Sentencia Penal 156/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4464/2022 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO .- Interpone recurso de casación la representación procesal de María Consuelo frente al Auto de fecha 6 de junio de 2020 pronunciado por la Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el procedimiento Sumario Ordinario n° 2/2011, procedente del Juzgado de Instrucción n° 5 de Alcalá de Henares, seguido por delito de abuso sexual contra Jaime, en un único motivo de contenido casacional, al amparo de lo autorizado en el art. 849- 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del art. 20.1 del Código Penal y, en consecuencia, denuncia la improcedencia del sobreseimiento y archivo de las actuaciones, decretado al amparo del art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Argumenta la recurrente que la aplicación del art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la persona a la que se le atribuya el hecho, presente anulación total de sus capacidades intelectivas y volitivas y, sin embargo, en el presente caso, el informe de la Clínica Médico Forense de fecha 19 de enero de 2022, señala que el Sr. Jaime presenta unas facultades alteradas, pero no anuladas, única posibilidad que permitiría el Sobreseimiento y Archivo decretado.

Revisando la causa observamos que el Auto de 6 de junio de 2022 expresa tal examen y valoración llevada a cabo por parte del órgano de enjuiciamiento que tras detectar a través del informe médico emitido por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el estado psíquico que presentaba el acusado Jaime, recabó un informe definitivo del mismo para un ulterior reconocimiento médico forense, derivando finalmente de ellos "la imposibilidad de comprender mínimamente su situación procesal y los hechos que se le imputan y por ende de defenderse". No se trata de que la persona tenga totalmente anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas sino de que la capacidad que presente le impida su situación en el proceso en los términos señalados.

La resolución judicial recurrida no tiene acceso al recurso de casación.

En efecto, conforme al art. 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solamente podrán ser recurridos en casación, y únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada.

En nuestro caso, se trata de un sobreseimiento provisional, y no definitivo, dictado conforme a lo preceptuado en el art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto dispone que "si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que sea el sumario se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de éste lo que el Código Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia", ahora bien si hubiese algún otro procesado por razón del mismo delito que no se encontrase en el caso del anterior, continuará la causa solamente en cuanto al mismo.

Por lo demás, la STS 971/2004 de 23 de abril, tras recordar el art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, razonaba que tal disposición deja en realidad sin resolver expresamente la situación de quien ya desde el momento de la comisión del hecho planteaba problemas de capacidad psíquica para ser sometido a juicio, lo que no resulta en la actualidad aplicable en ningún precepto, ya que entraña una respuesta no acorde con las previsiones del Código Penal vigente, al suponer, en la práctica, una imposición de medida de seguridad ajena al pronunciamiento contenido en la correspondiente Sentencia y, por ende, contraria a lo dispuesto en el articulado de dicho Cuerpo legal, cuando en su artículo 3º.1, consagrando el alcance del principio de legalidad en esta materia, establece que: "No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales."

Precepto que, a su vez, se ve completado con el contenido de los artículos 95 y 101 del Código que, expresamente, aluden a que la aplicación de la medida requiere tanto una Sentencia en la que se declaren acreditados los requisitos previstos en la primera de tales normas (art. 95) como el establecimiento, en esa resolución, de los tiempos máximos de duración de la medida, en relación con los de la privación de libertad de la pena legalmente prevista para el hecho delictivo cometido.

Y añade, "si bien ya desde la Constitución el tema era discutible, con la entrada en vigor del Código no puede caber duda alguna acerca de una rotunda afirmación: la imposibilidad de aplicación de medida de seguridad sin previo pronunciamiento judicial en Sentencia, de la comisión de un hecho previsto legalmente como delito, la acreditación de su autoría por el acusado y concurrencia en éste de una de las circunstancias modificativas que conducen al correspondiente sometimiento a tratamiento, así como la necesidad de la medida desde el punto de vista del pronóstico de peligrosidad del sujeto". Y la necesidad de evitar desequilibrios tanto en lo referente a la distinta posición de las partes en el proceso como en cuanto a las posibles limitaciones del derecho de defensa, alegaciones y prueba en el plenario e incluso del derecho a la última palabra del acusado.

La STS 1033/2010 postula como solución para los casos de demencia sobrevenida una interpretación del art. 383 de la LECrim. en el sentido de que "procede acordar la suspensión provisional y archivo de la causa, bien entendido que el Tribunal deberá supervisar con la periodicidad necesaria el estado de salud del procesado y en caso de que pudiera restablecerse en condiciones para afrontar el juicio oral, esto es, si desaparecen las causas que han motivado la anulación y suspensión del juicio oral, deberá éste ser celebrado... Caso contrario, si se acredita que la demencia o incapacidad mental del procesado es de carácter permanente e irreversible en sus efectos, sin posibilidad de episodios lúcidos, deberá cesar toda intervención penal sobre el mismo, dándose traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que inste en el orden jurisdiccional civil las medidas pertinentes en materia de incapacitación o internamiento del afectado... para evitar un nuevo comportamiento criminal y remediar esa inexistente capacidad de autodeterminación".

En suma, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no dispone de precepto que autorice de forma expresa la interposición de un recurso de casación, como el interpuesto, para controlar lo dispuesto en tal precepto legal, de modo que, en este estadio procesal en el que nos encontramos, no procede sino la desestimación del recurso.

SEGUNDO .- Diremos que el Tribunal Supremo, sin ánimo exhaustivo, ha señalado que son susceptibles de recurso de casación: I) los autos de inhibición (competencia) dictados por la Audiencia en primera instancia ( SSTS de 28 de mayo de 1999; 912/2001, de 8 de mayo; 9 de octubre de 2002 y 30 de octubre de 2002; y AATS de 29 de abril de 1998 y de 5 de noviembre de 2001); II) los autos dictados en materia de competencia de los arts. 35, 37, 40 y 43 de la LECrim. ; III) los autos de inhibición de la Audiencia a favor de los Juzgados de lo Penal ( SSTS de 4 de mayo de 1993 y de 12 de junio de 1993; y ATS de 16 de junio de 1993); IV) los autos que resuelven la declinatoria de jurisdicción planteada como artículo de previo pronunciamiento del art. 676 de la LECrim (Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013); V) los autos del art. 676 de la LECrim dictados por los Tribunal Superior de Justicia fuera del ámbito competencial de la Ley del Jurado (Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1998); VI) los autos que resuelven problemas de jurisdicción penal extraterritorial ( STS de 25 de febrero de 2013); VII) los autos de archivo decretados por las Audiencias al resolver el recurso de queja contra el auto de conclusión de las Diligencias Previas y de transformación del procedimiento cuando se trate de procedimiento competencia de la Audiencia Provincial ( SSTS 1437/1998, de 18 de diciembre; 450/1999, de 3 de mayo; 1097/1999, de 1 de septiembre; y 1614/2000, de 23 de octubre; y ATS de 2 de noviembre de 1999); VIII) los autos definitivos que declaran la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de hechos sucedidos en el extranjero ( SSTS 327/2003, de 25 de febrero; 712/2003, de 20 de mayo; y 319/2004, de 8 de marzo); IX) los autos de refundición o acumulación jurídica de condenas conforme al art. 988 de la LECrim; X) los autos que aprueban el licenciamiento definitivo del penado ( ATS de 7 de abril de 2008); los autos acordando o denegando el abono de prisión preventiva dictados por las Audiencias ( SSTS 1449/1998, de 27 de noviembre; ó 501/2001, de 22 de marzo); XII) los autos de revisión de penas son susceptibles de recurso de casación ( SSTS de 22 de octubre de 1990, 3 de septiembre de 1992, 28 de enero de 1994 y 77/1995, de 25 de enero), si la sentencia también lo era; XIII) los autos definitivos dictados en asuntos de menores de los Tribunales Superiores de Justicia ( art. 42.8 LO 5/2000, de 12 de enero) para la unificación Ide doctrina; XIV) los autos de las Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional resolviendo recursos de apelación en materia penitenciaria para unificación de doctrina (Acuerdo del Pleno de 22 de julio de 2004); y XV) los autos dictados en materia de responsabilidad civil que sean complemento de la sentencia que sea susceptible de casación ( STS 1012/2007, de 4 de diciembre), concreción relativa a un punto que forme parte del fallo de la sentencia - art. 142 LECrim- ( STS 545/1996, de 22 de julio), concreción en ejecución de la sentencia, incidiendo en su fallo ( STS 1563/2000, de 16 de octubre), de liquidación de intereses ( STS 368/1995, de 14 de marzo) o de fijación en la ejecución de las bases conforme a las que debe calcularse la indemnización ( STS 234/2008, de 30 de abril).

Ahora bien, como exponemos en esta resolución judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no dispone de precepto que autorice de forma expresa la interposición de un recurso de casación, en la decisión correlativa al art. 383, como el interpuesto, para controlar lo dispuesto en tal precepto legal.

TERCERO.- Al proceder la desestimación del recurso, se está en el caso de condenar en costas procesales a la parte recurrente ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) .