Sentencia Penal 165/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5792/2023 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Imanol, contra la sentencia núm. 154/2023 de 14 de marzo, dictada por la Sección 23.ª de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 305/2022 de fecha 3 de noviembre dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Alcalá de Henares donde resulta condenado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, a la pena de dieciocho meses de prisión.

1. Formula dos motivos de por infracción de ley, único autorizado en esta modalidad casacional, al amparo del art. 849.1 LECrim:

i) por indebida aplicación del artículo 21.5 del CP por cuanto consta en plazo una acción dirigida a disminuir o reparar en la medida de lo posible el daño que ha causado su actuación a la víctima; y

ii) por inaplicación del artículo 21.2 del CP, consta aportado documental del CAID de DIRECCION001 sobre asistencia a tratamiento por la larga adicción.

2. Se adelanta que los dos motivos serán denegados, pues estamos en motivos por error de ley y no resulta descrito como probado el sustrato fáctico que permita su subsunción en las previsiones de las circunstancias 2.ª y 5.ª del Código Penal; pero además, que incluso si se apreciaran, no conllevarían alteración en la concreción punitiva.

Pues el art. 66.1.2.ª, establece que "cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes";es decir que aun concurriendo tres atenuantes y una de ellas sea muy cualificada, la norma no obliga a bajar dos grados, sino que lo hace depender de su número y entidad.

Y aunque su reconocimiento formal no se haya materializado, materialmente su entidad atenuatoria ya se ha desplegado con toda su potencial eficacia en la individualización realizada por la Audiencia Provincial:

«Ahora bien, pese a la desestimación de ambos motivos de impugnación, al considerar que no concurren elementos para apreciar las dos circunstancias atenuantes, sin embargo, si hemos de considerar que se trata de circunstancias personales que de alguna manera pueden ser ponderadas a la hora de dosificar la pena. Decimos ello, además, porque en la justificación de la concreta pena impuesta, el juzgado penal, indica como correcta la pena de 18 meses, siendo así que la horquilla punitiva iba de doce meses a veinticuatro menos un día, afirmando "habida cuenta la forma de comisión del delito, el carácter de casa habitada [algo que ya está considerado en la previsión legal] la escasa entidad de la fuerza ejercida y la menor cuantía de los efectos sustraídos."

Pues bien, si el único criterio agravatorio no es valorable, y los otros dos inciden en la menor peligrosidad objetiva del hecho imputado, no parece muy ajustado imponer la pena en el término medio, aunque, todo hay que decirlo, la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas era "generosa", pues si bien pueden llegar a sumarse retrasos que superan, por poco, los dos años, unos hechos de diciembre de 2019 se enjuician en noviembre de 2022, teniendo en cuenta los graves efectos de la pandemia en la tramitación de todas las causas que no eran con preso. Si ahora añadimos que se trata de una persona con problemas de adicción desde la adolescencia, aun cuando no justifique la atenuación, y que además ha consignado la totalidad de la responsabilidad civil, aún en unos términos que tampoco permiten la atenuación, si pueden ser consideradas circunstancias personales y postdelictuales que justifican la atenuación de la pena a prácticamente el mínimo, es decir, tan solo trece meses de prisión».

Difícilmente, con una cualificación generosa en las dilaciones, una adicción informada en virtud de tratamiento posterior al hecho delictivo donde se refiere su antigüedad y una consignación del importe de la fianza, de muy escasa cuantía, que en cualquier caso no repara la conturbación inherente al allanamiento de la morada; puede aminorarse una pena, ya impuesta casi en el umbral mínimo del grado inferior.

SEGUNDO.-1. Alega el recurrente en relación con "la reparación del daño"que el hecho de que el ingreso, anterior al juicio, coincida con la responsabilidad civil, no le quita un ápice de consideración de acto contrario, de disminución de los efectos del delito; pues si no se exige un acto de contrición en otras formas de reparación, tampoco cabe exigir aquí que venga acompañado de una confesión, o ese acto de contrición, que por otro lado podría hacerse con reserva mental, cuando las pruebas directas son claras, y tampoco debería exigirse un lucro o beneficio para la víctima del delito, sino su reintegración o restitución íntegra, que al no haber solicitado nada más, aquí es completa; pues la cuestión, entiende es diferenciar los casos en los que una persona sin recursos hace un esfuerzo económico, esa es la clave, esos 150 euros para alguien con recursos no suponen nada, pero para alguien que no los tiene, sí lo es, y lo pone a disposición de la víctima, de manera que la consideración de simple pago de fianza se queda corta cuando el sujeto tiene serias dificultades para poder pagar una fianza y es insolvente. La base de la circunstancia atenuante de reparación del daño es que contribuye a la protección de la víctima para que la misma sea resarcida por el daño provocado por el delito, sin que la coincidencia con la fianza en algunos casos le reste virtualidad o la aleje de su finalidad que es victimológica.

2. El motivo no puede ser estimado. Pues la atenuante 5.ª, consiste en "haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral".Y el hecho probado únicamente indica que, "con carácter previo al inicio de la vista, el acusado ha ingresado en la cuenta de consignaciones del juzgado la cantidad de 150 euros".

De donde la jurisprudencia de esta Sala Segunda reiteradamente, sirva de ejemplo la STS 47/2025, de 23 de enero con cita de la 419/2023, de 31 de mayo y de la STS 12/2023, de 19 de enero, indica que si el acusado se limitó a prestar la fianza que se le exigió en el auto de apertura del juicio oral, hizo una consignación ex legea requerimiento judicial ( STS 556/2002, de 20 de marzo).

El abono de la cantidad exigida como fianza para el aseguramiento de las responsabilidades civiles no puede ser considerado como entrega pura y simplemente dirigida a satisfacer las consecuencias perjudiciales del delito, como modo de reparar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado a la víctima ( SSTS 1155/2004, de 6 de abril; 948/2005, de 19 de julio; 1238/2009, de 12 de diciembre).

Insistiéndose en que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el auto de procesamiento (o apertura del juicio) en lo afectante a las responsabilidades civiles del delito, no supone la realización de los hechos de singular relevancia que permiten la aplicación de la atenuación de reparación prevista en el art. 21.5 CP no puede confundirse la atenuante de reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, con el hecho de satisfacer la cantidad requerida judicialmente para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

En definitiva, esta Sala ha rechazado considerar incluida entre las conductas que dan lugar a la apreciación de la atenuación la mera prestación de la fianza exigida por el Juez, en el auto de procesamiento, en el auto de apertura del juicio oral o en cualquier estado de la tramitación, pues una cosa es afianzar el cumplimiento de lo ordenado por la ley procesal para asegurar las responsabilidades de contenido económico que pudieran derivarse de un proceso penal, y otra bien distinta entregar dinero a la víctima en concepto de indemnización antes de la celebración del juicio oral ( STS 741/2022, de 20 de julio).

3. Matizamos efectivamente, que la consignación de la fianza, unida a la manifestación de su voluntad de entrega inmediata a la víctima, puede dar lugar al efecto de atenuación; pero en este caso tal voluntad debe constar expresamente. En autos no obra escrito al efecto indicando la consignación; y la manifestación ya en el plenario de que en virtud de la consignación, se desea la estimación de la atenuante, sigue sin cumplimentar la exigencia de que se entregue inmediatamente a la víctima, que implique como exige la norma, "haber procedido a reparar",harto diverso de la condicionalidad de que se entregue si resultó condenado.

El motivo se desestima.

TERCERO.-1. En cuanto a la atenuante interesada por razón de drogadicción, alega que el vínculo entre adicción y el delito concreto no siempre es fácil de acreditar por distintas circunstancias que en la práctica se suceden con frecuencia. Consta en la causa que el recurrente está sometido a tratamiento de desintoxicación en el CAID de DIRECCION001. Que se deduce que los hechos forman parte de una actividad de delincuencia funcional o criminalidad drogo-inducida. Pues es perpetrado con el fin de obtener dinero o drogas, para lograr financiar la adicción hacia estas sustancias. Que estos comportamientos que sirven al individuo para el fin que persigue, se deben a las dificultades de pagarse los hábitos de consumo, especialmente entre adictos que necesitan dosis altas y/o de manera frecuente. Además, la adicción incapacita o dificulta laboralmente y ubica a las personas fuera del mercado de trabajo, por lo que el poco depósito de capital con el que se cuenta, se vuelca en actividades ilícitas, especialmente en el tráfico de drogas y economía sumergida, como le sucedió en aquella fase de su vida. Y si bien la droga por sí misma no es criminógena, sino que deriva de una serie de factores personales, familiares, sociales y situacionales, en el presente caso se deduce que sí fue así, y tuve una influencia a la hora de conseguir dinero de forma rápida y sencilla.

2. Esta modalidad casacional, contra sentencias de la Audiencia Provincial, solo posibilita el motivo de infracción de ley por haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo; y por tanto ajeno a cualquier cuestión de índole probatoria; y sucede que la sentencia recurrida, tras examinar el informe del Centro de Atención Integral a Drogodependencias, expresa que allí consta que el acusado acudió por primera vez en fecha 9 de junio de 2021 y que del mismo sólo puede extraerse la conclusión de su adicción pero sin contar con datos que permitan acreditar que esa supuesta dependencia a sustancias tóxicas hubiera tenido incidencia alguna en la comisión del hecho delictivo.

Presupuestos, que determina la imposibilidad de la estimación de la atenuante instada, pues es doctrina reiterada de esta Sala (STS núm. 56/2003, de 3 de febrero; o 431/2020, de 9 de septiembre, con cita de múltiples precedentes) que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante. No se puede, pues, acceder a la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas. Tampoco basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden, para que proceda la aplicación de circunstancias atenuantes porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de la responsabilidad de los toxicómanos ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea, de la evidencia de la repercusión de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto, que en autos, indica la sentencia recurrida, no resulta acreditado.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al parte recurrente.

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Imanol, contra la sentencia núm. 154/2023 de 14 de marzo, dictada por la Sección 23.ª de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 305/2022 de fecha 3 de noviembre dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Alcalá de Henares donde resulta condenado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, a la pena de dieciocho meses de prisión.

1. Formula dos motivos de por infracción de ley, único autorizado en esta modalidad casacional, al amparo del art. 849.1 LECrim:

i) por indebida aplicación del artículo 21.5 del CP por cuanto consta en plazo una acción dirigida a disminuir o reparar en la medida de lo posible el daño que ha causado su actuación a la víctima; y

ii) por inaplicación del artículo 21.2 del CP, consta aportado documental del CAID de DIRECCION001 sobre asistencia a tratamiento por la larga adicción.

2. Se adelanta que los dos motivos serán denegados, pues estamos en motivos por error de ley y no resulta descrito como probado el sustrato fáctico que permita su subsunción en las previsiones de las circunstancias 2.ª y 5.ª del Código Penal; pero además, que incluso si se apreciaran, no conllevarían alteración en la concreción punitiva.

Pues el art. 66.1.2.ª, establece que "cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes";es decir que aun concurriendo tres atenuantes y una de ellas sea muy cualificada, la norma no obliga a bajar dos grados, sino que lo hace depender de su número y entidad.

Y aunque su reconocimiento formal no se haya materializado, materialmente su entidad atenuatoria ya se ha desplegado con toda su potencial eficacia en la individualización realizada por la Audiencia Provincial:

«Ahora bien, pese a la desestimación de ambos motivos de impugnación, al considerar que no concurren elementos para apreciar las dos circunstancias atenuantes, sin embargo, si hemos de considerar que se trata de circunstancias personales que de alguna manera pueden ser ponderadas a la hora de dosificar la pena. Decimos ello, además, porque en la justificación de la concreta pena impuesta, el juzgado penal, indica como correcta la pena de 18 meses, siendo así que la horquilla punitiva iba de doce meses a veinticuatro menos un día, afirmando "habida cuenta la forma de comisión del delito, el carácter de casa habitada [algo que ya está considerado en la previsión legal] la escasa entidad de la fuerza ejercida y la menor cuantía de los efectos sustraídos."

Pues bien, si el único criterio agravatorio no es valorable, y los otros dos inciden en la menor peligrosidad objetiva del hecho imputado, no parece muy ajustado imponer la pena en el término medio, aunque, todo hay que decirlo, la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas era "generosa", pues si bien pueden llegar a sumarse retrasos que superan, por poco, los dos años, unos hechos de diciembre de 2019 se enjuician en noviembre de 2022, teniendo en cuenta los graves efectos de la pandemia en la tramitación de todas las causas que no eran con preso. Si ahora añadimos que se trata de una persona con problemas de adicción desde la adolescencia, aun cuando no justifique la atenuación, y que además ha consignado la totalidad de la responsabilidad civil, aún en unos términos que tampoco permiten la atenuación, si pueden ser consideradas circunstancias personales y postdelictuales que justifican la atenuación de la pena a prácticamente el mínimo, es decir, tan solo trece meses de prisión».

Difícilmente, con una cualificación generosa en las dilaciones, una adicción informada en virtud de tratamiento posterior al hecho delictivo donde se refiere su antigüedad y una consignación del importe de la fianza, de muy escasa cuantía, que en cualquier caso no repara la conturbación inherente al allanamiento de la morada; puede aminorarse una pena, ya impuesta casi en el umbral mínimo del grado inferior.

SEGUNDO.-1. Alega el recurrente en relación con "la reparación del daño"que el hecho de que el ingreso, anterior al juicio, coincida con la responsabilidad civil, no le quita un ápice de consideración de acto contrario, de disminución de los efectos del delito; pues si no se exige un acto de contrición en otras formas de reparación, tampoco cabe exigir aquí que venga acompañado de una confesión, o ese acto de contrición, que por otro lado podría hacerse con reserva mental, cuando las pruebas directas son claras, y tampoco debería exigirse un lucro o beneficio para la víctima del delito, sino su reintegración o restitución íntegra, que al no haber solicitado nada más, aquí es completa; pues la cuestión, entiende es diferenciar los casos en los que una persona sin recursos hace un esfuerzo económico, esa es la clave, esos 150 euros para alguien con recursos no suponen nada, pero para alguien que no los tiene, sí lo es, y lo pone a disposición de la víctima, de manera que la consideración de simple pago de fianza se queda corta cuando el sujeto tiene serias dificultades para poder pagar una fianza y es insolvente. La base de la circunstancia atenuante de reparación del daño es que contribuye a la protección de la víctima para que la misma sea resarcida por el daño provocado por el delito, sin que la coincidencia con la fianza en algunos casos le reste virtualidad o la aleje de su finalidad que es victimológica.

2. El motivo no puede ser estimado. Pues la atenuante 5.ª, consiste en "haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral".Y el hecho probado únicamente indica que, "con carácter previo al inicio de la vista, el acusado ha ingresado en la cuenta de consignaciones del juzgado la cantidad de 150 euros".

De donde la jurisprudencia de esta Sala Segunda reiteradamente, sirva de ejemplo la STS 47/2025, de 23 de enero con cita de la 419/2023, de 31 de mayo y de la STS 12/2023, de 19 de enero, indica que si el acusado se limitó a prestar la fianza que se le exigió en el auto de apertura del juicio oral, hizo una consignación ex legea requerimiento judicial ( STS 556/2002, de 20 de marzo).

El abono de la cantidad exigida como fianza para el aseguramiento de las responsabilidades civiles no puede ser considerado como entrega pura y simplemente dirigida a satisfacer las consecuencias perjudiciales del delito, como modo de reparar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado a la víctima ( SSTS 1155/2004, de 6 de abril; 948/2005, de 19 de julio; 1238/2009, de 12 de diciembre).

Insistiéndose en que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el auto de procesamiento (o apertura del juicio) en lo afectante a las responsabilidades civiles del delito, no supone la realización de los hechos de singular relevancia que permiten la aplicación de la atenuación de reparación prevista en el art. 21.5 CP no puede confundirse la atenuante de reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, con el hecho de satisfacer la cantidad requerida judicialmente para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

En definitiva, esta Sala ha rechazado considerar incluida entre las conductas que dan lugar a la apreciación de la atenuación la mera prestación de la fianza exigida por el Juez, en el auto de procesamiento, en el auto de apertura del juicio oral o en cualquier estado de la tramitación, pues una cosa es afianzar el cumplimiento de lo ordenado por la ley procesal para asegurar las responsabilidades de contenido económico que pudieran derivarse de un proceso penal, y otra bien distinta entregar dinero a la víctima en concepto de indemnización antes de la celebración del juicio oral ( STS 741/2022, de 20 de julio).

3. Matizamos efectivamente, que la consignación de la fianza, unida a la manifestación de su voluntad de entrega inmediata a la víctima, puede dar lugar al efecto de atenuación; pero en este caso tal voluntad debe constar expresamente. En autos no obra escrito al efecto indicando la consignación; y la manifestación ya en el plenario de que en virtud de la consignación, se desea la estimación de la atenuante, sigue sin cumplimentar la exigencia de que se entregue inmediatamente a la víctima, que implique como exige la norma, "haber procedido a reparar",harto diverso de la condicionalidad de que se entregue si resultó condenado.

El motivo se desestima.

TERCERO.-1. En cuanto a la atenuante interesada por razón de drogadicción, alega que el vínculo entre adicción y el delito concreto no siempre es fácil de acreditar por distintas circunstancias que en la práctica se suceden con frecuencia. Consta en la causa que el recurrente está sometido a tratamiento de desintoxicación en el CAID de DIRECCION001. Que se deduce que los hechos forman parte de una actividad de delincuencia funcional o criminalidad drogo-inducida. Pues es perpetrado con el fin de obtener dinero o drogas, para lograr financiar la adicción hacia estas sustancias. Que estos comportamientos que sirven al individuo para el fin que persigue, se deben a las dificultades de pagarse los hábitos de consumo, especialmente entre adictos que necesitan dosis altas y/o de manera frecuente. Además, la adicción incapacita o dificulta laboralmente y ubica a las personas fuera del mercado de trabajo, por lo que el poco depósito de capital con el que se cuenta, se vuelca en actividades ilícitas, especialmente en el tráfico de drogas y economía sumergida, como le sucedió en aquella fase de su vida. Y si bien la droga por sí misma no es criminógena, sino que deriva de una serie de factores personales, familiares, sociales y situacionales, en el presente caso se deduce que sí fue así, y tuve una influencia a la hora de conseguir dinero de forma rápida y sencilla.

2. Esta modalidad casacional, contra sentencias de la Audiencia Provincial, solo posibilita el motivo de infracción de ley por haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo; y por tanto ajeno a cualquier cuestión de índole probatoria; y sucede que la sentencia recurrida, tras examinar el informe del Centro de Atención Integral a Drogodependencias, expresa que allí consta que el acusado acudió por primera vez en fecha 9 de junio de 2021 y que del mismo sólo puede extraerse la conclusión de su adicción pero sin contar con datos que permitan acreditar que esa supuesta dependencia a sustancias tóxicas hubiera tenido incidencia alguna en la comisión del hecho delictivo.

Presupuestos, que determina la imposibilidad de la estimación de la atenuante instada, pues es doctrina reiterada de esta Sala (STS núm. 56/2003, de 3 de febrero; o 431/2020, de 9 de septiembre, con cita de múltiples precedentes) que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante. No se puede, pues, acceder a la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas. Tampoco basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden, para que proceda la aplicación de circunstancias atenuantes porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de la responsabilidad de los toxicómanos ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea, de la evidencia de la repercusión de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto, que en autos, indica la sentencia recurrida, no resulta acreditado.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al parte recurrente.

PRIMERO.-Recurre en casación la representación procesal de D. Imanol, contra la sentencia núm. 154/2023 de 14 de marzo, dictada por la Sección 23.ª de la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 305/2022 de fecha 3 de noviembre dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Alcalá de Henares donde resulta condenado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, a la pena de dieciocho meses de prisión.

1. Formula dos motivos de por infracción de ley, único autorizado en esta modalidad casacional, al amparo del art. 849.1 LECrim:

i) por indebida aplicación del artículo 21.5 del CP por cuanto consta en plazo una acción dirigida a disminuir o reparar en la medida de lo posible el daño que ha causado su actuación a la víctima; y

ii) por inaplicación del artículo 21.2 del CP, consta aportado documental del CAID de DIRECCION001 sobre asistencia a tratamiento por la larga adicción.

2. Se adelanta que los dos motivos serán denegados, pues estamos en motivos por error de ley y no resulta descrito como probado el sustrato fáctico que permita su subsunción en las previsiones de las circunstancias 2.ª y 5.ª del Código Penal; pero además, que incluso si se apreciaran, no conllevarían alteración en la concreción punitiva.

Pues el art. 66.1.2.ª, establece que "cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes";es decir que aun concurriendo tres atenuantes y una de ellas sea muy cualificada, la norma no obliga a bajar dos grados, sino que lo hace depender de su número y entidad.

Y aunque su reconocimiento formal no se haya materializado, materialmente su entidad atenuatoria ya se ha desplegado con toda su potencial eficacia en la individualización realizada por la Audiencia Provincial:

«Ahora bien, pese a la desestimación de ambos motivos de impugnación, al considerar que no concurren elementos para apreciar las dos circunstancias atenuantes, sin embargo, si hemos de considerar que se trata de circunstancias personales que de alguna manera pueden ser ponderadas a la hora de dosificar la pena. Decimos ello, además, porque en la justificación de la concreta pena impuesta, el juzgado penal, indica como correcta la pena de 18 meses, siendo así que la horquilla punitiva iba de doce meses a veinticuatro menos un día, afirmando "habida cuenta la forma de comisión del delito, el carácter de casa habitada [algo que ya está considerado en la previsión legal] la escasa entidad de la fuerza ejercida y la menor cuantía de los efectos sustraídos."

Pues bien, si el único criterio agravatorio no es valorable, y los otros dos inciden en la menor peligrosidad objetiva del hecho imputado, no parece muy ajustado imponer la pena en el término medio, aunque, todo hay que decirlo, la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas era "generosa", pues si bien pueden llegar a sumarse retrasos que superan, por poco, los dos años, unos hechos de diciembre de 2019 se enjuician en noviembre de 2022, teniendo en cuenta los graves efectos de la pandemia en la tramitación de todas las causas que no eran con preso. Si ahora añadimos que se trata de una persona con problemas de adicción desde la adolescencia, aun cuando no justifique la atenuación, y que además ha consignado la totalidad de la responsabilidad civil, aún en unos términos que tampoco permiten la atenuación, si pueden ser consideradas circunstancias personales y postdelictuales que justifican la atenuación de la pena a prácticamente el mínimo, es decir, tan solo trece meses de prisión».

Difícilmente, con una cualificación generosa en las dilaciones, una adicción informada en virtud de tratamiento posterior al hecho delictivo donde se refiere su antigüedad y una consignación del importe de la fianza, de muy escasa cuantía, que en cualquier caso no repara la conturbación inherente al allanamiento de la morada; puede aminorarse una pena, ya impuesta casi en el umbral mínimo del grado inferior.

SEGUNDO.-1. Alega el recurrente en relación con "la reparación del daño"que el hecho de que el ingreso, anterior al juicio, coincida con la responsabilidad civil, no le quita un ápice de consideración de acto contrario, de disminución de los efectos del delito; pues si no se exige un acto de contrición en otras formas de reparación, tampoco cabe exigir aquí que venga acompañado de una confesión, o ese acto de contrición, que por otro lado podría hacerse con reserva mental, cuando las pruebas directas son claras, y tampoco debería exigirse un lucro o beneficio para la víctima del delito, sino su reintegración o restitución íntegra, que al no haber solicitado nada más, aquí es completa; pues la cuestión, entiende es diferenciar los casos en los que una persona sin recursos hace un esfuerzo económico, esa es la clave, esos 150 euros para alguien con recursos no suponen nada, pero para alguien que no los tiene, sí lo es, y lo pone a disposición de la víctima, de manera que la consideración de simple pago de fianza se queda corta cuando el sujeto tiene serias dificultades para poder pagar una fianza y es insolvente. La base de la circunstancia atenuante de reparación del daño es que contribuye a la protección de la víctima para que la misma sea resarcida por el daño provocado por el delito, sin que la coincidencia con la fianza en algunos casos le reste virtualidad o la aleje de su finalidad que es victimológica.

2. El motivo no puede ser estimado. Pues la atenuante 5.ª, consiste en "haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral".Y el hecho probado únicamente indica que, "con carácter previo al inicio de la vista, el acusado ha ingresado en la cuenta de consignaciones del juzgado la cantidad de 150 euros".

De donde la jurisprudencia de esta Sala Segunda reiteradamente, sirva de ejemplo la STS 47/2025, de 23 de enero con cita de la 419/2023, de 31 de mayo y de la STS 12/2023, de 19 de enero, indica que si el acusado se limitó a prestar la fianza que se le exigió en el auto de apertura del juicio oral, hizo una consignación ex legea requerimiento judicial ( STS 556/2002, de 20 de marzo).

El abono de la cantidad exigida como fianza para el aseguramiento de las responsabilidades civiles no puede ser considerado como entrega pura y simplemente dirigida a satisfacer las consecuencias perjudiciales del delito, como modo de reparar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado a la víctima ( SSTS 1155/2004, de 6 de abril; 948/2005, de 19 de julio; 1238/2009, de 12 de diciembre).

Insistiéndose en que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el auto de procesamiento (o apertura del juicio) en lo afectante a las responsabilidades civiles del delito, no supone la realización de los hechos de singular relevancia que permiten la aplicación de la atenuación de reparación prevista en el art. 21.5 CP no puede confundirse la atenuante de reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, con el hecho de satisfacer la cantidad requerida judicialmente para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

En definitiva, esta Sala ha rechazado considerar incluida entre las conductas que dan lugar a la apreciación de la atenuación la mera prestación de la fianza exigida por el Juez, en el auto de procesamiento, en el auto de apertura del juicio oral o en cualquier estado de la tramitación, pues una cosa es afianzar el cumplimiento de lo ordenado por la ley procesal para asegurar las responsabilidades de contenido económico que pudieran derivarse de un proceso penal, y otra bien distinta entregar dinero a la víctima en concepto de indemnización antes de la celebración del juicio oral ( STS 741/2022, de 20 de julio).

3. Matizamos efectivamente, que la consignación de la fianza, unida a la manifestación de su voluntad de entrega inmediata a la víctima, puede dar lugar al efecto de atenuación; pero en este caso tal voluntad debe constar expresamente. En autos no obra escrito al efecto indicando la consignación; y la manifestación ya en el plenario de que en virtud de la consignación, se desea la estimación de la atenuante, sigue sin cumplimentar la exigencia de que se entregue inmediatamente a la víctima, que implique como exige la norma, "haber procedido a reparar",harto diverso de la condicionalidad de que se entregue si resultó condenado.

El motivo se desestima.

TERCERO.-1. En cuanto a la atenuante interesada por razón de drogadicción, alega que el vínculo entre adicción y el delito concreto no siempre es fácil de acreditar por distintas circunstancias que en la práctica se suceden con frecuencia. Consta en la causa que el recurrente está sometido a tratamiento de desintoxicación en el CAID de DIRECCION001. Que se deduce que los hechos forman parte de una actividad de delincuencia funcional o criminalidad drogo-inducida. Pues es perpetrado con el fin de obtener dinero o drogas, para lograr financiar la adicción hacia estas sustancias. Que estos comportamientos que sirven al individuo para el fin que persigue, se deben a las dificultades de pagarse los hábitos de consumo, especialmente entre adictos que necesitan dosis altas y/o de manera frecuente. Además, la adicción incapacita o dificulta laboralmente y ubica a las personas fuera del mercado de trabajo, por lo que el poco depósito de capital con el que se cuenta, se vuelca en actividades ilícitas, especialmente en el tráfico de drogas y economía sumergida, como le sucedió en aquella fase de su vida. Y si bien la droga por sí misma no es criminógena, sino que deriva de una serie de factores personales, familiares, sociales y situacionales, en el presente caso se deduce que sí fue así, y tuve una influencia a la hora de conseguir dinero de forma rápida y sencilla.

2. Esta modalidad casacional, contra sentencias de la Audiencia Provincial, solo posibilita el motivo de infracción de ley por haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo; y por tanto ajeno a cualquier cuestión de índole probatoria; y sucede que la sentencia recurrida, tras examinar el informe del Centro de Atención Integral a Drogodependencias, expresa que allí consta que el acusado acudió por primera vez en fecha 9 de junio de 2021 y que del mismo sólo puede extraerse la conclusión de su adicción pero sin contar con datos que permitan acreditar que esa supuesta dependencia a sustancias tóxicas hubiera tenido incidencia alguna en la comisión del hecho delictivo.

Presupuestos, que determina la imposibilidad de la estimación de la atenuante instada, pues es doctrina reiterada de esta Sala (STS núm. 56/2003, de 3 de febrero; o 431/2020, de 9 de septiembre, con cita de múltiples precedentes) que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante. No se puede, pues, acceder a la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas. Tampoco basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden, para que proceda la aplicación de circunstancias atenuantes porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de la responsabilidad de los toxicómanos ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea, de la evidencia de la repercusión de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto, que en autos, indica la sentencia recurrida, no resulta acreditado.

El motivo se desestima.

CUARTO.-De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al parte recurrente.