Sentencia Penal 269/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6637/2022 de 26 de marzo del 2025

PRIMERO.- Recurre en casación la representación procesal de por D. Maximo la sentencia número 323/2022 de 7 de septiembre dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza Sección Sexta que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 194/2022 de 27 de junio dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Zaragoza, donde resulta condenado como autor de un delito relativo al mercado y los consumidores por "apoderamiento" (mediante acceso y descarga informática) de diversa documentación, para apoderarse de un secreto de empresa del art. 278 CP, a la pena, entre otras, de dos años de prisión.

1. Alega que en los hechos probados de la sentencia recurrida no se especifica qué secreto de empresa habría sido descubierto, y en consecuencia no se puede saber si dicho secreto presenta las notas de confidencialidad, exclusividad, valor económico y licitud que, en caso de ser descubierto contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva; que incluso en el párrafo añadido a los hechos probados por la Audiencia de Zaragoza no clarifica esta cuestión, pues alude al sistema operativo que no constituye en modo alguno un secreto de empresa: el sistema operativo de una empresa puede ser un software tipo Windows, Chrome, Linux, UNIX, etcétera, pero no son datos que afecten a la competitividad de la empresa en el mercado.

2. Motivo que deviene inestimable por dos razones: i) la primera es que resulta alegación ex novo, no formulada en apelación (doctrina reiterada de esta Sala ha vedado la llamada casación per saltum, no permitiéndose que cuestiones no formuladas en el recurso de apelación y por consiguiente sobre las que no pudo pronunciarse la sentencia de apelación puedan plantearse en casación - SSTS 427/2015 de 1 de julio, 20/2016 de 26 de enero, 468/2016 de 31 de mayo, 843/2017 de 21 de diciembre, entre muchas-); y ii) porque tergiversa el factum.

Cuando el hecho probado indica: El día 12 de noviembre de 2019, el acusado se encontraba en el Aeropuerto Barajas Adolfo Suarez de Madrid, que no contaba con autorización para acceder al sistema informático de TECALSA y con la intención de obtener información sobre el funcionamiento de la empresa, sus clientes, datos de sus clientes tales como centrales de alarma, domicilio, número de cámaras, contraseñas, etc. ..., accedió al sistema informático, copiando los datos alojados en el servidor de la empresa y enviándolos a un servidor externo, propiedad de JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, sin autorización para ello y sin ser ésta, la práctica habitual; no cabe entender que copiara datos indeterminados, sino los que específicamente buscaba: el funcionamiento de la empresa, sus clientes, datos de sus clientes tales como centrales de alarma, domicilio, número de cámaras, contraseñas.

Y cuando en el añadido en apelación, relata que El acusado copió todo el sistema operativo de la empresa en un servidor externo que pertenece a J.R. de forma que poco después de los hechos compró cuarenta participaciones de J.R y finalmente creó una nueva empresa dedicada al tema de seguridad; en modo alguno cabe identificar " todo elsistema operativo" con el programa informático de software estándar que utilizaba la empresa, carece de sentido una adición fáctica en apelación de esas características sin significación alguna, sino que atiende a especificar que la copia no fue de datos concretos, parciales, sino de todos los datos sobre el funcionamiento de la empresa, sus clientes, datos de sus clientes tales como centrales de alarma, domicilio, número de cámaras, contraseñas, etc. ...; es decir, todoel sistemaoperativo comercial y empresarial de TECALSA.

Ciertamente el juicio de subsunción solo puede recaer sobre los hechos nucleares que aparezcan como probados en el correspondiente apartado de la sentencia, debiéndose evitar siempre inseguras operaciones de heterointegración con lo que aparezca disperso, con mayor o menor apariencia de facticidad, en la fundamentación jurídica. De modo que cuando el tribunal llamado a la fijación del hecho probado compromete la unidad lógico narrativa que debe caracterizarlo e inserta proposiciones factuales en la fundamentación jurídica que amplían el espectro fáctico o entran en colisión con el relato delimitado en el apartado reservado para los hechos probados de la sentencia, estas solo podrán utilizarse, de la mano de los recursos que puedan interponerse, en beneficio del reo -vid. STS 57/2022, de 24 de enero, 173/22, de 24 de febrero, 401/22, de 22 de mayo, 468/22, de 18 de mayo-.

Pero, ello no impide la aplicación de razonables y previsibles cánones interpretativos por parte del tribunal que conoce del recurso para identificar sin dificultad en los hechos declarados probados los elementos exigidos por el tipo; tal atribución de significado no puede calificarse de heterointegración sino de pura operación subsuntiva.

De manera que los hechos declarados probados, presentan un nivel de completitud precisa para soportar el juicio de subsunción cuestionado. Describen la apropiación de toda la información operativa de la empresa TACOLSA, la referida al funcionamiento de la empresa, sus clientes y datos de sus clientes (referidos a centrales de alarma, domicilio, número de cámaras, contraseñas...), que obviamente integran concorde jurisprudencia "secreto de empresa", en cuanto información confidencial referida a datos o conocimientos que tienen un valor significativo y que una empresa mantiene oculto a terceros para proteger su ventaja competitiva ( SSTS 285/2008, de 12 de mayo; 864/2008 de 16 de diciembre; ó 163/2025, de 26 de febrero).

Además, hemos de recordar que la completitud exigible al relato que conforma el hecho probado no es incompatible con la síntesis descriptiva, siempre que lo relatado permita identificar, en caso de sentencias de condena, todos los elementos esenciales sobre los que se construye el juicio de tipicidad ( STS 609/2023, de 13 de julio); tal como es el caso, con una simple lectura objetiva y contextualizada del acotado apartado de hechos probados; y donde la locución referida a la apropiación o copiado de todo el sistema operativo de la empresa, resulta concordado y desarrollado en la fundamentación, cuando se destaca el testimonio de la Sra. Sonia, al que concede expresamente total credibilidad quien expresó que la carpeta JRI contiene todas las programaciones de todos los abonados de TECALSA y esta información se la llevó este señor ( Maximo), y el comando 704scp, que son todas las programaciones de clientes, en definitiva, lo que tiene cada cliente en su instalación, numero de cámaras, domicilio, central de alarma, cada cuanto envía señal, etc.... todo esto es lo que se llevó el acusado, que transfirió todos los datos al servidor con una IP que no era de TECALSA...

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo se formula por infracción de ley: artículos 9.3 y 24 CE al amparo del artículo 5.4 L.O.P.J. en relación con los artículos 792.2 LECrim y 278 CP.

Alega que la adición de un apartado a los hechos probados en apelación, sin que conste practicada prueba que la acredite, sin que la Juzgadora a quo haya valorado como tal esta cuestión en su resolución, supone una flagrante infracción del artículo 24 de la Constitución Española; e implica un grave atentado contra el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías; y resulta también claramente vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución Española.

El motivo debe ser desestimado; pues además de ser prescindible, sin que el juicio de subsunción, resultase alterado, nos encontramos ante un recurso de casación contra una sentencia de Audiencia Provincial dictada en apelación, en cuya consecuencia, por imperativo del art. 847.1.b) LECrim, concorde reiterada interpretación jurisprudencial de esta Sala, solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852; de manera que los recursos deben canalizarse por el art. 849 1°, deben fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales.

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Consecuentemente este motivo incurre en motivo de inadmisión que en este momento procesal deviene en motivo de desestimación

TERCERO.- De conformidad con el art. 901 LECrim, las costas procesales, en caso de desestimación del recurso, se impondrán al recurrente.