige el artículo 74 CP.

El motivo se estima.

TERCERO.- El recurso va a ser parcialmente estimado, declarando de oficio las costas de esta alzada ( artículo 901 LECRIM)