Sentencia Penal 163/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4544/2023 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Valeriano, la sentencia núm. 147/2023, de 5 de junio, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 526/2022 dictada el 7 de diciembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, donde resulta condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento sobre menor de 13 años ( arts. 183.1 y 4 d) y 74 CP, en su redacción anterior a la LO 1/2015), concurriendo la atenuante muy cualificada de reparación del daño ( art. 21.5 CP) , entre otras a la pena privativa de libertad de 2 años, 6 meses y 1 día, en esencia, porque cuando contaba con 19 años, aprovechando la confianza y respeto que le tenía su prima Dolores, entonces de 7 años de edad, al ser uno de los primos hermanos mayores referente para la menor y guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, la convenció en reiteradas ocasiones para que le acompañara a la buhardilla, donde nadie podía verles, y allí, alegando que "al ser familia, tenía la misma baba",la besaba en boca, le pedía que se quitara las bragas, al tiempo que él se desnudaba y le mostraba el pene, para tumbarse y frotar sus genitales con los de ella, y la acariciaba y chupaba en su zona genital, preguntándole qué le gustaría que le hiciera y conminándola a que guardara el secreto y no contara a nadie lo sucedido.

1. El primer motivo lo formula por infracción de ley por la aplicación del artículo 183.4 d) del CP, entendiendo que la aplicación del que el mismo resulta indebida.

Indica en base al voto particular emitido en instancia y la posición del Ministerio Fiscal tanto en la instancia como en apelación, que la diferencia de edad y la cercanía familiar no añaden un plus, que la superioridad derivada de la edad ya está contemplada en el tipo de abuso sexual a menor de trece años.

2. El art. 183 castigaba al que realizase actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años y preveía como modalidad agravada en el apartado d) del párrafo 4 que, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

En la STS núm. 826/2024, de 2 de octubre o en la núm. 6/2024, de 10 de enero que recopilan otras anteriores, como la 384/2018, de 25 de julio se indica, al tratar de desentrañar esta concreta agravación, expresa:

Se exige un prevalimiento que puede apoyarse en dos factores diferentes: una relación de superioridad o el parentesco. Como han subrayado los comentaristas no es que la superioridad tenga que apoyarse en el parentesco. La conjunción disyuntiva "o" que une ambas ideas lo acredita así. Concurrirán los presupuestos de la agravante cuando se identifique un prevalimiento que puede basarse bien en el parentesco, bien en una relación de superioridad.

En todo caso la doctrina de esta Sala (por todas, sentencia núm.337/2021, de 22 de abril) exige distinguir situaciones, huyendo del simple automatismo cuando se quiere aplicar la agravación a parientes que no son los estrictamente mencionados en el precepto (tíos, v. gr.) o asimilados (relaciones afectivas con el progenitor) pueden rememorarse al respecto las SSTS 957/2013, de 17 de diciembre, 48/2017, de 2 de febrero, 287/2018, de 14 de junio o 429/2019, de 27 de septiembre:

«... abuso de superioridad y abuso de confianza son circunstancias diferentes y no intercambiables. Las dos aportan mayor facilidad para la comisión de los hechos. Pero en una es la superioridad (ascendiente, autoridad, relación de supremacía) lo tenido en cuenta; y en la otra es la confianza que provoca una relajación de las precauciones defensivas. Hay ocasiones en que puede haber abuso de confianza (un vecino, v.gr), pero no de superioridad.". En nuestra sentencia 344/2019, de 4 Julio de 2019 , se recoge que: "Una definición similar del prevalimiento lo encontramos en la STS 166/2019, de 18 de marzo , al afirmar que "El prevalimiento tiene como fundamento agravatorio el abuso de superioridad que en el plano moral tiene una persona que pone a su servicio una condición o cualidad que instrumentaliza en su beneficio particular con finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. En relación a los delitos contra la libertad sexual, de manera reiterada esta Sala ha dicho (entre otras SSTS 1165/2003, de 18 de septiembre ; 935/2005, de 15 de julio ; 785/2007, de 3 de octubre ; 708/2012, de 25 de septiembre ; 957/2013, de 17 de diciembre ; y 834/2014, de 10 de diciembre ) que el prevalimiento no limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una actividad sexual súbitamente impuesta".

En un sentido diverso, aplicando la agravación en unos abusos cometidos de tío a sobrina, la STS 429/2019, de 27 de septiembre , en la que dijimos que "lo que verdaderamente importa es que el prevalimiento sea idóneo, en el sentido de que evite a la víctima actuar según las pautas derivadas del ejercicio de su derecho de autodeterminación, idoneidad que dependerá, lógicamente, del caso concreto... y es preciso que exista una situación que de algún modo presione a la víctima (es decir, una situación de superioridad privilegiada) que pueda considerarse suficiente para debilitar su voluntad, tanto desde un punto de vista objetivo, que atiende a las características de la conducta y a las circunstancias que la acompañan, como subjetivo, referido a las circunstancias personales de la víctima ( STS 855/2015, de 23 de noviembre , entre otras)."En un sentido similar, la STS 188/2019, de 9 abril , donde señalamos que la relación de prevalimiento originada por la singular posición que el acusado tenía como tío de las menores, que evidencia una circunstancia de superioridad y preponderancia indiscutible a favor del acusado, para lograr la ejecución de actos íntimos con las menores que por esa relación al margen de su edad, se hallaban más condicionadas.

En el mismo sentido, la STS 739/2015 y los Autos 207/2019 y 590/2019. Como hacíamos constar en el Auto 590/2019, de 30 de abril: "El artículo 183.4 d) del Código Penal agrava la pena cuando el autor se haya prevalido de una relación de superioridad para la ejecución del delito; el sujeto se aprovecha de una relación de superioridad que le facilita la comisión del delito, facilitación que no opera sobre la base de obtener el consentimiento de la víctima, que siendo menor de 16 años nunca podría considerarse válido, sino en atención a las circunstancias que esa relación de superioridad trae consigo. En este sentido, en la STS nº 739/2015, de 20 de noviembre , se señalaba, en relación al artículo 183.4.d), que "el prevalimiento o abuso de superioridad se refiere a la ejecución del hecho y no al consentimiento de la víctima". De la misma forma, la STS nº 957/2013, de 17 de diciembre , en la que, ya en relación con la redacción del precepto tras la reforma de la LO 5/2010, se decía que "Esta circunstancia exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación"... Lo que es conforme con la doctrina de esta Sala, pues es claro que en la ejecución de los hechos, como se describen, el acusado se prevalió de tales circunstancias para ejecutarlos con mayor facilidad, lo que constituye el prevalimiento de la relación de superioridad que tenía, tal y como se contempla en el artículo 183.4.d) CP (en este sentido, STS 287/2018, de 14 de junio )"».

3. En autos, el relato probado no utiliza el verbo prevalerse, ni expresiones sustantivadas similares, pero el aprovechamiento de la preponderancia de su situación por parte del acusado, fluye del relato histórico declarado probado, determinado por circunstancias que trascienden la corta edad de la víctima; así se refiere que el acusado se aprovechóde la "confianzay respeto que le tenía su prima; al ser uno de los primos hermanos mayores referente para la menor"manifestación de una instrumentalización abusiva de la ascendencia y superioridad moral, por parte del acusado.

Ciertamente el recurrente, no entra en las concretas categorías de parentesco enumeradas en la norma, pero ello no impide cumplimentar la otra alternativa de prevalimiento contemplada en la norma: de superioridad. Aprovechamiento de superioridad derivado de su relación familiar pero también del respeto que su prima le tenía, y su condición de referente le proporcionaba no sólo en la comisión de los abusos, sino también revelada en que la "conminaba a que guardara el secreto y no contara a nadie lo sucedido",para seguir incidiendo en los abusos.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.-El segundo motivo lo formula por infracción de ley por vulneración del artículo 21 del CP y el artículo 24 de la Constitución, por dilaciones indebidas.

1. Alega que la circunstancia de que la querella tardara cinco años en presentarse desde el inicio de los hechos denunciados y la situación sobrevenida de la pandemia, en cualquiera de los casos, se trata de retrasos no son imputables al querellado, debiendo haberse aplicado atenuante, al tratarse de causa no compleja.

2. Planteamiento que conduce necesariamente a su desestimación, pues es constante jurisprudencia del TEDH y de esta Sala Segunda que para el inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos. Así la 1076/2025, de 15 de enero de 2026, con cita de otras anteriores, explica que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella. Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta,zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud. En definitiva, el conjunto de los retrasos injustificados a ponderar, se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo ( STS 371/2015 de 17 de junio).

Criterio concordante, como anticipamos, con la doctrina del TEDH, que especifica que el momento de referencia para medir las dilaciones hay que situarlo en el comienzo del proceso ( SSTEDH de 15 de Julio de 1982, caso Eckle c. Alemania ;o de 28 de octubre de 2003 caso López Sole y Martín de Vargas c. España ); de igual modo en el asunto Menéndez García y Álvarez González c. España , sentencia de 15 de marzo de 2016, que indica en su § 15: "El plazo a tener en cuenta para determinar si los procesos cumplen el requisito de "duración razonable" establecido en el artículo 6.1 del Convenio comenzó... cuando a los demandantes se les notificó oficialmente la denuncia sobre la comisión de un delito penal"(ver Deweer c. Bélgica,27 de febrero de 1980, § 46, Neumeister c. Austria,7 de mayo de 1974, § 18).

Como indica el hecho probado, la querella se interpone el 14 de septiembre de 2018 y la sentencia de instancia, lleva fecha de 7 de diciembre de 2022; en cuya consecuencia, aunque la tramitación no hay sido célere, resta distante de los parámetros habituales para su estimación.

TERCERO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán a la parte recurrente.