Sentencia Penal 255/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6783/2023 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.1.La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Procedimiento Ordinario n.º 837/2022, dictó Sentencia el 8 de mayo de 2023 en la que condenó a Carmelo como autor criminalmente responsable de un delito de abuso sexual con penetración bucal del artículo 181.1 y 181.4 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 5/2010, imponiéndole la pena de prisión por tiempo de 4 años y 6 meses de prisión y accesorias.

1.2.Contra esta resolución se interpuso por el acusado recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que fue estimado en su Sentencia 51/2023, de 13 de julio, absolviéndose al acusado del delito del que venía acusado y que es objeto del presente recurso de casación que, sobre la base de un único motivo cuyo cauce procesal no se identifica, refleja la discrepancia de la acusación particular con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de apelación, haciendo para ello referencia a tres elementos fundamentales: a) Que la declaración de la víctima fue valorada de forma distinta en este procedimiento y en el que se llevó a término ante la jurisdicción de menores, donde se declaró la responsabilidad del otro partícipe en los hechos denunciados; b) Que también se valoró de forma distinta la declaración del perito forense, quien reconoció no haber preguntado a la víctima si había orinado antes de la recogida de la muestra objeto de análisis, pese a que esa circunstancia era relevante para valorar el grado de concentración del psicofármaco detectado y c) Que la declaración de la madre de la víctima corroboraría que hubo una primera micción antes de la toma de muestras, lo que, según la propia explicación del forense, explicaría que fuera inferior la cantidad de psicofármacos reflejados en el resultado del análisis. Por todo ello solicita la revocación de sentencia dictada en apelación y «confirmar la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 3ª, de fecha 8 de mayo de 2023 recaída en el sumario 837/2022 ».

1.3.Conviene precisar que el debate casacional así suscitado presenta dos planos que no deben confundirse. Uno es el relativo a si la sentencia condenatoria dictada en la instancia podía reputarse racionalmente fundada en una valoración indiciaria constitucionalmente legítima. Otro, distinto, es el concerniente a si, una vez revocada esa condena por el Tribunal Superior de Justicia y sustituida por un pronunciamiento absolutorio asentado en la apreciación de una duda razonable, le es dable a esta Sala restaurar en casación la condena inicial o reemplazar el juicio absolutorio por otro de signo incriminatorio.

1.4.La respuesta a la primera cuestión puede ser afirmativa sin que por ello lo sea también la segunda.

1.4.1.Conviene partir, en primer término, de la doctrina tradicional de esta Sala acerca del consentimiento en los delitos contra la libertad sexual. Bajo la regulación anterior a la Ley Orgánica 10/2022, el sistema distinguía entre agresiones sexuales, cuando el atentado a la libertad sexual se imponía mediante violencia o intimidación, y los abusos sexuales, que tenían lugar cuando, aun faltando esos medios comisivos, no existía consentimiento o este aparecía viciado por una situación de prevalimiento. En este último ámbito, la jurisprudencia vino definiendo el prevalimiento como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, encontrándose una de ellas en una manifiesta situación de inferioridad que restringía de modo relevante su capacidad de decidir libremente, mientras la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, consciente de que la víctima no contaba con verdadera libertad para decidir sobre su actividad sexual. En todo caso, como se ha dicho, la Sala dejaba claro que no todo supuesto de abuso sexual debía reconducirse al consentimiento viciado, pues se reconocían innumerables casos en que, sencillamente, los abusos sexuales se desarrollaban sin consentimiento alguno.

De esa construcción jurisprudencial clásica se desprenden ya dos ideas que conservan pleno valor hermenéutico. La primera, que la libertad sexual tutela el poder de autodeterminación de la persona en el ámbito sexual y no la mera exteriorización de una resistencia física o verbal. La segunda, que la falta de oposición no puede erigirse, por sí sola, en equivalente funcional del consentimiento. Por eso, incluso en el régimen anterior, la Sala entendió que un contacto sexual no consentido seguía siendo penalmente relevante, aunque no mediara una resistencia heroica ni una negativa expresada con particular energía, y que el análisis de la tipicidad de la acción debía desentenderse de la simple comprobación del rechazo a la relación, para centrarse realmente en si existía una verdadera aceptación libre de la misma.

Esa misma continuidad doctrinal la refleja la jurisprudencia más reciente al recordar que lo que en el momento de los hechos podía calificarse como abuso sexual por ausencia de consentimiento, se integra hoy, sin alteración de su núcleo antijurídico, en el delito de agresión sexual.

1.4.2.Sobre esa doctrina se asentó también la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, ulteriormente ajustada en lo penológico por la Ley Orgánica 4/2023, que unificó los anteriores tipos de abuso y agresión sexual en una sola figura de agresión sexual.

El vigente artículo 178.1 del Código Penal dispone que comete agresión sexual quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, precisando que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. A su vez, el artículo 178.2 considera en todo caso agresión sexual los actos realizados empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como aquellos que se ejecuten sobre personas privadas de sentido, con la voluntad anulada o de cuya situación mental se abusare. Y la propia Ley Orgánica 4/2023 declara en su preámbulo que se mantiene íntegra la definición legal del consentimiento de la LO 10/2022 y, por tanto, la esencia de la nueva regulación.

La jurisprudencia posterior a la reforma ha perfilado el alcance de esa cláusula legal en un sentido nítido. De un lado, ha subrayado que las "circunstancias del caso"deben revelar, desde una interpretación objetiva y no desde la percepción subjetiva del autor, cuál fue la voluntad de la persona que recibe el contacto sexual. De otro, ha reiterado que su mera pasividad no basta para otorgar legitimidad a la actividad sexual y que la ausencia de una negativa expresa no suple la falta de consentimiento. En tal sentido, la STS 625/2024, de 19 de junio, relativa al beso no consentido a una detenida, el Tribunal Supremo afirmó que un "beso robado",esto es, sin consentimiento expreso o tácito de quien lo recibe, integra hoy el delito de agresión sexual, añadiendo que son las circunstancias del caso las que deberán demostrar objetivamente si la persona claramente lo consintió.

1.5.Desde esa doble perspectiva, tradicional y vigente, la conclusión incriminatoria a la que llegó el Tribunal de Instancia no se apoyaba en una presunción automática ni en la exigencia a posteriori de un consentimiento formalizado, sino en una valoración conjunta de los datos periféricos del hecho enjuiciado.

Es cierto que los distintos elementos indiciarios podrían descomponerse y ser examinados aisladamente, y que, considerados por separado, algunos de ellos incluso podrían resultar compatibles, en abstracto, con contextos de relaciones sexuales abiertas o con pautas de relación más liberales y que pueden no ser tampoco infrecuentes entre personas jóvenes que desean experimentar. Pero la prueba indiciaria no se satisface con esa disección fragmentaria. Lo decisivo es si, contemplados en su conjunto, esos datos convergían de forma racional hacia una misma conclusión. Y en este caso podía sostenerse que los indicios, globalmente considerados, eran armónicos con lo que la joven sostuvo: que nunca aceptó la relación, aunque fuera incapaz de verbalizarlo en el momento de los hechos, lo que necesariamente hubo de ser percibido por el acusado.

En efecto, el conocimiento por el acusado de que la menor había ingerido pastillas (según manifestó ésta en una declaración que el Tribunal de instancia tuvo por veraz), así como que había consumido al menos dos cervezas en su presencia (según el propio acusado admitió), no permite afirmar sin más una anulación completa de la voluntad de la mujer, pero colocaba al acusado ante una situación en la que la mera pasividad de la menor se hacía equívoca y, por ello mismo, menos apta para expresar una decisión libre y recognoscible; más aún cuando el acusado reconoció una secuencia relacional progresiva que no estuvo presidida por gestos recíprocos o por prolegómenos que se mostraran objetivamente reveladores para el acusado de la disposición afirmativa de la menor; antes al contrario, el contexto parecía reflejar una relación ajena a esa aceptación, pues el propio acusado se hizo acompañar de otro amigo y la joven había ido a buscar a sus amigas para que los acompañaran, lo que no consiguió; siendo también indicativo, no solo la ausencia de prolegómenos, sino que el acusado abandonara a la menor tan pronto como concluyó el contacto sexual.

Es cierto que la previa búsqueda de acompañamiento por parte de la joven no equivale, por sí sola, a una negativa expresa a la relación sexual, pero constituye un dato contextual revelador de su inseguridad o de que perseguía que la velada ofreciera un contenido distinto del sexual, resultando difícilmente conciliable con la idea de una aceptación sexual ya resuelta. Se añade la ausencia de anteriores relaciones entre ambos, pese a conocerse, y la falta en aquella noche de todo prolegómeno afectivo o sexual; estando la situación subrayada, además, por una posible afectación psíquica que la denunciante manifestó haber desvelado al acusado, en una declaración que el Tribunal de instancia, en su inmediación, consideró creíble.

Todo ello se integra con naturalidad en la lógica de un aprovechamiento de la situación, más que en una interacción recíproca entre los jóvenes y abiertamente consentida por la menor. Es decir, a la luz de la doctrina anteriormente expuesta, es racional sostener que estos datos no suministraban al acusado indicios objetivamente bastantes de que la menor aceptara libre, clara y concluyentemente la relación sexual.

De ahí que no resultaba ilógico ni contrario a las reglas del criterio humano inferir que el acusado pudo representarse seriamente que carecía de un consentimiento sexual jurídicamente válido y que, pese a ello, decidió actuar. La ausencia de una negativa verbal no neutraliza esa inferencia, porque ni en la doctrina tradicional de esta Sala ni en el modelo posterior a la Ley Orgánica 10/2022 el eje del juicio se sitúa en la resistencia de la víctima, sino en la existencia de una aceptación libre, real y objetivamente exteriorizada. Cuando tal aceptación no aflora con claridad y, además, el contexto presenta factores concurrentes de vulnerabilidad, ambigüedad situacional, precipitación y falta de reciprocidad conocidos por el propio acusado, la conclusión de que este conocía -o, cuando menos, asumía seriamente- la ausencia de consentimiento, no solo es posible sino jurídicamente fundada.

1.6.Ahora bien, esa constatación no resuelve el recurso. Lo decisivo en el estado actual de la doctrina, es que la posición constitucional del acusado y la de las acusaciones no son simétricas.

El derecho a la revisión de un fallo condenatorio y de la pena impuesta, mantiene un fundamento constitucional directo con el derecho a la presunción de inocencia y con la idea de proceso justo, con garantía de doble instancia penal. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y la acusación particular o popular no son titulares de un derecho fundamental al doble grado frente a la absolución, sino únicamente de un derecho de configuración legal a impugnar la sentencia dentro de los límites fijados por el legislador y bajo el prisma de la tutela judicial efectiva. De ahí que, tras la reforma introducida por la Ley 41/2015, el recurso de apelación promovido por la acusación contra una absolución tenga un contenido devolutivo restringido y que esa restricción se proyecte, por influjo sistemático, también sobre la casación. Así lo subraya la STC 72/2024 al destacar la asimetría entre la revisión de las sentencias condenatorias y la de las absolutorias, y así lo recoge la STC 80/2024 cuando recuerda que la apelación del condenado posee un alcance pleno al servicio de la doble instancia, mientras que el recurso de la acusación frente a una absolución queda limitada a un canon externo de razonabilidad.

Ese diseño encuentra, también, una plasmación normativa expresa en los artículos 790.2 y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando la acusación denuncia error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de una sentencia absolutoria, ha de justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, la omisión de razonamiento sobre pruebas relevantes o la improcedente declaración de nulidad de una prueba. Y, aun en tal caso, la sentencia de apelación no puede condenar al encausado absuelto en la primera instancia por esa sola vía. Esa regulación, como explica la STC 80/2024 al sistematizar la reforma, no pretende abrir una segunda valoración plena de la prueba al servicio de la acusación, sino habilitar un control extraordinario de defectos cualificados del razonamiento absolutorio.

Sobre esa base legal, la STC 72/2024 ha fijado una doctrina de singular relevancia. El Tribunal Constitucional admite que una sentencia absolutoria puede ser impugnada y, en su caso, revocada cuando incurra en una quiebra constitucionalmente relevante de las garantías de la acusación; pero reduce ese control, cuando la controversia versa sobre la valoración probatoria y la apreciación de la duda razonable, a un examen externo de razonabilidad. Ese control puede proyectarse sobre la ausencia, insuficiencia o error patente en la motivación de la conclusión probatoria; sobre la utilización de inferencias contrarias a la lógica, al conocimiento científico o a las máximas de experiencia; sobre la omisión de razonamiento acerca de pruebas relevantes; o sobre la exclusión indebida de pruebas válidas y legítimas. Fuera de esos supuestos, lo que el Tribunal revisor no puede hacer es sustituir la duda razonada del órgano que absolvió, por una convicción alternativa de culpabilidad. Y si la revocación se apoya, en realidad, en una valoración distinta del material probatorio o en un cuestionamiento directo de la duda razonable expresada motivadamente por el Tribunal que absolvió, se lesionan tanto la tutela judicial efectiva del absuelto como su derecho a la presunción de inocencia.

La STC 80/2024 proyecta esa misma lógica a un supuesto particularmente próximo al que ahora se describe, en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo había casado la sentencia absolutoria de un Tribunal Superior de Justicia y había retomado, en sus propios términos, la condena dictada en la instancia por un delito de agresión sexual. El Tribunal Constitucional descarta que allí existiera una mera "rehabilitación"inocua del pronunciamiento inicial. Considera, por el contrario, que la sentencia casacional llenó vacíos valorativos, otorgó significado probatorio a elementos no ponderados de ese modo por el Tribunal de apelación y, en definitiva, no se limitó a depurar una infracción externa del deber de motivación, sino que operó una verdadera revalorización del cuadro probatorio. Por ello apreció vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de doble instancia penal, y del derecho a la presunción de inocencia, declarando la nulidad de las sentencias dictadas en casación y el restablecimiento de la absolución acordada en apelación, que debía prevalecer una vez constatada su validez constitucional.

La STC 1/2026 no hace sino reforzar y extender esa doctrina. En ella se declara expresamente que el criterio sentado en la STC 72/2024 se proyecta, no solo sobre las revocaciones de absoluciones en apelación, sino también sobre los supuestos en que la absolución es dejada sin efecto en casación; y cita de modo expreso la STC 80/2024 como precedente de esa proyección cuando la absolución procedía ya del Tribunal de apelación. Añade, con singular claridad, que hay extralimitación del Tribunal de casación cuando el razonamiento que conduce a la revocación de la absolución descansa en una valoración alternativa de la prueba practicada y cuestiona directamente la justificación de la duda razonable expresada motivadamente por el Tribunal que absolvió. En tal situación, no nos hallamos ante un mero defecto formal subsanable, sino ante una lesión del artículo 24.2 de la Constitución Española que determina la nulidad insubsanable de la revocación y la firmeza de la absolución.

1.7.Trasladada esa doctrina al supuesto que analizamos, el límite del control casacional resulta nítido.

Como dijimos en las SSTS núm. 630/2002, de 16 de abril; 888/2003, de 20 de junio; 71/2004, de 2 de febrero; 46/2014, de 11 de febrero o 613/2023, de 14 de julio, por citar sólo algunas de las muchas resoluciones en las que hemos abordado la cuestión, las sentencias dictadas en materia penal sólo producen los efectos de la cosa juzgada negativa, en cuanto impiden juzgar a los ya juzgados por el mismo hecho. En el proceso penal no existe lo que en el ámbito civil se denomina «prejudicialidad positiva»o «eficacia positiva»de la cosa juzgada material, gozando el Tribunal de plena libertad para valorar las pruebas producidas en su presencia y aplicar la calificación jurídica correspondiente. Una sentencia de esta Sala fechada el 21 de septiembre de 1999 lo razonaba ya con total claridad al destacar que «cada proceso tiene su propia prueba, y lo resuelto en uno no puede vincular en otro proceso penal diferente, porque en materia penal no hay eficacia positiva de la cosa juzgada material, sólo eficacia negativa en cuanto que una sentencia firme anterior impide volver a juzgar a una persona por el mismo hecho».

Desde esta premisa inicial, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón podrá ser discutida por la acusación particular desde la óptica de la mayor o menor fuerza persuasiva de su argumentación; pero, en los términos en que se describe, no aparece como una resolución huérfana de motivación, ni edificada sobre un error patente derivado de las actuaciones, ni asentada en inferencias frontalmente incompatibles con la lógica o la experiencia. El Tribunal de apelación explicó por qué entendía que la analítica practicada poco tiempo después de acaecer los hechos no corroboraba que la menor sufriera una disminución relevante de conciencia o voluntad, al no detectarse alcohol y apreciarse únicamente la presencia en sangre de Lorazepam y Sertralina en dosis terapéuticas, siendo medicación que se había prescrito a la joven con anterioridad. Razonó también que acompañó voluntariamente a los dos varones, incluso después de que sus amigas hubieren rechazado acompañarla y de que los chicos le hubieran verbalizado la posibilidad de marcharse "de putas"o de "hacer un trío".Y puso de relieve que, si bien la denunciante afirmó no haber deseado la relación, también admitió no haber exteriorizado su oposición o haber pretendido eludir la relación. Desde ese contexto probatorio, la acusación particular podrá no compartir el peso que el Tribunal Superior de Justicia atribuyó a esos extremos, pero están fundados los argumentos por los que no alcanzó una certeza de la culpabilidad del acusado, y esa discrepancia valorativa es, justamente, lo que la doctrina constitucional impide convertir en fundamento bastante para una condena casacional.

En otras palabras, la acusación particular puede sostener en casación, sin desbordar los márgenes del discurso jurídico y racional, que la valoración de la instancia no era absurda y que la inferencia condenatoria se acomodaba a los cánones jurisprudenciales sobre consentimiento, ausencia de oposición y significado contextual de los indicios. Pero de esa premisa no se sigue que esta Sala pueda optar por una de las dos lecturas concurrentes y revivir la condena. Una cosa es afirmar que la sentencia de instancia era lógica, y otra radicalmente distinta declarar que la absolución de apelación fuera constitucionalmente inadmisible. Solo esto último abriría, con los estrechos límites legales y constitucionales ya señalados, un posible espacio revisor en casación. Mientras la absolución pronunciada en apelación exteriorice una duda razonable motivada y no incurra en alguno de los vicios tasados de irracionalidad, error patente, omisión absoluta de prueba relevante o exclusión indebida de material probatorio, la casación no puede convertirse en una tercera instancia valorativa ni puede reconstruir por sí misma un juicio de culpabilidad.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.-Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la condena en costas a la recurrente, cuyo recurso ha sido desestimado.